miércoles 15 de febrero de 2012

México a examen ante el Comité sobre la Eliminación de cualquier forma de Discriminación Racial

foto: Conapred




Hechos recientes como la sequía en la zona Rarámuri del país, nos demuestran que los pueblos originarios sin duda son de los más marginados. Caminan en ese silencio de carencias que llegan al nivel de la privación del alimento y que exigen de nosotros toda nuestra solidaridad.


La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 2, reconoce la igualdad de derechos en todas las personas, sin distinción de raza, religión o de alguna convicción política, sin embargo en la práctica aunque pareciera lo contrario, seguimos ejerciendo la discriminación como una práctica cotidiana.


Esto lo comentamos a propósito del examen periódico de México ante el Comité Internacional sobre la Eliminación de cualquier forma de Discriminación Racial, en el cual se dará cuenta del grado de cumplimiento de este importante instrumento internacional.

En su preámbulo se cataloga a la discriminación como un “obstáculo a las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones y puede perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos, así como la convivencia de las personas aún dentro de un mismo Estado”.

Define a la de tipo racial, como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública” , por cierto del que queda fuera el concepto de ciudadano o no ciudadano, no obstante la creciente transmigración. (ver Convención)


El informe que presenta el Estado Mexicano, lo hace con un retraso de cinco años, aspecto que ya de por sí nos dice mucho respecto de la importancia del tema, en él se informa que de acuerdo a la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (2005), los grupos más discriminados son: los Adultos Mayores (40,5%), grupos indígenas (15,6%), personas con discapacidad (14,5%), personas que viven con VIH/Sida (10,8%), las y los niños (9%), las madres solteras (4.4%), desempleados (3%), extranjeros (1.3 %).


Sin embargo, exclusivamente al analizar la situación de discriminación de los pueblos indígenas, textualmente se señala:




No obstante, el 43% opina que los indígenas tendrán siempre una limitación social por sus características "raciales"; uno de cada tres opina que lo único que tienen que hacer los indígenas para salir de la pobreza es no comportarse como indígenas y el 40% estaría dispuesto a organizarse con otras personas para solicitar que no se permitiera a un grupo de indígenas establecerse cerca de su comunidad. Por su parte, el 93% de los indígenas siente que tiene menos oportunidades para conseguir trabajo; tres de cada cuatro indígenas consideran que tienen menos oportunidades para ir a la escuela que el resto de las personas; dos de cada tres indígenas opinan que tienen pocas o nulas posibilidades para mejorar sus condiciones de vida y uno de cada cinco considera que se le ha negado trabajo por el simple hecho de ser indígena. (14)

Sólo este párrafo del informe ejemplifica una clara ausencia de vínculos sociales con la cosmovisión de los pueblos originarios, lo que implican sus creencias, costumbres, formas de vida y de resolución de conflictos.


Cuando colocamos como solución para que salgan de la pobreza “el que dejen de ser indígenas”, nos encontramos imponiendo nuestra forma mestiza y occidentalizada de vivir, creando las condiciones para una distinción o incluso una segregación.


No extraña entonces el alzamiento Zapatista en Chiapas, cuyo ejemplo de autonomía en los caracoles es estudiado a nivel mundial.


Ni tampoco el caso de la comunidad de Cherán en Michoacán, quienes sin la existencia de partidos políticos y con un consenso total de los barrios nombraron por usos y costumbres a sus representantes, sin instituciones electorales de por medio.


Ahora se entiende también porque un proyecto minero pretende establecerse en Wirikuta, sitio sagrado Wixárika, porque simplemente tenemos una raíz de discriminación racial difícil de extraer y que tenemos que combatir.

miércoles 25 de enero de 2012

Opinión del Cepad en prensa sobre la reeleción del Ombudsman


La Jornada Jalisco

Se trata de un grave retroceso que obedece más a intereses políticos, que a una defensa de la dignidad de las personas en Jalisco. La CEDHJ es de las que tienen el más bajo desempeño y más caras del país.


Legisladores ratificaron "fast track" al "ombudsman"

El Congreso perdió la posibilidad de hacer una evaluación pública del desempeño y de generar procesos de participación crítica y análisis de la sociedad, sobre el tipo de ombudsman que quiere y deberíamos tener.


Rechazan reelección de Álvarez Cibrián

El Ombudsman reelecto tiene un bajo desempeño y perfil en el puesto.


Atender la problemática de Seguridad un pendiente de Cibrián



La CEDHJ ha operado bajo una lógica corporativista. Tiene serios problemas en la tramitación de las quejas y en el cumplimiento de las Recomendaciones.

martes 24 de enero de 2012

¿Violación al derecho a la vida o ejecuciones extrajudiciales?

