Por un ITEI que tutele el derecho a la información de los jaliscienses

Por Juan Larrosa-Fuentes, integrante del CEPAD AC



Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta, 15 mayo de 2013


La semana pasada, la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso del Estado de Jalisco, publicó la convocatoria para elegir a un nuevo Presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado (ITEI). Este proceso no es menor y requiere del ojo crítico de la sociedad, pues de ello depende que este instituto continúe por un camino de baja autonomía y rendimiento o que por el contrario, se convierta en un espacio que marque un claro contrapeso a los poderes públicos.

Luego que durante el primer lustro del siglo XXI en Jalisco se viviera un importante desarrollo de la transparencia en el estado, en tiempos recientes hemos observado claros retrocesos, como fue la elección de Jorge Gutiérrez Reynaga, actual presidente del ITEI o la aprobación de una nueva ley de transparencia en 2011, que de un plumazo eliminó una serie de derechos que los jaliscienses teníamos con la ley promulgada en 2005.

En julio de 2009, los entonces diputados del Congreso de Jalisco, eligieron a Gutiérrez Reynaga, luego de un proceso plagado de irregularidades y poco transparente. Los expedientes de los contendientes no fueron analizados a profundidad y muchos de los participantes fueron desestimados por cuestiones políticas, cuando tenían méritos suficientes para ganar la convocatoria. Al final, los diputados dejaron a la suerte la elección  y recurrieron a la insaculación. Curiosamente, quien resultó electo fue Jorge Gutiérrez Reynaga, un funcionario con muy poca experiencia en el tema de la transparencia y  con un perfil público bajo. En otras palabras, Gutiérrez Reynaga cumplió con un perfil ubicado en las antípodas de Augusto Valencia, anterior presidente del Instituto.

Esta elección, sin duda, marcó el rumbo del ITEI desde entonces. Gutiérrez Reynaga llegó al instituto a poner orden en las finanzas, a realizar nuevas contrataciones y a “cumplir” con su trabajo. Por el contrario, no buscó hacer frente a los grandes escándalos de corrupción del gobierno del estado, como fue el caso de los Juegos Panamericanos, ni tampoco presionó para que el Congreso o del Poder Judicial transparentaran su actuación. No buscó reducir los sueldos de los empleados del ITEI, mucho menos una nómina onerosa y que tiene por objetivo pagar favores a los distintos partidos políticos. En 2011, cuando el Congreso dio el albazo con la aprobación de una contrarreforma, la voz del ITEI fue tímida y complaciente con el poder.

Pero lo más importante, desde 2009 tenemos en el ITEI a un funcionario público que, como un buen cuenta chiles, solo se ha dedicado a administrar una institución que maneja un gran presupuesto. Por el contrario, no se ha constituido en un defensor del derecho a la información de los jaliscienses quienes queremos saber las cuentas del Congreso, los gastos de comunicación social de los municipios o las cuentas finales de los Panamericanos. Al día de hoy, eso, y muchas cosas más, no las sabemos.

Por estas razones, el proceso de elección del presidente del ITEI es de suma importancia para la vida pública del estado. Estamos ante un escenario de continuidad o de cambio. Es tiempo, entonces, de exigirles a los diputados que busquen el mejor perfil para dirigir una institución fundamental de la democracia jalisciense.

Seguridad pública y derechos humanos

Por Jorge Narro, integrante del CEPAD AC



Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta, mayo de 2013

A mediados del pasado mes de febrero apareció en los medios que en el ejido de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, estaba por constituirse un cuerpo de “policía comunitaria”.

El ejido, enclavado en la sierra de Manantlán, en el límite de Jalisco con Colima, es rico en recursos naturales. Rico y agredido por ello. Un ejemplo de ello es el secuestro, en octubre del 2012, de Celedonio Monroy Prudencio, activo defensor de los bienes comunitarios.

Uno de los integrantes del Consejo de Mayores de la comunidad indígena explicaba en una entrevista: “lo que ha habido en la comunidad (…) es saqueo de madera y minerales que se están llevando, y nomás nadie sabe. Nosotros queremos la seguridad de la comunidad. La comunidad está sufriendo saqueos, está sufriendo desapariciones y muertes que no se han aclarado, por eso ya no nos confiamos, queremos la Policía Comunitaria para que la misma comunidad vigile”.

