martes, 28 de octubre de 2014

#Ayotzinapa: comunicar no es gobernar

Juan S. Larrosa-Fuentes, integrante del CEPAD AC
28 de octubre de 2014

Las protestas en redes virtuales y en las plazas públicas sobre el caso Ayotzinapa tuvieron eco en la prensa internacional y medios como The Economist, The New York Times o The New Yorker retomaron críticamente el tema. En estos medios se publicaron diversas informaciones, análisis y opiniones sobre Ayotzinapa. Entre todo este mar de noticias, diversos artículos publicados en la prensa internacional resaltaron las contradicciones de la realidad mexicana. Por un lado, en el verano de 2014 Enrique Peña Nieto operó una serie de reformas en el Congreso mexicano que fueron alabadas en el extranjero. Gracias a una estrategia de relaciones públicas apareció una narrativa periodística que nombró a todos estos cambios como el “Mexican Moment”, o el gran momento mexicano. En contra parte, meses después de las transformaciones legislativas, el gobierno enfrenta una de las crisis de seguridad pública más grandes de los últimos años y la narrativa pasó del “Mexican Moment” al “Mexican Murder”. En cuestión de días la estrategia de relaciones públicas de Peña Nieto fue anulada por el caso Ayotzinapa.

El cuento del “Mexican Moment” nos recuerda que la historia se repite. Hace veinte años el gobierno federal, luego de conducir una serie de reformas estructurales, presumía que México estaba por entrar al primer mundo. Después vino el levantamiento zapatista y terribles magnicidios que destruyeron el esfuerzo legislativo y de relaciones públicas de los jóvenes tecnócratas y neoliberales. Veinte años después, utilizaron la misma estrategia para pactar y legislar, para comunicar y convencer. Sin embargo, se volvieron a tragar el cuento que dice que gobernar es comunicar. Se volvieron a tragar el cuento que dice que una estrategia de comunicación basta para convencer al mundo que la realidad es otra. Basta con rehacer la fachada de la casa, pintar las paredes y colocar duela falsa para que los vecinos vean nuestra prosperidad, no importa que la casa no tenga cimientos y que en el sótano, húmedo e inmundo, viva la mayor parte de nuestra familia. La comunicación, en política, puede engañar, pero no puede suplantar la realidad. Ahora, las portadas de Time y Rolling Stone que reprodujeron el copete de Peña Nieto, confirman la banalidad y ligereza de la estrategia de comunicación gubernamental.


El Estado moderno nació para garantizar seguridad al cuerpo de las personas, para asegurar que estos cuerpos no serían maltratados o destruidos, para garantizar la libre circulación de estos cuerpos y que sus bienes materiales serían respetados. El inaceptable truco comunicativo de hace veinte años, como el de ahora, es el de crear un escenario en el que aparentemente el Estado mexicano cumple con sus funciones y garantiza estos derechos. Las reformas estructurales actualizaron las reglas de un sistema viejo y que le costaba seguir operando bajo un paradigma neoliberal. Sin embargo, esta actualización no buscó transformar los equilibrios de poder. Las reformas remodelaron la casa, pero ni siquiera se atrevieron a abrir el sótano. En esa lógica una pieza crítica publicada en la prensa estadounidense puede mover más hilos en el gobierno mexicano que la desaparición de 43 personas.

miércoles, 15 de octubre de 2014

De San Fernando a La Barca e Iguala

Francisco Macías Medina, integrante del CEPAD AC
16 de octubre de 2014

No se trata de un viaje o de una propuesta de ruta, aunque pudiéramos organizarla de tal manera que nos sirviera de un ejercicio profundo que cuestionara el momento por el que pasamos como país.

Hace apenas un par de semanas, fuimos testigos de como la palabra  “estudiante”  adquiría un significado renovador, de inteligencia y lucha en el caso del Instituto Politécnico Nacional, hasta pudimos soñar por momentos en la construcción de una democracia basada en la discusión pública.

Casi al mismo tiempo en Iguala, se imponía la realidad de un país que se ha negado la posibilidad de verse así mismo, a su nación y a quienes la conforman, con toda su complejidad.

