Ecos del Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2009

Les sugerimos leer la nota de La Jornada Jalisco, que informa sobre la visita que realizarán los y las integrantes del Comité Salvabosque del Nixticuil al Presidente Municipal de Zapopan, para entregarle el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2009 y de esa forma cuente con información oportuna que sea útil para preservar dicho bosque.

La OACNUDH visitó Jalisco para presentar su reciente “Informe Sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en México

cepad@cepad.org.mx

Organizaciones de la sociedad civil (OSC), dedicadas a la defensa de Derechos Humanos en Jalisco, así como movimientos sociales, se hicieron presentes en las instalaciones del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (CEPAD) para intercambiar puntos de vista con funcionarios de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), quienes visitaron Jalisco para presentar su reciente “Informe Sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en México”.

Los Funcionarios de la OACNUDH, visitaron también a autoridades de la Comisión Nacional del Agua y sostuvieron una reunión con servidores públicos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Los funcionarios de la OACNUDH, informaron que ya sostienen pláticas con la Secretaría de Gobernación, para efecto del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe y un Plan para que en los Organismos Públicos Defensores de los Derechos Humanos en las entidades Federativas, existan programas de defensa de defensoras y defensores.

Las y los representantes de las 13 organizaciones, movimientos e instituciones presentes en el CEPAD, se pronunciaron porque la OACNUDH urja a las autoridades Federales, Estatales y Municipales a cumplir las Recomendaciones emitidas en el propio Informe, entre ellas, la creación de un “Mecanismo Nacional de Protección para Defensores y Defensoras” en concertación con las OSC.

De la misma manera, manifestaron que los actos de hostigamiento hacia su labor por parte de las autoridades del Estado y Particulares, no han cesado y que con posterioridad al cierre de recepción de información por parte de la OACNUDH en el primer semestre del 2009, han ocurrido otros percances que las propias organizaciones han documentado, como la publicación en el periódico “El Informador” en el que se da el calificativo de “agitadores profesionales”, a diversos defensores y defensoras.

Finalmente, externaron su preocupación por la actitud que ha tomado el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos frente a las organizaciones defensoras en Jalisco, a quienes ha denostado y de cuyo actuar da cuenta el Propio Informe de la OACNUDH (páginas 18, 30 y 41).

Los casos de ataques y hostigamientos a defensores y defensoras en Jalisco, están reflejados en el interior del Informe, pero de manera más específica se hace una relación de ellos por entidades federativas en el Anexo 1 (página 38). De entre ellos, destacan el caso del fallecido Francisco Quiñones, opositor a las actividades de la Empresa Minera en Peña Colorada, o el de los involucrados en la problemática de contaminación del Río Santiago y de la construcción de la Presa El Zapotillo.

Defensores y defensoras en riesgo

Foto: Público-Milenio

Recientemente el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, se reunió con diversas organizaciones civiles defensoras de Derechos Humanos en el Distrito Federal, entre ellas con Amnistía Internacional, quien el mismo día presentó un informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en México. En dicha reunión, se planteó la problemática de la falta de garantías así como la ausencia de legitimidad por parte del Estado Mexicano para la labor que realizamos las y los defensores. Otra de las preocupaciones planteadas es la persecución judicial a la que estamos siendo sometidos, sobre todo en algunos estados de la República, como Guerrero y Chihuahua. El caso extremo lo tenemos por ejemplo en una defensora de Chihuahua, quien fue asesinada precisamente por su labor de defensa de los derechos de la población, al denunciar las arbitrariedades cometidas por el Ejército Mexicano en su ilícita función de “lucha contra la delincuencia” en dicha entidad.

En el marco de su informe, Amnistía Internacional se reunió con diversas autoridades, entre ellas con la Secretaría de Gobernación y la PGR, a quienes urgió la creación de un “mecanismo de protección” para quienes desarrollamos la labor de defender los derechos de todas y todos. Dicho mecanismo, no sólo debe de velar por la seguridad de las y los defensores, sino que debe de ir acompañado de una investigación exhaustiva de aquellos hechos en los que se involucren amenazas o actos de agresión o intimidación hacia dicha labor que no de cabida a la impunidad de los mismos. De la misma manera, deberá contemplar la capacitación a funcionarios públicos, la difusión y aceptación de la gravedad de la problemática por parte de las autoridades; la evaluación y seguimiento de las medidas, así como su publicidad en todos los casos. El talón de Aquiles para las autoridades federales responsables de este tema, lo es la articulación con los estados y los municipios que es en donde comúnmente se dan los actos de hostigamiento.

