CEPAD

Opinión del Cepad en prensa sobre la reeleción del Ombudsman

2012-01-25T09:01:00.000-08:00

La Jornada Jalisco

Se trata de un grave retroceso que obedece más a intereses políticos, que a una defensa de la dignidad de las personas en Jalisco. La CEDHJ es de las que tienen el más bajo desempeño y más caras del país.

Legisladores ratificaron "fast track" al "ombudsman"

El Congreso perdió la posibilidad de hacer una evaluación pública del desempeño y de generar procesos de participación crítica y análisis de la sociedad, sobre el tipo de ombudsman que quiere y deberíamos tener.

Rechazan reelección de Álvarez Cibrián

El Ombudsman reelecto tiene un bajo desempeño y perfil en el puesto.

Atender la problemática de Seguridad un pendiente de Cibrián

La CEDHJ ha operado bajo una lógica corporativista. Tiene serios problemas en la tramitación de las quejas y en el cumplimiento de las Recomendaciones.

¿Violación al derecho a la vida o ejecuciones extrajudiciales?

2012-01-24T08:14:00.000-08:00

Foto: El Informador

Es el contenido de la nota informativa publica en El Informador, en la que se precisa que por lo menos recientemente han existido 25 decesos de personas a manos de agentes policiales, lo que se suma al incremente en la letalidad en la actuación de las corporaciones estatales.

En opinión del Cepad dichas conductas incrementan la violencia y profundizan lo que el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU ha llamado "cadena de atrocidades": impunidad, gobiernos autocráticos y una sociedad receptiva a un discurso violento.

Ver nota completa

La "elección del Ombudsman".

2012-01-23T07:00:00.000-08:00

Tomado del blog de Manuel Falcón.

Rumbo a una elección del Ombudsman en Jalisco, sin participación social.

2012-01-18T11:11:00.000-08:00

Pareciera repetirse el ciclo ocurrido el 28 de junio de 2007, cuando se eligió por un periodo de cinco años a Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, al frente de la actual administración de la CEDHJ, en medio de agresiones a un grupo de activistas en el recinto legislativo que protestaban.

El Cepad en ese mismo año, realizó una “Evaluación sobre el proceso de elección del Ombudsman en Jalisco”, la que arrojó que la decisión además de poco transparente se había centrado en un acuerdo de intereses políticos y no en un ejercicio democrático.

Se sugerían reformas para que se incrementaran mecanismos de rendición de cuentas que permitieron evaluar resultados, sobre todo de aquellos que ya estaban en el ejercicio del cargo. Posibilitar la máxima transparencia en la elección, además de ajustar el marco legal, para que existiera incluso un perfil del defensor, actualizado, ético y de acuerdo a las necesidades urgentes de la población de Jalisco.

El 16 de enero de 2012, trascendió que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, emitió la convocatoria para llevar ese importante proceso de elección, desafortunadamente su contenido demuestra :

1. Que no tiene ninguna relación con la reciente modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (102 apartado B), en donde se exige que en este tipo de decisiones “se ajusten a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente”.
La restricción de los plazos (solamente dos días para el registro de aquellas personas que aspiren al cargo), la premura con que se lanza la convocatoria, cuando el nombramiento del actual presidente vence el 2 de agosto de 2012, además de que todo el procedimiento se declara como “reservado” en el acceso a la información, demuestran ampliamente lo anterior.

2. Se promueven exclusivamente los requisitos legales, sin colocar un perfil idóneo consultado con la sociedad civil para un Ombudsman, en donde debería de incluirse:

a) Independencia e imparcialidad de cualquier poder político, económico o de cualquier otro tipo;
b) Contar con el apoyo de los principales grupos de organizaciones de la sociedad civil (serios y comprometidos), dedicados a la promoción y defensa de los derechos humanos;
c) Experiencia que refleje no sólo una hoja de vida, sino aspectos que demuestren su dedicación en la defensa y promoción de los derechos humanos. Por ejemplo, su trabajo personal realizado en organismos públicos y privados defensores de los derechos humanos o de manera independiente, publicaciones de trabajos, elaboración de propuestas legislativas, impartición de conferencias, clases o cursos.
d) Evaluar que no sea influenciable por razones de conveniencia personal
e) Que sus opiniones sean arraigadas y no sólo circunstanciales
f) Que la comunidad lo considere una persona capaz, preparada y con un alto nivel profesional.

3. Se omite la realización de un examen de conocimientos, que aunque no garantiza un perfil efectivo, permito apreciar el nivel en el que se encuentran los aspirantes.

4. Por último, algo sumamente importante, omiten solicitarles un plan de trabajo para la institución, en este aspecto cabe la pregunta: ¿usted contrataría a alguien sin conocer alguna propuesta para el puesto al que aspira?.

Como se aprecia claramente, el Congreso del Estado no garantiza un proceso participativo, transparente, claro y alejado de intereses políticos, con lo cual contagiarán de ilegitimidad la próxima designación de quien encabece los trabajos de la CEDHJ.

Para el inicio de año: un acercamiento al 2011 en el tema de los derechos humanos

2012-01-11T08:37:00.000-08:00

Iniciamos un nuevo año en el que buscamos renovar la esperanza, para hacerlo es indispensable fortalecer nuestra memoria como un forma de oponernos a aquello que nos impide encontrarnos en nuestra dignidad como personas, para evitar que esos hechos ocurran de nueva cuenta.

El 2011, lo podemos catalogar como el año que comprueba para nuestro infortunio, que Jalisco tiene una caída estrepitosa en el cumplimiento de los derechos humanos.

Algunos de los aspectos de mayor preocupación, es la constante discriminación en la entidad, al grado de que algún legislador se basó en ello para promover una prueba antidoping para la infancia, cuando lo que se requiere es inclusión, protección y apoyo, además de espacios de escucha, sobre todo ahora que la inseguridad de la calle, tiene un alto contenido de rumores y temores, muchos de ellos fundados.

Existe la necesidad de incorporar una ley, que prevenga y elimine este fenómeno, además de que promueva el derecho a la igualdad, como una forma de construirnos mejor como sociedad.

La agenda de los derechos humanos de la mujer, continuó con signos preocupantes al superar la cifra de feminicidios de 2010, para llegar junto con el 2011 a 142, cifra que nos indica el nivel de riesgo.Mientras tanto el Gobierno estatal y el Instituto Jalisciense de las Mujeres, se han negado tajantemente a declarar la alerta de género que posibilitaría una intervención de emergencia.

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se han colocado en situación de riesgo, al criminalizarse a grupos de personas que sólo buscan su propio desarrollo. Es el caso de las playas de Tenacatita, en el que el Poder Judicial asociado con el Gobierno del estado e intereses privados, desalojaron violentamente a varias familias que sólo promovieron y atendieron el turismo durante décadas, para pasarlo a manos del capital. Ahora se trata de una agenda más de impunidad y de predilección hacia los intereses económicos.

La criminalización sufrida por comuneros de la Isla de Mezcala, deja evidencia clara de que en Jalisco no existen garantías para quienes luchan por proteger su propio patrimonio ancestral y su autonomía, o si existen, sólo las hay para los que invaden ilegalmente, amenazan y se apropian de lo indebido, sin que exista un Estado que sancione esos actos de forma eficaz, porque muy probablemente forma parte de los propios invasores.

La tan mencionada paz que celebraban nuestras autoridades, se rompió en el momento en el que aparecieron los cuerpos de 26 personas en los Arcos del Milenio, jóvenes con ilusiones, con trabajo, con familias. Todos ellos muertos por la indignidad de los que han tomado el ilícito como forma de vida, pero asesinados también por la incompetencia de un gobierno que ha escondido información, se encuentra en la inacción y por ello se asocia con la propia delincuencia que dice combatir; no puede existir esta sin un gobierno proclive a ella. La dinámica delictiva de 2011 nos colocó como la séptima entidad con mayor número de homicidios originados por esta espiral de violencia.

Finalizamos el año, con la gravísima ejecución extrajudicial de un padre de familia de uno de los internos fugados del núcleo penitenciario de Puente Grande a manos de Policías del Estado, quienes a manera de un grupo delincuencial, torturaron y tomaron la vida de esta persona, porque consideraron que el parentesco es un delito, convirtiéndose en un grupo ejecutor y no en uno donde la justicia se encuentre de por medio.

Esto reafirma lo señalado por el Cepad en su informe sobre la Tortura en Jalisco, donde documentamos que es una práctica cotidiana en las corporaciones policiales, en la que habían resultado afectadas en una década más de 1000 personas, 79 de ellas niños y niñas.

Parte de las formas en que actualmente se combate la inseguridad, es el incremento de la militarización invisible en la entidad, que arrojó hasta octubre de 2011, 81 inconformidades ante la CNDH, algunas de ellas por desapariciones forzadas.

Defensores, defensoras y periodistas, sufrieron atentados que limitaron su trabajo y nuestras libertades. Los periodistas se enfrentaron además con un gobierno que origina, desarrolla y dirige los ataques a través de funcionarios, que luego con su misma anuencia se convierten en entes "privados" responsables de continuar los ataques, que por cierto no cesaron durante 2011.

Por último, en lo que se refiere a las instituciones que deberían garantizarnos la Justicia, hoy por hoy, tenemos un Poder Judicial paralizado y sumido en sus conflictos internos, así como con graves señalamientos de corrupción, que nos hace pensar en su falta de evolución.

Contamos con una CEDHJ, pero solamente actuando como un membrete mediático, en el que sus pronunciamientos y recomendaciones, no tienen ningún impacto, sobre todo por su falta de autonomía, al ceder más tiempo a reuniones coin actores de partidos políticos o de las aspiraciones a puestos de elección popular de sus integrantes, que a una verdadera defensa con ética de los derechos humanos de las y los jaliscienses.

La publicidad gubernamental no se equivoca, los logros son decorativos y de espectáculo, pero no en el cumplimiento de sus obligaciones de garantizar, promover y respetar nuestras libertades básicas.

La tortura evidente en la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco

2012-01-05T11:15:00.000-08:00

Las y los invitamos a consultar la opinión de esta mañana, respecto a la ejecución extrajudicial de un familiar de un interno evadido de Puente Grande.

Queda claro que la policía actual actúa sin control y fuera de una corporación de seguridad, además de ejecutar actos que violan de manera grave los derechos humanos.

El Cepad, documentó en su informe sobre la tortura, que esta se practicaba de forma sistemática, lo cuales visible en el presente caso.

Lo más lamentable es que no existe garantía de una investigación, pronta, completa y eficaz, ya que tanto la PGJE, la SSP, como la CEDHJ, no han proporcionado garantías al respecto.

Aquí la nota de la periodista Gricelda Torres de Notisistema.

Derechos Humanos y Discriminación.

2011-12-14T11:23:00.001-08:00

La discriminación en el estado de Jalisco es preocupante. Los invitamos a escuchar la entrevista a Gerardo Moya del CEPAD, en el programa "Sórico, sin género de dudas", sobre Derechos Humanos y Discriminación. Para escuchar la entrevista, puede ingresar al siguiente link: http://podcastudg.com/Sorico121211.mp3

Ni Justicia, ni paz, ni consuelo.

2011-12-14T09:46:00.000-08:00

Foto:Limeddh

Mucho se comenta en los medios de comunicación sobre la situación de millones de jóvenes en nuestro país, se dice que los ha impactado con mayor severidad la falta de empleo y oportunidades, al grado de que les hemos creado una etiqueta social llamándolos “ninis” ( ni estudian, ni trabajan) a manera de justificación desde nuestro lenguaje.

Hoy comentaremos la situación de algunos de ellos, pero de esos que nacieron en un estado de la República cuyo índice de desarrollo humano es más parecido al de un país del continente Africano que de una nación en “desarrollo”, lo que en automático significa carecer del mínimo de condiciones para tener un futuro digno. Aún así y a pesar de que provienen de familias de campesinos sueñan con lograr un cambio a través de la educación.

En otros tiempos, se construyeron 17 Normales Rurales con un modelo propio de instrucción para formar al profesorado (en Atequiza, Jalisco por ejemplo) del cual egresaron muchos educadores y líderes de movimientos sociales. Una de ellas se ubica en Ayotzinapa, municipio de Chilpancingo, Guerrero, que recibe a cientos de estudiantes.

Con las nuevas “perspectivas” educativas, cada vez es menor el apoyo desde los gobiernos y las posibilidades de trabajo de sus egresados, por lo que el desmantelamiento de su modelo social y el deterioro de sus instalaciones es una constante que les impide continuar con su sueño.

Por eso los estudiantes han aprendido en la lectura de la historia de sus antepasados y de su propia vida, que protestar es la base de todos los derechos humanos y es una libertad indispensable para exigir el cumplimiento de lo que les corresponde, de lo que nos corresponde.

Salieron el día de ayer a cerrar una carretera, aunque pareciera bajo nuestra percepción una acción extrema, violenta y criticable, en realidad no lo es cuando existen muy pocas alternativas para solucionar sus problemas y ser escuchados, pero sobre todo cuando existen causas justas que deberían de tener soluciones por parte de las autoridades.

Solicitaban simplemente una audiencia donde se atendieran sus demandas, entre ellas la del cambio de Director. Querían que los escucharan, para que los vieran como lo que son: ciudadanos, personas con derechos y un futuro deseable. No como una carga para un erario que “enriquece sólo a unos cuantos”.

Sin embargo, la respuesta del gobierno de su estado fue la clásica y tradicional, la que obedece a tiempos en los que la represión era la “ley” y que parece que han regresado para no irse jamás, independientemente de los colores y matices de los actores políticos.

Basta recordar los hechos del 28 de mayo en Guadalajara ó los sucesos con los pobladores de Atenco, para confirmar lo anterior.

A la policía le bastó una “luz verde” para cegar injustamente la vida de Jorge Alexis Herrera Pino y de Gabriel Echeverría de Jesús, así como detener y torturar a otros 24. Al fin y al cabo la etiqueta social les confirmaba su calidad de no personas.

De acuerdo a una nota periodística (La Jornada) la orden era restablecer la paz, según lo dicho por el general Ramón Arreola Ibarría, ahora ex subsecretario de seguridad pública. ¿Con dos muertos?, Le preguntaba la prensa, a lo que respondió molesto: “Establecer la paz con 800 seudoestudiantes que están tapando el paso”.

El mensaje es muy claro: nos encontramos ante un Estado que no dialoga, no resuelve los problemas de fondo, reprime a los diferentes, sobre a todo a aquellos que tienen futuro, no admite la diversidad de ideas, criminaliza y hace invisibles a las personas aún en su propia muerte, pero sobre todo no hace justicia.

El suceso tiene que motivarnos a realizar una enérgica condena a lo sucedido, porque se trata de jóvenes que son el presente de nuestra sociedad, además si autorizamos la criminalización de la protesta no existirá espacio para exigir los derechos humanos, porque si no decimos un ¡ya basta ! terminaremos por ser complices de lo que sucede.

No permitamos un estado que no proporcione, justicia, paz y consuelo.

Jorge y Gabriel, así como Don Nepomuseno Moreno y Don Trinidad de la Cruz, no debieron morir.

Es momento de actuar a través de la información, indignación y solidaridad con ellos.

Las comisiones públicas de derechos humanos y la situación de los defensores

2011-12-12T07:16:00.000-08:00

El sistema público de protección a los derechos humanos en México, es el más caro del mundo y en su corto tiempo, no han modificado las causas estructurales que propician las violaciones a los derechos humanos.

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos "celebran", rinden informes, reconocen, proporcionan numeralias, pero no exigen, no conmemoran, no denuncian la situación de emergencia en la que se encuentra el país.

Las muertes de Don Nepomuseno y Don Trinidad, el atentato contra Norma en Ciudad Juárez y la cita ante la PGR de Alejandro Sosalinde, nos dice que no existen razones para celebrar, sino para crear memoria.

Las y los invitamos a leer la siguiente nota de La Jornada Jalisco, en la que nos pronunciamos por este contexto grave,

Reporte Foro Mundial

2011-12-06T06:51:00.000-08:00

El pasado 9 y 10 de noviembre del 2011, se celebró en Ginebra, Suiza, el Foro Mundial sobre el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, instrumento jurídico internacional del que el Estado Mexicano forma parte.

La Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), organizadora del Foro, creyó conveniente que a 5 años de la entrada en vigor de dicho Instrumento, se llevara a cabo una evaluación de su implementación. Para tal efecto se invitó a los Estados Partes; a todos los miembros del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura; a todos los demás expertos relevantes de la ONU y Órganos Regionales, así como a representantes de la sociedad civil, para compartir sus experiencias e inspirarse de las soluciones propuestas por cada uno de ellos. Al Foro, asistieron representantes de cerca de 90 países, y como representante de la Sociedad Civil Mexicana, asistió el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (CEPAD).

Para la etapa conclusiva del Foro, nos reunimos por zonas geográficas. He aquí algunas de las conclusiones o propuestas formuladas por los Estados de las Américas:

1. El término y alcance de lo que significa “prevención de la tortura”, debe de ser reglamentado y sistematizado desde la doctrina y experiencia del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (SPT), órgano creado por el Protocolo Facultativo y que inició su trabajo en febrero de 2007.

2. Que se difundan masivamente los objetivos y funciones de los Mecanismos de Prevención contra la Tortura tanto nacionales como estatales de los países firmantes del Protocolo y que formen parte de dichos mecanismos, expertos, organizaciones de la sociedad civil e incluso personas que hayan estado o estén privadas de su libertad con el objeto de dar pluralidad, interdisciplinariedad y legitimidad a los mismos; elemento del que por cierto, carece el Mecanismo Nacional de Prevención Mexicano y los de las entidades Federativas.

3. Capacitación a los medios de comunicación, debido a que en ocasiones, éstos pueden favorecer la comisión de tortura hacia los detenidos.

4. Se advirtió que la impunidad alienta la práctica de la tortura, por lo que un elemento de prevención de ésta, es terminar con la impunidad en la comisión del delito de tortura con el objeto de que baje su incidencia. En este sentido vale la pena recordar que en el Estado de Jalisco, desde 1997 que se creó la Ley estatal para prevenir la tortura, no se ha abierto una sola averiguación previa por el delito de tortura en la Procuraduría General de Justicia del Estado, lo que es inadmisible.(ver informe del cepad sobre el tema)

5. Finalmente, se hizo alusión a la necesidad de poner especial importancia en la supervisión de los centros de reclusión de personas con discapacidades mentales, orfanatos, albergues y de aquellos centros de internamiento de personas con adicciones, que cuentan con permiso o aquiescencia del estado, ya que en ellos se da la tortura, como bien lo documenta el estudio realizado recientemente por “Disability Rights International” en Oaxaca y otros entidades federativas.

Esperaremos las relatorías y conclusiones generales del foro, que confiamos sirvan para dar luz y mejorar las prácticas de prevención de esta grave violación a los derechos humanos.

Gerardo Moya García
Interlocución Estratégica

Sobre el periodismo y la libertad de expresión.

2011-10-19T09:35:00.000-07:00

Imágen: ciudadano-express.com

Iniciamos la semana con la lamentable noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Granados Chapa, con él se pierde un ejercicio del periodismo comprometido con la libertad de expresión, de análisis exhaustivo, nunca neutral, siempre con un fin de justicia.
Ojalá que su ejemplo ético de vida y alejado de los poderes, nos impulse a revalorar la importancia de la palabra, ahora que muchas personas requerimos de ella para ser defendidos, dignificados, visibilizados.
Hablando de periodismo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inauguró el día de ayer su 67 Asamblea General. Gonzalo Marroquín, su actual presidente, mencionó que “Latinoamérica se encuentra en medio de una guerra, la guerra entre el autoritarismo y la libertad”, señaló al crimen organizado y a los gobiernos totalitarios como los principales enemigos de la prensa.
Respecto a los gobernantes refirió: “les molesta que la prensa investigue y descubra hechos de corrupción, que advierta sobre sus fines aviesos de manipulación o simplemente revele su incapacidad”, esta frase nos recuerda la opacidad en la que se encuentran muchas de nuestras autoridades municipales o del estado; un ejemplo de ello es la negativa a divulgar información sobre los contratos de proveedores que llevan a cabo los actuales juegos panamericanos.
Impedir la divulgación de información y la restricción al trabajo de la prensa, nos imposibilita como sociedad para exigir que se rindan cuentas, lo cual es una clara violación a los derechos humanos.
La SIP informó que en el continente, de abril a octubre de este año han sido asesinados 21 periodistas. En México ocurrieron en el mismo periodo 5 decesos, que total suman 10 profesionales muertos durante 2011, para cerrar las cifras en 76 homicidios desde el año 2000, entre ellos el de José Emilio Galindo, entonces director de Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán, el cual hasta la fecha sigue impune.
La cifra coloca a nuestro país como el más peligroso para ejercer el periodismo, del cual no se encuentra exento Jalisco.
El Cepad hasta ahora tiene registrados 8 casos de agresiones a periodistas, que demuestran toda una estrategia dirigida a limitar el ejercicio del periodismo, ahora llevada por supuestos particulares que en realidad actúan con la anuencia del Estado.
En este nivel encontramos el caso de la periodista Jade Ramírez Cuevas Villanueva, documentado en el Informe sobre la situación de los derechos humanos 2010 del Cepad, quien ha sufrido reiterados ataques por cubrir su fuente relacionada con la construcción de la ilegítima presa que inundará los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, aspecto que hemos denunciado ante la Secretaría de Gobernación como responsable del “supuesto” mecanismo de protección a periodistas que hasta la fecha ha sido ineficaz en nuestra entidad.
Reprobamos también la agresión que sufriera recientemente Priscila Hernández Flores, también periodista de esta casa de estudios, a manos de un inspector del Ayuntamiento de Guadalajara. El incidente nos refleja el bajo nivel de protección y la dinámica autoritaria en la que se encuentran nuestros gobiernos.
Por eso sorprende la iniciativa del diputado Alfredo Argüelles, quien en un desplante de creatividad presentó una iniciativa que busca a través de una reforma al Código Penal, reconocer los casos de intimidación y amenazas a periodistas, así como a sus familias, con el fin de elevar la pena de aquellos delitos que se cometan, contemplando incluso la intervención de un agente del ministerio público especial.
La iniciativa es incompleta, porque omite tomar en cuenta las recientes resoluciones y determinaciones a nivel internacional relacionadas con la libertad de expresión, además de no establecer todo un sistema de protección local para periodistas, es pues, una iniciativa localista y limitada, pero sobre todo ilegítima, ya que de acuerdo a información de los medios de comunicación, éste “representante popular” ha utilizado actores (por lo menos uno) que han operado a su favor y que parte de su "labor" es agredir a los y las periodistas. No permitamos semejante descaro e incongruencia.
Nuestro reconocimiento a todos y todas las periodistas que continúan a pesar del escenario adverso, siempre nuestra solidaridad con ellos y ellas.

