viernes, 28 de marzo de 2014

Pronunciamiento del CEPAD en el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2013
 
El pasado 24 de marzo se conmemoró el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, el cual tiene entre sus propósitos: “Promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia”.

 Y como tenemos memoria, recordamos que en marzo de 2013, concluyó la era de gobiernos panistas que duró 18 años, quienes serán recordados por la corrupción, impunidad y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Jalisco. El primero estuvo a cargo de Alberto Cárdenas (1995-2001), quien dejó impune la tragedia ocurrida el 22 de abril de 1992 en Guadalajara, y desde luego, sin la debida investigación, la sanción para los responsables, la reparación del daño a las víctimas, sobrevivientes y sus familias, sin el derecho a la verdad y la justicia.

 El gobierno de Francisco Javier Ramírez Acuña (2001-2006) se caracterizó, entre otras cosas, por el desmantelamiento de la promisoria Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ); el aumento exponencial de los casos de tortura; el maltrato y abuso infringido contra jóvenes, uno de ellos cometido por policías estatales en contra de más de mil seiscientos jóvenes durante la celebración de una fiesta rave el dos de mayo de 2002 en Tlajomulco, así como las detenciones arbitrarias y las torturas aplicadas a decenas de jóvenes detenidos el 28 de mayo de 2004. También bajo su administración se torció todo el aparato de justicia para evadir de su responsabilidad a los autores materiales de la muerte del joven Néstor Alán Rodríguez Licea. Hasta la fecha no existe una sola investigación en contra de los autores materiales e intelectuales de tales violaciones.

 Durante la administración de Emilio González Márquez (2007-2013), al igual que el sexenio anterior se caracterizó por el dispendio de los recursos públicos, especialmente para posicionarse a la candidatura presidencial de su partido mediante la inexplicable disminución de los índices delictivos y “sus juegos panamericanos”. Con la complicidad de la CEDHJ “bajaron” los reclamos por tortura. Mantuvo hasta el final de su gobierno al Procurador General de Justicia, pese a las denuncias de pederastía en su contra y de otros servidores públicos. Prometió que si la población de Temacapulín votaba en contra del proyecto de la Presa El Zapotillo no se construiría; el brutal desalojo de habitantes, comerciantes y pescadores de Tenacatita. Todo lo anterior, sin olvidar la impune muerte del niño Miguel Ángel López Rocha y de muchas personas más, víctimas de la contaminación del Río Santiago. Durante su gobierno la violencia llegó a extremos inimaginables, 2,175 personas desaparecidas, una es suficiente, pero ninguna motivó su debida investigación para conocer su paradero, así como los responsables, mucho menos la obligada atención y cuidado de las familias.

Son innumerables los agravios que motivarán una investigación que desde la sociedad civil se haga de los gobiernos de la “alternancia” y la exigencia de la justicia en éstos y otros muchos casos más.

Para los y las optimistas hay malas noticias, el 2013 no fue mejor que los anteriores.

La ineficiente y opaca labor que ha realizado la CEDHJ en los últimos seis años, pudo dimensionarse con los lamentables hechos ocurridos el 1 de diciembre de 2012, pues mientras la CDHDF acompañó a las manifestaciones de protesta contra la imposición de Enrique Peña Nieto y documentó en 6 días casos de tortura y detenciones arbitrarias, la CEDHJ no solo no envío Visitadores a la manifestación, sino que retraso de manera injustificada la recepción de las quejas presentadas por jóvenes lesionados por la policía tapatía, así como de las detenciones arbitrarias sufridas por sus compañeros y compañeras. No obstante el cúmulo de pruebas que acreditaban las violaciones de derechos humanos de los y las manifestantes, emitió la Recomendación del caso ocho meses después de los hechos, en tanto que la Comisión del DF la emitió a los cuatro meses, pese a la complejidad, tanto por el número de manifestantes, como por la diversidad de autoridades que intervinieron y la gravedad de los hechos.