Nos hemos conformado con etiquetarnos y justificarnos hasta el cansancio por esta violencia, nos ha bastado ver números a la baja, pero no dignidades a la alza, nos conformamos con palabrería política que nos lleva a  “movernos” sin saber a dónde. Ahora lo sabemos.

Lo que une a San Fernando, Tamaulipas, a La Barca, Jalisco (ambos con fosas con más de 70 cuerpos) y a Iguala,  es la eliminación brutal e injusta de lo humano y su futuro, la existencia de instituciones que han abandonado definitivamente su función esencial cuyo fin principal era facilitar la libertad indispensable para decidir la vida que se deseaba tener, al ser normalista,  joven, padre de familia, migrante. mujer o desempleado en búsqueda de un mejor futuro.

No hay más tiempo. Es momento de reflejarnos en ellos, alzar la voz, alentar la esperanza y reorganizarnos en un marco de libertad para exigir justicia y consuelo.

Hoy  ¡Todos somos Ayotzinapa!

jueves, 18 de septiembre de 2014

Iniciativa de ley, ¿realmente a favor de la niñez y adolescencia?

Paola Lazo Corvera, integrante del CEPAD AC
18 de septiembre de 2014

El pasado 1º de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa preferente de Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Es de celebrar que se haya considerado prioritaria esta propuesta de Ley, y que al considerarse preferente, obligue al Congreso a revisarla y aprobarla en un máximo de 30 días.  Es también un logro que se intente legislar con urgencia para atender la violación constante a sus derechos del que son víctimas día a día niños, niñas y adolescentes en nuestro país.

Sin embargo, haciendo un análisis detenido, la propuesta tiene fallas y carencias serias, que en principio denotan una falta de enfoque de derechos humanos en su elaboración, y sobre todo la necesidad de un cambio de paradigma para dejar atrás la visión asistencialista de la defensa y protección de los derechos de la infancia, hacia una en la que se les considere sujetos de derecho. Mientras no se dé este cambio de visión, las acciones que se lleven a cabo serán meramente cosméticas, desde un rol tutelar y proteccionista del Estado, y no uno que los involucre activamente como titulares de derechos.

En principio, la iniciativa de Ley no plantea el reconocimiento explícito de la ciudadanía jurídica de niñas, niños y adolescentes, por lo que no logra ampliar la atención del Estado más allá de un cuidado proteccionista y asistencialista, y no propone espacios de autonomía para su participación en los espacios públicos que tienen que ver con su vida cotidiana y con los asuntos que son de su interés.

Un aspecto propuesto por la Ley y que habrá que analizar con detenimiento tiene que ver con la reglamentación para que los medios de comunicación publiquen información sobre niños, niñas y adolescentes sin violar su derecho a la intimidad. Sin duda es necesario vigilar el que los medios tengan responsabilidad en el manejo de datos e información de manera que se proteja su identidad, privacidad y seguridad. Sin embargo, hay que ser muy claros en las disposiciones de dicha regulación, ya que se corre el riesgo de que se maneje con discrecionalidad o de que se limite la libertad de expresión de las y los niños y adolescentes. Es necesario garantizar que tengan presencia en los medios para que estén representados y se escuche su voz, y para visibilizar las violaciones a sus derechos y las agresiones de que son víctimas diariamente. ¿Cómo se utilizaría esta ley, por ejemplo, para sancionar la reciente “inspección” a que fueron sometidos niños y niñas en Zócalo del Distrito Federal el pasado 15 de septiembre al acudir junto con sus familias a dar el grito de Independencia? Las imágenes difundidas en las redes sociales son más que evidentes y muestran la visión de fondo que tiene el gobierno federal en torno a los derechos de la población infantil y juvenil.

La Ley deja pendiente también la atención a una población doblemente vulnerable: los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Al no incluir en la propuesta lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es una ley que los invisibiliza y los discrimina nuevamente.

