miércoles, 28 de enero de 2015

Precampañas

Jorge Narro, integrante del CEPAD AC
29 de enero de 2014

El 5 de agosto de 1999 Vicente Fox solicitó licencia al Congreso de Guanajuato para abandonar el cargo de Gobernador para el que había sido electo cuatro años antes. Desde ese momento –en realidad desde 1997, año en que dio a conocer su intención de contender por la Presidencia- hasta junio de 2000, no hizo otra cosa que lo que hoy la legislación electoral llama “actos anticipados de campaña”. Se les adelantó a todos y por ello –y por otras razones- les comió el mandado.

Muy probablemente Fox dio el banderazo de salida a las campañas precoces: a partir –sobre todo- de él, se volvió costumbre el madruguete: comenzar cada vez más temprano la búsqueda pública de la candidatura y del cargo. La inexistencia de reglas lo permitía y, con ello, la ausencia de rendición de cuentas, la ruptura del principio de equidad en los procesos internos de los partidos y la opacidad respecto del origen y destino de los recursos empleados.

Pero los legisladores decidieron acabar con eso: en 2007 el Congreso reformó la Constitución y el Código Electoral (Cofipe) y estableció normas para meter en cintura a los políticos acelerados: ¡Se acabaron las precampañas por la libre! ¡Arriba la transparencia y la equidad!

En Jalisco las precampañas orientadas a la renovación del Congreso local y de los Ayuntamientos, se desarrollan durante un período que inició el pasado 28 de diciembre y terminará el próximo 5 de febrero.

El Código Electoral y de Participación Ciudadana del estado, en su Artículo 230, define como actos de precampaña electoral: “las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular”.

Sin embargo, el Artículo 229, fracción 3, señala que “Una vez iniciadas las precampañas, la propaganda deberá indicar de manera fehaciente que ésta va dirigida a la militancia de su partido político”.

La contradicción la resuelve una norma jerárquicamente superior: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que, en su Artículo 227, fracción 2, dice que en los actos de precampaña “los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato (…)”.

¿Qué queda claro en todo esto?

Que las precampañas son procesos que suponen la existencia de varios aspirantes a una misma candidatura. Procesos de selección –entre varios sujetos- del que sólo resultará un ganador: el candidato. ¿Por qué entonces hace precampaña Ricardo Villanueva, si es el único aspirante del PRI a la candidatura de Presidente Municipal en Guadalajara? El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco (IEPC) dijo que no podía y le ordenó quitar diez espectaculares y borrar la propaganda en siete bardas (¿Y lo demás?). Pero después el Tribunal Electoral del Estado revirtió la decisión y repuso la propaganda.

Al IEPC -y al INE- también les corrigió la plana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: ordenó restituir un spot de Enrique Alfaro, precandidato de Movimiento Ciudadano para Guadalajara, que habían “bajado” los dos órganos electorales argumentando que no era claro que se dirigía a los militantes de su partido. ¿Por fin? ¿A qué artículo del Código electoral del estado le creemos? ¿Y a que normatividad: al Código local o a la Ley General? Y si la propaganda se dirige sólo a la militancia, ¿los demás cerramos los ojos y nos tapamos los oídos y pretendemos no haberla visto ni escuchado? ¡Qué absurdo!

Según se ve, la realidad poco ha cambiado en este tema de Fox para acá. Aunque ahora hay reglas, nadie las respeta, empezando por los tribunales electorales, el local y el federal.

viernes, 23 de enero de 2015

La legislación del derecho a la igualdad y a la no discriminación en Jalisco en el 2014
 
Gerardo Moya García es miembro de la Asamblea del Cepad. 