El tema es polémico, habida cuenta de que “policías comunitarias” y grupos de autodefensa se están multiplicando en el país: en 13 estados y 68 municipios, según publicó el diario MURAL apenas el 2 de marzo.

"No hay justificación para que un grupo se haga justicia por propia mano, pero los gobiernos deben cumplir para evitar medidas desesperadas”, opinó Raúl Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Y tocó así el centro del asunto: no es lo mismo justicia por propia mano que legítima defensa, justificada por la inacción de las autoridades.

No es lo mismo, pero tampoco es fácil distinguirlas. Pongámonos en el lugar de las víctimas.

Imagine que en su colonia o fraccionamiento o pueblo opera un grupo de ladrones. Imagine que usted acude a la policía. Y resulta que no sólo la policía no detiene a nadie, sino que lo delata a usted frente a los delincuentes. Es que los gendarmes actuaban en complicidad con los ladrones…

Imagine que logra usted que uno de los criminales acabe en manos del Ministerio Público. Y resulta que éste integra mal el expediente, de modo que al llegar al juez el “presunto” queda en libertad. Es que el MP actuaba en complicidad con los ladrones, o secuestradores, o extorsionadores…

Imagine usted que la policía detiene al ladrón y que el MP integra el expediente como Dios manda y además con pruebas contundentes. Pero que el juez en lugar de declarar culpable al asaltante y decretarle el auto de formal prisión, lo deja en libertad. Es que recibía plata o estaba amenazado de plomo por los criminales…
En México, los delitos que no son denunciados (la “cifra negra”) ascendió durante 2011 a 91.6%. En Jalisco se estimaba en 92%.

Las víctimas no denunciaron -entre otras razones- porque lo consideraban una pérdida de tiempo (34.3%) o por falta de confianza en la autoridad (15.6%). Y en los casos en que sí denunciaron, 32.8% decidió no iniciar una averiguación previa en razón de “la actitud hostil por parte de la autoridad”.

Y aun así, habiendo tan pocas denuncias, 99% de éstas no termina en condena y los crímenes quedan impunes, afirmaba la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en noviembre de 2012. Para el caso de Jalisco el escenario no es más halagüeño: a decir del Observatorio Ciudadano Jalisco cómo Vamos, la impunidad era ligeramente superior a 98%.

Con autoridades negligentes, incompetentes, atemorizadas o cómplices, ¿qué opciones quedan a los ciudadanos amenazados no por la posibilidad de ser víctimas, sino realmente amenazados, realmente victimizados, realmente agraviados?

Entonces aparece la delgadísima línea que separa la legítima defensa de la toma de justicia por propia mano. La delgadísima línea que puede separar a las “policías comunitarias” de algunos grupos de autodefensa. La delgadísima línea que cada vez más comunidades rurales atraviesan porque los gobiernos no cumplen, diría el presidente de la CNDH.

Por una visión de Derechos Humanos en los Medios de Comunicación

Por Paola Lazo Corvera, integrante del CEPAD AC


Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta


6 de marzo de 2013

Hace algunas semanas circuló por la mayoría de los medios locales la noticia de que una niña de 9 años de edad había dado a luz en el Hospital de Zoquipan, la nota causó revuelo y comentarios de toda índole tanto por parte de los diversos medios de comunicación, articulistas, autoridades, así como de la gente común, que también se dio a la tarea de hacer públicos sus comentarios a través de las redes sociales o en los espacios que los periódicos y la radio abren al público en general.

Fue sorprendente que la mayor parte de los comentarios y análisis se dieran desde una especie de morbo y chismorreo, sin tener el menor cuidado, preocupación e interés por proteger la integridad, intimidad y dignidad de esta niña, que fue sin lugar a dudas víctima de un abuso sexual.

