martes, 22 de julio de 2014

Álvarez Cibrián, el férreo defensor del derecho a la alimentación de la clase política jalisciense

Juan S. Larrosa-Fuentes, integrante del CEPAD AC
22 de julio de 2014

En días recientes regresaron a la agenda mediática las críticas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En esta ocasión las críticas se enfocaron a los despilfarros económicos que el presidente de la comisión lleva a cabo en comidas y banquetes, gracias a la publicación de sendas investigaciones periodísticas de Reporte Índigo y El Informador en las que documentan el trabajo del ombudsman local a favor de la defensa del derecho a la alimentación de la clase política jalisciense. Sin embargo, las críticas a la comisión no se agotan ahí. Por donde se le vea, el trabajo de esta institución es indefendible. En meses recientes han ocurrido intensos debates en torno a la discriminación o la seguridad pública y la comisión ha brillado por su ineficiencia, por su falta de interés, por su falta de sensibilidad o por su supina ignorancia.

Volver a hablar de la comisión puede resultar cansón, especialmente porque ya se ha documentado a través de diversas investigaciones periodísticas y académicas la ineficacia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Tan solo el CEPAD ha documentado las inconsistencias en el proceso de elección del ombudsman, su falta de trabajo e interés en temas tan importantes como el de la tortura o la discriminación, su indolencia ante las realidades ambientales o indígenas, o sus deficiencias en el trabajo general de resolución de quejas y elaboración de recomendaciones. Sin embargo, aunque resulte repetitivo, sigue siendo relevante señalar críticamente que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no sirve, no funciona. Finalmente es una institución que utiliza recursos públicos y que debe un elemental proceso de transparencia, pero especialmente de rendición de cuentas.

No obstante, los problemas de la CEDHJ no responden exclusivamente a su diseño institucional. El trabajo del presidente de la comisión ha sido terrible. Es importante no olvidar los siguientes datos. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián llegó a la presidencia de la comisión con muy poca experiencia académica y práctica en el campo de los derechos humanos. Llegó cuestionado al puesto, tanto así que en las dos ocasiones que ha rendido protesta ante el Congreso, diversas organizaciones civiles y ciudadanos se han manifestado en su contra. Tiene diversas acusaciones por su manejo autoritario del Consejo Ciudadano. Y ahora vuelve a ser cuestionado por el manejo discrecional del presupuesto para pagar comidas a funcionarios públicos, tal como si fuera un jeque.

La megalomanía de Álvarez Cibrián, así como la falta de capacitación e interés en torno al tema de los derechos humanos no nada más se observan en el ejemplo gastronómico, también se pueden encontrar en otros ejemplos, como la página web de la comisión. Basta hacer un simple análisis visual para ver que en todas las fotografías que se despliegan en la página principal aparece la imagen del presidente, siempre vestido con trajes y rodeado por personas que le saludan, sonríen o arropan.  Su nombre, Álvarez Cibrián, es el único escrito página principal. Para rematar, debajo de sus fotos, está el icono de un hombre trajeado, que evidentemente es él, con un papel enrollado en su mano derecha. Debajo del icono y en mayúsculas, aparece un rótulo que dice “EL DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS DE JALISCO”. El icono enlaza a una página que comienza con una fotografía de Álvarez Cibrián en un plano contrapicado, un plano que sirve para denotar poder y control. Después viene una descripción de su credenciales académicas y una serie de vagos e indocumentados elogios como “ha cursado más de cien programas académicos” o que es el “único jalisciense que ha presidido el Comité Directivo de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos que afilia a todos los ombudsman del país”. Las imágenes de la página web hablan por sí solas.

