martes, 16 de diciembre de 2014


Repensar el espacio público para exigir el respeto de los Derechos Humanos


Jesús Manuel González Huerta, es voluntario del Cepad AC.

 
El pasado 10 de diciembre de 2014 en el marco de la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el ombudsman de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, señaló:


“La protesta ciudadana debe ser respetada, impulsada y fomentada; pero alterar el orden público, cometer delitos y vulnerar los derechos de terceros se debe revisar... Hay lugares específicos para hacer protesta, las plazas públicas son el lugar específico. No es a base de posicionarse de edificios públicos ni a base de bloquear calles. Las calles son para transitar y deben de respetarse, si no, se afectan derechos de terceros. Y también los terceros son las propias instituciones públicas".


Se alcanzan niveles críticos de preocupación, cuando un Ombudsman, defensor del pueblo por antonomasia, advierte que el espacio público no puede ser tan “público” para que los ciudadanos exijan al Estado cumplir con sus obligaciones, así como manifestar la indignación ante el horror apabullante que originan las violaciones graves de Derechos Humanos, como son la tortura y la desaparición forzada.

 
Ante el oleaje de violencia, se acude al espacio público como medio de expresión y apropiación social, que nos otorga el reconocimiento del otro en el trascurrir cotidiano de la vida colectiva, mismo que se ha tomado recientemente por miles de personas en distintas ciudades para expresar al unísono ¡Ya me cansé!


Sobre la alteración del orden público, abrimos el debate ¿Qué es el orden público?, ¿Se altera el orden público ante el desorden privado? Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos el “orden público” no puede ser invocado para suprimir un derecho garantizado por la Convención Americana, para desnaturalizarlo o para privarlo de contenido real. Si este concepto se invoca como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, debe ser interpretado de forma estrictamente ceñida a las justas exigencias de una sociedad democrática, que tenga en cuenta el equilibrio entre los diferentes intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención Americana.


Es evidente que una argumentación con respecto a la alteración del orden público para revisar las abruptas apariciones de personas en las calles, cuando hacen uso de su derecho a la libertad de expresión y reunión, no es válido. Son los tiempos y los acontecimientos los que nos arrojan a repensarnos ante el espacio público, ante las legislaciones que persiguen criminalizar la protesta social, inhibir el encuentro con el otro ante la alarmante situación del país.


El estado se ha esforzado por mantener el orden en las calles: reformas constitucionales –como la reciente aparición del derecho a la movilidad universal–; legislaciones que regulan las manifestaciones; la insurgencia como un problema de seguridad pública; la banalización de la exigencia de justicia. Son muchas las estrategias utilizadas para mantener en silencio a la ciudadanía ante el desborde del orden privado dentro de las instancias de gobierno.

 
Hoy es necesario que las personas conozcan los avances en materia de Derechos Humanos en el país como herramientas para la exigibilidad y justiciabilidad de los mismos, a su vez reconocer los esfuerzos por parte de la sociedad civil organizada para defenderlos, para defender el espacio público y exigir el respeto de los Derechos humanos.

miércoles, 3 de diciembre de 2014

Lo que nos toca en Jalisco

Gerardo Moya García es miembro de la Asamblea del CEPAD AC


El pasado 27 de Noviembre del 2014, el Presidente de la República dio un mensaje a la Nación, en el que presentó 10 puntos para cambiar a México.

 
El Estado Mexicano está a prueba.  Así lo dicen las múltiples manifestaciones de hastío público en México y en el extranjero, pero por dónde iniciar, qué le toca hacer por ejemplo a las entidades federativas.

 
Las 10 propuestas del Presidente, algunas ya presentadas tiempo atrás, no arrojarán el éxito deseado, mientas no se toque la “estructura” que mantiene al sistema político como está. De poco sirve enviar iniciativas de Leyes Generales sobre tortura o desaparición forzada; si las actuales, por ejemplo la de Tortura en Jalisco, no se aplica (no se acepta, no se investiga, no se sanciona, no se repara). De poco sirve que existan protocolos de actuación de los cuerpos policiales apegados a las mejores prácticas internacionales, si se quedan en el papel, si se sigue sin respetar el derecho a la libre manifestación de ideas, al libre tránsito.

 
Las manifestaciones públicas, son el pulso del descontento social con un sistema de impunidad, de pobreza, de inseguridad que debe ser “escuchado”, no reprimido.