Se discutió por ejemplo, si en realidad la niña tenía 9, 11 ó 13 años de edad, como si eso fuera importante. Llegué a leer que la niña había consentido el abuso, según comentarios del padrastro (quien hoy se sabe que es el papá biológico de la niña, y que ha sido consignado a prisión por el delito de abuso sexual infantil agraviado). Independientemente de si hubo uso de la fuerza o no, cualquier interacción de índole sexual entre un adulto y un niño o niña, es considerado un abuso sexual. El cuerpo de los niños y las niñas, y su intimidad les pertenecen. Y debe haber siempre límites incluso para las muestras de cariño y afecto de las y los familiares. Nadie puede ser culpado por no haber sido lo suficientemente hábil para escapar de una situación de abuso. La víctima nunca tiene la culpa de una agresión sexual. El único culpable es el agresor. Los abusos sexuales pueden ocurrir a cualquier edad.

Cuando se trata de un agresor que es cercano afectivamente a la víctima, y todos sabemos que es muy común que el agresor sea conocido por la víctima, resulta mucho más difícil para ésta denunciarlo o defenderse, ya que los une un lazo afectivo que funciona como chantaje emocional, persuasión o engaño, y que debido a la desinformación, falta de autoestima o miedo al rechazo, es probable que la víctima tenga menos elementos para poner un lato, y prevenir el abuso.

El pésimo manejo que dieron los medios y las autoridades del caso, puso a esta niña en una situación de doble vulnerabilidad: no sólo fue víctima de un abuso sexual, sino que quedó embarazada como resultado de este abuso, poniendo en riesgo su integridad, su salud, su desarrollo y su estabilidad emocional. Las autoridades y los medios hicieron pública su identidad, cometiendo un gravísimo error, al ponerla en riesgo de ser víctima de rechazo social, segregación y estigmatización.

La falta de cuidados parentales, de protección familiar y de una educación sexual integral, entre otras cosas, provocaron que la niña fuera víctima de una agresión sexual con terribles consecuencias para su vida y por supuesto para la del bebé producto de una relación de abuso, agresión, maltrato físico y emocional. Las consecuencias físicas y psicológicas para ambos serán sin duda difíciles de subsanar.
Este caso y su manejo son un claro ejemplo de la falta de sensibilización y educación en Derechos Humanos que tienen tanto los medios de comunicación, como las autoridades y la ciudadanía en general. Es evidente que su difusión se dio sin conocer los derechos fundamentales de la niña, establecidos en la Convención por los Derechos de los Niños, ratificada por México en el año de 1990, la cual hace referencia a derechos tan importantes como el acceso a una vida libre de violencia, a una familia estable que le brinde cuidados y protección, al respeto a su integridad física y emocional, al manejo confidencial de sus datos y su persona ante situaciones como ésta… derechos que fueron vulnerados con el pésimo manejo que se dio a este asunto tan desafortunado.

Veo con preocupación que el estado mexicano no considera estos hechos como parte de su responsabilidad social y jurídica. Existe un enorme número de niñas y adolescentes convertidas en madres de manera prematura que no son sólo responsabilidad de sus familias, sino también del estado y su protección constituye una importante función social del gobierno. Es urgente que se tomen medidas preventivas, que vayan más allá de las leyes y que puedan atenderse desde la cotidianidad: en la escuela, en los centros de salud, en los parques… a través de programas efectivos de educación sexual integral y de involucramiento de los padres de familia en estos procesos.

Se requieren partidas presupuestales más fuertes para que las autoridades intensifiquen los programas de educación integral en sexualidad, para difundir y prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual entre niñas y adolescentes. Las estrategias educativas no han sido suficientes, ya que tan sólo el año pasado se duplicó la cifra de niñas y adolescentes embarazadas en edad escolar.
Es necesario también que los responsables de los medios de comunicación, así como las oficinas de comunicación social del gobierno del estado, se capaciten y sensibilicen desde un enfoque de derechos, uno que les permita cuidar en todo momento la información que difunden, garantizando que al hacerlo respeten la integridad de las personas y sus derechos fundamentales.