 Respecto de la práctica de la tortura en la entidad, la CEDHJ nos dio una “explicación” de la supuesta baja de este tipo de inconformidades. Al emitir la Recomendación 10/2013 con relación al caso de dos hermanos que fueron privados de la libertad por seis agentes de la policía investigadora quienes los golpearon, colocaron bolsas en la cabeza para asfixiarlos y trasladaron a un lugar desconocido, les infirieron golpes y toques eléctricos en los testículos, resolvió que no se acreditó la tortura, debido a que el dictamen emitido por los peritos en psicología del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) determinó que: “No presenta sintomatología del trastorno de ansiedad denominado, clasificado y categorizado como ‘Trastorno por estrés postraumático’, según los criterios clínicos para su diagnóstico, como lo establece el Manuel Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales…”. La pésima documentación de estos casos por parte del organismo – ni siquiera utilizan el Protocolo de Estambul, un manual sugerido por los organismos de la ONU- la convierte en cómplice de los perpetradores.

El reconocimiento oficial de que esta práctica ocurre en Jalisco, corrió a cargo del actual Fiscal General Luis Carlos Nájera, al contestar a los señalamientos de la ex Ombudsman de Jalisco, Guadalupe Morfín Otero en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno el pasado mes de febrero del 2014. A 21 años de vigente la Ley Estatal para Prevenir y Erradicar la Tortura en Jalisco, no existe una investigación y mucho menos sanción para los responsables de ordenar y ejecutar esta grave violación de derechos humanos. Nuevamente exigimos al Congreso local que cite a comparecer al titular de la Fiscalía y de la CEDHJ para que expliquen los métodos de investigación de los casos en los que se vulneran los derechos humanos catalogados como de lesa humanidad, así como la inacción para prevenirlos y erradicarlos, asimismo, se evalúe cualitativamente su labor por expertos independientes y se determine su permanencia.

Con relación al tema de la discriminación, se han presentado ante esta Legislatura local 4 iniciativas en la materia, siendo fundamental que la voz de quienes hemos trabajado en el tema sea escuchada y tomada en cuenta; para ello, precisamos que los elementos básicos debe contener una legislación para dar una respuesta eficaz a la prevención y combate de la discriminación son:1. Especificar la obligación de implementar políticas públicas, 2. Generar un órgano regulador especializado, autónomo, con patrimonio propio y de participación ciudadana, que permita, a través de diversas atribuciones, la implementación de la norma. 3. Hacer alusión al tipo de procedimiento local que se llevará a cabo para investigar y sancionar los actos discriminatorios, y 4. Definir tanto las sanciones que deberán aplicarse por la comisión de actos discriminatorios, como la reparación del daño.

En cuanto al derecho a la protesta, a la manifestación y a la libertad de expresión, según a la información recibida por el Ayuntamiento de Guadalajara, durante el 2013 se llevaron a cabo 372 manifestaciones públicas de diversa índole, en distintos puntos del municipio, casi una por día. Antes de resolver las causas que generan los actos de protesta, en septiembre del 2013, la diputada Gabriela Andalón presentó una iniciativa para regular las manifestaciones (solicitar permiso por escrito, nombrar a los responsables, el motivo), y si la autoridad la aprueba, indicará las vías, lugares y horas. Hasta el día de ayer se encontraba en la Comisión de Puntos Constitucionales para ser dictaminada. Hacemos un llamado a las organizaciones y movimientos sociales, a los colectivos y a la sociedad en su conjunto para que no permitamos que se restrinja un derecho legítimo y genuino de los pueblos. Al mismo tiempo, exigimos al Poder Legislativo que cese en su intento de limitar aún más las libertades ciudadanas y trabajen por resolver las desigualdades sociales, los despojos y todas aquellas causas que motivan la inconformidad social. Su incapacidad y falta de sensibilidad, se mostró recientemente al aprobar la Ley Estatal de Víctimas del estado de Jalisco, cuyo contenido según uno de sus autores, (el diputado Jaime Prieto) fue socializado en foros, con académicos y expertos; sólo que se les olvidó consultar con antelación a las víctimas.