Lo que las autoridades estatales y municipales deben saber, es que son precisamente ellas las obligadas a cumplir y a hacer cumplir aquello que como Estado Federado nos hemos comprometido frente a la comunidad internacional. En esta materia existe la así llamada “Declaración para la Defensa de Defensores”, instrumento internacional firmado y ratificado por el Senado, lo que lo convierte en Ley Suprema para toda la Unión Mexicana. Las recomendaciones realizadas por la Organización de las Naciones Unidas a México en el reciente Examen Periódico Universal, dan cuenta también de ello.

Se preguntarán ustedes por qué tanto énfasis en la función de los y las defensoras de derechos humanos. Pues bien, en un país que se precie de ser democrático, aunque el nuestro lo sea sólo en teoría, los y las defensoras de derechos humanos, así como los y las periodistas son el “equilibrio de la balanza”. Son los que permiten hacer público y denunciar aquello que las autoridades tienen la obligación de hacer en favor de la ciudadanía y no lo hacen, o aquello que aún sabiendo que es incorrecto, se realiza con alevosía y aprovechando la posición de poder en la que se encuentran. Nada más alejado del espíritu de lo que el Servicio Público debe ser.

Velar por la labor de los y las defensoras entonces, es velar por todos y todas.

Después de más de 1000 días la CEDHJ emite Recomendación en el caso de Néstor Alan

En diversos medios de comunicación electrónicos e impresos, trasciende la noticia de la emisión de la Recomendación sobre el caso de Néstor Alan Rodríguez Licea por parte de la CEDHJ. La información periodística resalta el involucramiento de once servidores públicos entre agentes del ministerio público, policias investigadores y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), la petición para que se "continúen" las investigaciones, además de solicitarle al Presidente Municipal de Guadalajara la conservación del memorial ubicado en el cruce de las avenidas Juárez y Enrique Díaz de León.

Encontramos que de nueva cuenta la CEDHJ se contagia de un espíritu de tribunal y declara que no encontró "pruebas" para fincarle responsabilidad a Fernando Arias Pérez, ex director de Comunicación Social del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Gobernación; es decir prácticamente exhonera a dicho funcionario.

La familia Rodríguez Licea y el Cepad queremos mencionar que hasta el momento no se nos ha notificado el contenido de la resolución, lo que demuestra que a la CEDHJ le interesa mantener más relación con las autoridades que con los afectados por la violación a los derechos humanos, o acaso ¿ existe temor por la consistencia de su Recomendación?, o ¿ cómo podemos explicar que se haya emitido prácticamente al finalizar el año, escondida entre otras cuatro resoluciones y cuando la nota es la entrada de las nuevas administraciones municipales?.

Sin duda la CEDHJ le interesa más su papel político que de defensa de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad ante el poder público.

Ante este hecho es importante que para su opiniòn tomen en cuenta los siguientes puntos:

1. La Recomendación se realizó luego de más de 1000 días en el que sucedieron los hechos. Ante ello la pregunta es ¿esa es la defensa que se busca por parte de la CEDHJ?

2. La mayoría de las 100 diligencias que supuestamente realizó la CEDHJ, fueron impulsadas por la familia Rodríguez Licea y el Cepad, en medio de un ambiente hóstil y favorecedor de las autoridades. La CEDHJ sólo era una observadora de lo que ocurría.

3. La familia de Néstor Alan Rodríguez, durante todo 2009 gestionó el inicio del deslinde de responsabilidades ante la Procuraduría de Justicia del Estado y el IJCF, aspecto que ya se encuentra en trámite, sin que para ello mediara gestión de la CEDHJ, al contrario omitió desde un inicio solicitarlo como es su facultad hacerlo. (ver artículo)

4. Por último, resulta absurdo que la CEDHJ manifieste haber documentado irregularidades durante el trámite de la averiguación previa y la actuación de los peritos, y no pudo o más bien no "quizo" documentar las de Fernando Arias Pérez, cuando existe suficiente evidencia de ello. Una de ellas publicada el día de hoy en La Jornada Jalisco.