EL CEPAD POR LA RATIFICACIÓN DE MÉXICO AL PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

2011-10-10T10:50:00.000-07:00

Diseño: Ana María Ortega Alaniz

El 23 marzo de 1981, México ratifico el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC o el Pacto), donde se obliga adoptar medidas necesarias para hacer efectivos los derechos orientados a satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes, como son: al trabajo, la seguridad social, la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, la cultura, al agua, entre otros muchos.

En el 2008 el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), junto con el Programa Institucional de Derechos humanos y Paz del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), presentaron el Diagnostico sobre el estado y vigencia de los derechos humanos en el sur de Jalisco: DESCA, Seguridad Pública y Participación ciudadana, el cual fue realizado en 16 municipios de la región sur de Jalisco, donde se aplicaron 500 encuestan al mismo número de personas, las cuales contestaron 131 reactivos cada una.

Este diagnóstico revelo que más de una quinta parte de la población de esta Región carecía de accesos a servicios de salud, un tercio consideraba que estaba mal alimentado y dos terceras partes pensaba que los precios de los alimentos eran caros, demostrando un proceso real de empobrecimiento, incidiendo así en el alto fenómeno migratorio de sus habitantes. Además, la investigación arrojó datos relacionados con los servicios que reciben los hogares, como fue que el 52% de las personas encuestadas señalaron que hay escases de agua potable en la Región, y un 45% calificó como caro el cobro del vital líquido. Éste documento puede ser consultado en la página electrónica del CEPAD, http://www.cepad.org.mx/publi_culturales.php

Precisamente en el mismo año que se realizó el Diagnóstico, fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el Protocolo Facultativo del Pacto, mediante el cual se establece la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para recibir y considerar comunicaciones de parte de particulares y grupos de personas que alegan violaciones a los derechos contenidos en el Pacto.

La importancia del Protocolo Facultativo se deriva de sus facultades para atender violaciones a los derechos contenidos en el Pacto. Estos mecanismos son: Primero) La comunicación de personas o grupos que aleguen ser víctimas de una violación contenida en el Pacto, mediante la cual el Comité está facultado para emitir un dictamen con recomendaciones al Estado que haya cometido la violación alegada; segundo) La comunicación con la que los Estados parte pueden alegar la falta de cumplimiento de otro Estado, respecto a los derechos contenidos en el Pacto. Y tercero) un procedimiento que permite al Comité DESC iniciar una investigación cuando reciba información fiable que indique la existencia de violaciones graves o sistemáticas de los derechos consagrados en el Pacto.

Hasta el día de hoy solamente ha sido ratificado el Protocolo por Ecuador, El Salvador, Mongolia y España, faltando 6 Estados para su entrada en vigor. Muchas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el mundo, han impulsado campañas para exhortar a sus gobiernos a que ratifiquen dicho Protocolo y reconozcan la Competencia del Comité.

En México, mediante un comunicado de prensa emitido el 23 de septiembre del 2011, más de 70 Organizaciones defensoras de los derechos humanos, incluido el CEPAD, dieron aviso del inicio de “la Campaña mexicana por la ratificación del Protocolo Facultativo”. Esta campaña tiene como objetivo presionar al Estado mexicano a que garantice el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a derechos económicos, sociales y culturales, y muestre congruencia con la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio del presente año.

EL CEPAD SE SUMA A LA CAMPAÑA MEXICANA POR LA RATIFICACIÓN DEL PF-PIDESC.

2011-09-26T09:46:00.000-07:00

El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC), aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 2008, establece un mecanismo para que las personas, grupos o comunidades puedan presentar casos de violación a sus derechos económicos, sociales y culturales (DESC) ante el Comité de DESC de la Organización de las Naciones Unidas, toda vez que el Estado incumpla con sus obligaciones de respeto, protección y realización respecto al derecho a la salud, al trabajo, a la alimentación, a la vivienda, a la seguridad social, a la educación, a la libre determinación, al agua y otros derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El PF-PIDESC quedó abierto a firmas, ratificaciones y adhesiones desde el 24 de septiembre de 2009, año en que el gobierno mexicano copatrocinó la resolución A/HRC/10/L.14 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU invitando a todos los Estados Partes del Pacto Internacional de DESC a considerar la firma, ratificación o adhesión a dicho instrumento. Sin embargo, a dos años de la apertura a firmas, México no se encuentra entre los 37 Estados que han firmado el PF-PIDESC -entre ellos ya hay 9 latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Uruguay. Para que el Protocolo Facultativo entre en vigor, se requieren 10 ratificaciones, y a la fecha, solamente cuatro Estados de los 37 firmantes, lo han ratificado (España, Ecuador, El Salvador y Mongolia).

En este contexto, diversas organizaciones civiles, sociales y redes promotoras y defensoras de los derechos humanos inician hoy la “Campaña mexicana por la ratificación del PF-PIDESC” y demandan al gobierno mexicano que avance en la garantía del acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a derechos económicos, sociales y culturales, y muestre congruencia con la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos.

En una carta dirigida el día 23 de septiembre del presente año a la Secretaria de Relaciones Exteriores, Emb. Patricia Espinosa Cantellano, 67 organizaciones civiles, sociales y redes con presencia en diferentes entidades federativas y dos redes internacionales, reiteran encarecidamente los llamados anteriores al gobierno mexicano para que adopte sin mayor demora el Protocolo Facultativo del PIDESC. Solicitan informe de los resultados del análisis exhaustivo que la cancillería ha llevado a cabo en los últimos dos años con miras a la firma y ratificación de este instrumento, e insisten en la necesidad de que México lo adopte sin reservas, reconociendo también la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU para iniciar procedimientos de investigación sobre situaciones de violaciones a los DESC y para conocer de quejas interestatales. Las organizaciones firmantes señalan que está abierta una importante oportunidad para que el gobierno mexicano muestre su compromiso real con la integralidad de los derechos humanos en el marco de la Ceremonia de los Tratados, 2011: hacia la participación y aplicación universales que inició este 20 de septiembre en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, misma que se extenderá hasta el día 27 del presente.

La Campaña mexicana por la ratificación del PF PIDESC estará vigilante del proceso e impulsará diversas actividades en diferentes estados de la República, informando al público a través del blog: http://ratificapfpidescmex.org/

La criminalización por defender el territorio indígena de Mezcala.

2011-09-21T08:19:00.000-07:00

Acción Urgente a favor de la Comunidad de Mezcala

2011-09-12T07:18:00.000-07:00

Guadalajara, Jalisco, a 11 septiembre de 2011

Emilio González Márquez
Gobernador del estado de Jalisco

Celso Rodríguez González
Presidente del Poder Judicial de Jalisco

Tomás Coronado Olmos
Procurador de Justicia del estado de Jalisco

Víctor Manuel Sánchez Orozco
Coordinador General de Delegados Regionales de la Procuraduría de Justicia de Jalisco

Ma. De La Luz Rodríguez Mendoza
Delegada en Jalisco de la Procuraduría Agraria

Agustín Hernández González
Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 16

Victoria Pacheco Jiménez
Delegada Estatal en Jalisco de la PGR

Carlos Maldonado Guerrero
Presidente Municipal de Poncitlan

Luis Gerardo González Blanquet
Delegado de la SEMARNAT en Jalisco

Raúl Antonio Iglesias Benítez
Director General del Organismo de Cuenca Lerma – Santiago Pacifico (CNA)

Manuel Galindo Jaramillo
Delegado de la PROFEPA en Jalisco

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD), es un organismo de la sociedad civil con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, autónomo, independiente y profesional, que a través de un proceso de exigibilidad y justiciabilidad, apoya la defensa de casos paradigmáticos de violaciones de derechos humanos individuales y colectivos, además es integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” conformada por 72 organizaciones de la sociedad civil cuya labor fundamental consiste en la promoción y defensa de los derechos humanos en distintas regiones del país. Las actividades se ciñen en la Declaración sobre el derecho y la responsabilidad de los individuos, grupos y órganos de la sociedad de promover y proteger los Derechos Humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, de las Naciones Unidas. Por tal virtud, acudo ante ustedes a promover la siguiente:

ACCIÓN URGENTE:

CESE AL ENJUICIAMIENTO Y PERSECUCIÓN A INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE MEZCALA, JALISCO, Y LA RESTITUCIÓN INMEDIATA DE SU TERRITORIO

El CEPAD ha recibido por parte de habitantes y autoridades de la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de Asunción, municipio de Poncitlán, Jalisco, información y documentación sobre una serie de violaciones a los derechos humanos cometidas por distintas autoridades en contra de la mujer indígena Rocío Moreno y los integrantes de la Comunidad, quienes han defendido su territorio invadido desde el año de 1999 por el empresario Guillermo Moreno Ibarra y su prestanombres Crescenciano Santana Sánchez (quien es miembro de la comunidad) con la complacencia de autoridades municipales, estatales y federales.

ANTECEDENTES

A).- La Comunidad indígena Coca de Mezcala tiene muy presente su pasado. En pleno movimiento de Independencia, Mezcala refugió a insurgentes buscados por los Realistas tras la derrota de Puente de Calderón. De 1812 a 1816 mantuvo la defensa de su isla. La comunidad cuenta con títulos primordiales que datan de 1534 por la corona española. Ya en 1668 existen documentos que ordenan la restitución de tierras a su favor, reconociéndose sus derechos territoriales y de su isla, así como sus autoridades. Vale mencionar que el Congreso de Jalisco y el Ejecutivo de la entidad, aprobaron y publicaron respectivamente, la Ley Sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Jalisco, en la cual no se le reconoció ese carácter al pueblo Coca de Mezcala.

B).- En 1999, el empresario Guillermo Moreno Ibarra se apoderó de diez hectáreas del territorio comunal y forestal, motivo por el cual las autoridades indígenas demandaron su inmediata restitución ante el Tribunal Unitario Agrario número 16, con sede en Guadalajara, Jalisco. El magistrado Agustín Hernández González, a cargo del expediente 653/167/2006 (antes el expediente se encontraba en el Tribunal de Atotonilco, Jalisco, y luego de 7 años paso a Tribunal 16), no ha resuelto el juicio, el cual ha informado que se encuentra en la etapa de dictar sentencia. La falta de resolución ha permitido al invasor continuar atentando contra el patrimonio territorial de la comunidad.

C).- Es importante mencionar que a partir de la ilegal ocupación hasta ahora, el invasor ha desmontado el área forestal y removido el suelo para construir una gran mansión, la cual se encuentra bordeada por una malla metálica electrificada y una brecha exclusiva para que circulen sus vehículos. Además, a desviado cauces de ríos, todo con la complacencia o permisibilidad de las autoridades del municipio de Poncitlán, de la Comisión Nacional de Agua (CNA), de la Procuraduría Federal para la Protección del Medio Ambiente (PROFEPA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de la Procuraduría Agraria (PA), entre otras.

D).- Además de los daños ocasionados al territorio de Mezcala, las agresiones de Guillermo Moreno contra habitantes y líderes de la comunidad son frecuentes, como la ocurrida el 10 de abril del presente año, cuando los habitantes de la comunidad decidieron manifestarle de manera pacífica su rechazo a la invasión de su territorio. En respuesta fueron recibidos con detonaciones de armas de fuego disparados por personas armada que se encontraban en las inmediaciones de la casa de Moreno Ibarra. Los hechos fueron denunciados ante la delegación en Jalisco de la Procuraduría General de la República (PGR), sin embargo, a la fecha no ha sido informada la comunidad sobre el curso de las investigaciones.En esa ocasión, las autoridades de Bienes Comunales acatando un acuerdo de Asamblea del 22 de marzo del año en curso, decidieron desmontar un panel solar que se estaba construyendo en territorio comunal. Señalan los comuneros que la instalación de dicho panel era para obtener agua desviando los arroyos de Mezcala y de la comunidad vecina de San Juan Tecomatlán, quienes requieren del vital líquido para llevar a cabo las labores de siembra y crianza de ganado.

HECHOS

E).- El pasado 14 de abril del presente año, el prestanombres Crescenciano Santana presentó ante la Agente Ministerio Público de Ocotlán, Jalisco, Lucero Moreno Murguía, una denuncia por daño a las cosas en contra de Rocío Moreno y diez integrantes más de la Comunidad. Posteriormente el empresario Moreno Ibarra presentó una denuncia igual por los mismos hechos y contra las mismas personas. Pese a la inconsistencia jurídica de la denuncia, la licenciada Lucero Moreno, jamás citó a Rocío Moreno para que conociera del contenido de la denuncia, saber quien la acusa, así como las pruebas que presuntamente la incriminaban. El domicilio particular de Rocío es conocido por los pobladores, así que debió haber sido citada por la representante social sin ningún problema. Cabe mencionar que en el momento de los hechos Rocío Moreno no se encontraba presente cuando la asamblea decidió desmontar la estructura del área comunal.

F).- Con una averiguación previa plagada de irregularidades consideradas violaciones a los derechos al debido proceso, seguridad jurídica y personal, el expediente fue consignado al Juez Penal de Ocotlán, licenciado Oscar Martín Morales Vázquez, quien en lugar de analizar a detalle el expediente, y advertir de las inconsistencias jurídicas por parte de la ministerio público, de manera irresponsable giró las ordenes de aprehensión en contra de Rocío Moreno y 10 personas más.

G).- La líder indígena Rocío Moreno, fue detenida el martes 6 de septiembre del 2011, a las 17:30 horas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por dos agentes de la policía investigadora de la Procuraduría General de Justicia, uno de los cuales se hizo pasar por periodista y mediante engaños la citó a través de su teléfono celular para realizarle una entrevista sobre la isla de Mezcala. Estando en la puerta del diario Milenio Jalisco, llegó una persona quien se hizo pasar como miembro de la redacción de dicho periódico, pero en verdad era uno de los dos agentes. Le argumentaron a Rocío Moreno que la detenían debido a que recibieron reportes de periodistas del diario Milenio donde la acusaban de amenazarlos vía telefónica. Es importante resaltar que el teléfono celular de Rocío al parecer se encontraba intervenido por ese par de agentes, pues se reían cuando trataba de hacer algunas llamadas pues el aparato estaba bloqueado.

H).- A las 18:00 horas la estuvieron interrogando en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia ubicadas en la calle 14, de la Zona Industrial, en cuatro oficinas distintas y al final puesta en una celda. El 7 de septiembre a las 8 de la mañana fue trasladada a Ocotlán, Jalisco, donde fue puesta a disposición del Juez Penal, Oscar Martín Morales Vázquez, responsable de girar la orden de aprehensión. Luego de pagar una exorbitante fianza, fue puesta en libertad.

I).- El próximo martes 13 de septiembre, el Juez Penal resolverá la situación jurídica tanto de Rocío Moreno como para el resto de los comuneros, es decir, decidirá si les deja en libertad o se les procesará por los delitos denunciados por Guillermo Moreno Ibarra y su prestanombres Crescenciano Santana Sánchez.

Por todo lo expuesto con anterioridad, les exigimos:

PRIMERO.- Que los representantes de la Procuraduría de Jalisco, se desistan de la acción dentro del juicio penal número de expediente 318/2011-C, celebrado ante el licenciado Oscar Martín Morales Vázquez, esto debido a las irregularidades cometidas por la Ministerio Público, Lucero Moreno Murguía, dentro de la averiguación previa 1327/2011 de Ocotlán, Jalisco.

SEGUNDO.- Que el Juez Penal, licenciado Oscar Martín Morales Vázquez resuelva dejar en plena libertad a Rocío Moreno y al resto de los comuneros, así como dejar sin efectos las órdenes de aprehensión, debido a que no existen elementos constitutivos de delitos, y por ende, asentar las inconsistencias legales de hecho y de derecho, todas ellas violatorias de los derechos humanos de las personas de la comunidad.

TERCERO.- Que de una vez por todas, el magistrado del Tribunal Unitario Agrario número 16, resuelva en definitiva el expediente 653/167/2006, en el sentido de restituirle a la Comunidad Indígena de Mezcala el territorio invadido por el empresario Guillermo Moreno Ibarra.

CUARTO.- Al las autoridades delegacionales de la SEMARNAT, PROFEPA, CNA, PA, para que de una vez por todas, resuelvan las acciones interpuestas por las autoridades comunales, tanto para los casos del desmonte del arbolado, el uso de suelo, el desvío de los causes hídricos, entre otros daños medioambientales. Asimismo, se les reconozcan y garanticen los plenos derechos de la comunidad indígena Coca de Mezcala.

QUINTO.- Que se investigue y se llegue al fondo sobre el grupo paramilitar que resguarda el predio comunal invadido por el empresario Guillermo Moreno Ibarra.Esta petición les es formulada bajo el manto de la garantía consagrada en el artículo 8 de la Constitución General de la República, la cual se realiza en los términos establecidos en dicho numeral.

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC

Calle Madero 836, colonia Americana Oriente. C.P.44160Teléfono y fax 52 (33) 3613-4066Guadalajara, Jalisco. MÉXICO.

Les pedimos a las personas y organizaciones locales, nacionales e internacionales, solidarias con esta AU, marquen copia al correo defensa@cepad.org.mx

Emilio González Márquez

Gobernador del estado de Jalisco

Correo electrónico: emilio.gonzalez@jalisco.gob.mx

Teléfono: 52 (33) 3030 - 4800

Mgistrado Celso Rodríguez González

Presidente del Poder Judicial de Jalisco

Correo electrónico: presistj@prodigy.net.mx

Teléfonos: 52 (33) 12 00 15 00 ext. 30352 333 3614 6316

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Tomás Coronado Olmos

Procurador de Justicia del estado de Jalisco

Correo electrónico: tomas.coronado@jalisco.gob.mx

Teléfono: 52 (33) 3837 6000

Víctor Manuel Sánchez Orozco

Coordinador General de Delegados Regionalesde la Procuraduría de Justicia de Jalisco

Correo electrónico: victor.sanchez@jalisco.gob.mx

Ma. De La Luz Rodríguez Mendoza

Delegada en Jalisco de la Procuraduría Agraria

Teléfono: 52 (33) 36163085, 36163087 Y 36163089

Correo electrónico: jal@pa.gob.mx

Magistrado: Lic. Agustín Hernández González

Tribunal Agrario Distrito 16

Teléfono: 01 33 38 25 04 64

Fax: 01 33 38 25 63 20

Correo electrónico: tua16@tribunalesagrarios.gob.mx

Judith Berenice Paniagua

Visitadora de la Procuraduría Agraria para los municipios de Ocotlán y Poncitlan

Correo electrónico: jal_res@pa.gob.mx

Victoria Pacheco Jiménez

Delegada Estatal en Jalisco de la PGR

Teléfono: 01 333 942 33 02

Correo electrónico: politicacriminal@pgr.gob.mx

Carlos Maldonado Guerrero

Presidente Municipal de Poncitlan

Correo electrónico: poncitla@jalisco.gob.mx

Teléfono: 9-21-02-68, 9-21-02-69, 9-21-00-07

Fax: 9-21-02-68(Lada 01) (CLAVE 391)

Luis Gerardo González Blanquet

Delegado de la SEMARNAT en Jalisco

Teléfono:(333) 668-5300 Fax: (333) 668-5331

Correo electrónico: delegado@jalisco.semarnat.gob.mx

Raúl Antonio Iglesias Benítez

Director General del Organismo de Cuenca Lerma – Santiago Pacifico

Teléfono: 01 333 268 02 00

Correo electrónico: raul.iglesias@conagua.gob.mx

José Manuel Galindo Jaramillo

Delegado de la PROFEPA en Jalisco

Teléfonos: 01(33) 382 465 08 y 01(33) 382 465 82Ext. 18670 (Fax)

Correo electrónico: jmgalindo@profepa.gob.mx

Agencia del M.P. Delegación Regional Zona Ciénega (04)

Teléfono: (392) 925-0046Fax: (392) 925-0046

Correo electrónico: delocotlan@jalisco.gob.mx

Acá la lista de correos a los que hay que enviar la acción urgente:

delocotlan@jalisco.gob.mx, jmgalindo@profepa.gob.mx, raul.iglesias@conagua.gob.mx, delegado@jalisco.semarnat.gob.mx, poncitla@jalisco.gob.mx, politicacriminal@pgr.gob.mx, jal_res@pa.gob.mx, tua16@tribunalesagrarios.gob.mx, jal@pa.gob.mx, victor.sanchez@jalisco.gob.mx, tomas.coronado@jalisco.gob.mx, presistj@prodigy.net.mx, emilio.gonzalez@jalisco.gob.mx

En México no existe un concepto ideal de Familia

2011-08-24T08:13:00.000-07:00

El Congreso del estado de Jalisco deberá resolver en estos días el sentido del dictamen, sobre la iniciativa popular que propone la reforma al Código Civil de Jalisco, a efecto de crear un apartado denominado “De la Familia”, que pretende entre otras cosas, lo que por ley deberá entenderse por familia, es decir, padre, madre e hijos.

Sin lugar a dudas existen temas que deben estar abiertos al análisis, discusión y reflexión de la sociedad, algunos de ellos polémicos en tanto que surgen de posturas religiosas, filosóficas, sociológicas o legales. Pero el asunto de la iniciativa popular cobra una importancia relevante cuando las instituciones públicas contravienen disposiciones jurídicas que les son propias, en este caso, por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco, cuyo Consejo General resolvió el pasado 6 de junio la procedencia de la mencionada iniciativa.

La irresponsabilidad legal en que incurrió la autoridad electoral al resolver favorablemente la iniciativa y remitirla posteriormente al Congreso local radica en lo siguiente: una iniciativa popular que pretende conceptualizar lo que debe entenderse por familia, debió desecharse por contravenir a la propia Constitución General de la República, los diversos tratados y convenciones internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano y a los principio universales de derechos humanos.