No pudo terminar peor el 2013, más de 74 cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas en La Barca, Jalisco, en donde vecinos le confiaron a un periodista que ese lugar ya había sido denunciado meses y años atrás a las autoridades de la Procuraduría, sin que conste investigación alguna. Las ejecuciones sumaron hasta octubre de ese año  1 406, siendo Jalisco la quinta entidad del país con más ejecutados.  

Los hostigamientos, las detenciones arbitrarias, las amenazas y encarcelamiento contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el 2013, no se hicieron esperar. Llamó la atención los distintos despidos injustificados de profesionales de la comunicación de sus fuentes de empleo, el número y las causas fueron inusuales con relación a años anteriores. En el caso de los defensores y defensoras, sobresale el de Gaudencio Mancilla, líder nahua que fue detenido arbitrariamente y torturado por parte de un grupo armado, que después se identificaría como agentes de la Fiscalía. Nuevamente exigimos el regreso con vida del líder nahua Celedonio Monroy Prudencio, desaparecido desde el 23 de octubre de 2012; del mismo modo del presidente del consejo de administración de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera La Cruz de Loreto, José de Jesús Romero Quintero, y los cooperativistas Jorge Ruiz López y Rafael Espinosa Díaz, quienes recibieron amenazas de quienes destruyen los esteros de donde precisamente se ganan la vida pescando. El 24 de marzo de 2011, los tres pescadores desaparecieron en Guadalajara. También exigimos el esclarecimiento de los asesinatos de Aureliano Sánchez Ruíz, presidente de la Cooperativa de Producción Pesquera de la Ribera de Punta Pérula, en el municipio de La Huerta, Jalisco, ese mismo año, y del periodista Pepe Galindo ocurrido en Ciudad Guzmán el 24 de noviembre de 2009. En ese mismo sentido, exigimos a las autoridades de Jalisco el cese de la persecución judicial en contra de los comuneros cocas de Mezcala de Asunción, quienes por defender su territorio ancestral de los intereses económicos, están siendo objeto de un viciado proceso penal iniciado con base en la fabricación de delitos. 


Queremos recordarles a todas las autoridades de Jalisco, que el 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, la más importante después de la Constitución de 1917 en cuanto a la protección de derechos se refiere. La trascendencia histórica de la Reforma radica en su Artículo 1º, el cual incorpora a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Estado Mexicano como normas internas, así como los Principios de UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD y PROGRESIVIDAD. En la Reforma se señalan las obligaciones que todas las autoridades tienen para GARANTIZAR, RESPETAR, PROTEGER y PROMOVER el pleno ejercicio de estos derechos. Es preciso recordarles también que el 28 de agosto de 2012 fue modificado el Artículo 4º de la Constitución de Jalisco para efecto de su armonización en los términos de la reforma federal.

 Por lo tanto, les exigimos: no más desapariciones forzadas e involuntarias, no más feminicidios, no más tortura, no más detenciones arbitrarias, no más discriminación, no más despojo de nuestros espacios naturales, no más impunidad.

jueves, 27 de marzo de 2014




Derechos humanos en Jalisco 2013: bajo necesaria observancia
27 de marzo, Guadalajara, Jalisco.- La séptima edición del informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2013 del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD), sintetiza con diez artículos los acontecimientos y casos más importantes, entre violaciones y victorias, dentro el plano de los derechos humanos en Jalisco.

Es por segundo año consecutivo que tres temas son recurrentes en el informe del CEPAD:

El primero de ellos es el feminicidio en Jalisco, que se revive con el artículo realizado por Guadalupe Ramos Ponce, abogada de CLADEM, sobre actualización de las escandalosas cifras de feminicidios y el protocolo legal jalisciense.

El segundo tema recurrente es la vulnerabilidad de las personas que ejercen el trabajo periodístico en Jalisco y la violación a la libertad de expresión, con un texto escrito por Laura López, miembro del Observatorio de Medios Iteso (Quid).

Por último aparece de nuevo la problemática de las desapariciones forzadas en Jalisco, pero ahora desde la perspectiva María Guadalupe Aguilar Jáuregui, integrante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco (FUNDEJ, quien narra su experiencia como madre de un hijo al que desaparecieron y su enfrentamiento ante un sistema de justicia que no cumple con sus obligaciones.