No puede existir esperanza donde nunca la hubo, donde hubo el menor esfuerzo de una institución, donde fomenta la impunidad y busca con sus resoluciones quedar bien consigo misma, más no resarcir los daños causados a los afectados.

La familia Rodríguez Licea y el Cepad continuarán en la lucha porque estos hechos no vuelvan a ocurrir.

Pueden consultarse las notas en La Jornada Jalisco, Público y Mural.

BOLETÍN DE PRENSA

El Ejército mexicano realiza cateos ilegales en más de una decena de viviendas en la comunidad de Maltaraña, municipio de Jamay, Jalisco.

Mujeres y niñas las principales afectadas por los cateos. Son puestas en situación de riesgo.

Jalisco ya no es la excepción, el primero de junio de 2009 alrededor de 30 elementos del Ejército mexicano ingresaron a la comunidad rural de Maltaraña, municipio de Jamay, Jalisco, ubicada en la frontera que comparte al sureste con el estado de Michoacán. Dicha incursión fue realizada bajo el argumento de que se encontraban realizando un "Operativo Nacional" de lucha contra el narcotráfico, por órdenes directas del Presidente de la República.

Con dicho pretexto, los elementos de las Fuerzas Armadas irrumpieron a poco más de una decena de viviendas donde se encontraban principalmente mujeres, niñas y niños. Para ingresar a los domicilios, los efectivos manifestaron no necesitar la orden por escrito; intimidaron a las moradoras manifestando que debían tener algo que esconder al negarles el paso y en algunos casos refirieron que aún ante la oposición ingresarían por la fuerza. Los allanamientos, las injerencias arbitrarias y cateos ilegales registrados derivaron en actos de molestia para los y las moradoras, así como en violaciones a sus derechos humanos.

La denuncia pública y la indignación de la población, se agrava debido a que en la mayoría de los hogares a los que ingresaron ilegalmente se encontraban únicamente mujeres, niñas y niños menores de edad, así como personas de la tercera edad que no pudieron oponer resistencia ante la intimidación y amenaza de los efectivos, situación de vulnerabilidad que fue aprovechada por éstos. En algunos casos, los militares amenazaron a las madres de familia con llevarse a alguna de sus hijas o con regresar posteriormente por ellas.

De los 24 registros que originaron la documentación del caso, podemos afirmar que son diez los domicilios allanados donde se encontraban únicamente mujeres y más de una niña o niño al interior.

La desconfianza, el miedo y la inseguridad son constantes que operan en todas los habitantes de Maltaraña, no sólo por los hechos narrados, sino por la amenaza de los militares con volver inesperadamente. De hecho, existen testimonios que refieren el tránsito de los militares por calles de la Comunidad en noches posteriores a los acontecimientos denunciados.

El caso es relevante por:

· El registro de 34 quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por violaciones de derechos humanos perpetradas por elementos de la Secretaría de Defensa Nacional en Jalisco desde 2006 hasta la fecha de los hechos descritos. El 2009 es el de mayor incidencia con 15 de éstas, donde se describen distintos tipos de violaciones. Sin embargo, hasta la fecha no se había documentado en el estado de Jalisco una acción de esta naturaleza cometida por el Ejército mexicano en contra de la población civil en actividades de combate al narcotráfico, en particular las violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
· Las actividades de seguridad pública que han venido realizando los elementos de las Fuerzas Armadas resultaron en violaciones a los derechos humanos de las mujeres por los actos u omisiones de los militares que discriminaron a las moradoras impidiendo el goce y ejercicio de los mismos, así como las secuelas que dañan hoy en día su estabilidad emocional producida por la intimidación, discriminación y amenazas de los elementos, hechos que contravienen diversos instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
· El panorama nacional, documentado por organismos internacionales, sobre la utilización de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública muestra que en los últimos dos años se ha ido incrementando el número de violaciones a derechos humanos con casos de desapariciones forzadas, la práctica de tortura, las detenciones ilegales, entre otras. Lo anterior, por el desempeño de los elementos castrenses sin apego a derecho y al estricto respeto de los derechos humanos.

Ante las violaciones de derechos humanos que se encontraron en la documentación del caso, la relevancia dada por el contexto nacional sobre la implementación de políticas de seguridad pública y el riesgo inminente de las mujeres, niñas y niños de la comunidad; los habitantes de Maltaraña con acompañamiento del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo(Cepad) y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Con la presentación de la queja, así como con la denuncia pública realizada en el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2009, se busca la oportuna reparación del daño a los miembros de la comunidad, el inicio de las investigaciones pertinentes, la sanción a los culpables y la garantía de no repetición de los hechos.