El resto de la página web es similar y gira en torno a la figura de Álvarez Cibrián. Los ciudadanos jalisciense no encontrarán una página útil y que les dé un servicio. Tampoco encontrarán cuáles son los planes y acciones del presidente para la defensa de los derechos humanos de la jaliscienses. Mucho menos encontrarán documentos críticos sobre la administración pública estatal, la actuación de funcionarios públicos, o sobre los contenidos de leyes que violen los derechos humanos, que no los tutelen, o que les falte un proceso de armonización. Los ciudadanos encontrarán una página que, acorde con los tiempos políticos, garantiza el derecho a la buena imagen de los políticos. Lo anterior no es tan grave, pues estamos hablando de una página web. El problema es que esta página es parte de una realidad más amplia en la que existe un manejo autoritario, patrimonialista y oficialista de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.


A casi veinte años de la creación de la CEDHJ es evidente que hace falta una evaluación crítica de esta organización y que esta evaluación sea la base para un rediseño institucional que prevea, entre otras cosas, los mecanismos que eviten la proliferación de funcionarios públicos como Álvarez Cibrián y que abran las puertas al trabajo por la defensa de los derechos humanos. De lo contrario, lo mejor será que la comisión se convierta en un restaurante de lujo al que solamente puedan acudir políticos jaliscienses.

miércoles, 9 de julio de 2014

La historia de unos jóvenes que nos vincula a todos

Mtro. Francisco Macías Medina, integrante del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta
9 de julio de 2014

Se trataba de un grupo de amigos como los hay en muchas de nuestras poblaciones. Los unía la amistad, la fiesta, los proyectos en común sembrados desde sus familias, incluso la confianza probablemente no tan consiente de saber que más allá de la puerta de entrada existía una comunidad que los cuidaba. Más todavía, una autoridad que se suponía nos debería de garantizar seguridad y libertad.

Era junio de 2013 cuando Eduardo Isaías Ramírez Hernández (22 años); Ángel de Jesús Rodríguez Hernández (19 años); Daniel Armando Espinoza Hernández (22 años); José Gerardo Aguilar Martínez (18 años); Marco Antonio Ramírez Cárdenas (19 años), Cristian Fabián Ávila Cardona (18 años) y Rodrigo Espinoza Aguayo (38 años), vecinos todos ellos de Lagos de Moreno, Jalisco, desaparecieron inexplicablemente para sus familias, pero explicable de otras maneras a las que preferimos no darles nombre por miedo y que la autoridad prefiere callar por conveniencia o por mantener una relación con lo no dicho.

Las familias iniciaron el peregrinar de peticiones hasta llegar al reclamo ante distintos niveles de autoridades, se manifestaron y su voz movió a una sociedad acostumbrada al silencio que se convirtió en exigente por días.

Los reclamos y el dolor eran imparables, sobre todo cuando se trasciende a la única agenda que en ocasiones importa al poder: la agenda de los medios de comunicación.

Es así que la autoridad investigadora decide reaccionar, insertar un discurso de seguridad que no existe en los hechos, que no es real.

La autoridad municipal se decide por dividir a la sociedad al criminalizar a los jóvenes y vincularlos con eso que no se atreve a reconocer en ellos, al fin y al cabo como sociedad nos movemos entre etiquetas.

Finalmente luego de una investigación sujeta a muchas presiones, anuncia las detenciones de varias personas y la localización de un sitio de inhumanidad, que en automático negó a los familiares de los jóvenes el derecho a reencontrarse, a despedirse, incluso a vivir un duelo, buscar un consuelo. Incluso el Gobierno de Jalisco entregó “restos” de ellos en cajas con su logotipo y pagó una ceremonia religiosa sin su consentimiento.

Hechos similares recientemente han ocurrido con ocho jóvenes en Encarnación de Díaz, que nos hacen pensar que mientras no mostremos nuestra solidaridad y empatía, no nos veamos en los otros y otras, la indignidad prevalecerá.

En Jalisco, se estima que existen más de 2,175 personas desaparecidas de acuerdo al Informe del CEPAD sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2012.