En primer término, en el artículo 4 de la Constitución del país, se observan las garantías reconocidas a la institución social que es la familia, pero sin que señale, describa, especifique o determine la existencia de un modelo o prototipo de ésta. Sin embargo, al resolver procedente la iniciativa popular que conceptualiza la familia, el Consejo General del instituto, violentó el artículo 1 de la misma Constitución General, que establece el derecho a la igualdad y a la no discriminación. La autoridad electoral avaló una iniciativa a todas luces contraria a los derechos fundamentales de las personas que no encuadren en los supuestos que sus promoventes pretenden que debe ser la familia.

En segundo lugar, el instituto electoral debió analizar iniciativa popular a la luz de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, es decir, si la dichosa iniciativa no restringía o limitaba derechos universalmente reconocidos, entre ellos los relacionados con los derechos a la no discriminación de las personas por cualquiera que sea su condición. Si bien es cierto que algunos instrumentos internacionales establecen un modelo de familia, también lo es, que en casos donde dos o más derechos se contrapongan, prevalecerá aquel que mayor proteja a las personas, en el caso particular, a no ser discriminadas, como pueden ser en este caso las madres o padres solteros con relación a sus hijos, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, tios, tias, primos, primas, etc., incluyendo aquellos matrimonios convencionales que no desean tener hijos.

La postura del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, respecto a la suerte que deberá correr dicha iniciativa popular, es que el Congreso local como parte del Estado mexicano, tiene la obligación de respetar los derechos y libertades de toda persona,y por lo tanto, deberá rechazarla por contener una propuesta de lo que debe ser la familia, totalmente limitada, excluyente y discriminatoria. No obstante, existe la posibilidad que los y las diputadas locales aprueben el dictamen, pero habrá que recordarles que hace un año el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que no existe un concepto ideal de familia en México.

El trabajo de los diputados y la garantía de los Derechos Humanos

2011-08-23T07:54:00.000-07:00

Fotografía: www.congresojal.gob.mx

Les compartimos la nota periodística de El Informador del día de hoy, la cual hace referencia al trabajo de diputados que citan fuentes telemáticas non gratas. El Cepad dio una opinión breve sobre el asunto:

"Sugieren a diputados consultar bases datos o bibliotecas"

Las y los invitamos a seguir el asunto.

Opinión del Cepad en la revista de Ciudad en Bici

2011-08-16T08:42:00.000-07:00

Sobre el tema de los derechos humanos se habla mucho, sin embargo es necesario fortalercer nuestra memoria para no olvidar a todos aquellos movimientos que fortalecieron esa lucha, como el movimiento estudiantil del 68 y el ocurrido en las explosiones del 22 de Abril del Sector Reforma en Guadalajara.

La reciente Reforma a la Constitución de nuestro país, coloca a los derechos fundamentales como uno de sus elementos principales en beneficio de las personas.

Te invitamos a leer el artículo completo en la Revista Ciudad en Bici, a cuyo equipo agradecemos la invitación a compartir nuestras reflexiones.

Vínculo: http://www.youblisher.com/p/163292-Ciudad-en-Bici-No-13-Agosto-2011/

Derechos de los pueblos indígenas

2011-08-11T07:49:00.000-07:00

cepad@cepad.org.mx

Desde 1994 la Asamblea General de la ONU, estableció el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, cuyo tema de este año es: “ Diseños indígenas: celebrando nuestras historias y culturas, creando nuestro propio futuro”. La conmemoración señala la importancia de preservar y fortalecer las culturas indígenas, donde se incluye su arte y propiedad intelectual.

Más allá de temas y conmemoraciones, que terminan convirtiéndose en una simple fecha de calendario, es una buena ocasión para detenernos a pensar en la situación en la que se encuentran nuestros pueblos originarios, que en nuestro país lo constituyen aproximadamente 12 millones de personas a nivel nacional.

En el caso de Jalisco, residen variados pueblos de gran importancia para nuestra identidad: los Wixáricas y los nahuas, ubicados en el norte y sur del estado, respectivamente. Los Cocas en la zona de Mezcala, además de los miles de migrantes indígenas que residen en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Desafortunadamente en los territorios donde residen, es donde las estadísticas reflejan el máximo nivel de pobreza, marginación y exclusión a los que nuestra cultura mestiza los ha sometido.

Lugares donde los fallecimientos son por causas totalmente curables y la cobertura de salud es un signo más de la desprotección. Sitios en donde los discursos de desarrollo no tienen el mínimo impacto porque buscan imponer algo que no tiene sentido en su propia cosmovisión.

La creación de marcos legales como las leyes de cultura indígena e incluso la propia modificación a la Constitución en su artículo 2, hoy retada por la incorporación total de la visión de los derechos humanos, no ha propiciado un cambio, porque en realidad se busca definir términos para los pueblos originarios, pero siempre por la vía de de la imposición, donde incluso se decide la pertenencia o no de las personas. Como si las leyes fueran la realidad misma, esa de la que sólo de ellos podemos aprender.

Nos reconocemos como un país pluricultural e incluyente, pero sólo tomamos en cuenta nuestros pueblos originarios para las fotografías en campañas políticas o en ejercicio del poder, o bien para que elaboren su trabajo artesanal en establecimientos turísticos sin reconocerles su calidad de personas, como sucede en Puerto Vallarta, incluso reprimiéndolos al desalojarlos de sus sitios de trabajo, como ocurrió hace apenas unos días por parte del Ayuntamiento de Guadalajara.

De acuerdo a lo documentado en los Informes sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco del Cepad 2007 y 2010, se comprueba que les negamos su derecho a su libre determinación al apoderarnos de sus territorios y de sus s recursos naturales, muchos de los cuales forman parte de su “esencia de la vida” como en el caso de Wirikuta, sitio en donde se ha concedido por el gobierno federal la explotación minera y que ha sido denunciado incluso ante el relator de los pueblos indígenas por los propios Wixaritari, sin que se tenga respuesta por parte de las autoridades.

Tenemos también al pueblo Coca de Mezcala, que lucha día a día para evitar que intereses particulares se apropien de sus tierras comunales que fueron sembradas con la sangre de sus antepasados en la lucha de independencia, y que nos dice mucho de la dignidad que significa la pertenencia a una comunidad indígena.

Ellos mismos nos dan una referencia clara de ello:

"[...] no hay ninguna intención del gobierno de cambiar esta situación, pues como menciona uno de los miembros de la Asamblea General de Comuneros, las cosas van a cambiar cuando el gobierno venga a Mezcala y en lugar de querer poner una tiendita en la Isla, venga y ponga un hospital, una escuela, o cuando dejen de darnos las miserias de las ayudas “PROGRESA” y vengan a darnos empleos y pago justo a nuestro trabajo".

Podemos hacer mucho: escuchar y aprender de ellos es el primer paso.

Los Derechos Humanos y el fuero militar: incompatibles

2011-08-02T10:00:00.000-07:00

Foto: www.ciudadanosenred.com.mx

Durante varias décadas en nuestro país se han ido documentado algunos acontecimientos violatorios de derechos humanos donde se involucra en calidad de perpetradores a elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas. Aún está en la memoria del pueblo de Morelos el asesinato en 1962 del líder campesino Rubén Jaramillo, presuntamente por orden del entonces presidente Adolfo López Mateos.

Probablemente la intervención de los militares en la comisión de violaciones a los derechos humanos difundida internacionalmente fue la masacre contra jóvenes estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968. Tampoco podemos omitir mencionar las torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales contra integrantes de grupos guerrilleros, sindicalistas y civiles sin militancia política en los sesenta, setenta y ochenta, documentado por la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado.

Lamentablemente no se puede documentar la totalidad de los casos donde elementos castrenses se ven inmiscuidos en las violaciones a los derechos humanos, en ocasiones por las amenazas que infieren a sus víctimas y a sus familias, y otras por la parcialidad y opacidad de los tribunales militares, pues al verse involucrado uno de sus elementos, se convierten juez y parte.

En los últimos años, meses y días, algunos medios de comunicación han registrado nuevas violaciones a los derechos humanos por elementos del Ejército o la Marina Armada de México contra civiles inocentes o presunto delincuentes, como son las detenciones arbitrarias, torturas, homicidios y desapariciones forzadas, entre otras. Sin embargo, las víctimas o sus familiares tienen que afrontar la estructura de justicia militar en busca de que se juzgue y castigue a los responsables. En Jalisco recordamos hechos donde se involucra a personal militar, como los ocurridos en el 2009 en la comunidad rural de Maltaraña en el municipio de Jamay, donde un convoy con aproximadamente 30 soldados, irrumpieron en más de una decena de casas sin autorización de sus moradoras bajo el argumento que escondían armas y drogas. Actualmente ese caso se encuentra en etapa de investigación a cargo del Ministerio Público Militar adscrito a la V Región Militar.

Pero las cosas han cambiado positivamente para las víctimas y la justicia mexicana, por una parte están las recientes reformas constitucionales sobre derechos humanos publicadas el día 10 de junio pasado en el Diario Oficial de la Federación, y por la otra, la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el tema del fuero militar.

Respecto a las reformas, el texto de la Constitución mexicana reconoce a los derechos humanos contenidos en los Tratados y Convenios internacionales como parte del derecho interno. Para esto se necesitó la aprobación de 22 Congresos locales del decreto enviado por el Congreso de la Unión. Vale mencionar que el Congreso de Jalisco jamás puso a discusión la aprobación o no del dictamen, lo que refleja el nivel ético y político de sus integrantes.

El primer artículo de los once reformados y quizás el más importante señala que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano,…”. Estos también incluyen a las resoluciones o recomendaciones de los órganos de los tratados, la jurisprudencia y la aplicación de principios internacionales como el pro persona, es decir, aquel derecho o criterio que más proteja a la persona.

Asimismo, el día 4 de julio de 2011, el Pleno de la SCJN inició el estudio de determinar si la sentencia contra el Estado mexicano dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla a manos de militares en la década de los setenta, establece obligaciones para el Poder Judicial Federal, y en su caso, definir cómo deben ser cumplidas.

La SCJN después de analizar la decisión de la CoIDH en el caso Radilla, en una resolución histórica, determinó que el fuero militar no opera para procesar a militares responsables de violaciones a Derechos Humanos, por lo que deberán ser juzgados por tribunales civiles. En este sentido, el deber de remitir al fuero civil los casos que están siendo conocidos por el fuero militar alcanza casos paradigmáticos como los de Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, y los Campesinos Ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

Con esta decisión se traza un camino importante para el acceso a la justicia y el debido proceso de las víctimas y sus familiares, y se confirma una vez más, que los avances en materia de derechos humanos provienen de grandes esfuerzos de personas, grupos y organizaciones defensoras de derechos que acompañan a las víctimas, quien junto con éstas han tenido que recurrir a organismos internacionales ante la corrupción e impunidad de quienes ejercen el poder público en nuestro país.

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en la opinión del Cepad.

2011-08-01T11:00:00.001-07:00

Les compartimos la nota publicada el jueves en El Informador, en la que se entrevistó al Cepad sobre el desarrollo y fines del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

El vínculo de la nota es: Sicilia presionará para sacar reformas

La visita de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos a México

2011-07-13T09:36:00.001-07:00

Fotografía: Oficina en México de la OACNUDH

Durante julio el país recibió la visita de Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para conocer la situación que acontece en nuestras libertades fundamentales.

La Alta Comisionada visitó albergues, tuvo encuentros con organizaciones de la sociedad civil, autoridades federales y representantes de las comisiones públicas de protección a los derechos humanos.

En ese marco, el 5 de Julio la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos y todas” en la que participa en Cepad, le entregamos un documento que resume las principales preocupaciones en el país:

En lo que se refiere al acceso a la justicia, aún a pesar de las reformas que buscan cambiar lo que vimos crudamente en la película “Presunto Culpable”, persisten aspectos que son contrarios a nuestras libertades como el arraigo, la prisión preventiva, que afecta a la mayoría de las personas detenidas que esperan una sentencia, además del cateo express y la intervención de comunicaciones con el pretexto de la lucha en contra de la delincuencia organizada.

Otro de los temas propuestos fue la revisión de la jurisdicción militar, cuando éstos comenten delitos en contra de civiles, minada apenas ayer por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aspecto al que México ha sido renuente en su cumplimiento, no obstante las sentencias condenatorias ante Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Se informó de la necesidad de cambiar la estrategia de seguridad, de una meramente policial que sólo protege a quienes la administran, a una ciudadana o humana, que busca proteger y garantizar nuestras necesidades, en la cual se tendría que invertir más en la solución de problemas sociales y menos en armas, patrullas o tanquetas.

Respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, se le informó de la situación crítica en la que se encuentra la protección a la salud, el acceso a una vivienda digna, la educación, la limitación del empleo y en su estabilidad, así como el medio ambiente y los macropoyectos, aspectos que también son toda una agenda pendiente en Jalisco, basta recordar el caso del Río Santiago, o la lucha que llevan los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo para evitar la construcción de una presa que frenará sus condiciones de vida.

Se informó a la Alta Comisionada de la respuesta que ha otorgado el Estado Mexicano, la cual ha sido realmente limitada y decorativa al contar con un Programa Nacional de Derechos Humanos que no se aplica en la práctica y que solamente ha tenido eco en el Distrito Federal, pero que aún así se indicaron las preocupaciones por los riesgos en cuanto a caer en acciones simuladas no precisamente ajustadas a los derechos humanos.

En su pronunciamiento final, la representante de la OACNUDH, reconoce la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos y consideró necesaria su implementación en los niveles de gobierno federal, estatal y municipal, al mismo tiempo resaltó la necesidad de la seguridad ciudadana como una de las condiciones de respeto al derecho a vivir sin amenazas, además de mostrar su preocupación por la situación de violencia que amenaza el Estado.

Invitó al Gobierno Mexicano a que la intervención del ejército fuera extraordinaria, limitada en tiempo y sujeta a controles civiles.

Se dirigió además a las defensoras de los derechos de las mujeres y exigió el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso de "campo algodonero" que hace referencia a la responsabilidad del Estado en los feminicidios en Ciudad Juárez.

Solicitó la protección a los migrantes, en especial a mujeres y niñas, así como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, además exigió la implementación de un mecanismo de protección para defensores, defensoras y periodistas.

Invitó a cada uno y cada una para declararnos defensores de todos aquellos y todas aquellas que nos defienden, porque sin ellos se erosionarían nuestras libertades fundamentales. Es un compromiso y también una invitación, declarémonos, porque como menciona la campaña de la ONU, señalando una frase de Desmond Tutu: “Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.

Los siete años después de aquel 28 de mayo

2011-06-01T07:28:00.000-07:00

Fotografía: crónica de sociales

Transcurría 2004 y en ese día existían dos imágenes: la de los presidentes de América Latina, el Caribe y Europa que sólo dialogaron. En el otro lado, en las calles cientos de personas se manifestaban por otro mundo posible y diverso, las cuales fueron infiltradas, reprimidas y torturadas en una especie de nueva plataforma política que dio varios frutos: varios puestos a nivel federal, en el poder legislativo, en la estructura policial del país y lo peor, el nacimiento de una política de seguridad a la usanza de las dictaduras.

Predominó el miedo en la sociedad, con más acento en los jóvenes, como advertencia de su “no” futuro al no contar con la protesta como herramienta, la diversidad como vida, o el esparcimiento como forma de caminar.

Las instituciones formadas para defender los derechos de las personas, señalaron, denunciaron, documentaron hasta donde pudieron, pero nunca pudieron doblar la impunidad y la cerrazón del gobierno.

El 28 de mayo de 2004, es el punto de varias luces y sombras de Jalisco.

· Es luz en el florecimiento y consolidación de varios movimientos sociales que decidieron romper con el silencio y dejar de voltear hacia el sistema, lo que facilitó otras agrupaciones en temas de movilidad y desarrollo.
· Es luz, en el surgimiento de una nuevo brío de la denuncia de violaciones a los derechos humanos surgido desde la visión de las personas que las han sufrido. Esa es nuestra historia como Cepad
· Es sombra, en la decadencia de instituciones que en teoría debieran de defender los derechos humanos, tal es el caso de la CEDHJ, la cual por cierto ni siquiera se ha pronunciado por el asunto.
· Es sombra, porque sentó las bases de una constante y sistemática criminalización de la protesta social, pero ahora diversificada que impide la exigencia de derechos para mujeres, campesinos, grupos de diversidad sexual, aspecto del cual no es ajeno Puerto Vallarta, con las recientes detenciones a travestis por parte de la Policía Municipal.
· Luz, porque a raíz de los hechos algunos periodistas forjaron su trinchera en la solidaridad y el periodismo alejado de la falsa neutralidad.
· Sombras, porque se sigue utilizando el discurso del poder y el escarnio sobre todo en las notas policiacas sin el mínimo respeto a los derechos humanos.
· Sombra, porque la impunidad se institucionalizó en la procuración y administración de justicia.
· Es sombra, porque incubó una clase política bajo el patrón de la ilegalidad, tortura y represión como forma de ejercicio del poder.
· Es luz, porque varios profesionistas consagraron su compromiso a los demás con base en la defensa de la dignidad de las personas.
· Es luz, porque debe permitirnos memoria exigente, sobre todo ahora en que se acercan los momentos electorales,
· Es luz, porque siempre debemos preguntarnos a la usanza del discurso de Javier Sicilia ¿Dónde estábamos cuando eso ocurrió?, ¿por qué lo permitimos?

Así nos lo demandan las mil 343 personas torturadas que se documentaron en el Análisis de la Tortura en Jalisco 2000-2009, de las cuales 175 son mujeres y 79 niños o niñas. Como diría Felícitas Treue del Colectivo contra la Tortura, esta “es intencional y es planeada, es una estrategia de Estado”.

Día internacional contra la homofobia o la tolerancia y el respeto a las preferencias

2011-05-18T11:59:00.000-07:00

Tomado del blog reundisex.blogspot.com (Red Universitaria de la Diversidad sexual)

El día de ayer celebramos el Día Internacional contra la Homofobia, aunque en el resto del país lo mencionamos como Día Nacional por la tolerancia y el respeto de las preferencias, simplemente porque así se decretó de forma limitada.

Independientemente de la nomenclatura del día, tiene que ser útil para recordarnos lo importante que es la diversidad en nuestros tiempos, pero también para oponernos a todo aquello que no la favorezca, la limite, obstaculice o intente sancionar; incluso en el caso extremo eliminar a personas concretas.

Esto lo digo a propósito de la marcha realizada el 15 de mayo en Guadalajara, en la que cientos de personas pertenecientes a grupos religiosos o conservadores como quieran llamarle, solicitaron públicamente que se echara para atrás la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, en la que por cierto se prohíbe expresamente la discriminación por el ejercicio de alguna preferencia sexual.

Queda claro que nadie podemos estar en contra de un ejercicio de libertad de expresión, pero sí de ideas cuyo fundamento es la desinformación: por ejemplo se ha mencionado que con estas modificaciones se propiciarán aberraciones sexuales, cuando en realidad se olvida la existencia de una serie de libertades relacionadas con nuestros derechos sexuales y reproductivos, ya considerados afortunadamente en cada vez más leyes.

En el fondo se trata de una peligrosa reactualización de ideas ya superadas hace siglos, lo que curiosamente coincide con la reciente Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, en la que se menciona que cuatro de cada diez personas no permitirían que en su casa vivieran personas homosexuales. Además tres de cada diez consideran que se justifica mucho, algo y poco oponerse a que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio.

Lo más lamentable es que la falta de una cultura de la diversidad e inclusión, llega hasta el plano político. Sino como explicar que en la ciudad de México se reconozcan libertades fundamentales a personas gays, lesbianas y transgénero entre otros, mientras que en estados como el nuestro, se les destierra de la ley, se les culpa moralmente y hasta desde las sedes del poder se declaran con “asco” por sus preferencias, como en el caso de Emilio González Márquez.

Un gobierno que omite su papel de garante de la diversidad, es uno que indudablemente no es democrático, ni mucho menos incluyente, aunque lo intenten a través de discursos basados en una falsa y dictadora “tolerancia”.

Lo importante es saber que el Estado está obligado a garantizar los derechos de la comunidad LGBT, lo que implica respetar, hacer visibles, crear herramientas jurídicas o administrativas que permitan construir diques en contra de la homofobia y la discriminación. Aún más, es indispensable que propicie un entorno favorable al cumplimiento de los derechos que en este caso ha estado totalmente ausente.

Sino como explicar las consignas de los marchantes, sin una respuesta por parte de alguna autoridad, ya no se diga la Comisión que supuestamente está encargada de “promover y defender los derechos humanos”.

Con ello queda claro que la homofobia lo que busca es invisibilizar y con ello eliminarnos poco a poco a todos los que somos diferentes.

Antes de concluir, valga esta intervención para exigir el esclarecimiento de los crímenes contra Barbara Lezama ocurrido en Cholula, Puebla, y del defensor Quetzalcoatl Leija Herrera, privado de la vida en Chilpancigo, Guerrero, ambos ¡ No debieron morir !, ¡ no más indiferencia y discriminación !

Es tiempo de la no violencia-activa

2011-05-06T15:05:00.000-07:00

Paz y Justicia con dignidad, es la exigencia insistente que escuchamos en el marco de esta caminata que lleva consigo el dolor de 40 mil vidas humanas perdidas, de cientos de personas desaparecidas. Rostros de una infancia a la que no pudimos garantizarles un futuro, familias de defensores y defensoras que buscan consuelo ante el espacio dejado, poetas y escritores, como Javier Sicilia que ha solicitado el silencio para redescubrir el sentido de nuestra acción.

Las organizaciones y algunas personas, acompañan, se suman. En otros lugares convocan cuando el llamado ya fue hecho desde hace tiempo en nuestras propias vivencias y de diversas maneras.

La ruta es clara: transitar del grito de ¡Estamos hasta la madre! al silencio que dice mucho, que nos cuestiona e invita a actuar, a emplazar a los que han hecho de una forma de vida la violencia visible y la que se promuee desde las sedes de decisiones económicas y políticas, entre las que se incluye al narcotráfico.

