miércoles, 20 de agosto de 2014

Lo mínimo del salario mínimo.

Mtro. Gerardo Moya García. Integrante de la Asamblea del CEPAD AC.

Lo mínimo del salario mínimo.


¿Alguna vez se ha puesto a hacer el ejercicio de cuál sería el monto mínimo de salario mensual para cubrir las necesidades básicas de vida digna, digamos de una familia de 4 personas?


Empecemos por la vivienda, seguro no tienen casa propia, por lo que una renta módica de al menos 2 mil pesos bastaría para tener al menos cuartos separados, uno para los hijos y otro para la pareja. El dinero que gastaría una familia urbana de cuatro miembros en un supermercado sería alrededor de los 2 mil pesos mensuales. ¿Las escuelas de los dos hijos? públicas por supuesto, lo cual no quiere decir que no tengan que pagar útiles y cuotas para cuanta cosa necesaria-en algunas ocasiones hasta para papel para los baños- que junto con el transporte, en autobús urbano, sumaría otros 800 pesos mensuales aproximadamente. Otros 400 pesos para el transporte de los padres, y qué decir de la “vestimenta”-ropa, zapatos, etc.-con lo rápido que se acaban los niños la ropa y los zapatos, sumemos prorrateadamente unos 300 pesos.


La luz, el agua, el gas, y el teléfono (internet), sumarían un aproximado mensual de unos 600 pesos. Seguro también tendrían que comprar algún regalo de cuando en cuando por asistir a alguna fiesta de compromiso familiar o social a la que sean invitados, o navidad o cumpleaños, sumen 300 pesos. ¿Vacaciones? Sí pero no muy lejos…, por ejemplo un picnic en el campo el domingo una vez al mes, o a algún balneario… otros 300 pesos.


¿Salud? Seguro popular, IMSS… difícil de calcular, pero cuando hay alguna emergencia, luego uno cae con algún médico particular que entre la consulta y los medicamentos paga unos 400 pesos. Todo lo anterior, suma un total de $7,100 pesos mensuales.


¿Muebles, electrodomésticos, utensilios de cocina y de aseo personal? ya ni los calculo; tampoco aquellos gastos extras que surgen aunque no los queramos (gastos funerarios de algún familiar cercano; viaje por tierra para visitar a algún familiar enfermo, y un largo etcétera de imprevistos que pueden surgir).

 
Pues bien, el salario mínimo general en la zona en la que es más alto, es de $1,913.10 pesos mensuales. Saque usted mismo las conclusiones.


Uno de los argumentos para no subir el salario mínimo, es el de que éste sólo sirve de referencia, pero que en realidad nadie lo gana. David Foust, en su opinión en el editorial de “La silla Rota” el pasado lunes 18 de agosto, refirió que el 13% de la población ocupada percibe hasta un salario mínimo, y 60% de la población ocupada percibe tres o menos salarios mínimos (ENOE, primer trimestre 2014) y, por lo tanto, están por debajo de la “línea de bienestar” que fija el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

 
¿Con qué poder adquisitivo podrán estas familias ser los consumidores que los empresarios esperan? ¿A qué tentaciones de “dinero fácil” se enfrentan para mantener a la familia? Desde mi punto de vista dos son los elementos preponderantes de la problemática delincuencial que vivimos en México: la impunidad y la pobreza.


La propuesta de David Foust en su artículo, me parece sensata: No se puede subir de golpe el salario mínimo a 7 mil pesos mensuales. Dice: “debe remitirse a un diálogo entre trabajadores y patrones que considere los márgenes de productividad de las empresas”, la mayoría de éstas en México de tipo “micro”, que no soportarían un aumento así de exponencial, pero sí un importante aumento de inicio por ejemplo a 4 mil pesos, que sirva de punto de partida para hacer un ejercicio presupuestal que permita a las empresas irlo aumentando paulatinamente con la intención de que llegue en mediano plazo a cubrir las necesidades básicas planteadas.

jueves, 14 de agosto de 2014


EXIGIMOS UNA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS QUE DEFIENDA LOS DERECHOS DE TODAS Y TODOS EN JALISCO

CC. Diputados y Diputadas del Congreso Local.

Las organizaciones y personas que suscriben el presente desplegado expresamos nuestra preocupación por la grave situación en que se encuentran los derechos humanos en Jalisco, particularmente por el deficiente trabajo que ha realizado la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), a cargo de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.