Agradecemos su atención.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (Cepad)

Puntualizaciones a lo dicho por Felipe de Jesús Álvarez Cibrián (CEDHJ)

cepad@cepad.org.mx

Foto: Arturo Campos Cedillo. La Jornada Jalisco

Carlos A. Peralta Varela. Presidente del CEPAD

En el Informe sobre la “situación de los Derechos Humanos en Jalisco, 2009” coordinado por el CEPAD, se presentó el artículo titulado: La simulación activa del Ombudsman. Análisis sobre la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco durante 2008.

Con la finalidad de evitar desinformación y ante las declaraciones del día de ayer de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, reafirmamos de forma objetiva lo siguiente:

1) Todos los datos del capítulo en el informe coordinado por el CEPAD fueron tomados del así nombrado “segundo informe anual de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco” (CEDHJ). Informe que contempla las labores realizadas durante el 2008 y que fue presentado a inicios del 2009.
2) Se buscó ampliar la información a partir de las revistas “Gaceta, 6 de diciembre” del año 2008, sin embargo no fue posible debido a que hasta septiembre del 2009, no se habían publicado los números 53 y 54 de la Gaceta correspondientes al segundo semestre del 2008.
3) En el capítulo del informe de la CEDHJ referido a la Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento (páginas 7 a 14 del informe), se informa que recibieron 10,415 quejas a lo largo del año, sin embargo en ningún momento se da cuenta de cómo fueron resueltas las quejas y obviamente, tampoco se informa de las modalidades usadas para resolverlas.
4) De las 10,415 quejas recibidas durante el año, la cantidad de 6,954 (66.76%) fueron interpuestas por los ciudadanos en contra de Emilio González Márquez, por dos motivos: a) 6,549 quejas fueron por el donativo que efectuó el gobernador al santuario de los Mártires Cristeros, b) 405 quejas por las injurias (mentada de madre) que profirió contra los ciudadanos que no pensaban como él.
5) De las 6,954 quejas interpuestas en contra del Gobernador del Estado, se resolvieron las 405 relativas a las injurias proferidas por el gobernador hacia la sociedad jalisciense, mismas que merecieron la recomendación 14-2008. Debe tenerse muy en cuenta que ésta fue una recomendación rechazada por la autoridad.
6) La CEDHJ recibió además 3,461 (33.23%) quejas por el resto de las posibles violaciones a derechos humanos realizadas por todas las demás autoridades del estado de Jalisco.
7) El dato de quejas resueltas se obtuvo del capítulo 11 del informe 2008 de la CEDHJ, titulado “Los derechos humanos durante 2008 en Jalisco (página 203 en adelante). Este apartado es a la vez el discurso que pronunció públicamente el ombudsman en febrero, al dar a conocer el informe (boletín Núm.033/09, CEDHJ).
8) Acorde a lo mencionado por el propio ombudsman en este capítulo el dato de quejas resueltas “mediante diversos procedimientos” asciende a 853 quejas y literalmente menciona que: “de las quejas restantes, por motivos de competencia 252 fueron enviadas a la CNDH, 3 más se turnaron a comisiones homónimas en el país; 442 se resolvieron mediante la conciliación; dos por recomendación” (página 205 del informe 2008, CEDHJ).
9) De igual manera para febrero del 2009 afirmó que “1,021 inconformidades aun permanecen en trámite, incluidas 7,842 que fueron acumuladas a otras quejas, la mayoría de ellas derivadas del asunto en el que se señaló al gobernador constitucional del estado como la autoridad responsable por su pretensión de donar 90 millones de pesos para la construcción del santuario de los Mártires” (página 205 del informe). Al afirmar que aún estaban en trámite, se admite que no fueron quejas resueltas durante el 2008.
10) Si se resolvieron 853 quejas (sin contar las conciliaciones y recomendaciones), el porcentaje de quejas resueltas en relación a las quejas recibidas (10,415 quejas), se vuelve de tan sólo un 8.2 %.
11) El número de quejas resueltas (853 quejas), sumado al número de conciliaciones (442 conciliaciones) y al de recomendaciones emitidas durante 2008 (34 recomendaciones), daría un total de 1329 quejas que fueron atendidas a través diversos mecanismos y nos daría en este acumulado un porcentaje de 12.76% quejas resueltas. En cualquier caso los datos plasman que el 2008 ha sido el año con menos quejas resueltas en la historia reciente de la Comisión (del 2003 a la fecha).