A estos tres temas se suman, el de medio ambiente, con el artículo del periodista Agustín del Castillo sobre la contaminación a la presa Valencia o Hurtado, por parte de una empresa privada, en el municipio de Tlajomulco. La situación de las personas migrantes en su paso por Jalisco, en el texto de Alonso Hernández, miembro de Dignidad y Justicia en el Camino A.C. (FM4 Paso Libre); y las consecuencias de la reforma educativa para los maestros y maestras jaliscienses, escrito por el maestro Moisés Guerrero, miembro del Movimiento de Bases Magisteriales.

Las agresiones a personas defensoras de derechos humanos en Jalisco fueron una constante en el 2013. Como un ejemplo se encuentra la detención del señor Gaudencio Mancilla, representante del Consejo de Mayores de Ayotitlán, así lo narra en su artículo César Octavio Pérez Verónica, abogado y director ejecutivo del CEPAD.

También en el 2013 se documentaron más casos de revisiones de rutina, hostigamiento y detenciones arbitrarias a jóvenes por parte de policías municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara, de esto da cuenta el periodista Alejandro Velazco.

El último texto, lo escriben Zaira de la O y Martha Sandoval, pareja y familia lesbomaternal, acerca de su triunfo ante todos los impedimentos para que no se realizara el primer matrimonio entre dos mujeres en Jalisco.

“Me han sorprendido dos datos que se plantean en el informe, el primero es el número de desapariciones y feminicidios de Jalisco, es preocupante y señala una situación de emergencia en el Estado” Luis González Plascencia, ex Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del D.F.
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Más información: http://www.cepad.org.mx/panel/novedades/pdf/informe%202013.pdf


Facebook: Cepad A.C. Twitter: @CEPAD_AC 

Rosa Gutiérrez, Comunicación, rosagutierrez@outlook.com

lunes, 24 de marzo de 2014


miércoles, 12 de marzo de 2014

CEPAD presenta Demanda de Protección de Derechos Humanos en contra del Presidente Municipal de Zapopan Héctor Robles Peiro.

El Segundo Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en Jalisco admite la demanda por omisión de dar respuesta a la petición realizada con motivo del incumplimiento a los compromisos asumidos para la protección del Bosque El Nixticuil.

Debido al ecocidio que sufrió el Bosque El Nixticuil el mes de febrero del año pasado, el 5 de marzo de 2013 Héctor Robles Peiro se comprometió mediante un oficio dirigido al Comité Salvabosque en Defensa del Bosque El Nixticuil a efectuar las obras correspondientes para la restauración de la zona que fue devastada por la Dirección de Obras Públicas; entre ellas se encuentran el retiro de escombro depositado en el área, obras de conservación de suelo y agua, el cercado perimetral, así como la reforestación con especies forestales nativas para restituir el arbolado talado.

Mediante dicho oficio, el alcalde de Zapopan se comprometió a cumplir con estos compromisos una vez que diera inicio el temporal de lluvias del año pasado; sin embargo, el temporal terminó sin que se llevara a cabo lo pactado. Por este motivo, el 17 de octubre de 2013, el CEPAD presentó un documento en la oficina de la Presidencia Municipal en donde se hizo la solicitud a Robles Peiro para que diera respuesta respecto del incumplimiento de los compromisos mencionados.

Debido a que hasta la fecha no se ha obtenido una respuesta por parte de la autoridad, el pasado 5 de marzo de 2014, el CEPAD presentó una demanda para proteger el derecho a recibir respuesta e información en contra del Dr. Robles Peiro por vulnerar el derecho reconocido en los artículos:  1º (deber de la autoridad de respetar y proteger los Derechos Humanos), 6º (derecho al acceso a la información) y 8° (derecho de petición) de la Constitución Mexicana, así como en el artículo 24º (derecho de petición) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Dicha demanda fue admitida bajo el expediente 597/2014 ante el Segundo Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en Jalisco, por lo que en 10 días la autoridad responsable deberá rendir su informe sobre las cuestiones planteadas.