Nos unimos al llamado del grupo Familias Unidas por nuestros desaparecidos en Jalisco quienes señalaron a un año de lo ocurrido: ¡abrazamos a sus familias pidiendo consuelo y justicia para ellas! ¡ni uno más!

martes, 24 de junio de 2014

La violencia escolar, un problema aprendido que se puede desaprender

Paola Lazo Corvera, integrante del CEPAD AC
25 de junio de 2014

La violencia escolar o bullying se ha convertido en nuestros días en un grave problema que afecta a más de 18 millones de estudiantes de primaria y secundaria en nuestro país. Según un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar internacional en casos de violencia escolar. El análisis de este estudio señala que 40% de los chicos y chicas de educación básica declararon haber sido víctimas de acoso escolar, un 23% recibió insultos, ofensas y amenazas, 17% había sido golpeado alguna vez en la escuela y el 44% dijo haber atravesado algún incidente de violencia psicológica, verbal o física por parte de sus compañeros y compañeras de escuela.

A pesar de que la violencia escolar ha estado presente en la historia de la escuela como lugar de interacción y convivencia entre niños, niñas y jóvenes, en los últimos tiempos se ha intensificado y recrudecido. La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que en los dos últimos años ha aumentado en un 10%, al grado en que 7 de cada diez estudiantes han sido víctimas de este tipo de violencia. Resulta importante señalar que en el caso de la violencia escolar, no sólo las y los agredidos son víctimas de violencia, sino también las y los agresores, quienes comúnmente han padecido agresiones, maltratos y abusos por parte de otros compañeros/as o en su entorno familiar y social.  Por ello resulta relevante analizar de fondo cómo es que se origina este espiral de violencia y cómo enfrentarlo no sólo desde la escuela y la familia, sino desde la comunidad.

Intentemos comprender en principio cuáles son los tipos de violencia que hay que atender para transformar de fondo esta problemática:

  • Violencia Directa: Son aquellos actos de violencia que se ven (violencia física, agresiones). Podríamos decir que esta violencia es de las “menos malas” porque se ve, es explícita y podemos actuar ante ella. Esta violencia es el síntoma.
  • Violencia Cultural: son las actitudes, valores, costumbres, ritos, que crean todo un marco ideológico que legitima la violencia. Se refleja en las canciones, la música, las películas, los programas de TV, los anuncios, los dichos, las bromas, los chistes, los juegos, etc. Es muy común que las personas no le den importancia, ya que es parte de la vida cotidiana y la socialización común en nuestra cultura. En este sentido, es esencial recordar que el lenguaje refleja cómo pensamos (lo que creemos y sentimos).
  • Violencia Estructural: son las estructuras físicas, arquitectónicas  u organizativas que impiden la satisfacción de las necesidades. (Por ejemplo como están organizados los poderes, los gobiernos, las instituciones, la ausencia de mujeres, indígenas o poblaciones minoritarias en los puestos de alta jerarquía, etc.)

El problema radica en que nuestras intervenciones están centradas en atender solamente el síntoma, la violencia directa y estamos actuando sólo ante las crisis. Para lograr una transformación real de la situación, se requiere que nuestras acciones e intervenciones se enfoquen a desmontar la violencia cultural y estructural, ya que así estaremos actuando para transformar las causas.

La violencia es algo aprendido, que se puede DESAPRENDER. La agresividad-natural-fuerza vital, está relacionada con nuestro instinto y es la que nos permite ser personas individuales, con identidad propia, asertivas y afrontar riesgos y dificultades. La agresividad es canalizada por los medios de socialización: TV, escuela, familia, entorno, religión… y se puede canalizar en tres direcciones:

  • Para destruir y dañar a otro/a: violencia
  • De manera constructiva, creativa, con iniciativa: noviolencia
  • Desde la anulación, la negación, quitándola o ignorándola: indiferencia y apatía

No es lo mismo no actuar violentamente, que actuar noviolentamente. Estamos partiendo del planteamiento gandhiano que dice “lo que hago de manera noviolenta para acabar con la violencia, es un compromiso activo por la paz.