¿Cómo hacerlo o cuál es el punto de partida?. La respuesta aunque no es sencilla, tiene que surgir del convencimiento de que todos los seres humanos tenemos el poder de transformar situaciones y comportamientos violentos, de romper con la inercia de que se trata de la única alternativa (esto es lo que nos impide otorgar la comprensión que solicita Felipe Calderón). Por eso la marcha en silenciodebe provocar en nuestras personas la convicción de que podemos cambiar el rumbo más allá de nuestras diferencias reconocidas.

Lo segundo, es buscar alternativas, aún a costa de riesgos o sufrimientos (Juan Pablo Lederach, 1995), pero que tengan como fin la inclusión de todas las peraonas y la búsqueda de alternativas desde nosotros mismos, es decir autogestivas, en pleno ejercicio de nuestra autonomìa y solidaridad con los otros.

Esto implica buscar siempre la justicia como condición esencial, además de afirmar la humanidad de cada persona. Es importante tener claro todas las consecuencias de la violencia en cifras e imágenes, pero también que nos impide coincidir como personas.

Otro de los componentes es insistir y no colaborar con auqellas estructuras, instituciones u organismos sociales y políticos que propician la explotación, desigualdad y el aprovechamiento de unos cuantos sobre otros.

Entre más seamos los que demandemos el cambio, será menos necesaria la violencia.

"La máxima debilidad de la violencia consiste en que es una espiral descendente que engendra exageradamente lo que pretende destruir. [...] Por medio de la violencia se mata al que odia, pero no se mata el odio [...] Devolver violencia por violencia la multiplica, incrementando la profunda oscuridad de una noche ya carente de estrellas. La oscuridad no puede eliminar la oscuridad; sólo la luz puede hacer eso. El odio nunca puede terminar con el odio; sólo el amor puede hacer eso." Martin Luther King, Jr. 1967.

¡El derecho a la alimentación a la Constitución!

2011-04-13T08:56:00.000-07:00

Hoy, 4 de abril de 2011, la Cámara de Senadores tiene la oportunidad de elevar a rango constitucional este derecho fundamental, mediante la aprobación del dictamen que la Cámara de Diputados les turnó desde el año pasado. Dicho dictamen se aprobó por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Sin embargo, este dictamen no pudo aprobarse por la oposición de parte del Partido Acción Nacional (PAN), lo cual, ha significado que no se le dé la importancia crítica necesaria, al ser éste un tema de prioridad, dado el contexto de crisis alimentaria mundial y los conflictos que enfrenta México en materia de soberanía alimentaria; situación desfavorable en el campo; obesidad y malnutrición en la población.

La alimentación es considerada un derecho social, ya que se debe garantizar a todas las personas, particularmente a las clases más desvalidas o desprotegidas su acceso y goce. Para ello se requieren de políticas públicas en los diferentes niveles de gobierno. El Estado mexicano tiene la obligación a tomar todas las medidas necesarias (políticas públicas, legislación y presupuesto) para lograr gradual y progresivamente, la plena realización del derecho a la alimentación, de acuerdo a diversos tratados internacionales firmados por el Estado.

El derecho a la alimentación adecuada, así como el derecho fundamental a vivir sin pasar hambre están reconocidos en diversos instrumentos internacionales tales como: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, en la Convención de los Derecho del Niño y en el Preámbulo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores, revisaron, discutieron y aprobaron, el pasado 23 de marzo, el proyecto para aprobar la minuta que la Cámara de Diputados le turnó el 20 de abril de 2010.

Dicha minuta adiciona un párrafo al artículo 4to.constitucional que dice “El Estado garantizará el acceso de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”. Asimismo adiciona una fracción al artículo 27 en donde establece que “El desarrollo rural integral, a que se refiere el párrafo anterior, tendrá como finalidad que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.”

Esta reforma constitucional, en materia de derechos humanos, es un avance importante, mas no sustituye el reconocimiento explícito del derecho a la alimentación en nuestra Carta Magna. Por tanto, exigimos a las autoridades legislativas, se eleve a rango constitucional el derecho a la alimentación; ya que esto brindará a las instituciones públicas, así como a la sociedad, un marco legal específico para exigir la generación de políticas públicas y acciones que ofrezcan las condiciones necesarias para que se produzcan alimentos y que estos sean física y económicamente accesibles para la población. Asimismo, permitirá impulsar propuestas para recuperar la soberanía alimentaria del país.

Un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos

2011-04-06T13:10:00.000-07:00

El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, se ha caracterizado desde el inicio de su mandato por violar sistemáticamente los derechos humanos de sus gobernados, ya sea por acción u omisión, y sin que a la fecha se haya abierto algún proceso judicial o administrativo que lo investigue ni mucho menos que lo sancione.

La huella indeleble de éste gobierno ha sido el abuso del poder y la discrecionalidad con que maneja los recursos públicos, ejemplos hay muchos. Recordemos el donativo frustrado para la edificación del malogrado templo de los mártires; también las aportaciones millonarias a las actividades del duopolio televisivo con el pretexto de promover el turismo en Jalisco, o los recientes 150 millones de pesos destinados a promover su último informe de gobierno en aras de perfilar su candidatura a la presidencia de la República con cargo al erario. Todos estos gastos verdaderamente ofensivos para sectores sociales que carecen de los bienes más elementales para subsistir.

Sin duda que la utilización de los recursos públicos de la forma con que los ejerce el actual gobierno, atenta contra el derecho al desarrollo de nuestra sociedad, tal es el caso de regatear el presupuesto destinado a la educación que imparte la Universidad de Guadalajara, obligando a nuestros jóvenes a salir a las calle y ejercer su derecho a la protesta social.

Otros sectores sociales que han tenido que salir a las calles a ejercer su derecho a la protesta social, precisamente por el autoritarismo del mandatario, son los habitantes de la población de Tenacatita, quienes fueron desalojados violentamente de sus casas y negocios. También tomaron las calles los opositores del la líneas dos macrobus e igualmente reprimidos. Y qué decir de los y las profesoras de las telesecundarias de la entidad, a quienes se criminalizó y reprimió con la fuerza pública.

En su afán por seguir gobernando a espaldas de la población, actualmente los habitantes de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo mantienen dignamente su lucha contra la construcción de la presa del Zapotillo de la cual no fueron consultados por el gobierno local y federal. Para legitimar aún más su lucha, realizaron una consulta pública con el auspicio del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, resultando que más del 90 % de la población consultada rechazó la construcción de la obra.

Tampoco podemos dejar de mencionar la lucha del Comité Salvabosque el Tigre dos, por defender el Bosque del Nixticuil contra las autoridades de Zapopan y los desarrolladores inmobiliarios que pretenden construir un fraccionamiento de grandes magnitudes, pese al daño al medio ambiente que ello representa. Por mencionar algunos casos también de resistencia civil y pacífica, pero también legal.

El gran empeño del gobierno del estado por ignorar los derechos fundamentales y humanos de quienes habitamos o transitamos Jalisco, como son al acceso a la justicia, a la protesta social, al medio ambiente, al agua, a la cultura, a la educación, a las preferencias sexuales, de las mujeres y a la información, nos pone como sociedad ante la disyuntiva: ser espectadores cómplices de una administración descompuesta moral y éticamente o actuar solidariamente por la defensa de nuestros derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, y revertir el actual estado de cosas para bien de la presente y futuras generaciones.

Les invito a consultar la página, el blogs y el facebook del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, muchas gracias.

Postura ante la salida de funcionario del gobierno del estado de Jalisco que hostiga y amenaza

2011-04-05T09:49:00.000-07:00

Guadalajara, Jalisco, 1° de abril 2011

El pasado 27 de marzo, un conjunto de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación denunciamos el hostigamiento, difamaciones y amenazas que Alberto Jiménez Martínez, conocido como “La Antena”, ha llevado a cabo en contra de más de una veintena de trabajadores de los medios. Reconocemos la decisión del Poder Ejecutivo, de aceptar el pasado martes la renuncia de ese personaje a la plaza donde cobraba en la Secretaría de Finanzas.

Aunque la salida de Alberto Jiménez es una medida que habíamos exigido, no es suficiente. Queda pendiente responder el cuestionamiento a la actual Administración estatal, sobre la labor de presión y hostigamiento para el ejercicio periodístico, ejecutada a través de este ex funcionario público. El simple acto administrativo-laboral con el que se quiere zanjar este asunto, no lo aclara.

El Poder Ejecutivo no ha informado, a pesar de las solicitudes que se hicieron por transparencia, las tareas encomendadas a Alberto Jiménez en las plazas a las que estuvo asignado durante los 48 meses en que cobró en el gobierno del estado. En el escueto comunicado oficial, no se explica quiénes eran sus jefes inmediatos y tampoco si la investigación interna, sobre estas maniobras de presión en contra de periodistas, llegará a mandos más altos.

Los trabajadores de los medios de comunicación que firmamos este pronunciamiento, tenemos información e indicios que nos permiten sostener que Alberto Jiménez no actuaba por su cuenta, sino que sus tareas sistemáticas de hostigamiento y difamación (que llegaron a amenazas directas), eran decididas en otras áreas y niveles del Poder Ejecutivo.

En el comunicado de prensa en el que se informa la salida de Alberto Jiménez, el Ejecutivo señala que mantiene su “compromiso y convicción a favor del derecho a la información en un marco de libertad”. Este discurso no corresponde a la realidad, pues funcionarios del Ejecutivo han admitido que la computadora que usó Alberto Jiménez para difamar a través de perfiles falsos de redes sociales y correos electrónicos, pertenece al gobierno del estado. Además, la evidencia de que Alberto Jiménez estaba comisionado a una dependencia ya desaparecida (la Coordinación de Innovación y Desarrollo, suprimida en junio de 2010), habla de una irregularidad administrativa grave, que debe ser investigada y sancionada.

Respetamos el derecho de Alberto Jiménez de emprender las acciones legales que ha anunciado.

Reiteramos que esta no es una pelea de un conjunto de reporteros contra un simple funcionario público; se trata de la defensa del trabajo periodístico sin presiones y, por tanto, de la libertad de expresión y del derecho que tiene la sociedad a ser informada.

Consideramos inadmisible que Alberto Jiménez, el grupo político que le ha pagado servicios en los últimos ocho años o que otros personajes que hacen funciones semejantes a las de “La Antena” en distintos gobiernos o entidades públicas, consideren justificado el acoso, el hostigamiento o la amenaza a alguien por su credo político o militancia.

Así como defendemos la libertad de un trabajo periodístico sin presiones, nos pronunciamos por la defensa de la libertad de expresión y la libertad de profesar el credo o convicción política que cada quien tenga.

La reacción colectiva de trabajadores de medios de la entidad ha motivado que, de oficio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abriera una queja por denuncias de acoso y amenaza. Quienes firmamos este pronunciamiento y quienes se adhieren a él, exhortamos a la CEDHJ a mejorar la aplicación de medidas cautelares que los protocolos nacionales e internacionales ofrecen para casos como este. Lo hacemos con la intención de que dicho esfuerzo ofrecerá herramientas ahora y en el futuro para nosotros y para todos los trabajadores de medios que sean hostigados y amenazados.

Finalmente, los trabajadores de medios que signamos o nos adherimos a este pronunciamiento damos la bienvenida a la crítica, y el debate que este ejercicio colectivo de periodistas ha generado. No avalamos una visión simplista, dicotómica o acartonada entre “puros” e “impuros”, sino que sí estamos abiertamente a favor de un trabajo periodístico honesto y de contenido ético.

Asumimos dicha postura con autocrítica, admitiendo que muchas veces en nuestro trabajo hemos servido, consciente o inconscientemente, al poder y que muchas veces hemos sido simples recaderos de la clase política. Este ejercicio de autocrítica nos motiva a reflexionar sobre nuestra práctica para intentar hace un periodismo más abierto, genuino y menos dependiente de los intereses de los grupos de poder político y económico que hay en el estado.

Firman: Rubén Martín (Público-Milenio); José María Pulido (Tela de Juicio); Cecilia Márquez (Canal 44); Ulises Zamarroni (corresponsal de El Universal); Sonia Serrano Íñiguez (Público-Milenio); Sergio René de Dios Corona (columnista); Rosalinda Ortiz (Epicentro Informativo); Gilberto Pérez Castillo (Marcatextos), Juan Carlos García Partida (La Jornada Jalisco), Raúl Torres (La Jornada Jalisco), Vanesa Robles Aguilar (free lance), Analy Nuño (La Jornada Jalisco), Franco Daniel Gómez (Récord), Agustín del Castillo (Público-Milenio), Ricardo Salazar (Canal 44), Mauricio Ferrer (La Jornada Jalisco), Elizabeth Raygoza (Dirección General de Medios UdeG), Jorge Covarrubias (La Jornada Jalisco), Jesús Estrada (Público-Milenio), Martha Hernández (El Respetable), Gabriela Salazar, Paloma Robles (La Jornada Jalisco), Jade Ramírez (Medios UdeG) y cinco periodistas más de dos medios locales.

Se adhieren Martha Isabel Parra, Ana Laura Chávez, Laura Murillo, Guadalupe Morfín Otero, Laura Murillo

Declaraciones del Cardenal no deben generar encono sino motivar al diálogo

2011-04-03T07:25:00.000-07:00

Las y los invitamos a leer la nota de "La Jornada Jalisco", sobre la entrevista que nos hicieran sobre las recientes declaraciones del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, el cual se refirió a las reformas constitucionales en materia de derechos humanos.

En la entrevista con el cepad, comentamos la necesidad de que exista un Estado que cumpla con la obligación de promover y defender los derechos humanos, por lo que tiene mucho que decir al respecto. Esto incluye evaluar si las declaraciones del prelado atentan contra el derecho a la no discriminación, así como evitar que exista un ambiente contrario al derecho a la preferencia sexual.

Decimos que es importante que se debatan las opiniones, porque así puede identificarse que lo expresado tiene como base una moral religiosa, la cual no necesariamente tiene que trasladarse a una ley que tiene como finalidad la protección de grupos y el desarrollo de los derechos humanos

Alerta Preventiva. Posible represión a opositores a la Presa El Zapotillo, Jalisco

2011-03-28T21:42:00.000-07:00

Aproximadamente a las 10:40 de la mañana, 200 personas integrantes del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo y personas solidarias de otros siete estados, se dirigieron a la cortina de la presa El Zapotillo con el objetivo de detener la obra. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) han continuado la obra pese a que no cuentan con el cambio de uso de suelo; no tienen el permiso del Ayuntamiento de Cañadas de Obregón para levantar la cortina de 105 metros; además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la Recomendación 35/2009 donde se confirma la violación a los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la vivienda, a la conservación del medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad, al desarrollo y a la salud; asimismo también está el amparo emitido por el Juzgado Primero de Distrito Auxiliar donde exige a CONAGUA, CEA y SEMARNAT la cancelación de la obra. Por información de los mismos afectados tenemos conocimiento de que, aproximadamente a las 12:30 horas tres patrullas de la policía municipal se apostaron cerca de ahí. Aproximadamente a las 17:30 horas 54 elementos de la Policía Estatal y un agente del Ministerio Público se concentraron en los alrededores. Nos preocupa que la concentración de la policía estatal vaya en aumento con miras a reprimir al movimiento opositor a la presa y poner en riesgo la integridad, vulnerando los derechos fundamentales de las y los manifestantes.

Es por esto que instamos a las autoridades correspondientes:

• Garanticen la integridad física y emocional de los integrantes del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, así como de las organizaciones que están apoyando. • Se establezca, de manera inmediata, un mecanismo de distensión donde prive el diálogo entre autoridades y los afectados. • Se respete el derecho a la libre expresión y manifestación. • No se criminalice la protesta social y se busque una solución pacífica para resolver las demandas de los manifestantes.

Suscribe esta acción preventiva en la página de la Red "Todos los derechos para todos y todas"

Periodistas de Jalisco denunciamos hostigamiento y Amenazas

2011-03-28T12:53:00.000-07:00

México D.F., 28 de marzo de 2011 (Periodistas / OSC).- Un grupo de reporteros de la ciudad de Guadalajara, que habitualmente competimos en el ejercicio de nuestro trabajo, hoy nos unimos para denunciar parte de la estrategia de presión que utilizan los gobiernos en Jalisco, sean del partido que sean, para intentar interferir en la producción de información.

Hacemos público que un funcionario del gobierno del estado de Jalisco de nombre Alberto Jiménez Martínez ha amenazado, difamado y agredido a compañeros de distintos medios locales.

Estas prácticas, que se han presentado de manera sistemática en los últimos meses, buscan coaccionar el trabajo periodístico y ponen en riesgo el pleno ejercicio de la libertad de expresión en la entidad para un grupo de profesionales y, por ende, el derecho que tiene la sociedad a ser informada.

Alberto Jiménez, conocido como “La Antena” en el medio político estatal, ha trabajado desde 2003 para el grupo político del actual gobernador, Emilio González Márquez antes en la presidencia municipal de Guadalajara (2204-2006) y ahora tiene una plaza de director de área en la Secretaría de Finanzas del gobierno de Jalisco, con un sueldo de 40,630 pesos mensuales. Cabe señalar que según consta en los cheques que cobra cada quincena, está asignado a la coordinación de Innovación y Desarrollo, área que desapareció del organigrama gubernamental en junio de 2010.

Desde hace 20 años, este personaje ha prestado sus servicios a distintos grupos políticos, antes en el PRI, partido en el que militó, y a partir de 2003, en Acción Nacional, partido del que es socio adherente.

Aunque siempre ha tenido un modus operandi semejante, en los últimos meses ha intensificado sus ataques a por lo menos dos docenas de periodistas. Éstas son algunas de las agresiones que le atribuimos a Alberto Jiménez:

Una práctica recurrente de este funcionario del gobierno del estado de Jalisco consiste en denostar e insultar a reporteros que publican información que a su juicio es crítica de la actual Administración que encabeza Emilio González Márquez. En muchas ocasiones lo hace enviando correos electrónicos, a través de llamadas telefónicas, registrando usuarios con otras identidades en las redes sociales y enviando mensajes bajo seudónimos.

Las noticias u opiniones que le parecen discrepantes del gobierno en turno suelen ser cuestionadas a través de la difamación y la injuria, tratándose de meter en la vida personal de los trabajadores de los medios, con la intención de intimidarlos.

Al menos dos funcionarios del gobierno del estado, confirmaron a reporteros de diferentes medios que se hizo una investigación interna, para rastrear las computadoras en que fueron creados los perfiles falsos de Facebook que se han utilizado para las agresiones, encontrándose que la dirección electrónica corresponde a una computadora asignada a una dependencia de la Administración estatal.

Existe el antecedente de que en julio de 2009 agredió físicamente al director de Semanario Crítica, Adolfo Ramos.

Recientemente se han presentado un par de casos de amenazas directas contra periodistas de la ciudad; en uno de ellos advirtió que anda armado.

Queremos compartir a los periodistas de todo el país nuestra preocupación por casos como el de Alberto Jiménez, que representan la cara más burda de los gobernantes y funcionarios que pretenden interferir en el ejercicio periodístico cuando consideran que éste contraviene sus intereses.

Dicho lo anterior, exigimos que el gobierno del estado de Jalisco deje de pagar con recursos públicos a funcionarios dedicados al hostigamiento e intimidación de los trabajadores de los medios de comunicación.

Invitamos a los trabajadores de los medios de Jalisco a denunciar cualquier acción de hostigamiento e intimidación que provengan de cualquier poder público o partido político.