El CEPAD se ha visto en la necesidad de realizar la acción legal a su alcance, debido a la omisión y desinterés de la autoridad en cuestión respecto de atender los derechos relacionados con el bosque El Nixticuil, como son al medio ambiente sano, al agua, a la alimentación y todos aquellos vinculados a los derechos de la naturaleza.

miércoles, 26 de febrero de 2014

La visita de Amnistía Internacional al presidente de México

Dr. Carlos Peralta Varela, presidente del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta, 26 de febrero de 2014

Amnistía Internacional es uno de los pocos movimientos de carácter mundial en defensa de los derechos humanos. Está presente en 150 países y cuenta con más de tres millones de miembros y simpatizantes. Tal vez sea la organización más amplia y numerosa en esta línea de acción. Amnistía realiza labores de investigación y emprende acciones para impedir y poner fin a los abusos graves contra los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos. Es también una organización con una estructura y misión claras, fue fundada en Inglaterra en 1962 y aún tiene mucha vigencia y capacidad de acción. En México tiene un órgano coordinador en el DF y grupos en varios estados donde ha venido implementando estrategias de difusión y acción, para impulsar el respeto de los derechos humanos. En particular debo subrayar que ha contribuido en la denuncia de casos graves de violación, como el de los feminicidios de Ciudad Juarez, entre muchos otros.

Una de sus áreas de labor relevante es la de investigación. Con su informe anual ponen en la mira las principales violaciones cometidas en los diferentes países en donde tienen acceso. En general sus informes suelen tener mucho impacto puesto que son realizados con objetividad y profesionalismo. Dado que no reciben financiamiento de ningún gobierno no pueden ser acusados de ser tendenciosos. Sus actividades se sostienen y desarrollan esencialmente, a partir de los aportes de sus miembros y simpatizantes, así como a través de la articulación con otras organizaciones de derechos humanos.

No es común que el Secretario General de Amnistía y una comitiva de primer nivel, visiten un país, sin embargo nos visitaron hace unos pocos días. Salil Shetty actual Secretario General es un veterano activista en asuntos relacionados con la pobreza y la justicia. Antes de unirse a Amnistía Internacional fue director de la Campaña del Milenio de la ONU y desempeñó entonces un papel fundamental en la campaña de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En la primera parte de su visita Salil Shetty, Érica Guevara directora ejecutiva para el área de Las Américas, y Perseo Quiroz director para México, fueron al norte del país. La violencia ejercida contra migrantes y los casos de personas desaparecidas aparecieron como los asuntos primordiales en su diálogo con agrupaciones locales. Salil Shetty consideró su estancia en México de “alta prioridad” porque es visible la gravedad de estos casos.

En el Estado de Coahuila se reunió con miembros de la organización civil Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y expresó su preocupación por que durante el gobierno de Felipe Calderón se reportó en México la desaparición de más de 26 mil personas, cifra excepcional y grave a los ojos de Amnistía Internacional (AI), pero y sobre todo, porque a la fecha “no hay un solo caso en que haya habido justicia, verdad, y en que se hayan rendido cuentas claras’’.

También visitó Saltillo y fue a las instalaciones de la Casa del Migrante. Denunció entonces que el año pasado las autoridades mexicanas detuvieron a 83 mil indocumentados de distintos países, la mayor parte originarios de países de Centroamérica. De éstos 76 mil fueron deportados no obstante que habían sido víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, tanto por organizaciones criminales como por autoridades.

El hecho es que a pesar de las declaraciones de buena voluntad del actual gobierno y de las iniciativas legales que ha propuesto en materia de derechos humanos, en México siguen ocurriendo cotidianamente, graves violaciones y abusos, como desapariciones forzadas, ataques contra migrantes indocumentados, hostigamiento contra periodistas y defensores de derechos humanos, en medio de una casi total impunidad; señalaron los representantes de Amnistía Internacional (AI).