El gran reto educativo es la lucha contra la indiferencia. Hay que trabajar, en la escuela, en la familia y en la sociedad, en la construcción de la CONFIANZA, pero no de una confianza ciega, sino desde una confianza que parte de la RESPONSABILIDAD: yo confío, en tanto la otra persona responde. La confianza se gana, no se puede imponer, y es un proceso.

Otro punto muy importante es construir el APRECIO: primero hacia uno mismo (autoestima), y después hacia los demás (tu estima). Tienen que existir esas dos direcciones en las relaciones entre las personas: el ámbito individual y el colectivo.

Tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad. Hay que esperar lo mejor de quien nadie espera. Esa es la tarea educativa: darle oportunidad de que crezca.

Las actitudes y acciones coherentes son esenciales para construir estructuras coherentes. No podemos dejarlo al ámbito teórico.

Hay que propiciar la comunicación, trabajarla para que se dé. Y hay que educar en ella y desde ella. Hay que enseñar a comunicarse y dar espacios de comunicación: desde el diálogo y desde la escucha activa.

Cuando una persona sabe expresar lo que siente, lo que piensa y lo que necesita, es muy probable que la primer herramienta que use ante los conflictos sea la palabra. Sólo así podremos transformar las experiencias de conflicto escolar en situaciones de aprendizaje para todas y todos, y erradicar de fondo la violencia escolar, desde su raíz que es cultural y estructural.

jueves, 12 de junio de 2014

Jalisco, un fracaso en la implementación de la Reforma constitucional de derechos humanos a tres años de su vigencia

César Octavio Pérez Verónica, director del CEPAD AC
12 de junio de 2014

Hoy se cumplen tres años de la entrada vigor de la Reforma constitucional en materia de Derechos Humanos publicada un día antes en el Diario Oficial de la Federación, considerada por muchos como la más importante después de la Constitución de 1917 en cuanto a la protección de derechos se refiere.

Igualmente recordamos que en agosto de 2013, diversas personas y organizaciones de la sociedad civil decidimos publicar en algunos medios impresos de Jalisco, un desplegado dirigido al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, a Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribual de Justicia, a los y las diputadas de la Sexagésima Legislatura y a las y los Presidentes municipales de la entidad, debido a que mostraban ningún interés de asegurar el goce y disfrute de los derechos humanos de quienes habitamos Jalisco.

Les explicamos en aquel documento que la trascendencia histórica de la Reforma radicaba en su Artículo 1º, al incorporar a los Tratados Internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano como normas internas, así como las obligaciones que tienen TODAS las autoridades de GARANTIZAR, RESPETAR, PROTEGER y PROMOVER los derechos humanos en el ámbito de sus competencias conforme a los PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD de quienes habitamos, transitan y visitan el estado de Jalisco.

Asimismo, les hicimos énfasis sobre las obligaciones que todas las autoridades tienen para GARANTIZAR, RESPETAR, PROTEGER y PROMOVER el goce y disfrute de estos derechos y que el 28 de agosto de 2012, fue armonizado el Artículo 4º de la Constitución de Jalisco en los términos de la Reforma general.

Han transcurrido tres años donde no solo no vemos intentos por parte de las autoridades estatales y municipales de acatar las obligaciones contenidas en el marco constitucional e internacional en derechos humanos, sino que vemos graves retrocesos en esta materia. No existen programas, presupuestos, políticas públicas, capacitaciones, armonizaciones legislativas y reglamentarias, protocolos ni nada que nos permita suponer que las autoridades locales y municipales estén trabajando a favor de los derechos humanos.

También observamos un Ejecutivo local y gobiernos municipales donde se ejerce la autoridad sin ninguna perspectiva de los derechos humanos, ni en los discursos, ni en el gasto público ni en sus leyes orgánicas y reglamentos, como tampoco en la capacitación de sus funcionarios.