De la misma manera convocamos a iniciar una reflexión general sobre las condiciones actuales en que se desarrolla el periodismo en Jalisco y México; especialmente en un momento que la libertad de expresión intenta ser vulnerada tanto por empresas privadas como entidades públicas que tratan de interferir en los contenidos informativos. Firmas: Agustín del Castillo (Público-Milenio), Analy Nuño (La Jornada Jalisco), Cecilia Márquez (Canal 44), Franco Daniel Gómez (Record), Gabriela Salazar (TV Azteca), Gilberto Pérez Castillo (Marcatextos), Jesús Estrada (Público-Milenio), José María Pulido (Tela de juicio), Juan Carlos García Partida (La Jornada Jalisco), Juan Carlos Marcelín (Televisa y Radio Formula), Martha Isabel Parra (Radio Fórmula), Martha Hernández (El Respetable), Mauricio Ferrer (La Jornada Jalisco), Paloma Robles (La Jornada Jalisco), Priscila Hernández Flores (Radio Universidad de Guadalajara), Raúl Torres (La Jornada Jalisco), Ricardo Salazar (Canal 44), Rosalinda Ortiz (Epicentro Informativo), Rosario Bareño (El Occidental), Rubén Martín (Público-Milenio), Sergio René de Dios Corona (El Informador), Sonia Serrano (Público-Milenio), Ulises Zamarroni (El Universal), Vanesa Robles (periodista free lance)

Se adhieren doce periodistas más de distintos medios de Jalisco. Firman en solidaridad:Ana Laura Chávez (académica de la UdeG), Laura Murillo (empleada pública) Organizaciones de derechos humanos que firman este pronunciamiento:

Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos (Redtdt)

· Organizaciones de derechos humanos reprobamos la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada por el grupo parlamentario del Partid

2011-03-22T12:28:00.000-07:00

· Organizaciones de derechos humanos reprobamos la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
· Después de la fallida intentona del PRI para que se aprobara la reforma a la Ley Federal del Trabajo a través de una serie de violaciones a los procedimientos legislativos, se exhorta al Congreso de la Unión a rechazar dicha propuesta por atentar directamente contra los derechos humanos laborales de las y los trabajadores de la República Mexicana

Las organizaciones que conformamos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todas y Todos”, reunidas durante la XLI Asamblea Nacional, condenamos la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada el día 10 de marzo del presente año por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La Red TDTT consideramos que la iniciativa representa un atentado directo al carácter tutelar de la ley, donde los derechos de las y los trabajadores son vulnerados y extinguidos. La razón principal de dicha iniciativa es privilegiar “la productividad”, como la única posibilidad de generar empleos y atraer la inversión privada. Y la consecuencia principal de una contrarreforma como la que presenta el PRI-PAN será más trabajo precario, indecente e indigno.
La tendencia para reformar las disposiciones en materia de trabajo es relativizar la obligatoriedad de los contratos colectivos de trabajo, pagar el salario por hora, por obra y por productividad, disponer de la jornada de trabajo según las necesidades del mercado, reducir las prestaciones económicas y en especie así como terminar con la prima de antigüedad e intentar inhibir lo más posible el derecho a huelga, entre otras.
La iniciativa atenta directamente contra los siguientes principios de derechos humanos laborales consagrados en la legislación nacional e internacional:

· Empleo Estable: Al eliminar del texto la garantía de estabilidad mientras exista la materia de trabajo, la Iniciativa abre la puerta para que el trabajador y trabajadora sean contratados y despedidos a voluntad del empleador eliminando la posibilidad de acceder a algún tipo de indemnización. De igual forma al legalizar los contratos temporales- introduciendo los conceptos de prueba, capacitación inicial y labores discontinuas que rompen con el principio de ascenso con base en la antigüedad-, así como legalizar el contratismo de terceristas (por medio del outsourcing), permitiendo que los patrones no asuman sus obligaciones laborales y lo hagan por ellos los contratistas, se estaría vulnerando el derecho a la estabilidad en el empleo.
· Salario Suficiente: La iniciativa propone establecer un salario proporcional por el tiempo laborado por lo que un trabajador o trabajadora a la que se contrate por horas no podrá obtener una remuneración equitativa que garantice al trabajador y trabajadora y a su familia la satisfacción de sus necesidades básicas.
· Condiciones satisfactorias de trabajo: La propuesta rompe con los principios de contar con un horario de trabajo y descanso suficiente para recuperar la energía perdida, ya que introduce la posibilidad de ajustar las jornadas laborales de acuerdo a las necesidades de la producción.
· Derechos Colectivos: Estos derechos comprenden el derecho de libertad sindical, contratación colectiva y derecho a huelga. La propuesta del PRI hace caso omiso a las críticas planteadas por organizaciones sociales y sindicatos democráticos en cuento a la existencia de contratos colectivos de trabajo de protección patronal y al control sindical corporativo. Además, al legalizar la subcontratación así como las agencias de contratación de personal se obstaculiza la posibilidad de que todos y todas las trabajadoras de un centro laboral puedan estar resguardados por un contrato colectivo único.
· No discriminación: Uno de los principios rectores de los derechos humanos es la no discriminación, con esta iniciativa se rompe con el principio de salario igual a trabajo igual, dado que diferentes compañías a través de la subcontratación pueden pagar a sus empleados de forma diferenciada.
· Igualdad de género: Esta iniciativa de nueva cuenta ubica los derechos de las mujeres trabajadoras en el ejercicio de la maternidad. Si bien se observa la necesidad de incorporar la figura del hostigamiento sexual como parte de las prohibiciones establecidas para los patrones, no se desarrolla un mecanismo eficaz para sancionar dicha acción, dejándolo en un sentido meramente enunciativo.
· Justicia laboral: Retrocede el derecho de acceso a la administración e impartición de justicia al ampliar las etapas del proceso laboral, con la intención de dilatar los juicios laborales.
Es importante recordarle al Estado Mexicano, que es él, el principal obligado a respetar, proteger, garantizar y promover la vigencia de los derechos humanos laborales dentro de nuestro territorio. La iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, presentada por el Partido Revolucionario Institucional, es una propuesta regresiva en materia de Derechos Humanos Laborales y significa una violación a los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos firmados y/o ratificados por el Gobierno Mexicano.
Por lo que, de aprobarse en los términos en los que está propuesta, veremos en un futuro inmediato la presentación de nuevas denuncias ante los organismos internacionales de Derechos Humanos.Finalmente, exhortamos al Congreso de la Unión que de aprobar una Reforma Laboral, esta cumpla con las obligaciones que en materia de Derechos Humanos el Estado Mexicano ha adquirido con la firma y ratificación de diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, así como de la Organización de los Estados Americanos, los cuales establecen claramente los estándares mínimos de protección en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a homologar en cualquier reforma de la legislación nacional.

Miguel Castro no suspenderá el programa Mochila segura pero acepta modificaciones

2011-03-22T11:58:00.000-07:00

Organismos indican que el proyecto no se aplica adecuadamente

ANALY S. NUÑO

Luego de que expertos en derechos humanos indicaran que el proyecto denominado Mochila segura que realiza el ayuntamiento de Tlaquepaque con el objetivo de detectar a los alumnos de secundaria que porten o consuman drogas ilícitas es una política mal implementada, el primer edil del municipio, Miguel Castro Reynoso, se dijo dispuesto a revisar las propuestas para modificar el operativo y mejorarlo, pues no será suspendido por ningún motivo.

“Yo con mucho gusto habré de variar el planteamiento que nos ayude a hacer observancia de los derechos humanos si es que nuestro proceso está mal pero con una alternativa que nos permita diagnosticar problemas de este tipo, porque no estamos nosotros ni dando el nombre de los menores, hemos sido sumamente cuidadosos en este tema, cuando detectamos algo, pasa prácticamente inadvertido por los menores y se atiende este problema desde una perspectiva de psicología y de trabajo social, con el único intéres de que los padres de familia sepan qué está pasando con sus hijos”, señaló.

Lo anterior, en respuesta a los señalamientos realizados por Francisco Macías Medina, titular de la dirección ejecutiva del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), en torno a que el operativo que se lleva a cabo en escuelas secundarias de la localidad criminaliza y excluye a los menores, lo que puede derivar en el abandono de los estudios, debido a que este tipo de medidas carecen de una perspectiva del intéres superior del niño al anteponer la visión de adultos para aplicarlas, por lo que el munícipe priísta se mostró interesado en trabajar una propuesta que ayude a mejorar el operativo.

“Yo quisiera invitar primero a la persona que ha fijado esto a que nos muestre una propuesta para poder atender un problema que es bastante grave y que yo estaría sumamente dispuesto a poderlo escuchar y poder atender una alternativa que nos ayude a detectar problemas graves en una etapa adecuada, positiva y racional”.

Castro Reynoso defendió el programa que se implementa desde el arranque de este año en centros escolares, argumentando que se ha estado haciendo con pleno respeto de los derechos de los padres de familia, de los niños y de los maestros, por lo que además clarificó que “no son los polícias quienes de manera arbitraria detienen a los niños en la calle y llegan y le abren la mochila”, sino que se hace dentro de los planteles a petición de los representantes de las escuelas y son los mismos menores quienes abren las mochilas.

En cuanto a la participación de los elementos de seguridad pública que participan en el programa, explicó que éstos trabajan con un proyecto de policía de proximidad y sin armamento, por lo que no debe retirarse la participación de los mismos, pues todo se realiza de manera profesional.

“Creo que todos debemos empezar a trabajar en la actitud de que el policía no tiene que ser una persona que ande con pistola y que no puede entrar a una escuela porque intimida a un menor, no debe ser esto, qué pasa, sí, sí sucede, pero no debería ser así. Yo estoy totalmente dispuesto a analizar la propuesta, quiero ayudar a resolver este problema que pasa en las escuelas de Tlaquepaque”, puntualizó.

Reforma federal en derechos humanos es un avance histórico en la materia: Cepad

2011-03-22T10:19:00.000-07:00

No se trata de fundamentar los DH, como pretende Mexicanos por la Vida de Todos, revira

Reforma federal en derechos humanos es un avance histórico en la materia: Cepad

La discusión está en el ejercicio y el cumplimiento de las garantías por parte del Estado, indica

ANALY S. NUÑO

Mexicanos por la Vida de Todos condena la reforma en derechos humanos aprobada por el Senado de la República Foto: FOTO ARTURO CAMPOS CEDILLO

“La reforma en derechos humanos recién aprobada en el Senado de la República representa para el país un avance histórico en la materia, contrario a los señalamientos que han hecho organizaciones civiles cercanas a la Iglesia católica, quienes aseguran que el mecanismo “compromete la soberanía nacional y daña a la familia mexicana”.

En entrevista con La Jornada Jalisco, Francisco Macías Medina, coordinador del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), señaló que era urgente y necesario que se realizara una reforma de este tipo en la Constitución Política mexicana, puesto que por la antigüedad de ésta ya no reflejaba en la totalidad lo que requiere la ciudadanía, por lo cual la iniciativa que desde hace cinco años se discutía en el Congreso federal sienta las bases para desarrollar en mayor medida los derechos humanos de forma específica, pues los derechos humanos tienen que ver con el nivel democrático de un país.

“Hay asuntos de precisión muy importantes que en un contexto en el que vivimos, pues es una buena noticia, pero digamos que se requiere ampliarlo mucho más en la materia. Los principales avances que refleja la reforma son básicamente darle reconocimiento a los derechos humanos de forma explícita en la ley y ampliar una serie de mecanismos para su protección. Tener una postura que se fundamenta en la regresión de los derechos, eso no es hablar de libertades fundamentales”.

El mecanismo aprobado el pasado 8 de marzo establece en primer término que el Capítulo 1 de la Constitución Política se denomina De los derechos y sus garantías, además de las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos por parte del estado.

Asimismo, se establece la prohibición de toda discriminación por motivo de las preferencias sexuales de las personas y que el respeto a los derechos humanos deberá contemplarse en la educación que imparta el estado, “lo cual brindará mayor certeza jurídica y protección a las personas no heterosexuales en todos los ámbitos sociales, ya que esta modificación corresponde a la realidad a la que se enfrentan muchas personas que llegan a ser discriminadas en los ámbitos familiar, escolar, laboral y social, que ha producido agresiones físicas, verbales, psicológicas, tortura e incluso la muerte”, señala el dictamen.

Igualmente, determina que en el caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo y que por causas de carácter humanitario se recibirá refugio y da la facultad de investigación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en casos de violaciones graves de esos derechos.

Además, establece que la elección del titular de la CNDH y de los integrantes del Consejo Consultivo de la misma, así como de los titulares de los organismos públicos estatales deberá ajustarse a un procedimiento de consulta pública, en un procedimiento transparente, entre otros.

Sin embargo, a pesar de que tanto los titulares de las comisiones estatales de derechos humanos en el país como distintas organizaciones civiles que trabajan en pro de los derechos humanos, han celebrado la aprobación de la reforma registrada por todo lo que conlleva, distintas agrupaciones conservadoras como Mexicanos por la Vida de Todos, han mostrado un rechazo rotundo a la iniciativa que aún falta sea aprobada en los estados (La Jornada Jalisco, 17 de marzo 2011).

En este contexto, Macías Medina consideró que el pronunciamiento en contra de la reforma realizado por dicha agrupación, tan sólo “reduce y hace inútil” el concepto de derechos humanos, lo que representa un retroceso en la materia, puesto que están partiendo de una discusión “en abstracto” ya que la discusión no está en la fundamentación de los derechos humanos sino que está en el ejercicio de los mismos y su cumplimiento.

“Eso es inexacto, los pronunciamientos que ellos están haciendo son algo que no coincide con el desarrollo propio de los derechos humanos. Los derechos humanos no son una discusión de conceptos, son una discusión del cumplimiento de obligación que tiene el Estado para promoverlos, protegerlos y garantizarlos, con visiones que nos hagan crecer como sociedad. Varias de las características de los derechos humanos son como lo vemos reflejado en esta reforma que se aprobó, es decir van cambiando, se van adecuando con el tiempo. Discutirlos en abstracto, de forma aislada y sin relacionar todo lo que implica la garantía de estos derechos, es erróneo”.

Explicó que bajo este escenario es importante recalcar que la cuestión de los derechos humanos es poner límites al estado, es decir, representan una ampliación de la visibilidad de los grupos vulnerados, lo que deriva que la obligación de las autoridades de respetar y ponderar los derechos humanos sea cumplimentada, ya que éstos reconocen de origen las necesidades de las personas, por lo que deben tener progresividad.

“En el caso de los derechos humanos, en el fondo lo que protegen es nuestra integridad y libertad como personas, por eso la progresividad es una característica importante. Yo creo que por eso genera tantos cuestionamientos, porque lo único que hizo el legislador fue actualizar de acuerdo a lo que él percibe de la realidad, somos un país diverso, somos un país pluricultural, donde hay muchos componentes sociales, muchos modelos que tienen que ser reconocidos y que se les tiene que dar la posibilidad de ejercer sus derechos”.

Finalmente, Macías Medina cuestionó la postura manifestada por la representante de la agrupación Mexicanos por la Vida de Todos, Edith Martínez Guzmán, puesto que debe ser más explícita en el origen de sus declaraciones toda vez que es integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, “aunque tiene todo el derecho de ejercer su libertad de expresión y asumir sus posicionamientos, tiene la obligación de rendir cuentas públicas sobre ese posicionamiento al seno de la propia Comisión y conforme al marco legal de ésta”.

Organizaciones de derechos humanos rechazamos la aprobación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

2011-03-14T08:51:00.000-07:00

Fecha: 09/03/2011

Exhortamos al Gobierno Federal a que cumpla cabalmente con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas .

Organizaciones civiles de defensa y promoción de los derechos humanos rechazamos la aprobación a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que el Senado de la República por unanimidad de 84 votos realizó el pasado 3 de marzo, tras la aprobación por la Cámara de Diputados del dictamen de dicha ley el 15 de diciembre de 2010.

Las organizaciones abajo firmantes si bien reconocemos la labor por parte del Poder Legislativo que reconoce y ha dado la relevancia que amerita el tema en la agenda gubernamental, consideramos que el antiguo paradigma médico rechazado y transformado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas hacia un nuevo paradigma social y derechos humanos, prevalece a lo largo de su articulado errando el enfoque, fundamento y contenido.

Efectivamente se incorporan nuevos conceptos y se prevé la creación de un organismo público descentralizado con mayor autonomía que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS) anterior; sin embargo el problema comienza desde su fundamento constitucional, pues parte de las facultades implícitas del Congreso de la Unión en materia de salubridad general de la República para emitir dicha Ley y por ende necesariamente mantiene un enfoque médico y anacrónico.

Aunado a lo anterior, las disposiciones de la recién aprobada Ley sólo otorgan facultades genéricas a la Administración Pública Federal en algunas materias como la laboral, educativa, desarrollo social, salud, accesibilidad, entre otras, sin prever un listado de todos los derechos y obligaciones específicas a lo que necesariamente deberá acompañar una armonización legislativa integral local y federal en las respectivas materias aplicables como segundo paso fundamental.

Cabe destacar que en el lapso entre la aprobación del dictamen en la Cámara baja y su aprobación por la Cámara alta, diversas organizaciones de y para personas con discapacidad, así como juristas y especialistas del tema se pronunciaron en contra de dicho dictamen, habiendo dichas organizaciones, aparentemente cambiado de posición y celebrado finalmente su aprobación.

Elevamos un atento llamado al Gobierno federal para que:

- Cumpla cabalmente con el nuevo paradigma previsto en la Convención respetando el sistema de distribución de competencias previsto en nuestra Carta Magna, lo que implicaría su imposibilidad para regular la materia desde el enfoque medicalista y por tanto permitiendo a las entidades federativas de manera exclusiva su regulación bajo un enfoque social;

- llamamos a los gobiernos locales para que en esta labor contemplen y retomen los grandes avances que se han logrado en el ámbito internacional y que constituyen una obligación para el Estado mexicano en su conjunto.

Atentamente,

Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.
Litiga, Organización de Litigio Estratégico A.C.
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.
Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos A.C. integrada por 70 organizaciones en 23 estados de la República

Condena a los asesinatos de la familia de la activista Josefina Reyes en Chihuahua

2011-02-28T10:04:00.000-08:00

Boletín 01/2011

25 de febrero de 2011

Las organizaciones que conforman la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” expresan a través de este medio la condena ante las muertes violentas sufridas por los familiares de la activista Josefina Reyes.

Condenamos así el exterminio de toda una familia dedicada a defender sus derechos y la terrible muestra de impunidad, de complicidades, de insensibilidad ante el llamado desesperado de quienes tuvieron que recurrir a la huelga de hambre en Ciudad Juárez y en el DF sin ser oídos por las autoridades, incapaces de brindar las más elementales medidas de protección a la vida y la seguridad de las personas.

Josefina Reyes Salazar, una activista de derechos humanos y luchadora social del Valle de Juárez, murió asesinada el 3 enero de 2010 a manos de un grupo armado. El hermano de ella, Rubén, fue asesinado en agosto de 2010 en el municipio de Guadalupe, Chihuahua y el 7 de febrero de 2011 fueron secuestrados los hermanos Elías Reyes Salazar y María Magdalena Reyes Salazar, así como Luisa Ornelas Soto, esposa de Elías, cuando acudían a supervisar una panadería que posteriormente fue robada. En días recientes, el 16 de febrero de 2011 fue incendiada la casa de la señora Sara Salazar, mientras ella se encontraba en una huelga de hambre en la subprocuraduría de Justicia Zona Norte, exigiendo la libertad de sus hijos.

Señalamos la omisión y negligencia del Estado mexicano ante la desaparición de estas personas y ahora su fallecimiento. A pesar de que por vías diversas, se alertó a las autoridades sobre el peligro y riesgo en que vivía toda la familia Reyes, estas no tomaron las medidas necesarias para asegurar su protección.

Las organizaciones de derechos humanos que conformamos esta Red exigimos a las autoridades llevar a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer estos crímenes y llevar ante la justicia a los culpables. Las autoridades son responsables de la ola de impunidad que vivimos en México, ante la falta de investigaciones efectivas y la sanción de los perpetradores en este y otros actos de violación a los derechos fundamentales.

Las acciones del gobierno mexicano, lejos de reducir la violencia que se vive en el país han contribuido a su incremento, elevándose el número de asesinatos, la mayoría de ellos registrados en el estado de Chihuahua. Exigimos a las autoridades tanto estatales como federales, la revisión de su estrategia de combate al crimen organizado y a enfocar esfuerzos en poner fin a la impunidad.

¡No más muertes de defensores y sus familias, no más violencia, no más sangre!

¡Basta de la criminalización de las y los defensores de derechos humanos!

Los hechos “sin precedentes” de la CEDHJ.

2011-02-23T14:12:00.000-08:00

El día de hoy se presentó en un exclusivo hotel de la ciudad, a puerta cerrada y con un gran dispositivo de seguridad de policías y militares, el Cuarto Informe de Actividades de la CEDHJ, el cual corresponde a su nombre: son una relación de acciones pero no un diagnóstico de la situación en la que se encuentran los derechos humanos de personas y grupos, como las mujeres y los grupos de diversidad sexual, víctimas de delito, niños y niñas en espera de ser regresados a sus hogares, campesinos que luchan porque les devuelvan lo que consideran suyo, personas que reclaman otras formas de desarrollo a través de la movilidad, entre otros.

Como lo mencionamos en el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2010 , dicha institución se guía más por intereses ajenos a su función que por la protección de las necesidades de una sociedad que requiere de una garantía más eficaz, ya que su propio trabajo demuestra debilidades en su proactividad, eficiencia y transparencia.

Para muestra bastan los propios números que precisó en su Informe y que son publicados en su periódico Dhumanos (Marzo 2011), ya que durante 2010 resolvió 11,124 quejas y durante casi más de tres años de su estancia en la CEDHJ ha recibido 39 mil 678 inconformidades.

Lo anterior pudiera sorprendernos, sin embargo de acuerdo a la información de sus informes anteriores (donde se incluye el 2010), durante el mismo periodo solamente resolvió 16,666 inconformidades, es decir, le queda por resolver el 58 % de las quejas que ha recibido. Entre ellas no hay que olvidar las más de 6549 quejas contra el Gobernador de Jalisco por su donativo para la construcción del Santuario de los Mártires o ¿acaso formarán parte de las resueltas “eficientemente”durante 2010?.

Respecto a las Recomendaciones, hay que decir que ha emitido 122 de ellas, pero lo anterior constituye sólo el 0.30 % del total, mientras que por conciliación fueron resueltas el 3.8% de quejas que ha recibido.

Como se aprecia claramente, estas cifras también son históricas porque comprueban el bajo desempeño de su función. Se trata de una institución que recibe muchas quejas pero la mayoría de ellas se concluyen sin una determinación satisfactoria a favor de los inconformes, ¿será por eso que recibió felicitaciones por parte del Congreso del Estado y otras autoridades?.

Comentario del Cepad en Radio UDG Puerto Vallarta

2011-02-09T10:31:00.000-08:00

El día 3 de febrero pasado, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC., (el Cepad) presentó el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2010, el cual representa un esfuerzo que busca, por un lado, fortalecer un trabajo editorial conjunto con otros movimientos y organizaciones que realizan acciones que defienden los derechos humanos o atienden realidades importantes que deben ser documentadas; y por otro, actualiza y expone casos que ejemplifican problemas estructurales que deben ser modificadas.

La presentación del Informe corrió a cargo de Jade Ramírez, periodista de radio Universidad de Guadalajara; José Manuel Salcedo, Director del Mesón de la Misericordia Divina, A.C.; Nora Lorenzana, abogada de Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (AGAJI); Carlos Armando Peralta, Coordinador del Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz del ITESO y Francisco Macías, Director ejecutivo del Cepad AC.

El Informe 2010 consta de 112 páginas y contiene 11 textos que buscan reflejar algunas de las realidades de mayor atención en lo que se refiere a los derechos humanos en Jalisco. El primer apartado es sobre el análisis de casos paradigmáticos de violaciones de derechos humanos, entre ellos encontramos cómo el ejercicio periodístico y la libertad de expresión se ven en riesgo cuando se informar se trata. La experiencia que la periodista Jade Ramírez nos comparte en su texto, nos refleja que la amenaza y la intimidación hacia su profesión vulnera invariablemente la democracia de nuestro país. Vale recordar que en México ha muerto más periodistas que en la guerra en Irak. Pero también invita a sus colegas, medios de comunicación, organizaciones civiles y al resto de la sociedad, ha evitar que se siga atentando contra nuestro derecho a la información por quienes ven afectados sus intereses políticos y económicos.

Otro caso importante lo encontramos en las constantes violaciones al derecho a la igualdad y a la no discriminación que sufren las personas que viven con VIH y SIDA, esto a partir de la experiencia que nos comparte quienes laboran en esa gran institución el Mesón de la Misericordia. Dicho texto nos refleja de manera particular como son excluidas del derecho a la salud, al trabajo y a la educación, quienes viven con VIH.

Por otra parte, vemos como el derecho al agua de la comunidad Wixárica de San Sebastián Teponahuaxtlán, en el norte de nuestra entidad, es violentado gravemente a través del despojo, la contaminación y las políticas privatizadoras y mercantilistas por parte de las autoridades de diversas instancias. La defensa jurídica que registra en este caso la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, nos refleja el desinterés del Estado mexicano en reconocer los derechos de los pueblos naturales de nuestra nación.