Con relación al tema del derecho a la igualdad y a la discriminación en el estado, el 2014 tampoco fue un buen año. Existen actualmente 5 iniciativas que se encuentran en dictaminación en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado. Dos del PRI, una del PRD de pasadas legislaturas, una del PAN y otra más del así llamado G-9 (grupo de 9 Diputados y Diputadas de distintos partidos). Si bien es cierto que se aprobó en el Pleno del Congreso la creación del Delito de Discriminación el 27 de marzo del 2014, aúno se ha publicado por el Ejecutivo, por lo tanto no ha entrado en vigor. Sin embargo, desde el “Colectivo Jalisco Incluyente” Colectivo de Organismos por la equidad y contra la discriminación del que el Cepad forma parte, hemos reiterado que la creación de un delito contra la discriminación, lejos de aportar a la prevención y sanción de dicha práctica, puede doble victimizar a la víctima, porque resolvería poco o nada. Por un lado, se considera que denunciar penalmente es una “pérdida de tiempo” o existe “desconfianza en la autoridad”; a ello hay que aumentarle la impunidad existente, que en Jalisco es de alrededor de 90%; es decir de cada 100 delitos cometidos, solo se investigan 10; de esos 10, probablemente 1 llegue a tener una sentencia condenatoria. Lo anterior sin tomar en cuenta la carga de trabajo de las agencias del ministerio público y el rezago.

La vía de sanción de los actos discriminatorios que el Colectivo Jalisco Incluyente ha impulsado es la vía administrativa, pero no a través de un organismo especializado como lo es a nivel federal el “CONAPRED”, lo que sería de por sí costoso al erario público, sino aprovechando los diversos aparatos administrativos ya existentes en los distintos niveles de gobierno, propuesta ésta que las diversas fracciones de los partidos en el Congreso, han ignorado sistemáticamente desde hace más de 12 años.

Mientras en el Congreso del Estado continúen servidores públicos, cuyo interés sea su beneficio personal y el de su grupo de poder o partido, continuará sin aprobarse una legislación que prevenga y combata la violación al derecho a la igualdad y a la no discriminación en el estado de Jalisco, o se aprobara una tal que sólo sea para salir del paso o quitarse de encima la presión que representa el no contar aún con una. 

martes, 16 de diciembre de 2014


Repensar el espacio público para exigir el respeto de los Derechos Humanos


Jesús Manuel González Huerta, es voluntario del Cepad AC.

 
El pasado 10 de diciembre de 2014 en el marco de la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el ombudsman de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, señaló:


“La protesta ciudadana debe ser respetada, impulsada y fomentada; pero alterar el orden público, cometer delitos y vulnerar los derechos de terceros se debe revisar... Hay lugares específicos para hacer protesta, las plazas públicas son el lugar específico. No es a base de posicionarse de edificios públicos ni a base de bloquear calles. Las calles son para transitar y deben de respetarse, si no, se afectan derechos de terceros. Y también los terceros son las propias instituciones públicas".


Se alcanzan niveles críticos de preocupación, cuando un Ombudsman, defensor del pueblo por antonomasia, advierte que el espacio público no puede ser tan “público” para que los ciudadanos exijan al Estado cumplir con sus obligaciones, así como manifestar la indignación ante el horror apabullante que originan las violaciones graves de Derechos Humanos, como son la tortura y la desaparición forzada.

 
Ante el oleaje de violencia, se acude al espacio público como medio de expresión y apropiación social, que nos otorga el reconocimiento del otro en el trascurrir cotidiano de la vida colectiva, mismo que se ha tomado recientemente por miles de personas en distintas ciudades para expresar al unísono ¡Ya me cansé!


Sobre la alteración del orden público, abrimos el debate ¿Qué es el orden público?, ¿Se altera el orden público ante el desorden privado? Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos el “orden público” no puede ser invocado para suprimir un derecho garantizado por la Convención Americana, para desnaturalizarlo o para privarlo de contenido real. Si este concepto se invoca como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, debe ser interpretado de forma estrictamente ceñida a las justas exigencias de una sociedad democrática, que tenga en cuenta el equilibrio entre los diferentes intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención Americana.


Es evidente que una argumentación con respecto a la alteración del orden público para revisar las abruptas apariciones de personas en las calles, cuando hacen uso de su derecho a la libertad de expresión y reunión, no es válido. Son los tiempos y los acontecimientos los que nos arrojan a repensarnos ante el espacio público, ante las legislaciones que persiguen criminalizar la protesta social, inhibir el encuentro con el otro ante la alarmante situación del país.