Pero la cereza del pastel ocurrió el lunes de la semana pasada cuando Salil Shetty entregó al presidente Enrique Peña Nieto, durante una reunión privada, un memorandum titulado “Los retos de México en materia de derechos humanos”, en el cual se advierte que el país enfrenta una situación de crisis en diferentes ámbitos de los derechos humanos, situación que debería ocupar el mismo nivel de importancia que las reformas económicas y políticas.

En este documento se insta al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto a colocar a los derechos humanos en el centro de sus esfuerzos para mejorar la vida de la gente. Un combate efectivo contra los persistentes patrones de graves violaciones a derechos humanos y la impunidad es esencial para poner fin a las continuas amenazas al bienestar de muchos sectores de la población y para permitirles disfrutar plenamente de sus derechos. Cito un párrafo del documento “México aún enfrenta serios retos en relación al Estado de derecho y al respeto a los derechos humanos. La alarmante situación de inseguridad en muchos lugares del país y las consecuencias del combate al crimen organizado y a los cárteles de la droga por parte de las fuerzas armadas, iniciado en la administración anterior, han aumentado la inseguridad y la violencia en muchas regiones, dejando a muchas comunidades desprotegidas y en riesgo. Los reportes sobre abusos de derechos humanos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad, incluyendo desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias continúan y la impunidad en todos los crímenes sigue siendo la norma. Las y los defensores de derechos humanos y periodistas, quienes frecuentemente tratan de apoyar a las víctimas y revelan los abusos, enfrentan cada vez mayores ataques. Las mujeres, los pueblos indígenas y las personas migrantes sufren discriminación y violencia, pero sus posibilidades de obtener reparación son escasas. El sistema de justicia continúa defraudando a las víctimas, a quienes se acusa de los delitos y a la sociedad en general. Éstos son sólo algunos de los problemas de derechos humanos que las personas deben enfrentar en sus vidas diarias, y hasta ahora el gobierno no ha respondido a esta crítica situación.”

Es importante que existan organizaciones de la sociedad civil independientes y profesionales, como es el caso de Amnistía Internacional. Es importante que alcen su voz a nivel nacional e internacional, que denuncien y que den a conocer su posición dentro de las altas esferas del poder en nuestro país y en muchos otros países, porque esas voces ayudan a movilizar voluntades y contribuyen a generar los cambios que el mundo necesita.

miércoles, 12 de febrero de 2014


EXIGIMOS UN MARCO LEGAL QUE GARANTICE, PROTEJA Y PROMUEVA LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN EN JALISCO

CC. Diputados y diputadas de la Sexagésima Legislatura del estado de Jalisco
C. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del estado de Jalisco
C. Luis Carlos Vega Pámanes, Presidente del Supremo Tribual de Justicia de Jalisco
CC. Presidentes y presidentas Municipales del estado de Jalisco
Presente

Las organizaciones de la sociedad civil y personas a título individual de Jalisco que suscribimos el presente desplegado, queremos recordarles en el marco del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917,  que la reforma constitucional en materia de derechos humanos vigente desde el 10 de junio de 2011 representa una conquista del movimiento de derechos humanos en México, que modifica de raíz todo nuestro sistema jurídico, de tal suerte que incorpora el ordenamiento internacional en esta materia a fin de complementar los vacíos legales del derecho interno mexicano, lo cual da un sin fín de nuevas herramientas a las personas para potenciar la exigibilidad de sus derechos. En Jalisco se encuentran reconocidos los derechos humanos en el artículo 4° de la Constitución Política del estado, en virtud de la armonización realizada el 28 de agosto de 2012.  

No obstante las grandes reformas constitucionales, las autoridades de la entidad, especialmente el Congreso local, han omitido ejercer sus facultades y sus obligaciones Constitucionales para legislar la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, en virtud de los derechos consagrados en el Artículo 1º de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Artículo 4º de la Constitución local y diversos instrumentos internacionales en  materia de derechos humanos, violando en perjuicio de los habitantes de la entidad el derecho a la igualdad y a la no discriminación.