Además, vamos a encontrar en este Informe casos como la represión a la protesta social constantemente sufrida por los trabajadores de telesecundaria; los riesgos a la integridad y seguridad personal de quienes ven en la bicicleta una forma de movilidad y un modo diferente de ver el desarrollo de la gran urbe; los derechos violados de los niños, niñas y jóvenes en situación de calle, ante la triste realizada de explotación sexual que son objeto, entre otros casos y temas relevantes como es el papel de la CEDHJ, a quien el Cepad y diversas organizaciones hemos desconocido como una instancia que defienda y proteja los derechos humanos en Jalisco, esto debido a la falta de capacidad, desinterés por las víctimas y la ignorancia en el tema.
El contendido de este Informe 2010 puede ser consultado en la página del Cepad, www.cepad.org.mx.

Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2010

2011-02-03T15:32:00.000-08:00

Entre defensores y defensoras, personas comprometidas por la justicia, se presentó el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2010 del Cepad.

Se recordaron temas pendientes en el ejercicio de derechos a la no discriminación, libertad de expresión y respeto al ejercicio del periodismo, criminalización de defensores y defensoras, así como la preocupante situación de mercantilización de recursos en el pueblo Wirrárika.

Con este ejercicio se cierra un ciclo de cuatro informes consecutivos que registran y documentan situaciones de preocupación en Jalisco, el cual esperamos sea útil para que personas y organizaciones fortalezcan la defensa de los derechos humanos.

Palabras del Cepad en la presentación del Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2010

2011-02-03T14:54:00.000-08:00

A nombre del Cepad, agradezco la presencia esperanzadora de defensores y defensoras de diversas organizaciones civiles, así como de personas que con su testimonio de vida y lucha por la justicia nos alientan a seguir adelante.

Con el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2010, cerramos un ciclo de casi cinco años de trabajo del Cepad, en el que nos propusimos hablar de los derechos humanos, registrar sus incumplimientos, discutirlos, identificarlos y comunicarlos.

El informe no busca construir métodos o alentar indicadores, no es un informe cuantitativo, ni de “labores” a la usanza de otras instituciones, es un documento que busca retomar el posicionamiento ético como contenido de los derechos humanos, siempre ceñidos a las realidades de personas que han sido afectadas por su incumplimiento, ya que consideramos que defender públicamente nuestras libertades permite a las personas afirmarse en el derecho que les corresponde, además de alentar su toma de conciencia, ya que no se trata de privilegios ni de aspiraciones.

En esta ocasión, su construcción obedeció a un ejercicio totalmente colectivo y horizontal, como resultado de cinco encuentros, en donde integrantes de 26 organizaciones civiles dedicadas a la atención de diversos grupos sociales, logramos compartir nuestras preocupaciones e intercambiar nuevas formas de trabajo a través del registro y documentación de casos.

Su resultado, nos llena de esperanza por las coincidencias de esfuerzos, por el compromiso mostrado por los defensores y defensoras, porque seguramente permitirá que pongamos acentos en hechos que creíamos superados en una sociedad como la nuestra, cada vez más necesitada de protección a su dignidad, sobre todo en estos días aciagos.

Los pocos avances mostrados a nivel nacional, como en el caso de la aprobación por el Senado de la Iniciativa de Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos o la vuelta de la supervisión de organismos internacionales al país, así como las sentencias dictadas por Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Campo Algodonero y Rosendo Radilla, que permiten medir la realidad en la que nos encontramos en temas como crímenes del pasado, desaparición forzada y los derechos de las mujeres, han encontrado poco eco en Jalisco.

A nivel local, en la etapa final de este gobierno, pareciera que la entidad cada vez se asemeja al una isla en la que no existe la globalización de los derechos humanos, ni tampoco la inseguridad, y que prefiere guiarse por verdades ajenas a una sociedad plural, ya superadas y discutidas hace siglos, desafortunadamente con una clara opción a la eliminación de aquello que se considera diferente, sin importar si se trata de hombres o mujeres; ó si con ello se incrementa más la violencia ya de por sí practicada desde el poder público.

El 2010 fue un año en el que se reafirmó de que se trata de una entidad que tiene niveles preocupantes de violaciones a los derechos humanos que afectan a pueblos indígenas, mujeres, niños y niñas, comunidades que buscan mejores condiciones de vida, a la salud, medios ambiente, al trabajo, a la vivienda digna, al agua potable; defensores y defensoras que viven en el riesgo a su seguridad e integridad, periodistas, personas que han perdido la vida afectadas por la inseguridad, así como otras que ven en la protesta una forma de exigir aquello que la autoridad ha decidido hacer invisible.

En el tema del derecho a la igualdad y no discriminación, los hechos más relevantes tuvieron como telón de fondo la aprobación en el Distrito Federal de matrimonios entre personas del mismo sexo y su posterior debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en Jalisco provocaron una amplia movilización social tanto de los que estaban a favor como en contra de la medida, sin embargo la respuesta desde las autoridades reflejó un estado lamentable en su apreciación hacia lo diferente.

Las declaraciones homofóbicas y desinformadas del regidor del Ayuntamiento de Guadalajara Gamaliel de Jesús Ramírez Andrade, incluso desde el propio desarrollo de su campaña como aspirante a la presidencia municipal, comprueban que las sanciones son necesarias como una forma de reparación y que su inaplicación lo único que fomenta es un ambiente que coloca en situación de riesgo a muchas personas y grupos que defienden la diversidad.

Por lo menos así lo demuestra la secuencia de atentados a este derecho, que continuaron con las los pronunciamientos tanto del cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez y del propio Emilio González Márquez, gobernador de Jalisco, este último quien incluso públicamente demostró su alto nivel de intolerancia, ante la existencia de matrimonios entre personas del mismo sexo. Lo anterior marca un retroceso de siglos y exhibe la ausencia de mecanismos eficaces para crear contrapesos a un poder político autoritario.

Finalmente la existencia de cursos para “curar” la homosexualidad propuestos desde la Secretaría General de Gobierno, con el apoyo de algunas organizaciones civiles y religiosas, nos indican el límite al que puede llegar una sociedad que carece de una visión diferente de sus semejantes.

Como se aprecia claramente, la inexistencia en Jalisco de un marco que prevenga, proteja y sanciones este tipo de acciones, no es casual sino que busca perpetuar la falta de protección e impunidad de esas conductas.

Iniciamos el 2010 con hechos que atentan directamente a los derechos de los pueblos indígenas, cuando policías de Huejuquilla El Alto establecidos en un retén ilegal pero ajustado a la nueva “política” de seguridad, lesionaron de forma injustificada a un grupo de indígenas Wixárikas que regresaban de recibir un apoyo gubernamental.

En el informe se da cuenta puntual de la situación que prevalece en San Sebastián Teponahuaxtlán, donde la constante ha sido la contaminación, despojo y mercantilización del agua, así como otros recursos naturales, que atenta contra su derecho a la libre determinación, así como al acceso a la “esencia de la vida”.

Igual dignidad la observamos en el pueblo Coca de Mezcala, el cual sigue luchando porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Cultura de Jalisco y el Ayuntamiento de Poncitlán, les consulte la remodelación de la Isla del presidio, patrimonio que les pertenece como pueblo originario y que paradójicamente fue conseguido en el contexto de la lucha de independencia.

En el tema de los derechos de las mujeres, la realidad no puede ser más desventajosa al comprobarse que Jalisco se encuentra ubicada como la tercera entidad con más feminicidios en el país, de acuerdo a la información del Observatorio Nacional del tema y del Comité Latinoamericana por los Derechos de las Mujeres (CLADEM); lo que se suma al ambiente antes de una desprotección hacia sus derechos sexuales y reproductivos.

Las declaraciones de Carmen Lucía Pérez Camarena, presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, quien consideró innecesaria la implementación de la alerta de género, con el argumento de que la mayoría de las muertes de mujeres se debían “al ambiente de inseguridad y de delincuencia organizada”, sumadas a la calificación de “hechos aislados” otorgada por el Presidente de la CEDHJ quien se supone debiera de garantizar los derechos humanos de las Jaliscienses, más lo dicho por Tomás Coronado Olmos, quien aseguró palabras más o menos que en este estado sólo existen homicidios más no feminicidios por no existir en la ley, colocan hoy a las mujeres de Jalisco sin la posibilidad de que se garanticen sus derechos humanos y en un total estado de desprotección.

Desde este foro, exigimos a las autoridades federales competentes que en cumplimiento de sus obligaciones internacionales realice esas funciones en sustitución de las de Jalisco, debido a la incompetencia de sus autoridades y por cometer violencia institucional en contra de todas las mujeres en Jalisco. ¡ Las queremos a todas vivas !

Al Congreso del Estado, le exigimos que cite a rendir cuentas a las y los funcionarios involucrados, en especial al Procurador de Justicia, de quien hemos pedido insistentemente su remoción desde hace varios años por no garantizar los derechos humanos de mujeres y niñas.

Sobre el derecho al medio ambiente, continuamos con la constante amenaza al Bosque del Nixticuil, así como a sus defensores y defensoras, ante el embate de desarrolladores sin escrúpulos pero con intereses manifiestos apoyados por el gobierno municipal de Zapopan, los cuales no han entendido que la naturaleza es un derecho que le corresponde a la sociedad y no sólo de unos cuantos, quienes a través de estudios de impacto ambiental o de licencias, terminan apropiándose de un derecho que tiene que se protegido sin limitaciones.

La protección a la infancia se ha consolidado como parte de un discurso consistente pero vacío de acciones desde el poder político. No existe nivel de gobierno que pregone las bondades de su política pública, aunque la realidad supere en mucho esa ficción construida.

El municipio de Guadalajara actualmente se promueve como “amiga de la infancia” para certificar sus acciones a nivel internacional, mientras tanto organizó un operativos como el llamado “rescate”, construido desde los pasillos del área de seguridad pública, ahora denominada “ciudadana”, cuyos resultados fueron solamente mediáticos, recaudatorios, violatorios al derecho a la privacidad de hombres y mujeres, con gran impacto en derechos de mujeres en situación de vulnerabilidad y sin ningún niño o niña rescatado, de eso que denominaron combate a la explotación sexual infantil y que finalmente cumplió con un objetivo no deseado: profundizar aún más el ocultamiento de esa realidad.

En ese caso tenemos nuevas políticas mezcladas con viejas prácticas que ya han sido observadas como violatorias a los derechos humanos, aunque no se ha llevado acabo otro operativo, le pedimos al Ayuntamiento de Guadalajara realice una evaluación pública de dicho operativo y consulte a las organizaciones que atienden la situación de vulnerabilidad de mujeres en la zona.

La sociedad de Jalisco fue testigo de la continua presencia de la trata de personas con fines sexuales, cuando policías del municipio de Tlajomulco de Zúñiga detuvieron a varios adultos, quienes fueron sorprendidos abusando de varias menores de edad que continuamente eran llevadas a sus fiestas, por cierto en uno de esos fraccionamientos que más bien parecen villas de abandono y de impunidad.

La respuesta de una institución de la que se espera que procure justicia, fue inadmisible en un estado donde existe emergencia para proteger a la infancia, se dijo que era imposible buscar una sanción penal para los responsables debido a los vínculos de “noviazgo” que encontró entre los adultos y las adolescentes, por lo que el resultado fue solamente consignarlos por el “gravísimo” delito de robo, lo que desencadenó el reclamo del propio Presidente Municipal.

Dicho asunto, comprueba que en Jalisco no existen garantías para la infancia afectada por la explotación sexual provocada y realizada por adultos. Es necesario recordar que sigue vigente por similares motivos una averiguación previa en la Procuraduría General de la República.

Jalisco tampoco se encuentra ajeno por la lucha del derecho a la identidad y el territorio, reflejada en los pobladores de Temacapulín, pueblo con dignidad, que mantiene su lucha para no ser inundados por la existencia de un gobierno estatal que no consulta, no escucha y desacata las ordenes judiciales.

La dignidad de sus defensores y de aquellos que se han solidarizado con su causa, nos dice que finalmente los derechos humanos son una lucha ética que nos implica a todos y todas, por eso reprobamos la construcción de la Presa El Zapotillo y la persecución que desde las instancias de gobierno realiza contra pobladores, defensores y defensoras.

En ese mismo sentido, explotó un conflicto añejo en Tenacatita, Jalisco, manejado desde el Gobierno de Jalisco como un asunto entre particulares que estaban en litigio, pero la realidad demostró que existían pobladores que desde hace décadas se dedicaban a la atención del turismo, contrario a su contraparte, una empresa que igual se dedica a proyectos inmobiliarios y además su representante es dueño de una corporación de seguridad privada.

La sentencia del tribunal, originó el desalojo violento de los pobladores con el consentimiento de la autoridad judicial que permitió incluso la restricción a la libertad de tránsito en una carretera que conduce a la zona e incluso en la playa, con el consentimiento de las autoridades estatales y federales.

Los pobladores afectados, algunos de ellos fracturados por los elementos policiacos, retomaron su defensa jurídica con la desventaja de haber perdido su patrimonio, mientras tanto los guardianes del orden consumían lo que sus negocios tenían e incluso se hospedaron ilegalmente en los hoteles.

El conflicto se agravó cuando elementos de la policía auxiliar que depende de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, armados y que vigilaban el cierre de la carretera, agredieron a dos diputados federales y un grupo de periodistas que cubrían la visita de los legisladores, causándoles a varios reporteros lesiones de consideración. Finalmente se tramita en la Cámara de Diputados un Juicio Político en contra del Gobernador de Jalisco por su actitud omisa en el conflicto, la cual evidentemente ha sido constantemente violatoria de los derechos humanos.

En el tema de defensores, resulta preocupante los reiterados ataques al trabajo de Marco Von Borstel y Jade Ramírez, el primero como defensor de los pobladores de Temacapulín, y la segunda como periodista encargada de su cobertura, hechos repetidos ahora en Guanajuato, donde incluso personal del Instituto Nacional de Migración causó actos de molestia al defensor, aspecto que reprobamos y exigimos una clara protección así como garantías hacia su labor.

Otro hecho lamentable, fue lo que al parecer fue un robo ocurrido en las oficinas de la organización civil Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad AC (Codise), reconocida por su labor en favor de la diversidad sexual, el cual demuestra la vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores y defensoras en Jalisco, reconocido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, como el sexto lugar nacional con más ataques.

Los conflictos no resueltos desde el Gobierno estatal, han generado un ambiente riesgoso para personas, organizaciones y movimientos que exigen el cumplimiento de una petición ó la exigencia de un derecho. Durante el año diversos movimientos han sido sujetos de restricciones como en el conflicto con la comunidad de la Universidad de Guadalajara, o incluso detenciones con un claro abuso de la fuerza, como en el caso del Movimiento de Bases Magisteriales. En ambos casos acompañados de una cobertura mediática negativa para posicionar un mensaje equivocado al elemental derecho a la protesta social. Es por ello, que una vez más es necesario decir , que se trata de un derecho humano básico para el cumplimiento de los restantes derechos humano que debe ser garantizado y protegido por el Estado.

En el escenario de la seguridad, Jalisco ha dejado de ser una entidad que no figura en el mapa de la delincuencia organizada, ya que informaciones periodísticas la colocan en el séptimo lugar en homicidios cometidos en el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico, muchos de ellos múltiples, como el ocurrido recientemente en Tecalitlán y Jilotlán de los Dolores.
Las explicaciones mantienen esa tendencia estereotipada de que lo ocurrido proviene de dinámicas ajenas al estado, aunque los bloqueos ocurridos en la ciudad y el asesinato de dos niñas en la Colonia del Fresno, nos hacen pensar lo contrario.

Las autoridades exigen prudencia, calma y respaldo ante lo ocurrido, cuando no existen elementos para ello, debido a que inexplicablemente no se ejercen los recursos federales para combatir la inseguridad, la gran mayoría de los elementos no ha pasado una prueba de control de confianza de acuerdo a información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de ser la entidad con el mayor número de sub registro de averiguaciones en la república. Aspectos de los cuales no se ha rendido cuentas.

Ahora que se requieren respuestas inmediatas ante la situación de emergencia, exigimos que las soluciones se enmarquen en un pleno respeto a los derechos humanos y no bajo la regla de la “sospecha”, para ello es importante que se aprueben las reformas al sistema de justicia que haga posible la existencia de un sistema acusatorio y la independencia de la Procuración de Justicia, además de la depuración de los operadores, al mismo tiempo investigar y sancionar a todos los funcionarios que permitieron el incremento de la inseguridad del estado, incluyendo a los que se encuentran en la función, además de abrir paso a una verdadera participación ciudadana a manera de contraloría social en las funciones de seguridad pública, procuración y administración de justicia.
Como se aprecia claramente en este breve panorama, en Jalisco existe una crisis en la vigencia de los derechos humanos, provocada sobre todo por instancias que debieran garantizar su protección y ejercicio.

Quizás el elemento más crítico y que refleja en mayor medida esta debacle, es la crisis de la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, perdida entre intereses políticos ajenos a su función, con un posicionamiento de defensa distante de la sociedad, con un alto contenido de improvisación, sin rendir cuentas, opaca y peor aún, con una defensa ortodoxa y mediática que de nada sirve al escenario actual.

Deberíamos preguntarnos como sociedad: ¿De qué sirve contar con un organismo que se ha convertido en una agencia de colocaciones y de aumento de ingresos para su jerarquía?; ¿ es útil que se repare el daño a las víctimas si esto solamente se hace en términos monetarios pero no en incremento de dignidad o en modificación de las causas que originaron las violaciones?; ¿para qué sirve una Comisión que concluye las quejas sin haberlas investigado como en el caso del “asco” del Gobernador?; o ¿ que simplemente desalienta, obstaculiza y criminaliza la participación ciudadana en su propio consejo para buscarse uno a modo a sus intereses con absoluta complacencia del propio Poder Legislativo?.

La renuncia de parte de su consejo ciudadano, por ciudadanas y ciudadanos comprometidos con su labor de representación social nos dice que es una institución en abandono que ya no responde a los fines para los que fue creada.

El CEPAD, desconoce a la CEDHJ como una instancia que defienda y proteja los derechos humanos, por lo que invitamos a las organizaciones de la sociedad civil para que realicemos una documentación independiente de casos en donde se vulneren los derechos de personas y colectivos, sólo así lograremos insistir en la memoria y conocer la verdad histórica de lo que ocurre en Jalisco.

Ante este escenario, el Congreso del Estado tiene la gran responsabilidad de decidir si mantiene en el cargo al Presidente de la CEDHJ, en detrimento de las garantías de todos y todas las Jaliscienses, si permite lo anterior será también corresponsable de las graves omisiones que se suscitan en dicho organismo.

Por último queremos agradecer a los que colaboraron con su participación en el informe, a Jade Ramírez, porque a pesar de dedicarte a la profesión más peligrosa, actualmente nos demuestras que el periodismo debe ejercerse con ética y en favor de los más desprotegidos.

Al señor Alfredo Viniegra, porque la defensa jurídica por más de 11 años del caso de responsabilidad médica que le ocasionó daños irreversibles a la salud de Fredy, su hijo, nos hace ver que la defensa de los derechos humanos, tiene que ser insistente pero también con amor de padre como el suyo.

A los defensores y defensoras del Mesón de la Misericordia, Ajagi, Biciblanca, Colectivo Ollin y Movimiento de Bases Magisteriales, porque con su trabajo nos demuestran que existen alternativas y acciones en el ejercicio de los derechos humanos para buscar una mejor sociedad, más justa y solidaria.

Termino mi intervención con palabras tomadas de una invitación de la Sociedad Civil Las Abejas en Chiapas, para conmemorar los 13 años de la matanza de Acteal:

“Sabemos que unid@s, somos luz […], podemos apagar la impunidad y encender la justicia y la paz en nuestros pueblos…[…]. Nuestra lucha es constante como el viento que nos sopla la vida, y es diaria y continua como el ciclo de la siembra de la milpa”.

2011-01-31T13:12:00.000-08:00

Repudio de organizaciones a los asesinatos de defensoras

2011-01-14T09:27:00.000-08:00

Exigimos justicia y respuestas ante las agresiones y asesinatos a defensoras y defensores de derechos humanos

Las organizaciones firmantes repudiamos enérgicamente el asesinato de la defensora de derechos humanos Susana Chávez, incansable luchadora en contra de los feminicidios en Ciudad Juárez. Esta atrocidad acontece a menos de un mes después del asesinato de la activista Marisela Escobedo -ocurrido mientras exigía justicia por el homicidio de su hija en 2008-, asesinato que también condenamos con la misma indignación.

Los asesinatos de Susana y Marisela, que se dan en un clima de inseguridad y violencia generalizado, se suman a una serie de agresiones, atentados, amenazas y homicidios ocurridos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos registrados en diversas regiones del país. La constante en estos casos ha sido la falta de investigación y la ausencia de medidas preventivas para proteger la seguridad, la integridad y la vida de las y los defensores.

En este contexto, un grupo amplio de organizaciones de derechos humanos exigimos al Gobierno mexicano la implementación del Mecanismo de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, en cumplimiento con diversas recomendaciones de organismos internacionales.

En ese sentido, hemos presentado al Gobierno una propuesta de implementación para proteger a defensores y defensoras, para que existan formas de acción inmediata ante agresiones a los activistas y para que se investiguen los hechos y las violaciones no queden en la impunidad.

Esta necesidad de instrumentación por parte del Estado, también se evidenció en octubre pasado, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde las organizaciones planteamos la urgencia de poner en marcha esta propuesta de Mecanismo.

Esta exigencia que se ha hecho desde hace más de un año ha venido siendo retrasada por el Estado. Urge que se haga realidad.

Ante estos nuevos hechos y ante la falta de respuesta del Estado mexicano para proteger y garantizar la seguridad, la integridad y la vida de las defensoras y defensores de derechos humanos demandamos una respuesta contundente y expedita.

No más sangre. No más muertes. No más impunidad.

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos; Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, Protection Desk México; Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México); Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD); Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria, O.P."; Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité Cerezo México; Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" (conformada por 70 organizaciones en 23 estados).