Ley de Víctimas: Intención de cumplimiento o parapeto político

Por Gerardo Moya García, integrante del CEPAD AC

Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta

23 de enero de 2013

Recientemente se publicó la Ley de Víctimas que beneficiará, según su texto, a víctimas no solo de la delincuencia organizada, sino también de violaciones de derechos humanos, es decir, aquellas que cometen las autoridades de cualquier nivel de gobierno. Dice la ley que deberá contarse con un fondo que garantice la reparación del daño económico a las víctimas; ahora bien, confrontemos esto con la realidad actual: 

Según la base de datos divulgada en la dirección de internet http://desaparecidosenmexico.wordpress.com presuntamente filtrada a tres medios de comunicación por la Procuraduría General de la República, se da cuenta de que en el país, de agosto de 2006 a febrero de 2012, se registraron 20 mil 851 desaparecidos, de los cuales 11 mil 201 son hombres y 8 mil 340 mujeres. Del resto no se tienen registro.

Del análisis hecho por la organización “Propuesta Cívica” se advierte que el sector poblacional más afectado es el que comprende de los 10 a 17 años de edad. El grupo de 18 a 30 años de edad está también en mayor riesgo, ya que uno de cada cuatro reportes de desaparecidos abarcan a esta población.

De entre las cuatro entidades con mayor número de casos de personas desaparecidas, se encuentra Jalisco, con 2 mil 177, lo anterior, claro sin contar el sub registro de víctimas.

Vale la pena hacer mención de información actualizada. Según nota publicada en el periódico El Informador el pasado 17 de enero del 2013, el Procurador General de Justicia del Estado Tomás Coronado Olmos, afirmó que: “en la Zona Metropolitana de Guadalajara operan diferentes células de al menos tres cárteles, a los que se atribuye la ola de violencia que ha dejado al menos 34 ejecuciones desde el inicio del 2013. En Jalisco se han registrado, hasta este jueves, 67 homicidios en los primeros 17 días del año”. 

Ante éste panorama y tomando en cuenta que el actual Gobierno Federal tiene conocimiento de lo grave del mismo, surge el siguiente cuestionamiento ingenuo: 

¿Tendrán la intención, el interés, la voluntad política de destinar los recursos económicos suficientes para hacer frente a este problema, o la publicación (con bombo y platillo) de la ley de víctimas es otro parapeto político más, de los que suelen utilizar los funcionarios para mejorar su imagen pública?

El tiempo responderá a ésta y otras preguntas pertinentes, sin embargo, la mirada atrás no nos lleva a probabilidades alentadoras…

Iniciamos el 2013 y nos encontramos con intenciones de retroceso en materia de derechos humanos

Por Carlos Peralta Varela, Presidente del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad Puerto Vallarta
9 de enero del 2013

El pasado 2 de enero, cuando el año apenas estaba arrancando, el Diputado Francisco Arroyo, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la presente Legislatura del Congreso de la Unión, puso a consideración ante los diputados una iniciativa con proyecto de decreto para que se vuelva a reformar el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, que apenas fue modificado en junio del 2011.
Los que nos dedicamos de una u otra manera a la defensa y promoción de los derechos humanos en el país, consideramos que la pasada reforma constitucional, misma que redimensiona los derechos humanos, ha sido una de las reformas más importantes en la historia de nuestro país, porque se define la primacía de los derechos humanos y a la vez porque se incorpora de manera positiva el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico de nuestro país. Es decir, se clarifica la vinculación entre el sistema internacional y el sistema interno para la protección de derechos, interacción que esta ya establecida claramente en varios países.
Todo avance en materia de derechos humanos es relevante, pero la reforma nos marca una norma de acción que puede re definir el rumbo del país. Tengamos presente que tan solo durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, en relación a la estrategia de combate al crimen organizado, imperó la impunidad y se violó el derecho a la seguridad. Fueron asesinadas aproximadamente 60,000 y existen miles de personas desaparecidas. Además de que el uso de la tortura y malos tratos, así como detenciones arbitrarias ha sido de uso rutinario por parte de de las fuerzas de seguridad, según han denunciado diversas agrupaciones entre ellas Amnistía Internacional. Además de todo esto las cárceles están sobre pobladas y no existen mecanismos adecuado para la readaptación social.
Con la reforma perecía que los diputados asumían una nueva y relevante visión, que se transmitiría a todos los funcionarios públicos y a todos los mexicanos, con la fuerza normativa de la Constitución, impulsando así el respeto y la realización de los derechos en el ámbito interno, con perspectiva internacional. La fundamentación filosófica y axiológica, sustento de los derechos humanos haría más confiable nuestro Estado de derecho.