Queremos señalar que la discriminación en Jalisco es sumamente grave, para ello mencionamos tan solo un par de ejemplos significativos: de acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), las personas de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se encuentran con mayor indisposición para permitir que viva una persona con discapacidad en su hogar. La Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis 2010), incluye también la discriminación en el ámbito religioso. 22 de cada 100 habitantes de la ZMG no estarían dispuestos a permitir que alguien con otras creencias viviera en su casa y nueve de cada 100 han sentido que sus derechos no han sido respetados a causa de su religión. Sin dudas, la situación de los jóvenes es preocupante, pues las autoridades de seguridad de todos los niveles los someten a detenciones arbitrarias, por motivos como el aspecto físico, la forma de vestir o el lugar por el que transitan.

Reconocemos que se han desarrollado esfuerzos significativos pero insuficientes por parte de los poderes públicos de la federación para garantizar y proteger a las personas en sus derechos a la igualdad y a la no discriminación. Lamentamos que Jalisco es una de las nueve entidades del país que no cuenta con una legislación que proteja a sus habitantes contra cualquier tipo de discriminación, por lo que no pueden postergar la obligación de crear el marco legal armonizado con el texto Constitucional federal y local, así como con la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos de Derechos Humanos firmados y ratificados por México.

Por lo anterior, les exigimos:

·         Que acaten dichas obligaciones y aprueben una iniciativa de Ley para Prevenir y Eliminar las Formas de Discriminación que sea resultado del diálogo con organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema
·         Que se diseñen legislaciones e implementen las reformas constitucionales  incorporando y armonizando con todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, particularmente aquellas medidas afirmativas y de no repetición para los sectores vulnerables de la sociedad.

Atentamente
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD), Cátedra UNESCO "Igualdad y No Discriminación", Centro de Apoyo al Movimiento Popular de Occidente, AC (CAMPO), Colectivo Ollín, AC, Jalisco 2050, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Congreso Ciudadano de Jalisco A. C., Acción Ciudadana Ya!, Tejiendo Redes A.C., FM4 Paso Libre, Movimiento de Bases Magisteriales/CNTE.


Paola Lazo Corvera, Jorge Narro Monroy, Teresa Gutiérrez Zúñiga, Carmen Ruiz Velazco Tapia, Francisco Macías Medina, Carlos Peralta Varela, Gerardo Moya García, Jade Ramírez Cuevas,  Jesús Manuel González Huerta, Juan Pablo Silva Medina, César Rogelio López Alfaro, Zariá Casillas Olivares, Teresa Sordo Vichis, Luz Elena Barrios Calleros, Oscar Muñoz Villarreal, Guadalupe Carmona Luna, Andrea Maldonado Carmona, Zonia Cristina Rojas Pulido, Areli Fraga Villanueva, Eva Velazco Madrigal, Jorge Rocha Quintero, María Guadalupe Morfín Otero, Miguel Bazdresch Parada, Jorge Alonso Sánchez, Augusto Chacón, Francisco Javier Pérez Chagollán, Teresa González Luna Corvera, Diego E. Garcia-Preciado Jáuregui, María Guadalupe Ramos Ponce, Margarita Sierra, Rodrigo Robledo Espinosa, Héctor Castañon Reyes, Jaime Antonio Preciado Coronado, Francisco Uralde Ysi, Cecilia Díaz Romo, Ana Sofía Torres, Agustín Verduzco, Santiago de Jesús Aguilar Castañeda, Alberto Bayardo Pérez Arce, Jesús Ibarra, Carlos Castañeda de la Rosa, Elsa Jiménez, José Bautista Farias, Francisco Morfín Otero, Mónica Salmón Gómez, Carlos Tabares Luna, Mario Ramón Silva Rodríguez, María Cristina Zepeda González, Flavio Meléndez Zermeño, Ana María García Castañeda, Laura Méndez Carrillo, María  A. Gutiérrez Zúñiga, Isaì García López, Luis Alfonso Garibay Serrano, Kathia Torres Macías, Edgar Rogelio Ramírez Solís, Eneyda Suñer Rivas, Magdalena Ibarra Álvarez del Castillo, Lucia Rostro Rivera, Ma. Concepción Gutiérrez Zúñiga, Carlos F González Martínez de Velasco, Ignacio Gutiérrez Chávez, Guillermo Sierra García de Quevedo, Graciela Bernal Loaiza, Gerardo Pérez Viramontes, Amanda Marisol Cabrera Lamas, María Cristina Gallo Estrada, Cecilia Alejandra Lomas Ramírez, Graciela Flores Hernández, Oscar Muñoz Villarreal, Guadalupe Carmona Luna, Andrea Maldonado Carmona, Areli Fraga Villanueva, Eva Velazco Madrigal, José David Barrios Calleros, Norma Alicia Pérez Pérez, Guadalupe Estrada Gutierrez, Maria Teresa Barrios Ibarra, Laura Yolanda Barrios López, Antonia Espinoza Cardoza, Virginia Medina Lemús, Guadalupe López Varela, Marianela Madrigal Hinojosa, Margarita Silva Rueda, Minerva González Avila, Edgar Rodríguez Ortiz, Carlos Roberto Barrios Ibarra, Denisse Guadalupe Barrios Estrada, María del Refugio Avila Montes, Paulina Gutiérrez Ramírez, Erika Canchola, Juan Carlos Paez Vieyra, Francisco Talavera Durón, Elsa Pérez Ordaz, Rosa Gutierrez Arias, Arturo Espinoza, José Casillas, Alejandro Velasco, Violeta Sandoval, Silvano Andrés, Torres Rivera, Luis Gatica, Mariana Elizabeth Preciado Zapata, Rodrigo Cornejo, Felipe Alatorre.  