La tortura, “una estrategia de Estado”Víctor M. López Álvaro (Revista Proceso)

2011-01-06T11:00:00.000-08:00

Durante la gestión de Felipe Álvarez Cibrián en la Comisión Estatal de Derechos Humanos han disminuido drásticamente las quejas por tortura, pero investigaciones de un grupo de expertos de las Naciones Unidas y de activistas nacionales demuestran que esa práctica inhumana e ilegal sigue vigente en instituciones jaliscienses, en especial la PGJ. Los informes consultados dicen que los tres gobiernos panistas del estado, lejos de afrontar el problema, se han contentado con negar su existencia.

Un día el declarante, al que llamaremos Pedro, recibió una visita de esas que nadie espera: entre gritos, un grupo de personas entró a su domicilio. “Me tiraron al piso y empezaron a golpearme, me quemaban los testículos con un encendedor y con cables me daban toques en los testículos, las orejas, la nariz, la boca y parte del ano”, relata la víctima en su carta al Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

Su testimonio fue incluido en el informe Análisis de la tortura en Jalisco 2000-2009, en el cual se confirma que es una práctica recurrente de las autoridades jaliscienses, en especial de la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJ).
El tiempo pasa muy lentamente para Pedro. El objetivo principal de la tortura es que firme, sin leerlas, declaraciones en las cuales se declara culpable de diversos delitos. “Fírmale”, le gritan.

Uno de los torturadores le dice de plano: “Mira, cabrón, ya sé que no eres culpable, pero qué le vamos hacer, el gobernador quiere resultados. Tú coopera firmando”. Y firmó por miedo de perder la vida, la propia y la de sus familiares.

Pedro cuenta lo que parece la filmación de una película, pero en las peores circunstancias y dirigida por la delincuencia organizada:

“Me llevaron a otro lugar, donde otro jefe me dijo: ‘Mira, cabrón, te vas a sentar ahí mirando de frente a la cámara y vas a leer lo que dice la cartulina, si no, ya sabes’. Tuve que hacerlo. Leí frente a la cámara de video, y me pusieron otra cartulina más con nombres de gente que yo no conozco.”

Después lo llevaron a una supuesta casa de arraigo, donde otro grupo de policías judiciales siguieron torturándolo aunque legalmente era todavía un “presunto inocente”. Le cayeron encima con más golpes, uno que otro toque con picana antes de cubrirle la cabeza con una bolsa de plástico para comenzar a asfixiarlo, o bien lo sumergían de cabeza en un tambo lleno de agua, con los pies y manos amarrados. Le infligían este procedimiento una y otra vez…

En ese lugar había otras 11 víctimas. Cuando terminaba una golpiza entraba una especie de médico al cuarto y les daba unas pastillas que, recuerda Pedro, “nos ponían muy mal; entonces llegaban otra vez los judiciales con lo mismo, a torturarnos”.

Pedro escupe su historia unos días antes de que visite Jalisco una delegación del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes, de la Organización de las Naciones Unidas.

Bajo presión

Del 27 de agosto al 12 de septiembre de 2008 estuvo en el estado la delegación de la ONU integrada por un jefe, Víctor Rodríguez Rescia, y por Hans Petersen, Zdenek Hajek, Marija Definis-Gojanovic, Zbigniew Lasocik y Mario Coriolano, todos ellos expertos internacionales en el tema de la tortura.

Un año después el grupo entregó al gobierno de México un informe, al cual el Cepad tuvo acceso después de varios meses de litigio ante el Instituto Nacional de Información Pública y Protección de Datos Personales (Ifai) para obtener una copia.
Pedro relató que ante la visita de los expertos, los agentes de la PGJ les quitaron las esposas a todos sus prisioneros de la casa de arraigo y les concedieron un baño “porque iba a ir una misión de derechos humanos, pero antes de dejarlos entrar (a los expertos de la ONU) nos advirtieron que no dijéramos nada porque nos iba a ir mal”.

El primer día los detenidos obedecieron, de manera que cuando la delegación se fue, los verdugos les dijeron: “Así se hace, cabrones”. Pero al día siguiente la misión regresó porque percibieron la tensión en el lugar y les extrañó que los policías les advirtieran constantemente que no se acercaran a los detenidos puesto que eran de “alta peligrosidad”. Los especialistas describieron estas actitudes durante su visita como acoso de personal fuertemente armado.

En el informe que la delegación entregó a la ONU dice también que “pudo constatar cómo estas personas no sólo vivían en condiciones indignas, sino con muchas limitaciones en lo que a la integridad personal se refiere. No habían tenido acceso a un abogado ni se les había explicado cuáles eran sus derechos. Todos cohabitaban en la misma celda y, tal y como algunos pusieron en conocimiento a esta delegación, a pesar de haber pedido que se les permitiera asearse, se les había negado ese derecho”.

El grupo de expertos constató que los detenidos eran objeto de vejaciones después de su detención. “Explicaron cómo durante los interrogatorios se encontraban con los ojos vendados y las manos esposadas. Algunas incluso habían sido expuestas a ‘la bolsa’. La mayoría de esas personas presentaban lesiones físicas”, se lee en el informe de la delegación.

Continúa: “Todos presentaban un estado de ansiedad muy alto. No había ningún tipo de registro en esa casa de arraigo, y cuando los miembros de la delegación lo solicitaron al personal a cargo, éste se dedicó a escribir en un papel los nombres de las personas allí arraigadas”.

Nada es igual después de las descargas eléctricas que hacen vibrar el cuerpo de dolor, de las bolsas en la cabeza, de los tambos de agua, de los golpes, de las amenazas constantes de que asesinarán a la esposa o a un hijo si el preso no se declara culpable.
La psicóloga Felícitas Treue, experta en la atención a víctimas de tortura, señala que ésta afecta por igual a niños, mujeres, ancianos, jóvenes o adultos: “Daña profundamente al individuo en su esquema psíquico, no sólo a nivel personal, sino también en las relaciones sociales. Destruye la confianza hacia los otros seres humanos, que es básica en todos. Esto porque la tortura es un hecho sumamente cruel y agresivo”.

Treue, que ha sido perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actualmente es coordinadora general del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), agrega que las personas sometidas a esa práctica se retiran, se aíslan y vive con muchísimo miedo; pierden la confianza en sí mismos y hacia los otros:

“La tortura marca un rompimiento en la vida de la persona. Con mucha dificultad recupera sus habilidades y la confianza, y lo que viene a complicar más (su situación) es la falta de justicia: los torturadores andan libres y gozan de impunidad absoluta.”

Por su parte, Agnieska Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, enfatiza que en este tema el Estado ha incurrido en omisiones al no investigar y así solapa la práctica de la tortura. Enfatiza que la víctima es de nuevo atacada en los juicios que llegan a iniciarse porque en ella recae la carga de la prueba.

“Desde 1997, el relator de la ONU sobre tortura destacó en su informe que este delito de lesa humanidad es una práctica generalizada en el país. Desde esa fecha hasta la actualidad seguimos recibiendo recomendaciones en torno a este tema”, insiste.

Agnieska revela que la delegación de la ONU que visitó Jalisco emitió 192 recomendaciones, muchas dirigidas al gobierno del estado:
–¿Se han atendido algunas de esas recomendaciones?

–No. No hay ningún plan para atender ese flagelo. La impunidad sigue imperando. A 13 años de las primeras visitas del relator sobre la tortura, se siguen las mismas prácticas.

En el documento Análisis de la tortura en Jalisco 2000-2009, el Cepad analizó y comprobó que en la entidad se sigue torturando institucionalmente. Ahí se mencionan tres administraciones estatales, todas del PAN: un año de la de Alberto Cárdenas Jiménez (1995-2000); Francisco Javier Ramírez Acuña (2001-2007, con el interinato de Gerardo Octavio Solís Gómez), así como lo que va de la gestión de Emilio González Márquez (de 2007 a diciembre de 2009).

Dichos gobiernos panistas “se han caracterizado por la falta de voluntad política para reconocer que la práctica de la tortura es sistemática en el estado de Jalisco, hasta el extremo de manifestar, en el caso de las dos últimas administraciones, que la tortura en Jalisco ‘no existe’”.

Durante el periodo que abarca el análisis se registraron mil 343 personas torturadas, de las cuales 175 son mujeres y 79 niños o niñas. Y un dato preocupante es que desde 1993, año en que entró en vigor la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura, no se ha consignado ni penalizado a ningún servidor público por dicho delito”, se dice en el documento del Cepad.

Aunque la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) ha emitido 21 recomendaciones sobre tortura, en ningún caso la institución ha presentado una denuncia formal, alegando que no es de su competencia.

Incluso, desde que Felipe Álvarez Cibrián asumió el cargo de ombusdman, en agosto de 2007, las quejas por tortura disminuyeron drásticamente y “se deja de registrar como una violación a los derechos humanos más frecuente, sin alguna justificación”, acusa el Cepad.
Lo atribuye a que la CEDHJ “carece de criterios internos de actuación que permitan calificar las presuntas violaciones por tortura, su investigación y documentación, bajo el parámetro de los instrumentos internacionales”.

Una actitud cuestionable, si se tiene en cuenta que, como lo sintetiza Felícitas Treue, “la tortura es un instrumento de poder del Estado utilizado con el fin de mantener un determinado orden y defenderlo contra un peligro o una oposición emergente. Y no es un acto de omisión de algunos agentes; es intencional y planeado, es parte de una estrategia del Estado”. l

* Consulta el Análisis de la tortura en Jalisco 2000-2009

Recomendación de la CEDHJ no le hace justicia a El Nixticuil, afirman ecologistas

2010-12-22T08:41:00.000-08:00

Foto: CEPAD

Nota de La jornada Jalisco, publicada el 22 de diciembre de 2010.

La recomendación 28/2010 que dirigió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) al ayuntamiento de Zapopan para que responda por la urbanización de una zona del bosque El Nixticuil no le hace justicia, ni lo defiende de la tala, afirmaron en rueda de prensa integrantes del Comité Salvabosques El Tigre II. Dos mujeres con pañuelos en el rostro se encargaron de difundir su descontento hacia al órgano defensor de las garantías individuales.

“Los llamados al manejo y la administración del bosque que realiza la CEDHJ están lejos de favorecer la conservación de El Nixticuil y no representan un mecanismo que asegure la no repetición de las diversas violaciones que sistemáticamente han sido cometidas por las autoridades municipales, las cuales por cierto no se incluyen en la recomendación”, señala el comunicado al que dieron lectura.

Se refirieron en concreto al proyecto Mirasierra, cuya primera etapa se erige a través del desarrollo Altavista Residencial, perteneciente al Consorcio GIG del empresario priísta Raymundo Gómez Flores, en un perímetro de 23 hectáreas, y del fraccionamiento La Cima, de la familia García Arce, propietaria de la embotelladora AGA. Estos proyectos, dijeron, ya habían sido detenidos parcialmente por la presión social y la denuncia de la devastación que generarán a El Nixticuil, sin embargo, el presidente municipal, Héctor Vielma Ordóñez, les dio autorización para que continúe el “despojo” por las “relaciones de partido” que mantiene con algunos de ellos.
A la par, informaron, existe un tercer proyecto que consiste en la reactivación de la línea de drenaje que intentó ser construida desde hace dos años por el programa del SIAPA Todos con agua, y que fue clausurada en el 2009 por remover suelo forestal sin permisos.

La recomendación de la CEDHJ es el resultado de tres quejas interpuestas por el Comité en marzo del 2008 y los meses de marzo y septiembre del 2009 en contra de algunas direcciones del ayuntamiento por permitir el derribo de docenas de encinos e incendios provocados en un predio conocido como La Roblera, dentro del bosque El Nixticuil, y negarse a detener a personal del fraccionamiento La Cima que agredió física y verbalmente a integrantes de la organización.

Salvabosques El Tigre II determinó que se advierte un uso parcial de la información para respaldar en todo momento el dicho del agresor (Zapopan), y se limita a señalar faltas administrativas, pero no propone sanciones ni menciona a funcionarios. Por el contrario, propone la reactivación de la ampliación de la avenida Ángel Leaño y el proyecto de drenaje sanitario o línea de alejamiento, que invaden el bosque. Señalan que tampoco fueron notificados de la recomendación, a pesar de que el artículo 76 de la Ley Orgánica de la CEDHJ lo estipula.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) censuró en voz de su presidente, Francisco Macías, la recomendación del organismo defensor de los derechos humanos, toda vez que el ombudsman jalisciense, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, se permite no investigar los actos e intervenir de forma categórica.

El desalojo de la participación ciudadana en la CEDHJ.

2010-11-26T07:55:00.000-08:00

Los organismos públicos autónomos (IFE, IFAI) entre ellos las comisiones públicas de protección a los derechos humanos, nacieron en un contexto en que los ciudadanos y ciudadanas reclamábamos una mayor intervención y participación en las instituciones, con la idea de adquirir una mayor legitimidad, lo cual se logró con algunas gratas experiencias en las que se observaba a lo lejos una esperanza.

Nuestra incipiente transición a la democracia provocó la acumulación de poderes en partidos y gobernantes, sobre todo los estatales, quienes son prácticamente unos pequeños virreyes sin controles ni contrapesos en ningún tipo en decisiones y presupuestos, que ha provocado la invasión de lo ganado por la ciudadanía, cambiándolo por una rancia y nueva corriente partidista, disfrazada de perfiles supuestamente “profesionales”, que tienen un déficit en su historia de vida y en el tema que les corresponde defender.

Ese ha sido el caso de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, quien fue electo bajo un perfil político ( ha sido lo documentó el Cepad) , pero cargando a cuestas dos cosas: su ignorancia en el tema de los derechos humanos y los compromisos políticos que lo llevaron al puesto.

Eso se nota claramente en su defensa famélica de los derechos humanos a través de discursos y pronunciamientos en los medios de comunicación, que en ocasiones logran la llegada de una nueva y monetaria forma de reparar lo que él llama violaciones a los derechos humanos, pero que nunca evitan que los actos vuelvan a cometerse.

Dicho sea de paso, en 2009 de 15 800 quejas que recibió la CEDHJ, solamente resolvió el 9.35 % de ellas, es decir de cada 10 quejas que recibe solamente resuelve el 0.9 % de ellas, las demás se quedaron silenciosas en los pasillos de salarios lujosos de ese organismo; entre ellas, por cierto el llamado “limosnazo” que provocó una gran movilización social en Guadalajara.

El nuevo episodio lo vivimos el martes, cuando tres consejeros y consejeras ciudadanos, Emma Valadez, Alberto Bayardo y Francisco Pérez, acompañados de otras dos valiosas consejeras que concluyeron su encargo recientemente Paola Lazo e Imelda Orozco, renunciaron a su cargo.

En su carta de renuncia señalan la ausencia de legitimidad de su titular, la imposición de un modelo de organismo que opera bajo una lógica de “intermediación silenciosa y gestora de indemnizaciones”; respuestas del Presidente opacas, cerradas y sin razones a asuntos verdaderamente relevantes relacionados con derecho a la diversidad sexual, o los propios derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La opacidad absoluta, incluso a los propios consejeros, la necesidad de que incluso una de ellas, Paola Lazo tuviera que presentar y ganar un Juicio de Amparo tramitado con el apoyo del Cepad, para que se reconociera su derecho a ser consejera propietaria, además de pervertir el espacio democrático del consejo para hacerlo sectario y con fines no claros, que por supuesto sólo favorecen a los personales del presidente. (Carta de renuncia del 23 de noviembre de 2010).

La renuncia de los consejeros y consejeras pudiera parecernos no importante, pero con ello cayó el último dique ético que posibilitaba la rendición de cuentas y publicidad de ese organismo desde una visión cercana a la sociedad.

Con ello, perdemos todos y todas, ¿Quiénes ganan?: el presidente por lograr una composición partidista de un organismo que es nosotros y nosotras; su jerarquía que vive incrementos salariales contrarios a la austeridad tan demandada; políticos, como el Diputado José Antonio de la Torre del PAN quien ha logrado colocar a su esposa en una labor que debiera tener un servicio civil de carrera, ex consejeros que han hecho de esa labor una bolsa de trabajo propia.

¿ Qué espera el Congreso para sujetar a una estricta rendición de cuentas a la CEDHJ?. Por el momento declaramos a ese organismo como un apéndice más de la burocracia y sin presencia de la participación ciudadana.

Boletín de prensa sobre el caso de Néstor Alan Rodríguez Licea

2010-11-25T14:04:00.000-08:00

Han transcurrido cuatro años desde que se inició la lucha por la justicia y en contra de la impunidad en memoria de nuestro hijo Néstor Alan Rodríguez Licea; que nos ha permitido encontrarnos con la solidaridad de personas y organizaciones, para juntos incrementar la conciencia y lograr un primer cambio en la ley a la que se le ha llamado “salvavidas” que incremento las sanciones en contra de personas que conducen en estado de ebriedad; en la cual incluso existió una amplia participación ciudadana, tan necesaria en estos tiempos.

Se ha logrado la reducción notable de muertes de personas en accidentes en las cuales el alcohol tenía una influencia total, sin embargo dejó para después la modificación de otro tipo de leyes y estructuras administrativas de Secretarías como la de Vialidad y Transporte del Estado, de la Procuraduría General de Justicia (PGJE), del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), e incluso de las policías municipales, que favorecen en este tipo de casos la impunidad y opacidad en la actuación de los servidores públicos de las mismas; aspecto que no puede posponerse por más tiempo.

Nuestra experiencia al defender junto con el Cepad el caso de nuestro hijo, implicó la presentación de una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, peticiones al Gobernador del Estado y Congreso del Estado, además de quejas por responsabilidad administrativa ante la propia PGJE e IJCF, las cuales no han tenido los resultados esperados, precisamente por que faltan los mecanismos adecuados y el compromiso de sus funcionarios responsables para oponerse a la impunidad, actualmente en nuestro caso encontramos:

· Que se emitió la Recomendación 30/2009 por parte de la CEDHJ, de forma incompleta y fuera de los plazos oportunos para lograr un deslinde de responsabilidades, con peticiones a las autoridades que no evitan la repetición de los actos.
· Que a petición nuestra y del Cepad, el IJCF sancionó el 6 de septiembre de 2010, con suspensión de ocho días sin goce de sueldo a la perito médico María del Socorro Méndez Herrera y a los químicos Luis Antonio Guzmán Peña y Jesús Reyes de la Torre Villegas, así mismo se impuso cinco días de suspensión a José Luis Morales Ortiz; aspecto que reconocemos a dicha institución, ya que de forma imparcial tramitó e impuso las sanciones.
· Respecto a la PGJE, a cuatro años de ocurridos los hechos, no contamos con información sobre los avances de una supuesta averiguación previa que se inició en la Dirección de Visitaduría, ni tampoco de la existencia de sanciones dentro del Procedimiento Administrativo interno 402/2009 llevado en la Contraloría Interna de esa institución; aspecto que indudablemente vuelve a lesionar nuestro derecho a saber la verdad.

Nuestra familia y el Cepad, continuaremos en la búsqueda de la justicia y el deslinde de responsabilidades, para lograr que el camino logrado incluya aspectos de evaluación, observación y seguimiento de esas instituciones, tarea a la que nos dedicaremos con mayor énfasis en el futuro.

Deseamos compartirles que la muerte de Néstor Alan, nos ha llevado a buscar la esperanza, por lo que como familia acompañamos a otros padres que han sufrido pérdidas similares a la nuestra para lograr ayuda profesional a través de una experta en tanatología, para lo cual pueden comunicarse al teléfono 38256240 ó 33 34 61 28,

Para continuar con la exigencia de justicia e incrementar la memoria, invitamos a medios de comunicación y sociedad en general a repartir volantes con un mensaje de conciencia que hemos preparado, el 26 de noviembre a las 14:00 horas, en el cruce de las avenidas Vallarta y Enrique Díaz de León.

Análisis de la Tortura en Jalisco 2000-2009

2010-09-30T14:40:00.000-07:00

Desde la fundación del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), se decidió que una de las temáticas de trabajo del organismo, fuera la tortura en Jalisco, por considerar a ésta no sólo una violación grave de derechos humanos, sino que su práctica se revela como sistemática particularmente por los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y por personal de custodia de personas privadas de su libertad.

El presente trabajo tiene como principal objetivo visibilizar y comprobar la existencia de la práctica de la tortura u otros malos tratos empleados durante el periodo en estudio 2000-2009, donde se distinguen tres administraciones estatales: un año corresponde a la Administración de Alberto Cárdenas Jiménez (2000); la Administración de Francisco Javier Ramírez Acuña (2001-2007 que contempla el interinato de Gerardo Octavio Solís Gómez), así como la actual Administración de Emilio González Márquez (2007 a diciembre de 2009), mismas que se han caracterizado por la falta de voluntad política para reconocer que la práctica de la tortura es sistemática en el Estado de Jalisco, hasta el extremo de manifestar, en el caso de las dos últimas Administraciones, que la tortura en Jalisco “no existe”.

A continuación se hace un resumen de los datos y conclusiones más importantes:

De 2000 a 2009:

Jalisco es un caso observado por organismos internacionales, lo que se comprueba con la visita realizada en 2008 por la delegación del Subcomité para Prevenir la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, inhumanos o Degradantes .

En general, existen 1343 personas agraviadas por tortura, de las cuales 175 son mujeres y 79 niños ó niñas.

· Hay discrepancias en las cifras de las inconformidades proporcionadas entre las autoridades y las registradas por la CEDHJ, lo que habla de la inexistencia de una cifra consolidada de casos reales por presunta tortura y posiblemente de un sub registro carente de criterios claros.

· Desde 1993 en que se creó la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura, no se ha consignado ni penalizado a ningún servidor público por dicho delito.

· Las medidas legislativas, administrativas y de política pública se ciñen únicamente a la existencia de la Ley especial contra la tortura, la cual no ha sido modificada.

· Se comprueba que existe un alto grado de impunidad para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la tortura.

Procuraduría General de Justicia del Estado

· De 2000 a 2009 acumula el 87 % de las quejas por tortura captadas por la CEDHJ. (803 quejas)

· 973 son los servidores públicos involucrados en las inconformidades.

· Sólo ha recibido 4 cursos de capacitación en el tema, los cuales requieren mayor investigación para calificar su idoneidad.