La impunidad, está en todos lados (feminicidios, desapariciones forzadas, tortura)  pero sobre todo en las estructuras políticas y empresariales que sostienen al crimen organizado o que forman parte de él; en sus negocios, en sus inversiones; eso también hay que transparentarlo.  

 
La ley en todas partes del mundo es cambiante, perfectible, pero en México el mayor problema no es su atraso, sino su falta de aplicación, y de aplicación imparcial.

 
Mientras no se combatan las causas estructurales que mantienen a más de la mitad de la población en la pobreza, sin tener acceso a una vida digna; mientras el salario mínimo siga como está y no hayan fuentes de empleo suficientes y bien remuneradas; mientras sigamos sin aplicar la ley y transparentando a la sociedad información veraz; el descontento irá en aumento.
 
Nos corresponde a todas y todos ser creativos para implementar medidas en las que nos involucremos como sociedad, no la sociedad complaciente, sino la crítica, y dirigir el barco a un puerto más justo para todos y todas.      



La evaluación finalmente, se hará por los hechos, no por las propuestas.

martes, 28 de octubre de 2014

#Ayotzinapa: comunicar no es gobernar

Juan S. Larrosa-Fuentes, integrante del CEPAD AC
28 de octubre de 2014














Foto: Carlos Sánchez Pimienta

Las protestas en redes virtuales y en las plazas públicas sobre el caso Ayotzinapa tuvieron eco en la prensa internacional y medios como The Economist, The New York Times o The New Yorker retomaron críticamente el tema. En estos medios se publicaron diversas informaciones, análisis y opiniones sobre Ayotzinapa. Entre todo este mar de noticias, diversos artículos publicados en la prensa internacional resaltaron las contradicciones de la realidad mexicana. Por un lado, en el verano de 2014 Enrique Peña Nieto operó una serie de reformas en el Congreso mexicano que fueron alabadas en el extranjero. Gracias a una estrategia de relaciones públicas apareció una narrativa periodística que nombró a todos estos cambios como el “Mexican Moment”, o el gran momento mexicano. En contra parte, meses después de las transformaciones legislativas, el gobierno enfrenta una de las crisis de seguridad pública más grandes de los últimos años y la narrativa pasó del “Mexican Moment” al “Mexican Murder”. En cuestión de días la estrategia de relaciones públicas de Peña Nieto fue anulada por el caso Ayotzinapa.

El cuento del “Mexican Moment” nos recuerda que la historia se repite. Hace veinte años el gobierno federal, luego de conducir una serie de reformas estructurales, presumía que México estaba por entrar al primer mundo. Después vino el levantamiento zapatista y terribles magnicidios que destruyeron el esfuerzo legislativo y de relaciones públicas de los jóvenes tecnócratas y neoliberales. Veinte años después, utilizaron la misma estrategia para pactar y legislar, para comunicar y convencer. Sin embargo, se volvieron a tragar el cuento que dice que gobernar es comunicar. Se volvieron a tragar el cuento que dice que una estrategia de comunicación basta para convencer al mundo que la realidad es otra. Basta con rehacer la fachada de la casa, pintar las paredes y colocar duela falsa para que los vecinos vean nuestra prosperidad, no importa que la casa no tenga cimientos y que en el sótano, húmedo e inmundo, viva la mayor parte de nuestra familia. La comunicación, en política, puede engañar, pero no puede suplantar la realidad. Ahora, las portadas de Time y Rolling Stone que reprodujeron el copete de Peña Nieto, confirman la banalidad y ligereza de la estrategia de comunicación gubernamental.


El Estado moderno nació para garantizar seguridad al cuerpo de las personas, para asegurar que estos cuerpos no serían maltratados o destruidos, para garantizar la libre circulación de estos cuerpos y que sus bienes materiales serían respetados. El inaceptable truco comunicativo de hace veinte años, como el de ahora, es el de crear un escenario en el que aparentemente el Estado mexicano cumple con sus funciones y garantiza estos derechos. Las reformas estructurales actualizaron las reglas de un sistema viejo y que le costaba seguir operando bajo un paradigma neoliberal. Sin embargo, esta actualización no buscó transformar los equilibrios de poder. Las reformas remodelaron la casa, pero ni siquiera se atrevieron a abrir el sótano. En esa lógica una pieza crítica publicada en la prensa estadounidense puede mover más hilos en el gobierno mexicano que la desaparición de 43 personas.

miércoles, 15 de octubre de 2014

De San Fernando a La Barca e Iguala

Francisco Macías Medina, integrante del CEPAD AC
16 de octubre de 2014

No se trata de un viaje o de una propuesta de ruta, aunque pudiéramos organizarla de tal manera que nos sirviera de un ejercicio profundo que cuestionara el momento por el que pasamos como país.