martes, 11 de febrero de 2014


Exigen un marco legal en contra de la discriminación para el estado de Jalisco

  • Organizaciones de la sociedad civil y personas a título individual exigen mediante desplegado público ser incluidas en su redacción.
·               Jalisco una de las nueve entidades del país que no protege a sus habitantes contra la discriminación.

Diversas organizaciones de la sociedad civil y personas a título individual, exigen al Congreso local, al Gobernador, al Supremo Tribual y a las y los presidentes municipales de Jalisco, que se elabore el marco legal que prevenga y elimine la discriminación en la entidad. Dicha exigencia se realiza mediante un desplegado en prensa donde hace publica su posición frente a la pasividad de tales autoridades.

Señalan que las autoridades de la entidad, especialmente el Congreso local del estado de Jalisco, han sido omisas en ejercer sus facultades y sus obligaciones para legislar en materia del derecho a la igualdad y a la prohibición de discriminar, a través de una Ley para Prevenir y Eliminar  las Formas de Discriminación en el estado, en virtud de la  reforma constitucional en materia de Derechos Humanos vigente en México desde el 10 de junio de 2011, y demás convenios y tratados internacionales de los que el Estado mexicano a firmado y ratificado.

Manifiestan que la discriminación en Jalisco es sumamente grave, particularmente la situación de los jóvenes pues las autoridades de seguridad de todos los niveles los someten a detenciones arbitrarias, por motivos como el aspecto físico, la forma de vestir o el lugar por el que transitan.

Lamentan que Jalisco sea una de las nueve entidades del país que no cuenta con una legislación que proteja a sus habitantes contra cualquier tipo de discriminación, por lo que no pueden postergar la obligación de crear el marco legal armonizado con el texto Constitucional federal y local, así como con la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos de Derechos Humanos firmados y ratificados por México.

Le exigen al Congreso local y a las autoridades de Jalisco que acaten dichas obligaciones y aprueben una iniciativa de Ley para Prevenir y Eliminar las Formas de Discriminación que sea resultado del diálogo con organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema

Además, le piden al Congreso local que diseñe legislaciones e implementen las reformas necesarias para incorporar y armonizar todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, particularmente aquellas medidas compensatorias para los sectores vulnerables de la sociedad.

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Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)
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Guadalajara, Jalisco, México
Responsable: César Octavio Pérez Verónica
Guadalajara, Jalisco. Fecha de publicación: 10 de febrero de 2014.