Foto: El Informador

Es el contenido de la nota informativa publica en El Informador, en la que se precisa que por lo menos recientemente han existido 25 decesos de personas a manos de agentes policiales, lo que se suma al incremente en la letalidad en la actuación de las corporaciones estatales.

En opinión del Cepad dichas conductas incrementan la violencia y profundizan lo que el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU ha llamado "cadena de atrocidades": impunidad, gobiernos autocráticos y una sociedad receptiva a un discurso violento.

Ver nota completa

lunes 23 de enero de 2012

La "elección del Ombudsman".



Tomado del blog de Manuel Falcón.

miércoles 18 de enero de 2012

Rumbo a una elección del Ombudsman en Jalisco, sin participación social.



Pareciera repetirse el ciclo ocurrido el 28 de junio de 2007, cuando se eligió por un periodo de cinco años a Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, al frente de la actual administración de la CEDHJ, en medio de agresiones a un grupo de activistas en el recinto legislativo que protestaban.




El Cepad en ese mismo año, realizó una “Evaluación sobre el proceso de elección del Ombudsman en Jalisco”, la que arrojó que la decisión además de poco transparente se había centrado en un acuerdo de intereses políticos y no en un ejercicio democrático.




Se sugerían reformas para que se incrementaran mecanismos de rendición de cuentas que permitieron evaluar resultados, sobre todo de aquellos que ya estaban en el ejercicio del cargo. Posibilitar la máxima transparencia en la elección, además de ajustar el marco legal, para que existiera incluso un perfil del defensor, actualizado, ético y de acuerdo a las necesidades urgentes de la población de Jalisco.




El 16 de enero de 2012, trascendió que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, emitió la convocatoria para llevar ese importante proceso de elección, desafortunadamente su contenido demuestra :





1. Que no tiene ninguna relación con la reciente modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (102 apartado B), en donde se exige que en este tipo de decisiones “se ajusten a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente”.
La restricción de los plazos (solamente dos días para el registro de aquellas personas que aspiren al cargo), la premura con que se lanza la convocatoria, cuando el nombramiento del actual presidente vence el 2 de agosto de 2012, además de que todo el procedimiento se declara como “reservado” en el acceso a la información, demuestran ampliamente lo anterior.




2. Se promueven exclusivamente los requisitos legales, sin colocar un perfil idóneo consultado con la sociedad civil para un Ombudsman, en donde debería de incluirse:




a) Independencia e imparcialidad de cualquier poder político, económico o de cualquier otro tipo;
b) Contar con el apoyo de los principales grupos de organizaciones de la sociedad civil (serios y comprometidos), dedicados a la promoción y defensa de los derechos humanos;
c) Experiencia que refleje no sólo una hoja de vida, sino aspectos que demuestren su dedicación en la defensa y promoción de los derechos humanos. Por ejemplo, su trabajo personal realizado en organismos públicos y privados defensores de los derechos humanos o de manera independiente, publicaciones de trabajos, elaboración de propuestas legislativas, impartición de conferencias, clases o cursos.
d) Evaluar que no sea influenciable por razones de conveniencia personal
e) Que sus opiniones sean arraigadas y no sólo circunstanciales
f) Que la comunidad lo considere una persona capaz, preparada y con un alto nivel profesional.




3. Se omite la realización de un examen de conocimientos, que aunque no garantiza un perfil efectivo, permito apreciar el nivel en el que se encuentran los aspirantes.




4. Por último, algo sumamente importante, omiten solicitarles un plan de trabajo para la institución, en este aspecto cabe la pregunta: ¿usted contrataría a alguien sin conocer alguna propuesta para el puesto al que aspira?.




Como se aprecia claramente, el Congreso del Estado no garantiza un proceso participativo, transparente, claro y alejado de intereses políticos, con lo cual contagiarán de ilegitimidad la próxima designación de quien encabece los trabajos de la CEDHJ.

miércoles 11 de enero de 2012

Para el inicio de año: un acercamiento al 2011 en el tema de los derechos humanos


Iniciamos un nuevo año en el que buscamos renovar la esperanza, para hacerlo es indispensable fortalecer nuestra memoria como un forma de oponernos a aquello que nos impide encontrarnos en nuestra dignidad como personas, para evitar que esos hechos ocurran de nueva cuenta.

El 2011, lo podemos catalogar como el año que comprueba para nuestro infortunio, que Jalisco tiene una caída estrepitosa en el cumplimiento de los derechos humanos.

Algunos de los aspectos de mayor preocupación, es la constante discriminación en la entidad, al grado de que algún legislador se basó en ello para promover una prueba antidoping para la infancia, cuando lo que se requiere es inclusión, protección y apoyo, además de espacios de escucha, sobre todo ahora que la inseguridad de la calle, tiene un alto contenido de rumores y temores, muchos de ellos fundados.

Existe la necesidad de incorporar una ley, que prevenga y elimine este fenómeno, además de que promueva el derecho a la igualdad, como una forma de construirnos mejor como sociedad.