Si se quiere de verdad atender las situaciones emergentes que esta población enfrenta de manera cotidiana en nuestro país, se requieren leyes y estrategias específicas que garanticen el derecho a todos los principios señalados en la Convención, recordando que ningún principio se garantiza en su totalidad sin la presencia de los otros. Y que para asegurarlos se requiere mucho más que buenas intenciones, se necesita un presupuesto autónomo y específico, un cambio de paradigma, capacitación y sensibilización en todas las instituciones públicas vinculadas con su atención, sanciones ejemplares ante la violación de sus derechos, acciones que provoquen cambios concretos en las forma en que funcionan las instituciones en este país, y  procesos de evaluación de las políticas implementadas que permitan su corrección a corto plazo y la continuidad de aquellas estrategias que funcionen. Se trata de atender a necesidades reales, y no sólo de maquillar o apagar fuegos mediáticos y superficiales. Impulsar el cambio cultural y estructural que nos lleve a construir un México propicio para el desarrollo de la infancia y la juventud.

viernes, 5 de septiembre de 2014

¿Por qué las personas tienen que salir a tomar las calles? Reflexiones sobre la movilización de los wixárikas

Dr. Carlos Peralta Varela, Presidente del CEPAD AC
28 de agosto de 2014

Las organizaciones o las comunidades no salen a movilizarse, marchar y tomar las calles por pasatiempo. Lo hacen por necesidad. Su acción busca llamar la atención de la sociedad y de las autoridades para atender una necesidad o para resolver un problema importante.

En el caso de la reciente movilización de los wixárikas (huicholes), el 20 y 21 de agosto pasados, tuvieron que dejar su casa, venir a Guadalajara e instalarse frente a dos dependencias del gobierno federal, para que las autoridades se movilizara y cumpliera con algo que ya habían ganado legalmente en los tribunales y que podría haberse resuelto hace años. Tenían la razón ética y jurídica para actuar, y si resumiéramos su solicitud ésta era: ya estuvo bien de mentiras y de darle largas al problema, ¡queremos acciones concretas!

En julio de 1953, una resolución presidencial que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, les otorgó a los wixaritari de San Sebastián Teponahuaxtlán un total de 240 mil hectáreas. Hace poco más de una década pobladores de Huajimic, perteneciente a Nayarit, invadieron sus tierras y se apropiaron de 10,000 hectáreas. Obviamente los wixaricas tenían muchos caminos posibles de acción, uno de ellos era haber intentado desalojar a los invasores, sin embargo decidieron seguir un camino más respetuoso y denunciaron el hecho ante las autoridades, pero éstas no hicieron nada al respecto. No se resignaron y decidieron siguieron el muy largo y tortuoso camino que marca la ley para lograr la restitución de sus tierras. Desde el año 2007, han interpuesto demandas y llegaron a tener 45 juicios de restitución de tierras de los cuales a partir del 2012, se han emitido cinco sentencias a su favor y ninguna de éstas se había ejecutado. Es decir, siguieron el proceso que marca la ley, gastaron dinero en los juicios, pasaron cinco años para que se reconociera (a través de las sentencias) que debían restituírseles las tierras, pero han pasado otros dos años más sin que nada efectivo suceda.

Mientras se realizaban los juicios otra dependencia federal intervino, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (sedatu), y sugirió que el caso se desahogara como parte del programa Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer). Entre 2009 y 2012, la dependencia aparentó atender el conflicto y dijo buscar que el problema se resolviera por la conciliación entre las partes, sin embargo la sedatu no atendió el conflicto de fondo el asunto y la invasión persistió.

El colmo fue que el Tribunal Superior Agrario ordenó que un tribunal de Nayarit ejecutara una de las sentencia de restitución por un total de 10,000 hectáreas. Sin embargo en Nayarit no quisieron ejecutar la sentencia. Es decir, las autoridades no quisieron hacer caso cumplir y ejecutar una orden de un tribunal.

Tengamos presente entonces que la movilización de los wixárikas se debió a un conflicto que ellos no provocaron y que no fue atendido adecuadamente. Teniendo la autoridad federal la posibilidad de resolver desde hace años el problema de la invasión, no actuaron. En este caso la comunidad se vio obligada a tomar las calles tan solo para lograr ser escuchada y atendida en forma efectiva Nos queda por último la idea de que si la autoridad fuera eficiente en la solución de problemas que aquejan a la sociedad, ésta no tendría que salir a las calles.

miércoles, 20 de agosto de 2014

Lo mínimo del salario mínimo.

Mtro. Gerardo Moya García. Integrante de la Asamblea del CEPAD AC.