Sobre el Poder Judicial local, continúan los operadores de justicia sin ejercer las facultades de interpretar las normas de derechos humanos conforme a la propia constitución y de los instrumentos internacionales de la materia, y por ende, sin aplicar en los juicios el principio pro persona, ni el control de convencionalidad.

Quizás el ejemplo del poco interés por implementar la Reforma constitucional de derechos humanos en Jalisco, lo representa la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) al no informar a la sociedad en que consiste, cuáles son los deberes y obligaciones de las autoridades. Dice el organismo que a partir de la Reforma hasta marzo del año en curso, ha capacitado a tan solo 106 de sus servidores públicos. Indica además, que ha impartido 40 capacitaciones externas en este tema durante el mismo periodo. Incluso, el titular del organismo público, señaló en su séptimo informe de principio del año en curso, que durante 2013 se capacitó a 89 mil personas, entre servidores públicos y representantes de la sociedad civil.

Sin embargo, el Cepad mediante una solicitud de información pública requirió al organismo a proporcionar copia de los manuales, materiales, documentos y cualquier otro relacionados con los talleres de capacitación referidos con la Reforma constitucional, siendo la respuesta a dicha solicitud como INEXISTENTE.

Definitivamente la vigencia del nuevo paradigma jurídico que representa el respeto a los derechos humanos en México, correrá a cargo no de las instituciones públicas, ni de sus organismos públicos de derechos humanos, que de paso vale la pena decir que son prescindibles para los gobernados, sino de los movimientos sociales, colectivos, grupos vulnerables y de cualquier persona que luchan por la justicia y la dignidad.


jueves, 29 de mayo de 2014

Otro delito más en Jalisco. La discriminación.

Mtro. Gerardo Moya García, integrante del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta
28 de mayo de 2014


Si bien aún no se promulga por el Ejecutivo del estado, el pasado 27 de marzo del 2014, se aprobó en el Congreso, el decreto que adiciona al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, el artículo 102 BIS que tipifica la “discriminación” como delito.

¡Qué buena noticia! Dirán algunos… ¡No está de más! Dirán otros… Para quien esto escribe es más bien un retroceso para el tratamiento integral del flagelo de la discriminación en nuestro estado, dada la situación actual en la que se encuentra el sistema de justicia en México. Me explico:


Recientemente, el INEGI hizo públicos los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2013). Según la encuesta, durante 2012, se generaron casi 28 millones de delitos en México, 49,083 de ellos en Jalisco.


El nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa en el país durante el 2012 fue de 92.1% (cifra negra); es decir, de cada 100 delitos cometidos, se abrió averiguación previa en el Ministerio Público en 8 casos. De esos 8 casos, las víctimas refieren que no pasó nada o no se resolvió en 4 de ellos. De los 4 casos que quedan, ya se podrán ustedes imaginar, cuántos decide el agente del Ministerio Público turnar a los Juzgados; y cuántos de los que pasan a Juzgados reciben a la postre una sentencia condenatoria por parte de un Juez. En pocas palabras, de cada 100 delitos cometidos en México probablemente se sancione penalmente uno.


La ENVIPE 2013 permite conocer que entre los motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar, están circunstancias tales como considerar la denuncia una “pérdida de tiempo”, o la “desconfianza en la autoridad”, con 61.9%.

Entonces, con estas cifras, me parece que ir a denunciar un acto discriminatorio ante el agente de ministerio público en Jalisco, es casi doble victimizar al agraviado. ¿En dónde está la justicia pronta y expedita?, más aún, ¿Se puede llamar a esto “justicia”?