Hace apenas un par de semanas, fuimos testigos de como la palabra  “estudiante”  adquiría un significado renovador, de inteligencia y lucha en el caso del Instituto Politécnico Nacional, hasta pudimos soñar por momentos en la construcción de una democracia basada en la discusión pública.

Casi al mismo tiempo en Iguala, se imponía la realidad de un país que se ha negado la posibilidad de verse así mismo, a su nación y a quienes la conforman, con toda su complejidad.

Nos hemos conformado con etiquetarnos y justificarnos hasta el cansancio por esta violencia, nos ha bastado ver números a la baja, pero no dignidades a la alza, nos conformamos con palabrería política que nos lleva a  “movernos” sin saber a dónde. Ahora lo sabemos.

Lo que une a San Fernando, Tamaulipas, a La Barca, Jalisco (ambos con fosas con más de 70 cuerpos) y a Iguala,  es la eliminación brutal e injusta de lo humano y su futuro, la existencia de instituciones que han abandonado definitivamente su función esencial cuyo fin principal era facilitar la libertad indispensable para decidir la vida que se deseaba tener, al ser normalista,  joven, padre de familia, migrante. mujer o desempleado en búsqueda de un mejor futuro.

No hay más tiempo. Es momento de reflejarnos en ellos, alzar la voz, alentar la esperanza y reorganizarnos en un marco de libertad para exigir justicia y consuelo.

Hoy  ¡Todos somos Ayotzinapa!

jueves, 18 de septiembre de 2014

Iniciativa de ley, ¿realmente a favor de la niñez y adolescencia?

Paola Lazo Corvera, integrante del CEPAD AC
18 de septiembre de 2014

El pasado 1º de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa preferente de Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Es de celebrar que se haya considerado prioritaria esta propuesta de Ley, y que al considerarse preferente, obligue al Congreso a revisarla y aprobarla en un máximo de 30 días.  Es también un logro que se intente legislar con urgencia para atender la violación constante a sus derechos del que son víctimas día a día niños, niñas y adolescentes en nuestro país.

Sin embargo, haciendo un análisis detenido, la propuesta tiene fallas y carencias serias, que en principio denotan una falta de enfoque de derechos humanos en su elaboración, y sobre todo la necesidad de un cambio de paradigma para dejar atrás la visión asistencialista de la defensa y protección de los derechos de la infancia, hacia una en la que se les considere sujetos de derecho. Mientras no se dé este cambio de visión, las acciones que se lleven a cabo serán meramente cosméticas, desde un rol tutelar y proteccionista del Estado, y no uno que los involucre activamente como titulares de derechos.

En principio, la iniciativa de Ley no plantea el reconocimiento explícito de la ciudadanía jurídica de niñas, niños y adolescentes, por lo que no logra ampliar la atención del Estado más allá de un cuidado proteccionista y asistencialista, y no propone espacios de autonomía para su participación en los espacios públicos que tienen que ver con su vida cotidiana y con los asuntos que son de su interés.

Un aspecto propuesto por la Ley y que habrá que analizar con detenimiento tiene que ver con la reglamentación para que los medios de comunicación publiquen información sobre niños, niñas y adolescentes sin violar su derecho a la intimidad. Sin duda es necesario vigilar el que los medios tengan responsabilidad en el manejo de datos e información de manera que se proteja su identidad, privacidad y seguridad. Sin embargo, hay que ser muy claros en las disposiciones de dicha regulación, ya que se corre el riesgo de que se maneje con discrecionalidad o de que se limite la libertad de expresión de las y los niños y adolescentes. Es necesario garantizar que tengan presencia en los medios para que estén representados y se escuche su voz, y para visibilizar las violaciones a sus derechos y las agresiones de que son víctimas diariamente. ¿Cómo se utilizaría esta ley, por ejemplo, para sancionar la reciente “inspección” a que fueron sometidos niños y niñas en Zócalo del Distrito Federal el pasado 15 de septiembre al acudir junto con sus familias a dar el grito de Independencia? Las imágenes difundidas en las redes sociales son más que evidentes y muestran la visión de fondo que tiene el gobierno federal en torno a los derechos de la población infantil y juvenil.