Lo mínimo del salario mínimo.


¿Alguna vez se ha puesto a hacer el ejercicio de cuál sería el monto mínimo de salario mensual para cubrir las necesidades básicas de vida digna, digamos de una familia de 4 personas?


Empecemos por la vivienda, seguro no tienen casa propia, por lo que una renta módica de al menos 2 mil pesos bastaría para tener al menos cuartos separados, uno para los hijos y otro para la pareja. El dinero que gastaría una familia urbana de cuatro miembros en un supermercado sería alrededor de los 2 mil pesos mensuales. ¿Las escuelas de los dos hijos? públicas por supuesto, lo cual no quiere decir que no tengan que pagar útiles y cuotas para cuanta cosa necesaria-en algunas ocasiones hasta para papel para los baños- que junto con el transporte, en autobús urbano, sumaría otros 800 pesos mensuales aproximadamente. Otros 400 pesos para el transporte de los padres, y qué decir de la “vestimenta”-ropa, zapatos, etc.-con lo rápido que se acaban los niños la ropa y los zapatos, sumemos prorrateadamente unos 300 pesos.


La luz, el agua, el gas, y el teléfono (internet), sumarían un aproximado mensual de unos 600 pesos. Seguro también tendrían que comprar algún regalo de cuando en cuando por asistir a alguna fiesta de compromiso familiar o social a la que sean invitados, o navidad o cumpleaños, sumen 300 pesos. ¿Vacaciones? Sí pero no muy lejos…, por ejemplo un picnic en el campo el domingo una vez al mes, o a algún balneario… otros 300 pesos.


¿Salud? Seguro popular, IMSS… difícil de calcular, pero cuando hay alguna emergencia, luego uno cae con algún médico particular que entre la consulta y los medicamentos paga unos 400 pesos. Todo lo anterior, suma un total de $7,100 pesos mensuales.


¿Muebles, electrodomésticos, utensilios de cocina y de aseo personal? ya ni los calculo; tampoco aquellos gastos extras que surgen aunque no los queramos (gastos funerarios de algún familiar cercano; viaje por tierra para visitar a algún familiar enfermo, y un largo etcétera de imprevistos que pueden surgir).

 
Pues bien, el salario mínimo general en la zona en la que es más alto, es de $1,913.10 pesos mensuales. Saque usted mismo las conclusiones.


Uno de los argumentos para no subir el salario mínimo, es el de que éste sólo sirve de referencia, pero que en realidad nadie lo gana. David Foust, en su opinión en el editorial de “La silla Rota” el pasado lunes 18 de agosto, refirió que el 13% de la población ocupada percibe hasta un salario mínimo, y 60% de la población ocupada percibe tres o menos salarios mínimos (ENOE, primer trimestre 2014) y, por lo tanto, están por debajo de la “línea de bienestar” que fija el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

 
¿Con qué poder adquisitivo podrán estas familias ser los consumidores que los empresarios esperan? ¿A qué tentaciones de “dinero fácil” se enfrentan para mantener a la familia? Desde mi punto de vista dos son los elementos preponderantes de la problemática delincuencial que vivimos en México: la impunidad y la pobreza.


La propuesta de David Foust en su artículo, me parece sensata: No se puede subir de golpe el salario mínimo a 7 mil pesos mensuales. Dice: “debe remitirse a un diálogo entre trabajadores y patrones que considere los márgenes de productividad de las empresas”, la mayoría de éstas en México de tipo “micro”, que no soportarían un aumento así de exponencial, pero sí un importante aumento de inicio por ejemplo a 4 mil pesos, que sirva de punto de partida para hacer un ejercicio presupuestal que permita a las empresas irlo aumentando paulatinamente con la intención de que llegue en mediano plazo a cubrir las necesidades básicas planteadas.

jueves, 14 de agosto de 2014


EXIGIMOS UNA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS QUE DEFIENDA LOS DERECHOS DE TODAS Y TODOS EN JALISCO

CC. Diputados y Diputadas del Congreso Local.

Las organizaciones y personas que suscriben el presente desplegado expresamos nuestra preocupación por la grave situación en que se encuentran los derechos humanos en Jalisco, particularmente por el deficiente trabajo que ha realizado la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), a cargo de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.