Constatamos que su trabajo no ha tenido impacto en las políticas públicas del estado y las recomendaciones emitidas no han tenido la carga ética que obligue su acatamiento, además de carecer de medidas que garanticen el mayor cumplimiento de los derechos humanos y de medidas eficaces de no repetición de las violaciones.

Desde la llegada del reelecto presidente del organismo hubo una disminución de quejas por tortura debido a la reclasificación de esta grave violación por el de lesiones. En el último lustro los daños ambientales aumentan de manera irreversible en perjuicio de las comunidades indígenas, campesinas, rurales y urbanas, sobre todo de las futuras generaciones, sin que el organismo público se involucre seriamente en los casos.

No obstante de haberse publicado la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos en el país, el 10 de junio de 2011, la CEDHJ no ha elaborado ningún material básico para su difusión entre la población, siendo que ha sido la más importante en la historia moderna de México, sin que los y las jaliscienses conozcan el nuevo catálogo de derechos, incluso, ha dejado de ejercer sus facultades constitucionales como es la de presentar la acción de inconstitucionalidad en contra de legislaciones que vulneran los derechos de las personas, como la regresiva reforma constitucional de Jalisco que viola los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Finalmente, en los últimos días hemos visto investigaciones periodísticas que nos han dejado conocer el dispendio de los recursos públicos en la CEDHJ.

La conducción de la CEDHJ impide el acceso a la justicia de las personas con mayor situación de vulneración. Por ello exigimos a las y a los integrantes del Congreso Local:

·         Que examine el desempeño del organismo y su presidente con base a los informes anuales y mensuales que presenta, respecto a las obligaciones constitucionales de proteger, investigar y defender los derechos humanos, así como los elementos que la Legislatura pueda allegarse.

·         Y si después de la evaluación resulta que incumple con sus obligaciones, se surte la competencia del Congreso para iniciar juicio político.

Atentamente:

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C (CEPAD); Ensamble Social; Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las Mujeres (CLADEM); Agenda Feminista de Jalisco (AFJ); Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF); Círculo de Estudios Feministas “Las Irreverentes”; Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de mayo, A.C.; FM4 Paso Libre; Colectivo Ollin A.C.; Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario. A.C. (IMDEC); Centro de Atención Integral en VIH SIDA A. C.; Agrupación Un Salto de Vida A.C; Asamblea Regional de Afectados Ambientales; César Octavio Pérez Verónica; Paola Lazo Corvera; Jorge Narro Monroy; Teresa Gutiérrez Zúñiga; Carmen Ruiz Velazco Tapia; Francisco Macías Medina; Carlos Peralta Varela; Gerardo Moya García; Juan Larrosa Fuentes; Jade Ramírez Cuevas; Jesús Manuel González Huerta; César Rogelio López Alfaro; Zariá Casillas Olivares; Itzel Albarrán Vázquez; Yoana Noemí Rodriguez García; Arturo Espinoza; Karen Gutiérrez Lascurain; Héctor Castañon Reyes; María Guadalupe Ramos Ponce; Jaime Hernández Ortiz; Arcadia Lara González; Ángela García Reyes; Francisco Javier Pérez Chagollán; Alberto Bayardo Pérez Arce; Mónica Salmón Gómez; Carlos F. González Martínez de Velasco; José Bautista Farías; Juan José Esquivel B.; Susana del Pilar Flores Sandoval; Teresa Sordo Vilchis; José Guillermo Díaz Muñoz; Sergio Gilberto Morales Hernández; Eurídice Paredes; Maricela Valenzuela Dávila; Sergio; Jorge Zul de la Cueva; Paul Van Scoit Carballo; Marco Antonio Landeros Rico; Luz Elena Barrios Calleros; Andrea Blanco Calderón; Alejandro Velazco Ruiz; Celia Magaña García; Francisco Morfin Otero; Alina Peña Iguarán; Francisco Ramírez Arroyo; Humberto Darwin Franco Migues; Carmen Díaz Alba; Guillermo Pérez Esparza; Santos De la Cruz Carrillo; Yeriel Salcedo Torres; María Gutiérrez Zúñiga;  Graciela Sánchez López; Augusto Chacón; Felipe de Jesús Alatorre; Miguel Bazdresh Parada; Carlos Tabares Luna; María Quinn.