Era de esperarse entonces que a partir de la reforma, las autoridades federales, estatales y municipales tuvieran que, de forma gradual, adaptar sus criterios para la promoción y protección eficaz de los derechos humanos. De entrada, acorde al Artículo 1: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. En este sentido el poder judicial está obligado a analizar y juzgar todos los casos que se le presenten a la luz del amplio conjunto de normas en materia de derechos humanos, específicamente en sus juicios deben favorecer en todo tiempo la protección de las personas, es decir, basarse en el principio Pro Persona, que es un principio fundamental a nivel internacional.

A diferentes abogados les he escuchado decir, y también lo menciona el diputado Arroyo, que la reforma Constitucional pone a México a la vanguardia y en sintonía con los sistemas jurídicos más avanzados a nivel mundial en la protección de los derechos humanos. Esta sintonía facilita que se pueda reflexionar y ampliar nuestro sistema jurídico a partir de debates y tratados internacionales que hoy se registran mundialmente.

No obstante todo lo positivo de la reforma el Diputado Francisco Arroyo, sugiere que el proceso de implementación para una reforma de esta envergadura es sumamente difícil. Su trascendencia dificulta la implementación efectiva. Así entonces, en lugar de sugerir e impulsar cambios o la reformulación de los sistemas para hacer viable y posible la implementación de los derechos, el diputado sugiere volver a cambiar la Constitución. Es decir, propone que la Constitución debe adaptarse a los sistemas actuales porque es difícil cambiarlos.

El diputado alude que la implementación de la reforma ha encontrado dificultades por una contradicción entre el primer y el segundo párrafo del Artículo 1 constitucional, y los legisladores deben modificar la reforma para facilitar el trabajo del juez constitucional, que goza de la facultad de interpretar la norma suprema.

En concreto menciona que según el párrafo primero del Artículo 1, los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales no podrán suspenderse ni ser restringidos “...salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece”. Lo cual pudiera llegar a ser contradictorio.

Por otra parte, el párrafo segundo recoge la figura de “interpretación conforme y principio pro persona”, es decir, se trata de realizar una interpretación a la luz de todas las normas en materia de derechos humanos firmadas por México en el ámbito internacional, en la que el derecho humano debe garantizarse para privilegiar la protección de la persona. Sin embargo, alude que este precepto, no se puede aplicar con facilidad en México en la medida que “deja a un lado la interpretación integral de realidades y principios previstos para sociedades concretas en las que se interpreta el derecho, así como las necesidades de regulación de cada Estado”. Podemos interpretar que en la perspectiva o experiencia de este diputado, este principio pro persona es difícil de aplicar en México por el tipo concreto de sociedad en la cual vivimos, por lo tanto es más fácil para el volver a cambiar la constitución.

Es cierto que la realidad social es complicada, y no se diga en lo relativo a la vigencia de derechos vinculados a la acción de la procuración y administración de justicia. Mucho se ha mencionado sobre el arraigo como un esquema que viola derechos a la justicia. Debemos también tener presente que en todas las encuestas nacionales realizadas en torno a la seguridad pública, la cifra negra de delitos no denunciados es cercana al 80% y mucho tiene que ver con la falta de confianza hacia la acción policial, lo cual se refleja también en que el porcentaje de delitos que quedan impunes es cercano al 97%. No en balde una de las reformas más importantes a los sistemas de procuración y administración de justicia es la introducción de los llamados juicios orales, que pretenden hacer más ágil y eficaz todo el proceso. Así entonces, coincidimos en que la realidad social y de los sistemas es no es adecuada, pero es posible cambiarse, pero para ello tenemos que fijarnos metas altas y trabajar en función de ellas. Desde mi perspectiva la reforma constitucional y el principio pro persona marcan una serie de normas que ayudan a dirigir el rumbo de los cambios. Tener normas de altura nos obligan a ser mejores y más eficientes. Bajar el nivel de exigencia en la norma nos lleva a realizar modificaciones menores, que a la larga no cambian el origen de los problemas.