El estado se ha esforzado por mantener el orden en las calles: reformas constitucionales –como la reciente aparición del derecho a la movilidad universal–; legislaciones que regulan las manifestaciones; la insurgencia como un problema de seguridad pública; la banalización de la exigencia de justicia. Son muchas las estrategias utilizadas para mantener en silencio a la ciudadanía ante el desborde del orden privado dentro de las instancias de gobierno.

 
Hoy es necesario que las personas conozcan los avances en materia de Derechos Humanos en el país como herramientas para la exigibilidad y justiciabilidad de los mismos, a su vez reconocer los esfuerzos por parte de la sociedad civil organizada para defenderlos, para defender el espacio público y exigir el respeto de los Derechos humanos.

miércoles, 3 de diciembre de 2014

Lo que nos toca en Jalisco

Gerardo Moya García es miembro de la Asamblea del CEPAD AC


El pasado 27 de Noviembre del 2014, el Presidente de la República dio un mensaje a la Nación, en el que presentó 10 puntos para cambiar a México.

 
El Estado Mexicano está a prueba.  Así lo dicen las múltiples manifestaciones de hastío público en México y en el extranjero, pero por dónde iniciar, qué le toca hacer por ejemplo a las entidades federativas.

 
Las 10 propuestas del Presidente, algunas ya presentadas tiempo atrás, no arrojarán el éxito deseado, mientas no se toque la “estructura” que mantiene al sistema político como está. De poco sirve enviar iniciativas de Leyes Generales sobre tortura o desaparición forzada; si las actuales, por ejemplo la de Tortura en Jalisco, no se aplica (no se acepta, no se investiga, no se sanciona, no se repara). De poco sirve que existan protocolos de actuación de los cuerpos policiales apegados a las mejores prácticas internacionales, si se quedan en el papel, si se sigue sin respetar el derecho a la libre manifestación de ideas, al libre tránsito.

 
Las manifestaciones públicas, son el pulso del descontento social con un sistema de impunidad, de pobreza, de inseguridad que debe ser “escuchado”, no reprimido.


La impunidad, está en todos lados (feminicidios, desapariciones forzadas, tortura)  pero sobre todo en las estructuras políticas y empresariales que sostienen al crimen organizado o que forman parte de él; en sus negocios, en sus inversiones; eso también hay que transparentarlo.  

 
La ley en todas partes del mundo es cambiante, perfectible, pero en México el mayor problema no es su atraso, sino su falta de aplicación, y de aplicación imparcial.

 
Mientras no se combatan las causas estructurales que mantienen a más de la mitad de la población en la pobreza, sin tener acceso a una vida digna; mientras el salario mínimo siga como está y no hayan fuentes de empleo suficientes y bien remuneradas; mientras sigamos sin aplicar la ley y transparentando a la sociedad información veraz; el descontento irá en aumento.
 
Nos corresponde a todas y todos ser creativos para implementar medidas en las que nos involucremos como sociedad, no la sociedad complaciente, sino la crítica, y dirigir el barco a un puerto más justo para todos y todas.      



La evaluación finalmente, se hará por los hechos, no por las propuestas.

martes, 28 de octubre de 2014

#Ayotzinapa: comunicar no es gobernar

Juan S. Larrosa-Fuentes, integrante del CEPAD AC
28 de octubre de 2014














Foto: Carlos Sánchez Pimienta

Las protestas en redes virtuales y en las plazas públicas sobre el caso Ayotzinapa tuvieron eco en la prensa internacional y medios como The Economist, The New York Times o The New Yorker retomaron críticamente el tema. En estos medios se publicaron diversas informaciones, análisis y opiniones sobre Ayotzinapa. Entre todo este mar de noticias, diversos artículos publicados en la prensa internacional resaltaron las contradicciones de la realidad mexicana. Por un lado, en el verano de 2014 Enrique Peña Nieto operó una serie de reformas en el Congreso mexicano que fueron alabadas en el extranjero. Gracias a una estrategia de relaciones públicas apareció una narrativa periodística que nombró a todos estos cambios como el “Mexican Moment”, o el gran momento mexicano. En contra parte, meses después de las transformaciones legislativas, el gobierno enfrenta una de las crisis de seguridad pública más grandes de los últimos años y la narrativa pasó del “Mexican Moment” al “Mexican Murder”. En cuestión de días la estrategia de relaciones públicas de Peña Nieto fue anulada por el caso Ayotzinapa.