miércoles, 6 de agosto de 2014

Sobre justicia penal y derechos humanos en Jalisco

Dr. Carlos Peralta Varela, Presidente del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta
6 de agosto de 2014

La semana pasada (el 1 de agosto), estuvo en Jalisco el Doctor Raúl Plascencia Villanueva, Presidente De La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Acudió a la inauguración de la jornada regional “sobre justicia penal y derechos humanos”, evento en el cual también estuvieron presentes: Nuestro gobernador, el Maestro Aristóteles Sandoval Díaz; la diputada Norma Angélica Cordero Prado, actual Presidenta del Congreso de Jalisco; y el Magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; entre otras personalidades. Es decir fue un evento que se consideró lo suficientemente importante como para incluirse en sus agendas.

Debe reconocerse el interés por destacar actividades públicas en torno a estos dos grandes asuntos (justicia penal y derechos humanos), que en ocasiones se han visto desligados, pero que en la actualidad y sobre todo a partir de la reforma constitucional, deben identificarse como simbióticos. No sabemos cuáles fueron los resultados de este encuentro pero si identificamos que se partió de un diagnóstico realista y que da cuenta de nuestra aun triste realidad.

Por un lado se evidenció la necesidad de reforzar la educación en torno a los derechos humanos, para que todos, funcionarios y ciudadano. Es fundamental conocerlos, ser conscientes de ellos y sobre todo que actuemos en coherencia. Al respecto el Dr. Plascencia mencionó: “La finalidad es que exista una mayor consciencia colectiva sobre los derechos humanos. Que cada mexicano haga suyos estos derechos para convertirlos en la piedra angular que permita construir un país con una sólida cohesión social”, “un pleno reconocimiento de que la educación constituye un papel clave a fin de hacer que la dignidad humana se instale como un referente ético que sustituya a aquellos paradigmas que sólo la reducen a la formalidad de un simple estatuto legal”. Lo dicho no es nuevo, pero es cierto, muchas personas desconocen sus derechos y peor aún, no se consideran como sujetos merecedores de derechos que pueden luchas por su cumplimiento. Tampoco existe una plena consciencia colectiva sobre la relevancia de los derechos en la interacción social y aun falta para que éstos se conviertan en un referente ético.

El párrafo tercero del Artículo 1, de nuestra Constitución, menciona literalmente: Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Para hacer realidad estas líneas se requeriría que todos los servidores públicos conocieran cabalmente los derechos humanos, asumieran su importancia y mostraran voluntad política y ética para garantizarlos.

Por otro lado, también se habló en este encuentro sobre la impartición de la justicia. Nuevamente, si bien no se mencionó algo novedoso, lo dicho resulta relevante en la medida que se reconoció que aún es vigente el añejo reclamo por una adecuado y eficiente sistema de justicia, ya “que sólo podrá satisfacerse mediante una implementación efectiva del marco jurídico, el cual presenta importantes avances, pero aún no es capaz de superar los problemas existentes en las aéreas de procuración e impartición de justicia”. Se agregó “se requiere de una efectiva cultura de la legalidad, de que los servidores públicos y los particulares, deben actuar con estricto apego a la ley”.

Sabemos que la justicia en Jalisco no es pronta ni expedita. Que solamente uno o dos de los delincuentes que cometen un delito llegan a ser sentenciados. Que un porcentaje importante de los presos son personas de escasos recursos. Que las condiciones carcelarias (sobre todo en ámbitos municipales) dejan mucho que desear. Que Jalisco está muy atrasado (en relación a los demás estados de la república) en la implementación de sistemas de justicia alternativa. Se requiere si, un estricto apego a la legalidad, pero sobre todo urge ya implementar cambios de fondo en los sistemas de procuración y administración de justicia.