Constatamos que su trabajo no ha tenido impacto en las políticas públicas del estado y las recomendaciones emitidas no han tenido la carga ética que obligue su acatamiento, además de carecer de medidas que garanticen el mayor cumplimiento de los derechos humanos y de medidas eficaces de no repetición de las violaciones.

Desde la llegada del reelecto presidente del organismo hubo una disminución de quejas por tortura debido a la reclasificación de esta grave violación por el de lesiones. En el último lustro los daños ambientales aumentan de manera irreversible en perjuicio de las comunidades indígenas, campesinas, rurales y urbanas, sobre todo de las futuras generaciones, sin que el organismo público se involucre seriamente en los casos.

No obstante de haberse publicado la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos en el país, el 10 de junio de 2011, la CEDHJ no ha elaborado ningún material básico para su difusión entre la población, siendo que ha sido la más importante en la historia moderna de México, sin que los y las jaliscienses conozcan el nuevo catálogo de derechos, incluso, ha dejado de ejercer sus facultades constitucionales como es la de presentar la acción de inconstitucionalidad en contra de legislaciones que vulneran los derechos de las personas, como la regresiva reforma constitucional de Jalisco que viola los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Finalmente, en los últimos días hemos visto investigaciones periodísticas que nos han dejado conocer el dispendio de los recursos públicos en la CEDHJ.

La conducción de la CEDHJ impide el acceso a la justicia de las personas con mayor situación de vulneración. Por ello exigimos a las y a los integrantes del Congreso Local:

·         Que examine el desempeño del organismo y su presidente con base a los informes anuales y mensuales que presenta, respecto a las obligaciones constitucionales de proteger, investigar y defender los derechos humanos, así como los elementos que la Legislatura pueda allegarse.

·         Y si después de la evaluación resulta que incumple con sus obligaciones, se surte la competencia del Congreso para iniciar juicio político.

Atentamente:

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C (CEPAD); Ensamble Social; Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las Mujeres (CLADEM); Agenda Feminista de Jalisco (AFJ); Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF); Círculo de Estudios Feministas “Las Irreverentes”; Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de mayo, A.C.; FM4 Paso Libre; Colectivo Ollin A.C.; Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario. A.C. (IMDEC); Centro de Atención Integral en VIH SIDA A. C.; Agrupación Un Salto de Vida A.C; Asamblea Regional de Afectados Ambientales; César Octavio Pérez Verónica; Paola Lazo Corvera; Jorge Narro Monroy; Teresa Gutiérrez Zúñiga; Carmen Ruiz Velazco Tapia; Francisco Macías Medina; Carlos Peralta Varela; Gerardo Moya García; Juan Larrosa Fuentes; Jade Ramírez Cuevas; Jesús Manuel González Huerta; César Rogelio López Alfaro; Zariá Casillas Olivares; Itzel Albarrán Vázquez; Yoana Noemí Rodriguez García; Arturo Espinoza; Karen Gutiérrez Lascurain; Héctor Castañon Reyes; María Guadalupe Ramos Ponce; Jaime Hernández Ortiz; Arcadia Lara González; Ángela García Reyes; Francisco Javier Pérez Chagollán; Alberto Bayardo Pérez Arce; Mónica Salmón Gómez; Carlos F. González Martínez de Velasco; José Bautista Farías; Juan José Esquivel B.; Susana del Pilar Flores Sandoval; Teresa Sordo Vilchis; José Guillermo Díaz Muñoz; Sergio Gilberto Morales Hernández; Eurídice Paredes; Maricela Valenzuela Dávila; Sergio; Jorge Zul de la Cueva; Paul Van Scoit Carballo; Marco Antonio Landeros Rico; Luz Elena Barrios Calleros; Andrea Blanco Calderón; Alejandro Velazco Ruiz; Celia Magaña García; Francisco Morfin Otero; Alina Peña Iguarán; Francisco Ramírez Arroyo; Humberto Darwin Franco Migues; Carmen Díaz Alba; Guillermo Pérez Esparza; Santos De la Cruz Carrillo; Yeriel Salcedo Torres; María Gutiérrez Zúñiga;  Graciela Sánchez López; Augusto Chacón; Felipe de Jesús Alatorre; Miguel Bazdresh Parada; Carlos Tabares Luna; María Quinn.