El cuento del “Mexican Moment” nos recuerda que la historia se repite. Hace veinte años el gobierno federal, luego de conducir una serie de reformas estructurales, presumía que México estaba por entrar al primer mundo. Después vino el levantamiento zapatista y terribles magnicidios que destruyeron el esfuerzo legislativo y de relaciones públicas de los jóvenes tecnócratas y neoliberales. Veinte años después, utilizaron la misma estrategia para pactar y legislar, para comunicar y convencer. Sin embargo, se volvieron a tragar el cuento que dice que gobernar es comunicar. Se volvieron a tragar el cuento que dice que una estrategia de comunicación basta para convencer al mundo que la realidad es otra. Basta con rehacer la fachada de la casa, pintar las paredes y colocar duela falsa para que los vecinos vean nuestra prosperidad, no importa que la casa no tenga cimientos y que en el sótano, húmedo e inmundo, viva la mayor parte de nuestra familia. La comunicación, en política, puede engañar, pero no puede suplantar la realidad. Ahora, las portadas de Time y Rolling Stone que reprodujeron el copete de Peña Nieto, confirman la banalidad y ligereza de la estrategia de comunicación gubernamental.


El Estado moderno nació para garantizar seguridad al cuerpo de las personas, para asegurar que estos cuerpos no serían maltratados o destruidos, para garantizar la libre circulación de estos cuerpos y que sus bienes materiales serían respetados. El inaceptable truco comunicativo de hace veinte años, como el de ahora, es el de crear un escenario en el que aparentemente el Estado mexicano cumple con sus funciones y garantiza estos derechos. Las reformas estructurales actualizaron las reglas de un sistema viejo y que le costaba seguir operando bajo un paradigma neoliberal. Sin embargo, esta actualización no buscó transformar los equilibrios de poder. Las reformas remodelaron la casa, pero ni siquiera se atrevieron a abrir el sótano. En esa lógica una pieza crítica publicada en la prensa estadounidense puede mover más hilos en el gobierno mexicano que la desaparición de 43 personas.

miércoles, 15 de octubre de 2014

De San Fernando a La Barca e Iguala

Francisco Macías Medina, integrante del CEPAD AC
16 de octubre de 2014

No se trata de un viaje o de una propuesta de ruta, aunque pudiéramos organizarla de tal manera que nos sirviera de un ejercicio profundo que cuestionara el momento por el que pasamos como país.

Hace apenas un par de semanas, fuimos testigos de como la palabra  “estudiante”  adquiría un significado renovador, de inteligencia y lucha en el caso del Instituto Politécnico Nacional, hasta pudimos soñar por momentos en la construcción de una democracia basada en la discusión pública.

Casi al mismo tiempo en Iguala, se imponía la realidad de un país que se ha negado la posibilidad de verse así mismo, a su nación y a quienes la conforman, con toda su complejidad.

Nos hemos conformado con etiquetarnos y justificarnos hasta el cansancio por esta violencia, nos ha bastado ver números a la baja, pero no dignidades a la alza, nos conformamos con palabrería política que nos lleva a  “movernos” sin saber a dónde. Ahora lo sabemos.

Lo que une a San Fernando, Tamaulipas, a La Barca, Jalisco (ambos con fosas con más de 70 cuerpos) y a Iguala,  es la eliminación brutal e injusta de lo humano y su futuro, la existencia de instituciones que han abandonado definitivamente su función esencial cuyo fin principal era facilitar la libertad indispensable para decidir la vida que se deseaba tener, al ser normalista,  joven, padre de familia, migrante. mujer o desempleado en búsqueda de un mejor futuro.