Discurso del Cepad durante la presentación del Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2009 Parte II

A principios de este mes, el Senado nuevamente volvió a darle la espalda a cientos de voces que exigían un verdadero cambio en la conducción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y al final se decidieron por Raúl Plasencia Villanueva, quien representa la continuidad. Estas son algunas pinceladas de cómo el Estado mexicano aborda los temas de derechos humanos.

Definitivamente no podemos dejar de mencionar el papel de la prensa local y nacional en el tema de los derechos humanos, a quien exhortamos para que acompañe los procesos de las comunidades, de las organizaciones civiles, de las personas e informen rápida y objetivamente, así como abrazar causas contra el abuso y el uso arbitrario de la autoridad. Lamentamos mucho que México sea la segunda nación del mundo con más crímenes contra periodistas. Por ellos pedimos justicia, recordemos que los crímenes contra los periodistas y activistas de los derechos humanos, se atenta contra el Estado de derecho y la democracia de un país. Exigimos se investigue el crimen del periodista José Galindo ocurrido en Ciudad Guzmán reportado el pasado 24 de noviembre.

A unos meses del centenario y bicentenario de la Revolución e Independencia de México, tenemos poco que festejar. Nuestros pueblos indígenas siguen en pie de lucha defendiendo su lengua, su cultura, sus usos y costumbres, sus recursos naturales y su territorio. A pesar del rechazo que en su momento nuestro José María Morelos a la práctica de la tortura, sigue siendo en estos días un método de investigación. Las desigualdades sociales parecen aún peor en nuestros tiempos ante los avances científicos y tecnológicos. La lucha por la democracia bajo el lema de “sufragio efectivo, no reelección” continúa como una de las mayores aspiraciones del pueblo mexicano. La salud y la educación son derechos difíciles de gozar para un amplio sector de la sociedad mexicana, sobre todo para quienes gana apenas lo suficiente para sobrevivir. Los recursos naturales de todos y todas las mexicanas están siendo entregados al capital financiero a través de sus inversionistas inmobiliarios, refresqueros, turísticos, ganaderos e industriales. Para abonar a lo anterior, no podemos dejar de mencionar que Jalisco es, según diversas organizaciones nacionales y extranjeras, uno de los paraísos sexuales de explotación para la prostitución y pornografía infantil en nuestro país.

A pesar de los sucesos negativos que han marcado 2009, también vemos en el CEPAD buenas noticias, como son las luchas del Comité “Salvemos Temacapulín, Acasio y Palmarejo”, del Comité “Salvabosque Tigre II”, de “Ciudad para Todos”, la lucha histórica de la comunidad indígena de Mezcala, la insistencia de las organizaciones del Salto y Juanacatlán por sus derechos más elementales como son la salud y el medio ambiente sano, entre muchos más; el Movimiento vecinal que se opone a la construcción de una línea 2 del Macrobús, y qué decir de las familias de las víctimas de la impunidad, la corrupción y la ineptitud de las autoridades, que persisten en que se haga justicia y que los hechos no se vuelvan repetir.

Finalmente, cabe hacer mención de una mujer valerosa, quien se atrevió a desafiar a los poderes de la federación y del Estado, Lupita Lara, quien después de 9 años resultó que tenía la razón técnica y por ende, la jurídica: la presa de Arcediano era inviable frente a su desaparecida casa.

Quizás la gran diferencia entre quienes luchan por una ciudad, un Estado, un país y un mundo mejor para todas y todos, y quienes toman las decisiones dentro de los poderes públicos y los fácticos, es la memoria histórica. Tenemos el derecho a disentir, a protestar, a tomar los espacios públicos, a exigir. Tenemos el derecho a defender nuestra dignidad y de quienes no pueden hacerlo. Tenemos el derecho a cambiar las reglas del juego donde quien manda es el pueblo. Tenemos el derecho a solidarizarnos con quienes creamos y consideremos diferentes. Tenemos además del derecho, el deber de defender y promover los derechos humanos, y para ello, tampoco necesitamos permiso.