Querer resolver la problemática de discriminación que tenemos en Jalisco, adicionando un artículo al Código Penal, es como querer tapar el sol con un dedo. Mejor aportarle a una Ley integral para el Estado en materia de prevención y combate a la discriminación que entre otras cosas:



  • Defina qué es la discriminación e igualdad, y describa aquellas conductas que serán consideradas discriminatorias.
  • Determine que la Ley aplicará tanto a instituciones públicas y privadas, como a personas físicas y servidores públicos.
  • Especifique la obligación de implementar políticas públicas, así como de medidas positivas y compensatorias en favor de la igualdad de oportunidades de grupos específicos.
  • Genere un órgano regulador especializado, autónomo, con patrimonio propio y de participación ciudadana, que permita, a través de diversas atribuciones contempladas en la Ley, la implementación de la misma.
  • Haga alusión al tipo de procedimiento administrativo local que se llevará a cabo para investigar y sancionar los actos discriminatorios cometidos tanto por instituciones públicas y privadas, como por personas físicas y servidores públicos, y finalmente
  • Defina tanto las sanciones que deberán aplicarse por la comisión de actos discriminatorios, como la reparación del daño.


Sólo creando una ley de esta naturaleza y aplicándola responsablemente, es que iniciaremos la larga tarea de reconocernos y tratarnos como una sola raza: la humana.

lunes, 26 de mayo de 2014

El fetiche de la ley

Mtro. Jorge Narro Monroy, integrante del CEPAD AC
Artículo publicado en el periódico Mural, 26 de mayo de 2014

“¿Mejoró la producción en el campo o se elevó la calidad de vida de los campesinos como efecto de la reforma (…) al ejido? ¿Ha obstaculizado el título IV de la Constitución el tráfico de influencias o la malversación de fondos? ¿La prohibición constitucional de los monopolios, los ha impedido? (…) ¿Disminuyó el poder de las televisoras como efecto de la prohibición de la venta de espacio a partidos (y candidatos)?”

Éstas y otras preguntas se hace la académica María Amparo Casar (“El fetichismo constitucional”, Nexos 422) a propósito de las constantes reformas a la Constitución (614 a sus artículos). Reformas en cuyo potencial transformador –dice- la clase política “tiene una fe ciega”. Y añade: “Aquí es donde entra el fetichismo constitucional. Un fetiche es un objeto de culto al cual se le atribuyen poderes mágicos o sobrenaturales y el fetichismo es la cualidad de un objeto para ostentar un poder que no le pertenece por naturaleza”.

A la Constitución y a sus reformas se les ha atribuido este poder mágico, “pero su transformación en los objetivos que persigue es muy deficiente”. Hay dos maneras, “muy socorridas en el caso de México”, para dejar sin efecto las reformas: la primera es “no emitir las leyes reglamentarias de esas reformas” y la segunda es matarlas “por la vía de los hechos, pues no se proveen los recursos institucionales, materiales y humanos para hacerlas valer”.

¿Pero a cuento de qué viene todo este rollo sobre la utilidad práctica o no de las reformas a la Constitución (o a las constituciones, para no olvidar las de los estados) y a las leyes? Viene a cuento de la discusión, que está por darse en el Congreso local, sobre una iniciativa de la fracción del partido Movimiento Ciudadano (MC) que buscaría reformar la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura. La ley fue promulgada en diciembre de 1993 …y nunca se ha aplicado.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), una organización de la sociedad civil jalisciense dedicada a la defensa de los derechos humanos, acaba de hacer pública su opinión sobre este caso: sobre las reformas a la ley que no transforman nada, sobre el fetichismo…

En 2010 el Cepad reveló que entre 2000 y 2009 se habían registrado, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), 933 expedientes de queja que daban cuenta de un total de mil 343 personas víctimas de tortura. Desde 2010 hasta abril de 2014 son sólo 49 expedientes los que se contabilizan (muy pocos debido a deficiencias –“alarmantes e injustificadas”, califica el Cepad- de la CEDHJ y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses).

No obstante, hasta el día de hoy no se ha investigado ni sancionado a ninguno de los autores materiales e intelectuales de esta práctica, expresa un comunicado emitido por la institución el martes pasado.