La Ley deja pendiente también la atención a una población doblemente vulnerable: los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Al no incluir en la propuesta lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es una ley que los invisibiliza y los discrimina nuevamente.

Si se quiere de verdad atender las situaciones emergentes que esta población enfrenta de manera cotidiana en nuestro país, se requieren leyes y estrategias específicas que garanticen el derecho a todos los principios señalados en la Convención, recordando que ningún principio se garantiza en su totalidad sin la presencia de los otros. Y que para asegurarlos se requiere mucho más que buenas intenciones, se necesita un presupuesto autónomo y específico, un cambio de paradigma, capacitación y sensibilización en todas las instituciones públicas vinculadas con su atención, sanciones ejemplares ante la violación de sus derechos, acciones que provoquen cambios concretos en las forma en que funcionan las instituciones en este país, y  procesos de evaluación de las políticas implementadas que permitan su corrección a corto plazo y la continuidad de aquellas estrategias que funcionen. Se trata de atender a necesidades reales, y no sólo de maquillar o apagar fuegos mediáticos y superficiales. Impulsar el cambio cultural y estructural que nos lleve a construir un México propicio para el desarrollo de la infancia y la juventud.

viernes, 5 de septiembre de 2014

¿Por qué las personas tienen que salir a tomar las calles? Reflexiones sobre la movilización de los wixárikas

Dr. Carlos Peralta Varela, Presidente del CEPAD AC
28 de agosto de 2014

Las organizaciones o las comunidades no salen a movilizarse, marchar y tomar las calles por pasatiempo. Lo hacen por necesidad. Su acción busca llamar la atención de la sociedad y de las autoridades para atender una necesidad o para resolver un problema importante.

En el caso de la reciente movilización de los wixárikas (huicholes), el 20 y 21 de agosto pasados, tuvieron que dejar su casa, venir a Guadalajara e instalarse frente a dos dependencias del gobierno federal, para que las autoridades se movilizara y cumpliera con algo que ya habían ganado legalmente en los tribunales y que podría haberse resuelto hace años. Tenían la razón ética y jurídica para actuar, y si resumiéramos su solicitud ésta era: ya estuvo bien de mentiras y de darle largas al problema, ¡queremos acciones concretas!

En julio de 1953, una resolución presidencial que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, les otorgó a los wixaritari de San Sebastián Teponahuaxtlán un total de 240 mil hectáreas. Hace poco más de una década pobladores de Huajimic, perteneciente a Nayarit, invadieron sus tierras y se apropiaron de 10,000 hectáreas. Obviamente los wixaricas tenían muchos caminos posibles de acción, uno de ellos era haber intentado desalojar a los invasores, sin embargo decidieron seguir un camino más respetuoso y denunciaron el hecho ante las autoridades, pero éstas no hicieron nada al respecto. No se resignaron y decidieron siguieron el muy largo y tortuoso camino que marca la ley para lograr la restitución de sus tierras. Desde el año 2007, han interpuesto demandas y llegaron a tener 45 juicios de restitución de tierras de los cuales a partir del 2012, se han emitido cinco sentencias a su favor y ninguna de éstas se había ejecutado. Es decir, siguieron el proceso que marca la ley, gastaron dinero en los juicios, pasaron cinco años para que se reconociera (a través de las sentencias) que debían restituírseles las tierras, pero han pasado otros dos años más sin que nada efectivo suceda.

Mientras se realizaban los juicios otra dependencia federal intervino, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (sedatu), y sugirió que el caso se desahogara como parte del programa Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer). Entre 2009 y 2012, la dependencia aparentó atender el conflicto y dijo buscar que el problema se resolviera por la conciliación entre las partes, sin embargo la sedatu no atendió el conflicto de fondo el asunto y la invasión persistió.

El colmo fue que el Tribunal Superior Agrario ordenó que un tribunal de Nayarit ejecutara una de las sentencia de restitución por un total de 10,000 hectáreas. Sin embargo en Nayarit no quisieron ejecutar la sentencia. Es decir, las autoridades no quisieron hacer caso cumplir y ejecutar una orden de un tribunal.