La adecuada aplicación de los juicios orales pude mejorar la vigencia de los derechos humanos relativos a la impartición de justicia, pero su implementación requiere de voluntad y acciones. Desde esta perspectiva podemos preguntarnos ¿qué falta en Jalisco para poderlos implementar?

miércoles, 30 de julio de 2014

Fuerza Única Regional y los derechos humanos

Por Francisco Macías 

La policía es uno de los elementos más que componen el ejercicio de un buen gobierno, ya que de su desempeño dependen factores como el cumplimiento de la ley, así como la protección de personas y bienes preciados. 

Su función tiene directa relación con la democracia: " Todo órgano de aplicación de la ley debe ser representativo de la comunidad en su conjunto, obedecerla y responder a ella", "Todos los funcionarios de policía son parte de la comunidad y tienen la obligación de servirla" (Ver Manual OACNUDH). 

Por su parte el Código de Conducta para Funcionarios de Hacer Cumplir la Ley de la ONU, hace referencia que los elementos deberán respetar y proteger la dignidad humana, además de mantener y defender los derechos humanos de las personas, aspectos que se encuentra reforzado por la Reforma Constitucional en materia de Derechos humanos de 2011, la cual coloca a las corporaciones como garantes de nuestras libertades. 

Propiamente en Jalisco a pesar de que se cuenta con leyes recientes como la del Sistema Estatal de Seguridad y la que regula el trabajo de la Fiscalía General del Estado, con claras definiciones hacia el cumplimiento de su función, se siguen apreciando varios problemas: por ejemplo que en promedio los elementos perciben bajos salarios para el riesgo de su función (nueve mil pesos mensuales), que sólo 11 % de ellos se encuentran debidamente capacitados, que el 61.6 % de la población manifestó confiar poco o nada en los policías, al mismo tiempo de que el 80 % consideró que son corruptos de acuerdo a la encuesta del observatorio  "Jalisco como vamos" y diversas informaciones periodísticas. 

Hay que agregar que mensualmente se reciben más de mil inconformidades en su contra ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, por actos que van desde la intimidación,  lesiones, allanamientos, amenazas, entre otras. 

En este escenario, es que el Gobierno de Jalisco conformó en días recientes la llamada Fuerza Única que busca instalar un nuevo modelo de policía centralizado en un solo mando estatal con presencia en regiones con 1 500 elementos provenientes de corporaciones municipales, que atenderá la grave debilidad de la inseguridad en diversas zonas de Jalisco. 

Algunas de sus principales debilidades son la carencia de mecanismos de participación ciudadana que permitan evaluar y exigir la rendición de cuentas de su trabajo desde las mismas comunidades a las que responderán, nace con la carencia de un marco legal específico que lo regule, funciona más bien por acuerdo el cual ha sido visto como una imposición e intromisión a la autonomía municipal, ya que serán éstos quienes carezcan de los resultados de una policía que ellos conformaron. 

Existen dudas razonables sobre el nivel que tendrán en cuanto a la garantía y respeto de los derechos humanos, debido principalmente a la reiteración de incidentes, aspecto que puede verse agravado en zonas donde acceder a la justicia es más probletico que en la zona metropolitana de Guadalajara. 

El reto es crear una corporación que responda a las exigencias de la entidad y al respeto a las libertades, pero que sea un ejemplo de lo hasta ahora visto. Caso contrario estaremos ante una pobre versión 2.0 de la policía estatal de antaño

martes, 22 de julio de 2014

Álvarez Cibrián, el férreo defensor del derecho a la alimentación de la clase política jalisciense

Juan S. Larrosa-Fuentes, integrante del CEPAD AC
22 de julio de 2014

En días recientes regresaron a la agenda mediática las críticas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En esta ocasión las críticas se enfocaron a los despilfarros económicos que el presidente de la comisión lleva a cabo en comidas y banquetes, gracias a la publicación de sendas investigaciones periodísticas de Reporte Índigo y El Informador en las que documentan el trabajo del ombudsman local a favor de la defensa del derecho a la alimentación de la clase política jalisciense. Sin embargo, las críticas a la comisión no se agotan ahí. Por donde se le vea, el trabajo de esta institución es indefendible. En meses recientes han ocurrido intensos debates en torno a la discriminación o la seguridad pública y la comisión ha brillado por su ineficiencia, por su falta de interés, por su falta de sensibilidad o por su supina ignorancia.