Y agrega: “(…) insistimos en que el problema no está en la legislación, sino en la impunidad de los criminales”.

“(…) Quienes integran el Congreso local (…) están involucrados con que la tortura persista, pues teniendo las facultades constitucionales para citar a los titulares de las dependencias directamente vinculadas con la prevención, investigación, sanción y reparación del daño, para que expliquen públicamente las razones por las cuales no han implementado las recomendaciones emitidas por (…) la Organización de las Naciones Unidas (y no) han aplicado la actual legislación contra la tortura, (no lo han hecho)”.

¿Por qué entonces tanto empeño en hacer reformas si la clave no está en ellas sino en su aplicación? Un motivo, dice María Amparo Casar, es que “el costo de aprobarlas es muy bajo y (…) los propios legisladores no se hacen cargo ni de sus implicaciones ni de su viabilidad”.

Bienvenidas las reformas, pero acompañadas de medidas –al alcance del Congreso- que empujen, por ejemplo a la Fiscalía General y a la Comisión estatal de Derechos Humanos, a cumplir con sus obligaciones…

28 de mayo en Guadalajara: pensamiento único y represión

Mtro. Juan S. Larrosa-Fuentes, integrante del CEPAD AC
Comentario editorial para Radio Universidad de Guadalajara, 26 de mayo de 2014

En una entrevista realizada un par de años antes de su muerte, Stuart Hall realizó una serie de balances críticos sobre las raíces y tradiciones de los Estudios Culturales. En esas conversaciones habló de la influencia que el marxismo tuvo en esta corriente de pensamiento e investigación, particularmente en su versión británica. Entre otras cosas Hall dijo sentirse orgulloso del desarrollo metodológico del análisis de coyuntura. Aunque no fue Hall quien inventó este término, pues reconoce que anteriormente ya había sido utilizado por Marx, pero especialmente por Gramsci, sí fue él quien lo desarrolló como una herramienta de análisis dentro de los Estudios Culturales. Según Stuart Hall, una coyuntura es un punto de quiebre o ruptura en el devenir histórico. En estos quiebres se condensan una serie de hechos, generalmente contradictorios, que describen densamente la realidad y sus transformaciones. Las coyunturas pueden analizarse desde múltiples dimensiones, pero Hall, dada su inclinación por la cultura, vivió pendiente de las transformaciones ideológicas y se preguntaba sobre las ideas o costumbres de su tiempo, y quién las creaba, modificaba o controlaba. A un decenio de los lamentables hechos ocurridos el 28 de mayo de 2004 en Guadalajara, vale la pena preguntarse qué pasó entonces en clave de análisis de coyuntura.

En mayo de 2004 Guadalajara fue sede de la tercera cumbre América Latina, Caribe y Unión Europea. Anteriormente esta cumbre había sido celebrada en Brasil y en España. Luego de la edición en Guadalajara, la cumbre se llevó a cabo en 2006 en Viena, en 2008 en Perú, en 2010 una vez más en Madrid y en 2013 en Chile, aunque en la última edición el nombre de la cumbre cambió a Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea. El objetivo de estas cumbres ha sido la creación de una zona de libre comercio entre América Latina y la Unión Europea. Hasta la fecha este tratado económico no se ha creado. Antes de comenzar la cumbre de Guadalajara se esperaba que para 2010 la zona comercial estuviera abierta, pero al finalizar la reunión, las expectativas eran mucho más pesimistas. Lo cierto es que Europa desde hace años ha estado ocupada por sus distintas crisis políticas y económicas, las cuales han desplazado cualquier interés real por sus relaciones con América Latina.