miércoles, 6 de agosto de 2014

Sobre justicia penal y derechos humanos en Jalisco

Dr. Carlos Peralta Varela, Presidente del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta
6 de agosto de 2014

La semana pasada (el 1 de agosto), estuvo en Jalisco el Doctor Raúl Plascencia Villanueva, Presidente De La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Acudió a la inauguración de la jornada regional “sobre justicia penal y derechos humanos”, evento en el cual también estuvieron presentes: Nuestro gobernador, el Maestro Aristóteles Sandoval Díaz; la diputada Norma Angélica Cordero Prado, actual Presidenta del Congreso de Jalisco; y el Magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; entre otras personalidades. Es decir fue un evento que se consideró lo suficientemente importante como para incluirse en sus agendas.

Debe reconocerse el interés por destacar actividades públicas en torno a estos dos grandes asuntos (justicia penal y derechos humanos), que en ocasiones se han visto desligados, pero que en la actualidad y sobre todo a partir de la reforma constitucional, deben identificarse como simbióticos. No sabemos cuáles fueron los resultados de este encuentro pero si identificamos que se partió de un diagnóstico realista y que da cuenta de nuestra aun triste realidad.

Por un lado se evidenció la necesidad de reforzar la educación en torno a los derechos humanos, para que todos, funcionarios y ciudadano. Es fundamental conocerlos, ser conscientes de ellos y sobre todo que actuemos en coherencia. Al respecto el Dr. Plascencia mencionó: “La finalidad es que exista una mayor consciencia colectiva sobre los derechos humanos. Que cada mexicano haga suyos estos derechos para convertirlos en la piedra angular que permita construir un país con una sólida cohesión social”, “un pleno reconocimiento de que la educación constituye un papel clave a fin de hacer que la dignidad humana se instale como un referente ético que sustituya a aquellos paradigmas que sólo la reducen a la formalidad de un simple estatuto legal”. Lo dicho no es nuevo, pero es cierto, muchas personas desconocen sus derechos y peor aún, no se consideran como sujetos merecedores de derechos que pueden luchas por su cumplimiento. Tampoco existe una plena consciencia colectiva sobre la relevancia de los derechos en la interacción social y aun falta para que éstos se conviertan en un referente ético.

El párrafo tercero del Artículo 1, de nuestra Constitución, menciona literalmente: Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Para hacer realidad estas líneas se requeriría que todos los servidores públicos conocieran cabalmente los derechos humanos, asumieran su importancia y mostraran voluntad política y ética para garantizarlos.

Por otro lado, también se habló en este encuentro sobre la impartición de la justicia. Nuevamente, si bien no se mencionó algo novedoso, lo dicho resulta relevante en la medida que se reconoció que aún es vigente el añejo reclamo por una adecuado y eficiente sistema de justicia, ya “que sólo podrá satisfacerse mediante una implementación efectiva del marco jurídico, el cual presenta importantes avances, pero aún no es capaz de superar los problemas existentes en las aéreas de procuración e impartición de justicia”. Se agregó “se requiere de una efectiva cultura de la legalidad, de que los servidores públicos y los particulares, deben actuar con estricto apego a la ley”.

Sabemos que la justicia en Jalisco no es pronta ni expedita. Que solamente uno o dos de los delincuentes que cometen un delito llegan a ser sentenciados. Que un porcentaje importante de los presos son personas de escasos recursos. Que las condiciones carcelarias (sobre todo en ámbitos municipales) dejan mucho que desear. Que Jalisco está muy atrasado (en relación a los demás estados de la república) en la implementación de sistemas de justicia alternativa. Se requiere si, un estricto apego a la legalidad, pero sobre todo urge ya implementar cambios de fondo en los sistemas de procuración y administración de justicia.

La adecuada aplicación de los juicios orales pude mejorar la vigencia de los derechos humanos relativos a la impartición de justicia, pero su implementación requiere de voluntad y acciones. Desde esta perspectiva podemos preguntarnos ¿qué falta en Jalisco para poderlos implementar?