Volver a hablar de la comisión puede resultar cansón, especialmente porque ya se ha documentado a través de diversas investigaciones periodísticas y académicas la ineficacia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Tan solo el CEPAD ha documentado las inconsistencias en el proceso de elección del ombudsman, su falta de trabajo e interés en temas tan importantes como el de la tortura o la discriminación, su indolencia ante las realidades ambientales o indígenas, o sus deficiencias en el trabajo general de resolución de quejas y elaboración de recomendaciones. Sin embargo, aunque resulte repetitivo, sigue siendo relevante señalar críticamente que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no sirve, no funciona. Finalmente es una institución que utiliza recursos públicos y que debe un elemental proceso de transparencia, pero especialmente de rendición de cuentas.

No obstante, los problemas de la CEDHJ no responden exclusivamente a su diseño institucional. El trabajo del presidente de la comisión ha sido terrible. Es importante no olvidar los siguientes datos. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián llegó a la presidencia de la comisión con muy poca experiencia académica y práctica en el campo de los derechos humanos. Llegó cuestionado al puesto, tanto así que en las dos ocasiones que ha rendido protesta ante el Congreso, diversas organizaciones civiles y ciudadanos se han manifestado en su contra. Tiene diversas acusaciones por su manejo autoritario del Consejo Ciudadano. Y ahora vuelve a ser cuestionado por el manejo discrecional del presupuesto para pagar comidas a funcionarios públicos, tal como si fuera un jeque.

La megalomanía de Álvarez Cibrián, así como la falta de capacitación e interés en torno al tema de los derechos humanos no nada más se observan en el ejemplo gastronómico, también se pueden encontrar en otros ejemplos, como la página web de la comisión. Basta hacer un simple análisis visual para ver que en todas las fotografías que se despliegan en la página principal aparece la imagen del presidente, siempre vestido con trajes y rodeado por personas que le saludan, sonríen o arropan.  Su nombre, Álvarez Cibrián, es el único escrito página principal. Para rematar, debajo de sus fotos, está el icono de un hombre trajeado, que evidentemente es él, con un papel enrollado en su mano derecha. Debajo del icono y en mayúsculas, aparece un rótulo que dice “EL DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS DE JALISCO”. El icono enlaza a una página que comienza con una fotografía de Álvarez Cibrián en un plano contrapicado, un plano que sirve para denotar poder y control. Después viene una descripción de su credenciales académicas y una serie de vagos e indocumentados elogios como “ha cursado más de cien programas académicos” o que es el “único jalisciense que ha presidido el Comité Directivo de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos que afilia a todos los ombudsman del país”. Las imágenes de la página web hablan por sí solas.

El resto de la página web es similar y gira en torno a la figura de Álvarez Cibrián. Los ciudadanos jalisciense no encontrarán una página útil y que les dé un servicio. Tampoco encontrarán cuáles son los planes y acciones del presidente para la defensa de los derechos humanos de la jaliscienses. Mucho menos encontrarán documentos críticos sobre la administración pública estatal, la actuación de funcionarios públicos, o sobre los contenidos de leyes que violen los derechos humanos, que no los tutelen, o que les falte un proceso de armonización. Los ciudadanos encontrarán una página que, acorde con los tiempos políticos, garantiza el derecho a la buena imagen de los políticos. Lo anterior no es tan grave, pues estamos hablando de una página web. El problema es que esta página es parte de una realidad más amplia en la que existe un manejo autoritario, patrimonialista y oficialista de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.