En la cumbre del 2004 llegaron a Guadalajara los presidentes de distintos países de Europa y de América Latina. La ciudad fue resguardada por fuerzas policiales y durante una semana muchas calles y plazas públicas fueron cerradas. La reunión internacional atrajo la mirada de diversos grupos de protesta internacionales, nacionales y locales, quienes también llegaron a Guadalajara para manifestar su desacuerdo con las políticas internacionales de libre comercio y globalización. Durante toda la primera década del siglo XXI este tipo de protestas fueron comunes en todo el mundo y tuvieron como origen la mítica manifestación de Seattle, en 1999, en el marco de una reunión de la Organización Mundial del Comercio. Estas manifestaciones también tuvieron en común la participación de un grupo conocido como el bloque negro, altamente violento, así como fuertes dosis de represión por parte de los Estados. Sin duda, esta serie de manifestaciones también conocidas como el Movimiento de Resistencia Global, fueron las precursoras de los movimientos de protesta de la segunda década del siglo XXI como Occupy Wall Street, los indignados españoles, los pingüinos chilenos o el #YoSoy132 en México.

En el marco de las protestas en contra de la cumbre celebrada en Guadalajara, el 28 de mayo de 2004 hubo una manifestación que fue duramente reprimida por el gobierno del estado de Jalisco. El saldo fue de 120 personas detenidas y una veintena de policías heridos. Organizaciones civiles como la Coordinadora 28 de mayo o el Cepad, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, documentaron que casi medio centenar de los detenidos fueron sometidos a torturas y tratos crueles y una decena de personas fue encarcelada sin el debido proceso.

El “28 de mayo” es una coyuntura que marcó la historia de Guadalajara. La parte más evidente es que fue una coyuntura en la que hubo una violación masiva de derechos humanos, tal como ya ampliamente se ha documento. Sin embargo, el “28 de mayo” también condensa muchos de los rasgos generales de la política y la cultura en Guadalajara de los primeros años del siglo XXI. El “28 de mayo” condensa el giro neoliberal que dio el mundo en décadas anteriores y que precisamente estuvo marcado por un intenso y desigual proceso de globalización económica y cultural, que a nivel local se pudo observar en la creación del famoso “Sillicon Valley” en El Salto o la llegada de empresas trasnacionales a la ciudad. Desde un punto de vista cultural, el reajuste neoliberal y globalizatorio trajo el desarrollo de Guadalajara como una marca, bien para el desarrollo de una cumbre entre mandatarios, o bien para albergar un torneo internacional de golf, los Juegos Panamericanos, y ahora la famosa Ciudad Digital. En el tintero se han quedado muchos otros proyectos, como el famoso museo Guggenheim y otros van a atrasados, como el polémico Santuario de los Mártires. Por otra parte, el “28 de mayo” condensa prácticas políticas autoritarias. En el sexenio de Francisco Ramírez Acuña no nada más ocurrió esta represión, está también el caso del Tlajomulcazo, una auténtica celada a un movimiento cultural como el de la música electrónica y las fiestas rave. En tiempos de Emilio González fue proverbial aquella frase de “a mí, lo que unos poquitos dicen, me vale madre”, y después a una parte de esos poquitos que conforman la sociedad les llamó “opositodos” y luego dijo que otros poquitos le “deban asquito”.

No son pocos los que han criticado las manifestaciones en contra de la globalización y las descalifican por su violencia y contradicciones. Sin embargo, es claro que el “28 de mayo” es una coyuntura que nos recuerda que no vivimos en una sociedad en donde se acepte la proliferación de discursos críticos, mucho menos de diálogos públicos para construir colectivamente el entorno. Es evidente que el modelo de desarrollo impulsado en los últimos años ha estado lejos de ser la panacea para Guadalajara. El Sillicon Valley tapatío nunca trajo dinero y trabajo digno para la clase trabajadora, los Juegos Panamericanos no le “cambiaron el rostro a Guadalajara” y la cumbre de 2004 no logró un tratado de libre comercio con Europa. En cambio, las manifestaciones políticas y culturales que critican el estado de cosas, han sido ridiculizadas, excluidas y reprimidas.