Opino que nuestro país se merece tener una Constitución que no escatime en lo relativo a la defensa y promoción de los derechos humanos de sus habitantes.

Tortura

Jorge Narro Monroy (integrante de la asamblea del CEPAD)
Artículo publicado en el periódico Mural, el 24 de diciembre de 2012

A pesar del subregistro de casos, el número de quejas por tortura y malos tratos hechas llegar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del 2006 a la fecha ha aumentado casi 500 por ciento.

El pasado 30 de octubre, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los derechos para todas y todos", conformada por 73 organizaciones de 21 entidades del País, presentó ante el Comité contra la Tortura de la ONU el documento "Situación de la Tortura en México".

Según detalles, entre enero de 2007 y finales de febrero de 2012, la CNDH registró 251 casos de tortura. En lo que respecta a tratos inhumanos, crueles y degradantes, estas son las cifras: 330 en 2006, 395 en 2007, 987 en 2008, mil 105 en 2009 y mil 161 en 2010.

Igualmente, de 2006 a la fecha las denuncias en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se han incrementado considerablemente: en 2006 la dependencia fue señalada como responsable en 182 quejas presentadas ante la CNDH, en 2011 la cifra saltó a mil 626. Y en el primer semestre de 2012 ya alcanzaba las mil 164 quejas.

Con todo, a nivel federal y de acuerdo a la Procuraduría General de la República (PGR), entre enero de 1994 y junio de 2010 se condenó sólo a dos personas por el delito de tortura. La misma dependencia informó en su momento que entre el 1 de diciembre del 2006 y el 30 de junio del 2010 se iniciaron 41 investigaciones, de las cuales solamente una fue consignada; es decir: 2.4 por ciento del total.

Respecto del fuero común, el panorama es el mismo: en 2006 hubo dos sentenciados por el delito de tortura; en 2007, cinco; en 2008, cuatro; en 2009, tres; en 2010, seis y en 2011, diez.

En lo que se refiere al Estado de Jalisco, desde la entrada en vigor en 1993 de la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura, ésta no ha sido aplicada. De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Justicia para la Paz y el
Desarrollo AC (Cepad), institución de la sociedad civil que opera en la entidad, a la fecha no existe un caso (al menos uno registrado) en el que se haya aplicado esa ley a agentes del Ministerio Público, a policías investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a miembros de algún cuerpo policiaco o a personal adscrito al sistema penitenciario de la entidad.

Ello, no obstante que el 28 de mayo de 2004, en el marco de la tercera Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea realizada en Guadalajara, la Policía estatal torturó a 19 personas, realizó 15 detenciones arbitrarias y 73 retenciones ilegales e infligió tratos crueles, inhumanos y degradantes a 55 personas. Ello, no obstante que el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), organización mexicana que cuenta con peritos especializados en la materia, ha documentado ocho casos en Jalisco a partir del 2006.

En su investigación, el Cepad señala que la mayoría de las quejas y recomendaciones, relacionadas con casos de tortura, emitidas entre 2000 y 2009 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), está dirigida al titular de la PGJE (803 de las 933 quejas registradas). En su conjunto, las recomendaciones señalan a 973 servidores públicos de esa dependencia. Sin embargo, el ombudsman estatal no ha presentado ninguna denuncia formal por tortura. ¿Qué tanto por no "meterse en problemas"" y arriesgar su relección, qué tanto porque la denuncia tiene que ser ante la misma Procuraduría?

Así las cosas, a nadie debe extrañar que en el año 2008 -por ejemplo- sólo una de cada 10 conductas violatorias de la ley haya sido denunciada ante la autoridad encargada de investigarla. Si la PGJE es la más señalada (y no en corrillos sino formalmente y ante la CEDHJ) por practicar la tortura, habría que estar loco para acudir a ella a denunciar un presunto delito. Con un poquitito de mala suerte la víctima vuelve a ser victimizada, ahora por los encargados de indagar sobre su caso.