La agenda de los derechos humanos de la mujer, continuó con signos preocupantes al superar la cifra de feminicidios de 2010, para llegar junto con el 2011 a 142, cifra que nos indica el nivel de riesgo.Mientras tanto el Gobierno estatal y el Instituto Jalisciense de las Mujeres, se han negado tajantemente a declarar la alerta de género que posibilitaría una intervención de emergencia.

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se han colocado en situación de riesgo, al criminalizarse a grupos de personas que sólo buscan su propio desarrollo. Es el caso de las playas de Tenacatita, en el que el Poder Judicial asociado con el Gobierno del estado e intereses privados, desalojaron violentamente a varias familias que sólo promovieron y atendieron el turismo durante décadas, para pasarlo a manos del capital. Ahora se trata de una agenda más de impunidad y de predilección hacia los intereses económicos.

La criminalización sufrida por comuneros de la Isla de Mezcala, deja evidencia clara de que en Jalisco no existen garantías para quienes luchan por proteger su propio patrimonio ancestral y su autonomía, o si existen, sólo las hay para los que invaden ilegalmente, amenazan y se apropian de lo indebido, sin que exista un Estado que sancione esos actos de forma eficaz, porque muy probablemente forma parte de los propios invasores.

La tan mencionada paz que celebraban nuestras autoridades, se rompió en el momento en el que aparecieron los cuerpos de 26 personas en los Arcos del Milenio, jóvenes con ilusiones, con trabajo, con familias. Todos ellos muertos por la indignidad de los que han tomado el ilícito como forma de vida, pero asesinados también por la incompetencia de un gobierno que ha escondido información, se encuentra en la inacción y por ello se asocia con la propia delincuencia que dice combatir; no puede existir esta sin un gobierno proclive a ella. La dinámica delictiva de 2011 nos colocó como la séptima entidad con mayor número de homicidios originados por esta espiral de violencia.

Finalizamos el año, con la gravísima ejecución extrajudicial de un padre de familia de uno de los internos fugados del núcleo penitenciario de Puente Grande a manos de Policías del Estado, quienes a manera de un grupo delincuencial, torturaron y tomaron la vida de esta persona, porque consideraron que el parentesco es un delito, convirtiéndose en un grupo ejecutor y no en uno donde la justicia se encuentre de por medio.

Esto reafirma lo señalado por el Cepad en su informe sobre la Tortura en Jalisco, donde documentamos que es una práctica cotidiana en las corporaciones policiales, en la que habían resultado afectadas en una década más de 1000 personas, 79 de ellas niños y niñas.

Parte de las formas en que actualmente se combate la inseguridad, es el incremento de la militarización invisible en la entidad, que arrojó hasta octubre de 2011, 81 inconformidades ante la CNDH, algunas de ellas por desapariciones forzadas.

Defensores, defensoras y periodistas, sufrieron atentados que limitaron su trabajo y nuestras libertades. Los periodistas se enfrentaron además con un gobierno que origina, desarrolla y dirige los ataques a través de funcionarios, que luego con su misma anuencia se convierten en entes "privados" responsables de continuar los ataques, que por cierto no cesaron durante 2011.

Por último, en lo que se refiere a las instituciones que deberían garantizarnos la Justicia, hoy por hoy, tenemos un Poder Judicial paralizado y sumido en sus conflictos internos, así como con graves señalamientos de corrupción, que nos hace pensar en su falta de evolución.

Contamos con una CEDHJ, pero solamente actuando como un membrete mediático, en el que sus pronunciamientos y recomendaciones, no tienen ningún impacto, sobre todo por su falta de autonomía, al ceder más tiempo a reuniones coin actores de partidos políticos o de las aspiraciones a puestos de elección popular de sus integrantes, que a una verdadera defensa con ética de los derechos humanos de las y los jaliscienses.

La publicidad gubernamental no se equivoca, los logros son decorativos y de espectáculo, pero no en el cumplimiento de sus obligaciones de garantizar, promover y respetar nuestras libertades básicas.

jueves 5 de enero de 2012

La tortura evidente en la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco




Las y los invitamos a consultar la opinión de esta mañana, respecto a la ejecución extrajudicial de un familiar de un interno evadido de Puente Grande.

Queda claro que la policía actual actúa sin control y fuera de una corporación de seguridad, además de ejecutar actos que violan de manera grave los derechos humanos.

El Cepad, documentó en su informe sobre la tortura, que esta se practicaba de forma sistemática, lo cuales visible en el presente caso.

Lo más lamentable es que no existe garantía de una investigación, pronta, completa y eficaz, ya que tanto la PGJE, la SSP, como la CEDHJ, no han proporcionado garantías al respecto.

Aquí la nota de la periodista Gricelda Torres de Notisistema.