A casi veinte años de la creación de la CEDHJ es evidente que hace falta una evaluación crítica de esta organización y que esta evaluación sea la base para un rediseño institucional que prevea, entre otras cosas, los mecanismos que eviten la proliferación de funcionarios públicos como Álvarez Cibrián y que abran las puertas al trabajo por la defensa de los derechos humanos. De lo contrario, lo mejor será que la comisión se convierta en un restaurante de lujo al que solamente puedan acudir políticos jaliscienses.

miércoles, 9 de julio de 2014

La historia de unos jóvenes que nos vincula a todos

Mtro. Francisco Macías Medina, integrante del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta
9 de julio de 2014

Se trataba de un grupo de amigos como los hay en muchas de nuestras poblaciones. Los unía la amistad, la fiesta, los proyectos en común sembrados desde sus familias, incluso la confianza probablemente no tan consiente de saber que más allá de la puerta de entrada existía una comunidad que los cuidaba. Más todavía, una autoridad que se suponía nos debería de garantizar seguridad y libertad.

Era junio de 2013 cuando Eduardo Isaías Ramírez Hernández (22 años); Ángel de Jesús Rodríguez Hernández (19 años); Daniel Armando Espinoza Hernández (22 años); José Gerardo Aguilar Martínez (18 años); Marco Antonio Ramírez Cárdenas (19 años), Cristian Fabián Ávila Cardona (18 años) y Rodrigo Espinoza Aguayo (38 años), vecinos todos ellos de Lagos de Moreno, Jalisco, desaparecieron inexplicablemente para sus familias, pero explicable de otras maneras a las que preferimos no darles nombre por miedo y que la autoridad prefiere callar por conveniencia o por mantener una relación con lo no dicho.

Las familias iniciaron el peregrinar de peticiones hasta llegar al reclamo ante distintos niveles de autoridades, se manifestaron y su voz movió a una sociedad acostumbrada al silencio que se convirtió en exigente por días.

Los reclamos y el dolor eran imparables, sobre todo cuando se trasciende a la única agenda que en ocasiones importa al poder: la agenda de los medios de comunicación.

Es así que la autoridad investigadora decide reaccionar, insertar un discurso de seguridad que no existe en los hechos, que no es real.

La autoridad municipal se decide por dividir a la sociedad al criminalizar a los jóvenes y vincularlos con eso que no se atreve a reconocer en ellos, al fin y al cabo como sociedad nos movemos entre etiquetas.

Finalmente luego de una investigación sujeta a muchas presiones, anuncia las detenciones de varias personas y la localización de un sitio de inhumanidad, que en automático negó a los familiares de los jóvenes el derecho a reencontrarse, a despedirse, incluso a vivir un duelo, buscar un consuelo. Incluso el Gobierno de Jalisco entregó “restos” de ellos en cajas con su logotipo y pagó una ceremonia religiosa sin su consentimiento.

Hechos similares recientemente han ocurrido con ocho jóvenes en Encarnación de Díaz, que nos hacen pensar que mientras no mostremos nuestra solidaridad y empatía, no nos veamos en los otros y otras, la indignidad prevalecerá.

En Jalisco, se estima que existen más de 2,175 personas desaparecidas de acuerdo al Informe del CEPAD sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2012.

Nos unimos al llamado del grupo Familias Unidas por nuestros desaparecidos en Jalisco quienes señalaron a un año de lo ocurrido: ¡abrazamos a sus familias pidiendo consuelo y justicia para ellas! ¡ni uno más!

martes, 24 de junio de 2014

La violencia escolar, un problema aprendido que se puede desaprender

Paola Lazo Corvera, integrante del CEPAD AC
25 de junio de 2014

La violencia escolar o bullying se ha convertido en nuestros días en un grave problema que afecta a más de 18 millones de estudiantes de primaria y secundaria en nuestro país. Según un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar internacional en casos de violencia escolar. El análisis de este estudio señala que 40% de los chicos y chicas de educación básica declararon haber sido víctimas de acoso escolar, un 23% recibió insultos, ofensas y amenazas, 17% había sido golpeado alguna vez en la escuela y el 44% dijo haber atravesado algún incidente de violencia psicológica, verbal o física por parte de sus compañeros y compañeras de escuela.