No hay más tiempo. Es momento de reflejarnos en ellos, alzar la voz, alentar la esperanza y reorganizarnos en un marco de libertad para exigir justicia y consuelo.

Hoy  ¡Todos somos Ayotzinapa!

jueves, 18 de septiembre de 2014

Iniciativa de ley, ¿realmente a favor de la niñez y adolescencia?

Paola Lazo Corvera, integrante del CEPAD AC
18 de septiembre de 2014

El pasado 1º de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa preferente de Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Es de celebrar que se haya considerado prioritaria esta propuesta de Ley, y que al considerarse preferente, obligue al Congreso a revisarla y aprobarla en un máximo de 30 días.  Es también un logro que se intente legislar con urgencia para atender la violación constante a sus derechos del que son víctimas día a día niños, niñas y adolescentes en nuestro país.

Sin embargo, haciendo un análisis detenido, la propuesta tiene fallas y carencias serias, que en principio denotan una falta de enfoque de derechos humanos en su elaboración, y sobre todo la necesidad de un cambio de paradigma para dejar atrás la visión asistencialista de la defensa y protección de los derechos de la infancia, hacia una en la que se les considere sujetos de derecho. Mientras no se dé este cambio de visión, las acciones que se lleven a cabo serán meramente cosméticas, desde un rol tutelar y proteccionista del Estado, y no uno que los involucre activamente como titulares de derechos.

En principio, la iniciativa de Ley no plantea el reconocimiento explícito de la ciudadanía jurídica de niñas, niños y adolescentes, por lo que no logra ampliar la atención del Estado más allá de un cuidado proteccionista y asistencialista, y no propone espacios de autonomía para su participación en los espacios públicos que tienen que ver con su vida cotidiana y con los asuntos que son de su interés.

Un aspecto propuesto por la Ley y que habrá que analizar con detenimiento tiene que ver con la reglamentación para que los medios de comunicación publiquen información sobre niños, niñas y adolescentes sin violar su derecho a la intimidad. Sin duda es necesario vigilar el que los medios tengan responsabilidad en el manejo de datos e información de manera que se proteja su identidad, privacidad y seguridad. Sin embargo, hay que ser muy claros en las disposiciones de dicha regulación, ya que se corre el riesgo de que se maneje con discrecionalidad o de que se limite la libertad de expresión de las y los niños y adolescentes. Es necesario garantizar que tengan presencia en los medios para que estén representados y se escuche su voz, y para visibilizar las violaciones a sus derechos y las agresiones de que son víctimas diariamente. ¿Cómo se utilizaría esta ley, por ejemplo, para sancionar la reciente “inspección” a que fueron sometidos niños y niñas en Zócalo del Distrito Federal el pasado 15 de septiembre al acudir junto con sus familias a dar el grito de Independencia? Las imágenes difundidas en las redes sociales son más que evidentes y muestran la visión de fondo que tiene el gobierno federal en torno a los derechos de la población infantil y juvenil.

La Ley deja pendiente también la atención a una población doblemente vulnerable: los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Al no incluir en la propuesta lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es una ley que los invisibiliza y los discrimina nuevamente.

Si se quiere de verdad atender las situaciones emergentes que esta población enfrenta de manera cotidiana en nuestro país, se requieren leyes y estrategias específicas que garanticen el derecho a todos los principios señalados en la Convención, recordando que ningún principio se garantiza en su totalidad sin la presencia de los otros. Y que para asegurarlos se requiere mucho más que buenas intenciones, se necesita un presupuesto autónomo y específico, un cambio de paradigma, capacitación y sensibilización en todas las instituciones públicas vinculadas con su atención, sanciones ejemplares ante la violación de sus derechos, acciones que provoquen cambios concretos en las forma en que funcionan las instituciones en este país, y  procesos de evaluación de las políticas implementadas que permitan su corrección a corto plazo y la continuidad de aquellas estrategias que funcionen. Se trata de atender a necesidades reales, y no sólo de maquillar o apagar fuegos mediáticos y superficiales. Impulsar el cambio cultural y estructural que nos lleve a construir un México propicio para el desarrollo de la infancia y la juventud.