Tengamos presente entonces que la movilización de los wixárikas se debió a un conflicto que ellos no provocaron y que no fue atendido adecuadamente. Teniendo la autoridad federal la posibilidad de resolver desde hace años el problema de la invasión, no actuaron. En este caso la comunidad se vio obligada a tomar las calles tan solo para lograr ser escuchada y atendida en forma efectiva Nos queda por último la idea de que si la autoridad fuera eficiente en la solución de problemas que aquejan a la sociedad, ésta no tendría que salir a las calles.

miércoles, 20 de agosto de 2014

Lo mínimo del salario mínimo.

Mtro. Gerardo Moya García. Integrante de la Asamblea del CEPAD AC.

Lo mínimo del salario mínimo.


¿Alguna vez se ha puesto a hacer el ejercicio de cuál sería el monto mínimo de salario mensual para cubrir las necesidades básicas de vida digna, digamos de una familia de 4 personas?


Empecemos por la vivienda, seguro no tienen casa propia, por lo que una renta módica de al menos 2 mil pesos bastaría para tener al menos cuartos separados, uno para los hijos y otro para la pareja. El dinero que gastaría una familia urbana de cuatro miembros en un supermercado sería alrededor de los 2 mil pesos mensuales. ¿Las escuelas de los dos hijos? públicas por supuesto, lo cual no quiere decir que no tengan que pagar útiles y cuotas para cuanta cosa necesaria-en algunas ocasiones hasta para papel para los baños- que junto con el transporte, en autobús urbano, sumaría otros 800 pesos mensuales aproximadamente. Otros 400 pesos para el transporte de los padres, y qué decir de la “vestimenta”-ropa, zapatos, etc.-con lo rápido que se acaban los niños la ropa y los zapatos, sumemos prorrateadamente unos 300 pesos.


La luz, el agua, el gas, y el teléfono (internet), sumarían un aproximado mensual de unos 600 pesos. Seguro también tendrían que comprar algún regalo de cuando en cuando por asistir a alguna fiesta de compromiso familiar o social a la que sean invitados, o navidad o cumpleaños, sumen 300 pesos. ¿Vacaciones? Sí pero no muy lejos…, por ejemplo un picnic en el campo el domingo una vez al mes, o a algún balneario… otros 300 pesos.


¿Salud? Seguro popular, IMSS… difícil de calcular, pero cuando hay alguna emergencia, luego uno cae con algún médico particular que entre la consulta y los medicamentos paga unos 400 pesos. Todo lo anterior, suma un total de $7,100 pesos mensuales.


¿Muebles, electrodomésticos, utensilios de cocina y de aseo personal? ya ni los calculo; tampoco aquellos gastos extras que surgen aunque no los queramos (gastos funerarios de algún familiar cercano; viaje por tierra para visitar a algún familiar enfermo, y un largo etcétera de imprevistos que pueden surgir).

 
Pues bien, el salario mínimo general en la zona en la que es más alto, es de $1,913.10 pesos mensuales. Saque usted mismo las conclusiones.


Uno de los argumentos para no subir el salario mínimo, es el de que éste sólo sirve de referencia, pero que en realidad nadie lo gana. David Foust, en su opinión en el editorial de “La silla Rota” el pasado lunes 18 de agosto, refirió que el 13% de la población ocupada percibe hasta un salario mínimo, y 60% de la población ocupada percibe tres o menos salarios mínimos (ENOE, primer trimestre 2014) y, por lo tanto, están por debajo de la “línea de bienestar” que fija el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

 
¿Con qué poder adquisitivo podrán estas familias ser los consumidores que los empresarios esperan? ¿A qué tentaciones de “dinero fácil” se enfrentan para mantener a la familia? Desde mi punto de vista dos son los elementos preponderantes de la problemática delincuencial que vivimos en México: la impunidad y la pobreza.


La propuesta de David Foust en su artículo, me parece sensata: No se puede subir de golpe el salario mínimo a 7 mil pesos mensuales. Dice: “debe remitirse a un diálogo entre trabajadores y patrones que considere los márgenes de productividad de las empresas”, la mayoría de éstas en México de tipo “micro”, que no soportarían un aumento así de exponencial, pero sí un importante aumento de inicio por ejemplo a 4 mil pesos, que sirva de punto de partida para hacer un ejercicio presupuestal que permita a las empresas irlo aumentando paulatinamente con la intención de que llegue en mediano plazo a cubrir las necesidades básicas planteadas.