A pesar de que la violencia escolar ha estado presente en la historia de la escuela como lugar de interacción y convivencia entre niños, niñas y jóvenes, en los últimos tiempos se ha intensificado y recrudecido. La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que en los dos últimos años ha aumentado en un 10%, al grado en que 7 de cada diez estudiantes han sido víctimas de este tipo de violencia. Resulta importante señalar que en el caso de la violencia escolar, no sólo las y los agredidos son víctimas de violencia, sino también las y los agresores, quienes comúnmente han padecido agresiones, maltratos y abusos por parte de otros compañeros/as o en su entorno familiar y social.  Por ello resulta relevante analizar de fondo cómo es que se origina este espiral de violencia y cómo enfrentarlo no sólo desde la escuela y la familia, sino desde la comunidad.

Intentemos comprender en principio cuáles son los tipos de violencia que hay que atender para transformar de fondo esta problemática:

  • Violencia Directa: Son aquellos actos de violencia que se ven (violencia física, agresiones). Podríamos decir que esta violencia es de las “menos malas” porque se ve, es explícita y podemos actuar ante ella. Esta violencia es el síntoma.
  • Violencia Cultural: son las actitudes, valores, costumbres, ritos, que crean todo un marco ideológico que legitima la violencia. Se refleja en las canciones, la música, las películas, los programas de TV, los anuncios, los dichos, las bromas, los chistes, los juegos, etc. Es muy común que las personas no le den importancia, ya que es parte de la vida cotidiana y la socialización común en nuestra cultura. En este sentido, es esencial recordar que el lenguaje refleja cómo pensamos (lo que creemos y sentimos).
  • Violencia Estructural: son las estructuras físicas, arquitectónicas  u organizativas que impiden la satisfacción de las necesidades. (Por ejemplo como están organizados los poderes, los gobiernos, las instituciones, la ausencia de mujeres, indígenas o poblaciones minoritarias en los puestos de alta jerarquía, etc.)

El problema radica en que nuestras intervenciones están centradas en atender solamente el síntoma, la violencia directa y estamos actuando sólo ante las crisis. Para lograr una transformación real de la situación, se requiere que nuestras acciones e intervenciones se enfoquen a desmontar la violencia cultural y estructural, ya que así estaremos actuando para transformar las causas.

La violencia es algo aprendido, que se puede DESAPRENDER. La agresividad-natural-fuerza vital, está relacionada con nuestro instinto y es la que nos permite ser personas individuales, con identidad propia, asertivas y afrontar riesgos y dificultades. La agresividad es canalizada por los medios de socialización: TV, escuela, familia, entorno, religión… y se puede canalizar en tres direcciones:

  • Para destruir y dañar a otro/a: violencia
  • De manera constructiva, creativa, con iniciativa: noviolencia
  • Desde la anulación, la negación, quitándola o ignorándola: indiferencia y apatía

No es lo mismo no actuar violentamente, que actuar noviolentamente. Estamos partiendo del planteamiento gandhiano que dice “lo que hago de manera noviolenta para acabar con la violencia, es un compromiso activo por la paz.

El gran reto educativo es la lucha contra la indiferencia. Hay que trabajar, en la escuela, en la familia y en la sociedad, en la construcción de la CONFIANZA, pero no de una confianza ciega, sino desde una confianza que parte de la RESPONSABILIDAD: yo confío, en tanto la otra persona responde. La confianza se gana, no se puede imponer, y es un proceso.

Otro punto muy importante es construir el APRECIO: primero hacia uno mismo (autoestima), y después hacia los demás (tu estima). Tienen que existir esas dos direcciones en las relaciones entre las personas: el ámbito individual y el colectivo.

Tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad. Hay que esperar lo mejor de quien nadie espera. Esa es la tarea educativa: darle oportunidad de que crezca.

Las actitudes y acciones coherentes son esenciales para construir estructuras coherentes. No podemos dejarlo al ámbito teórico.

Hay que propiciar la comunicación, trabajarla para que se dé. Y hay que educar en ella y desde ella. Hay que enseñar a comunicarse y dar espacios de comunicación: desde el diálogo y desde la escucha activa.

Cuando una persona sabe expresar lo que siente, lo que piensa y lo que necesita, es muy probable que la primer herramienta que use ante los conflictos sea la palabra. Sólo así podremos transformar las experiencias de conflicto escolar en situaciones de aprendizaje para todas y todos, y erradicar de fondo la violencia escolar, desde su raíz que es cultural y estructural.