Los Derechos Humanos empiezan el nuevo sexenio con serios tropezones

 

El pasado 1° de diciembre Enrique Peña Nieto tomó protesta como cabeza del Poder Ejecutivo Federal, por lo que jóvenes de diferentes grupos se organizaron haciendo una marcha desde la Plaza Juárez hasta la Expo Guadalajara, donde se llevaba a cabo la Feria Internacional del Libro, para expresar abiertamente su rechazo a lo que consideran la imposición de un nuevo gobierno.

Muchos de nosotros fuimos testigos ya sea por los medios de comunicación, por los vídeos en YouTube o porque conocemos personalmente a algunos de los manifestantes, de la forma en que la policía de Guadalajara intervino en la marcha: primero escoltándola a través de un control exagerado de casi una veintena de patrullas, para luego arremeter violentamente en contra de los manifestantes.

La convocatoria a la manifestación fue pacífica, y la gran mayoría de las y los jóvenes expresaban su repudio al gobierno entrante con consignas verbales, con frases creativas y en pleno derecho de su libertad de expresión. Desafortunadamente hubo algunos, que con la cara cubierta se expresaron violentamente, aventando piedras, causando daños a los edificios del PRI en Jalisco y de Televisa, y agrediendo a los policías en las inmediaciones de la Expo. Sin embargo, la policía no hizo nada para detenerlos en su momento, y fue hasta que se encendieron los ánimos que arremetieron contra cuanto joven se encontraron en su camino.

Varios de los jóvenes al percibir las agresiones, decidieron seguir su manifestación tomándose de las manos y sentándose en el piso, como una muestra clara de que la intención fundacional de la marcha era pacífica, y que pretendían expresar su rechazo y su enojo, sin violencia. Poco importó a la policía esta muestra de no agresión, ya que los golpearon indiscriminadamente.

Es preocupante e indignante ver cómo las autoridades son incapaces de actuar de manera eficiente y que los provocadores no hayan sido detenidos en su momento, sino que por el contrario, fueran agredidos y detenidos aquellos que nada tuvieron que ver con los daños materiales y con la violencia. Más preocupante es aún observar imágenes que evidencian una violencia de género desmedida de policías golpeando con las macanas a jóvenes mujeres, agrediéndolas física y verbalmente.

Terrible ha sido también el papel de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, quien no sólo no supo ponerse de lado de los ciudadanos víctimas de la agresión policial, sino que además emitió medidas cautelares contra la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad, en una contradicción ridícula siendo que fue la Policía de Guadalajara la que violó los derechos humanos de las personas que de manera pacífica expresaban su inconformidad y su rechazo al nuevo gobierno.

La mayoría de las detenciones fueron ilegales, y el uso desproporcional de la fuerza pública son signo claro de represión al derecho ciudadano de expresarse y manifestarse libremente.

Indigna también la evidente violencia de género que se suscitó ese día por parte de las autoridades: mujeres jóvenes siendo golpeadas brutalmente, agredidas con vejaciones, manoseadas y violentadas con lenguaje sexista.

No podemos aceptar que se equipare a quien protesta con un delincuente. Es cierto que hubo algunos jóvenes que actuaron violentamente y destruyeron patrimonio ajeno. Se les debió sin duda haber detenido en su momento, tomando en cuenta los protocolos de acción correspondientes a este tipo de situación.

Cómo leer este mensaje de represión de las nuevas autoridades sino como un desconocimiento al derecho constitucional que tenemos todas las personas a manifestarnos y protestar ante cualquier situación que consideremos lo merece, sin que por ello se nos considere criminales. Qué hacer con una policía municipal que desconoce totalmente el protocolo legal para la detención de personas. Y qué decir de la incapacidad y complicidad de la CEDHJ en los eventos ocurridos el pasado 1° de diciembre. En qué momento podremos transitar hacia un gobierno que de verdad entienda lo que es cumplir con el estado de derecho.

 

                                                                                                                                                  Paola Lazo Corvera

                                                                                                                                                        Diciembre 2012