· No reúne las condiciones de órgano investigador en los términos de los instrumentos internacionales de derechos humanos contra la tortura, por carecer de la formación para la eficaz investigación de la tortura.

· Reconoce que en dicho periodo no se ha sancionado administrativamente o penalmente a algún servidor público de su institución por tortura.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

· De 2000 a 2009, se han emitido 21 Recomendaciones.

· En el periodo de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, actual presidente de dicho organismo, se han recibido 66 inconformidades en el periodo de agosto de 2007 hasta el 2009.

· En 2007 (bajo su administración) se deja de registrar como una violación a los derechos humanos más frecuente, sin alguna justificación.

· En 2008, se registran solamente 14 casos, la cifra más baja en casi una década.

· Como un dato de referencia, para el año 2006 antes de su llegada al cargo, existían 150 quejas por presunta tortura.

· La información sobre las víctimas registrada en dicho organismo, es carente de un desglose adecuado que permita evidenciar alguna situación adicional de discriminación, ya que en algunas de las solicitudes existen carencias en datos como la edad, origen, pertenencia a un pueblo indígena, entre otras, de acuerdo a instrumentos internacionales.

· Se carece de criterios internos de actuación que permitan calificar las presuntas violaciones por tortura, su investigación y documentación, bajo el parámetro de los instrumentos internacionales.

· Existe una serie preocupación por aquellas inconformidades que en el pasado fueron calificadas como de presunta tortura y no terminaron en la emisión de una Recomendación.

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

· Se solicitaron 591 dictámenes médicos y 710 de índole psicológico, encaminados a comprobar la existencia de tortura.

· En 20 de ellos se concluyó la existencia de tortura física y 87 con una afectación relacionada con esa violación grave a los derechos humanos.

· Solamente ha recibido 4 cursos de capacitación en los que es necesario evaluar la metodología e idoneidad de la capacitación de acuerdo a los parámetros internacionales.

· No se han habilitado peritos especializados no obstante el cúmulo de solicitudes.

El personal carece de una capacitación idónea, además de encontrarse problemas con la independencia del organismo, debido a que el Procurador General de Justicia del Estado preside la Junta de Gobierno de acuerdo a la Ley de dicho organismo.

Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social.

· En el mismo periodo cuenta con 14 señalamientos por tortura.

· 17 son los agraviados, todos ellos del sexo masculino.

· 3 de las personas fueron presuntamente torturadas durante el primer semestre de 2009.

· Se localizó una cifra de señalamientos no reconocida por la SSPPRS, de 6 inconformidades, las cuales datan de 2003 y 2006.

· Reconoce que en dicho periodo no se ha sancionado administrativamente o penalmente a algún servidor público de su institución por tortura

Análisis sobre la Tortura en Jalisco

2010-09-29T08:53:00.000-07:00

Con base en la inconformidad de la familia de Néstor Alan Rodíguez se logra sancionar a cuatro peritos del Instituto Jaliscience de Ciencias Forenses

2010-09-14T10:49:00.000-07:00

El 26 de noviembre de 2008, los padres de Néstor Alan Rodríguez Licea solicitaron a Emilio González Márquez, gobernador del estado de Jalisco, deslindara de oficio las responsabilidades de varios servidores públicos tanto de la Procuraduría de Justicia del estado como del IJCF, que con sus acciones provocaron denegación de justicia, además de corregir el retraso generalizado en la práctica por parte de peritos médicos y químicos en la elaboración de dictámenes de alcoholemia y de drogas de abuso

El 21 de septiembre de 2009, José Luis Montes de Oca Solórzano, contralor interno del IJCF, informó al Cepad que a petición de la familia iniciaría una investigación administrativa interna en contra del personal involucrado en los señalamientos con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado.

De manera reciente, el 10 de septiembre de 2010, fuimos enterados por dicho funcionario que con base en las pruebas ofrecidas por la familia Rodríguez Licea y el Cepad, junto con las indagaciones de la propia institución, fueron suficientes para que se impusieran las siguientes sanciones:

Suspensión máxima de ocho días sin goce de sueldo: a los peritos del área de medicina legal Luis Antonio Guzmán Peña y María del Socorro Méndez Herrera, así como al perito de laboratorio químico José de Jesús Reyes de la Torre Villegas.

Suspensión de cinco días sin goce de sueldo, al también perito de laboratorio José Luis Morales Ortiz.

Todos ellos por desempeñar el servicio de manera indebida o con abuso en el mismo, específicamente por “incumplir, retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación del Instituto” de acuerdo al artículo 22, fracción I de la propia ley que crea el IJCF.

Para la familia Rodríguez Licea y el Cepad, la resolución confirma la existencia de que ocurrieron graves irregularidades el 26 de noviembre de 2006, cuando Néstor Alan perdió la vida, además de serias violaciones a los derechos humanos como a la seguridad jurídica, a la debida garantía judicial, a la igualdad, así como el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido.

Las sanciones y el tiempo tan largo para imponerlas, demuestra que es necesaria la existencia de mecanismos más ágiles de investigación y sanción, porque no puede existir reparación para las víctimas sin un deslinde de los responsables completo y eficaz.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado en diversos casos que “la obligación de investigar debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”, “debe tener un sentido y ser asumida como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares” en donde se busque por el Estado la verdad (n. 112. Caso Bulacio vs Argentina; sentencia del 18 de septiembre de 2003. Fondo, reparaciones y costas).

Ante las recientes reformas legales que sancionan con mayor celeridad a los que conducen bajo los efectos del alcohol y que involucran de forma directa a personal de la Procuraduría de Justicia, IJCF y Secretaría de Vialidad y Transporte, se considera urgente una nueva que incremente el acceso a la justicia para las víctimas al denunciar delitos y responsabilidades administrativas cometidas por los servidores públicos e impedir así la impunidad propiciada desde las propias instancias.

Como prueba de ello, es la falta de resolución hasta la fecha del procedimiento administrativo 402/2009 Mesa B en la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el que se investigan a petición nuestra las irregularidades de varios integrantes del ministerio público, por lo que exigimos una respuesta inmediata.

A las víctimas de violencia vial, queremos manifestarles nuestra solidaridad, sobre todo para que nuestra experiencia las anime para seguir en el camino de la exigencia de justicia, en memoria de nuestros hijos y familiares para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.

Familia Rodríguez Licea

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (Cepad)

Pronunciamiento de la XL Asamblea de la Red TDTT

2010-09-06T10:00:00.000-07:00

PRONUNCIAMIENTO

La Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” reunida en su Asamblea número XL en la ciudad de Tehuacán, Puebla se solidariza y respalda el arduo trabajo que realizan las organizaciones de derechos humanos el Centro de Apoyo al Trabajador y la Comisión de Derechos Humanos del Valle de Tehuacán, en su defensa, protección y promoción de los derechos humanos laborales en el Estado de Puebla.

Las sesenta y nueve organizaciones integrantes de la Red TDTT hacemos pública nuestra preocupación por la grave situación de vulnerabilidad en la que viven miles de trabajadores y trabajadoras en el país. Consideramos que los despidos masivos dentro los centros laborales, la flexibilización laboral, la falta de reconocimiento y acceso al derecho a la seguridad social y la imposibilidad de la organización sindical son flagrantes violaciones a los derechos humanos en contra de los trabajadores y trabajadoras.

Es de igual preocupacion para la Red TDT la creciente criminalización, hostigamiento y agresiones en contra de las y los defensores de derechos humanos laborales. Los integrantes de nuestra Red han sufrido amenazas y encarcelamientos por el trabajo que realizan en la defensa y reivindicación de los derechos humanos laborales. Es importante mencionar que el hostigamiento se ha realizado de manera particular para obstaculizar las luchas iniciadas en el estado de Puebla para el ejercicio pleno de los y las trabajadoras a su derecho a la libertad de asociación sindical.

Por este motivo la Red Nacional de organizaciones civiles “Todos los derechos para todos y todas” exhorta al gobierno del estado de Puebla, y de manera específica a las autoridades dependientes de la Secretaria del Trabajo a que respete, garantice y promueva los derechos humanos laborales, con base en lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en los tratados y convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano en materia de derechos humanos y de derechos laborales. De igual forma exigimos de la manera mas atenta que se comprometa a garantizar el respecto, protección y defensa de los derechos humanos de los defensores integrantes del Centro de Apoyo al Trabajador y a la Comisión de Derechos Humanos del Valle de Tehuacán así como de los trabajadores y trabajadoras que acompañan en su lucha incansable por un trabajo y vida digna.

Al autoridades estatales les exigimos que cumplan con su obligación de investigar las amenazas y prevenir de que dichas agravios de han sido objeto los integrantes del Centro del Apoyo al Trabajador y de la Comisión de Derechos Humanos del Valle de Tehuacán se materialicen.

Al Centro de Apoyo al Trabajador y a la Comisiónn Derechos Humanos del Valle de Tehuacán hacemos un público reconocimiento a su incanzable labor realizada a favor de los derechos humanos laborales, así como a su indudable compromiso con las y los trabajadores que acompañan en su lucha cotidiana.

La nueva “seguridad ciudadana” practicada desde el Ayuntamiento de Guadalajara: selectividad, limpieza y violencia en contra de las mujeres.

2010-08-31T14:20:00.000-07:00

cepad@cepad.org.mx

El 21 de agosto el Ayuntamiento de Guadalajara y varias de sus dependencias (Seguridad Ciudadana, Instituto Municipal de las Mujeres, DIF, Reglamentos) realizaron el Operativo Rescate, cuya intención era intervenir en zonas en donde existe trabajo de sexoservicio para recuperar a posibles víctimas de explotación sexual (La Jornada Jalisco); sin embargo los efectos fueron: tratos denigrantes y ofensivos hacia las trabajadoras sexuales, utilización de sus imágenes por la prensa con la autorización de los responsables del operativo, criminalización de su trabajo, desconocimiento y denostación al trabajo de defensoras de los derechos sexuales en esa zona, nula protección ante la posibilidad de encontrarse en una situación de explotación, carencia de medidas de protección para las niñas o adolescentes y un fin eminentemente recaudatorio de la medida, ya que por conceptos de multas ingresaron a los fondos del gobierno municipal alrededor de $ 243 000 pesos de acuerdo a los datos proporcionados por la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez, AC.

Otros saldo secundario pero no menos importante fue la negligente intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien a través de uno de sus visitadores, solicitaba a las trabajadoras sexuales que “mejor se dedicaran a otra cosa”, al mismo tiempo que las desanimaba para presentar su inconformidad, luego corrigió y dictó medidas cautelares que son inútiles por no reparar los efectos de las evidentes violaciones a los derechos humanos.

En esto último precisamente es donde queremos colocar el acento, porque los debates contienen un alto grado de esterilidad no por los espacios donde se están dando ó por las razones surgidas de los credos individuales, sino porque uno de sus componentes es la ausencia de voluntad de un gobierno para ser evaluado por la ciudadanía en esta y otras actuaciones, además de preferir sostenerse en una defensa de la infancia que en la práctica es muy limitada e incompleta. Para ello, basta recordar como ese mismo nivel de gobierno permitió bajo un silencio de todos los partidos políticos que un funcionario de segundo nivel del área de Alumbrado Público organizara fiestas en las que se propiciaba la corrupción de la infancia involucrándolas en dinámicas ajenas a su desarrollo, de acuerdo al caso documentado por el Cepad.

Es importante recordar que los derechos humanos exigen una protección sin distingos por parte de la autoridad y todos aquellos que intervienen por anuencia de esta, como fue el caso de los reporteros gráficos.

Ambos tienen deberes hacia la situación de violencia en contra de la mujer que expresamente prohíbe “cualquier distinción, exclusión o restricción, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer”, por lo que deben de abstenerse de incurrir en todo acto de discriminación y velar para que así se actúe (Art. 1 y 2 inciso d) de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer).

Violentar a la mujer, significa realizar cualquier acción o conducta, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer “tanto en el ámbito público como en el privado”.

Las dinámica de trata de personas con fines de explotación sexual, es un tipo de violencia de la comunidad que tiene que ser combatida enérgicamente, pero bajo un sentido de protección, con perspectiva de género y de infancia, lo que implica tomar en cuenta las necesidades de ese grupo en situación de vulnerabilidad; no bajo cualquier costo, sino con medidas que garanticen la protección, la reparación del daño, la rehabilitación y capacitación, así como el acceso a mejores condiciones de desarrollo y de justicia.(Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer)

La intervención que realizó la autoridad tendrá que ser emplazada para que verdaderamente expliquen los fundamentos del operativo, que hasta ahora lo único que “rescató” es el incremento y la perpetuación de la violencia para las más vulnerables.

Pronunciamiento sobre los asesinatos de migrantes en Tamaulipas.

2010-08-30T10:14:00.000-07:00

Las organizaciones que conformamos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” condenamos el asesinato de 72 personas migrantes indocumentadas en el municipio de San Fernando en el estado de Tamaulipas el pasado 24 de agosto y expresamos nuestra profunda indignación.

Las organizaciones de la Red TDTT de manera individual o colectiva hemos denunciado en casiones anteriores los abusos y violaciones a los derechos a las que son expuestas las personas migrantes en México y hemos realizado denuncias de lo que hoy día ocurre en os estados de Coahuila, Chiapas, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Tabasco,entre otros.

Lo ocurrido en Tamaulipas no es un hecho aislado; las autoridades mexicanas locales y federales han tenido conocimientos de todos estos hechos a lo largo de los últimos años a través de los informes de organizaciones nacionales como internacionales, así como de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Las violaciones a los derechos humanos como desaparición, agresiones físicas y sicológicas, amenazas donde el derecho a la vida pende de un hilo y donde la política migratoria lejos de proteger la seguridad y la vida de las personas migrantes, lascriminaliza, se suman a la xenofobia y discriminación que caracteriza a nuestro país. Hacemos una vez más hincapié en la carencia de una perspectiva de derechos humanos en a política migratoria, así como en la política de seguridad que han implementado las instituciones gubernamentales. La situación de las personas migrantes se agrava en el caso de las mujeres migrantes, que pr su condición de género se encuentran en total indefensión, siendo las víctimas más ulnerables de la violencia sufrida por los migrantes. Las mujeres migrantes que caen en manos de la delincuencia organizada son trasladadas a la frontera norte de México a través de una larga cadena de bares y cantinas clandestinas en las que se ejerce la prostitución forzada. Otras mujeres son engañadas por los traficantes quienes las entregan a las células del crimen organizado para su explotación. La gran mayoría de las mujeres secuestradas son víctimas de violaciones sexuales (CIDH, 2010).

Los secuestros y asesinatos contra las personas migrantes se invisibilizan y quedan en totalimpunidad. De acuerdo a datos proporcionados por la Procuraduría del Estado de Méxicode enero de 2009 a junio de 2010 fueron asesinadas 309 mujeres en esa entidadederativa, de las cuales en un 28% se desconoce su origen, y que se puede suponer son migrantes principalmente centroamericanas, así mismo el 24 % son originarias de otras entidades de la República o de otro país.

Las organizaciones que conformamos la Red TDTT exigimos a las autoridades federales y locales emprender, de manera inmediata, acciones de investigación de fondo de estoshechos y la sanción de los responsables. Debe ponerse fin a la impunidad que persiste en cuanto al secuestro de las personas migrantes, así como todas las violaciones a los derechos humanos denunciadas por las víctimas y perpetradas por funcionarios estatales federales.

Es indispensable que las autoridades mexicanas ofrezcan todos los recursos necesarios a disposición de los familiares de las víctimas para que puedan recuperar los cuerpos los restos y despedir a sus seres queridos.

Asimismo, es necesario llevar a cabo acciones a favor del establecimiento de un ecanismo de protección de los defensores y defensoras de los derechos de las personas migrantes en todo el país, así como de los testigos de estos últimos acontecimientos.

Consideramos indispensable que el gobierno mexicano trabaje de manera coordinada con las organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema para asegurar que se llevea cabo una revisión y evaluación profunda de la política migratoria en nuestro país y se integre la perspectiva de derechos humanos a la misma. Es indispensable revisar y acatar as recomendaciones efectuadas por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Migrantes después de su visita a México en 2008.

Por último, hacemos alusión a la solicitud del Relator para Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Felipe González, de realizar una visita in loco aterritorio mexicano, con el objetivo de observar las condiciones del tránsito de las personas migrantes.

Por fin el derecho al agua

2010-08-11T07:25:00.000-07:00

Una buena noticia, el pasado 26 de Julio del 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó en su 64va sesión, una de las resoluciones más esperadas de dicho Organismo Internacional: aquella que Declara “el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. En su resolutivo segundo, la Asamblea exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que “proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento”.

¿Qué significa esta Declaración?

Significa una respuesta al hecho de que aproximadamente 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable en el mundo, y a que más de 2.600 millones de personas no tienen acceso al saneamiento básico. En la más común clasificación de los derechos humanos, ubicaría a este derecho como de tercer generación o derecho de los pueblos, lo cual implica que el mismo, no sólo puede ser exigido por un pueblo a su gobierno, sino por un gobierno a otro y por un país a otro. Lo anterior, resulta lógico al advertir que el derecho al agua, involucra la salud y el bienestar del ser humano, y que en tal sentido guarda relación con el derecho a un medio ambiente sano que posibilite la existencia humana en el planeta de forma digna para todos y todas.

Significa también que no debe comercializarse, y que el Estado debe garantizar su distribución, calidad para el consumo humano y su saneamiento. Por ello, implica un atentado a los intereses del mercado y a las ganancias millonarias de las transnacionales del agua.

El Profesor Salvador Montenegro Guillén, director fundador del Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua, de la Universidad Nacional Autónoma de aquel país, hace un análisis respecto de la votación dada para la emisión de la resolución de referencia, misma que no se logró en consenso, sino por votación de 122 países a favor, ninguno en contra, y 41 abstenciones. El investigador adujo a la lógica, al mencionar que las abstenciones de los 16 países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Reino Unido, entre otros, se debe a la consideración del agua y los servicios relacionados, como “mercancías” sumamente rentables, sin embargo, lo intrigante responde a las abstenciones de los 25 países en vías de desarrollo, algunos de ellos en los que la situación del agua es un problema de salud pública, muy probablemente por las implicaciones que para los Estados conlleva el hacer vigente este derecho, y como dice el profesor Montenegro, quizá incluso por “congraciarse con un país desarrollado que le influencia”.

El Estado Mexicano, tiene a partir de esta declaración, la obligación moral de elevar a rango constitucional este derecho y armonizar su legislación interna en dicho sentido; buscar el aprovechamiento racional del vital líquido para todos y todas; garantizar el abastecimiento de agua potable, así como la protección de los recursos hídricos para los distintos usos. De la misma manera las modificaciones legislativas deberían ir en el sentido de prohibir a la iniciativa privada la comercialización del agua tal y como se da ahora, ya que ésta deja de ser una mercancía para pasar a ser como lo indica la declaración, un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los demás derechos

Agresiones a periodistas y defensa de Derechos Humanos

2010-08-05T14:37:00.000-07:00

Históricamente se ha considerado al ejercicio periodístico como una de las manifestaciones principales de la libertad de expresión. Por otro lado también debe reconocerse que los medios de comunicación y el debate de opiniones en forma pública y amplia, han sido piedra angular para las luchas sociales, han favorecido el desarrollo de los regímenes democráticos y han sido una herramienta indispensable para apoyar la consolidación del Estado de Derecho.

Las y los periodistas pueden en este sentido ubicarse no solo como transmisores de información, sino también como protagonistas y generadores de cambio y desarrollo, en la medida que desarrollan su profesión con respeto a la verdad y a la dignidad, hacen más factible que los derechos humanos sean una realidad para todas y todos.

Sin embargo encontramos que en nuestro país la posibilidad de que los periodistas desarrollen con seguridad y libertad su profesión se ha reducido sobre todo en los últimos años. Tan solo en el 2009, las organizaciones CENCOS y Artículo 19 documentaron 244 ataques a la libertad de expresión en el marco del ejercicio periodístico, lo cual implica desde su conocimiento, un notable incremento en relación a las agresiones registradas en años anteriores, y también que aumenta de manera preocupante la degradación de las condiciones para el ejercicio del periodismo.

Para la organización Reporteros sin Fronteras, México ocupa el nada honroso primer lugar entre los países del continente americano en relación a la inseguridad en que laboran los medios de comunicación. La problemática no ha mejorado en el 2010, según Artículo 19, tan solo en lo que va del año llevamos 6 homicidios en contra de periodistas en México, 1 periodista desaparecido y 6 ataques contra medios de comunicación.

Esto sin contar que la semana pasada sucedió algo inédito en el país, cuatro periodistas; un reportero y tres camarógrafos, fueron secuestrados por una célula del cártel de Sinaloa en Durango. Lo terrible del hecho es que las víctimas fueron elegidas para canjear su libertad por la difusión en medios de comunicación de los mensajes e información de la organización criminal, en función de una estrategia de propaganda diseñada por grupos de delincuencia organizada. Por suerte para ellos en el transcurso de la semana fueron liberados dos y el sábado pasado dos más, pero nos podemos preguntar ¿en qué condiciones podrán continuar realizando su trabajo? ¿existen condiciones para asegurar que secuestros similares no volverán a ocurrir?.

Sin embargo y por desgracia, a pesar de lo crítico en el sucedido, la delincuencia organizada no es el único actor que atenta contra la labor de los periodistas. En este caso fueron los claros responsables de las agresiones, sin embargo no son los que más agreden la libertad de expresión. Nuevamente, según CENCOS y Artículo 19 el principal responsable de agresiones a periodistas se concentra entre funcionarios públicos y fuerzas de seguridad del Estado. En la investigación titulada “entre la violencia y la indiferencia, Informe de agresiones contra la libertad de expresión en México 2009” que forma parte de la campaña permanente de protección a periodistas (puede ser consultada por internet), del universo de agresiones que ellos pudieron registrar el 65.57% de las agresiones las realizaron funcionarios públicos, el 7.79% la realizaron militantes o simpatizantes de partidos políticos, mientras que 6.15% fueron realizadas por agentes del crimen organizado. El resto de las agresiones se reparte entre gente identificada como empresarios, sindicatos, o sujetos particulares, y en un 14.34% no se logró identificar al agresor. Es decir, en buena medida mejora las condiciones de seguridad en la labor periodística depende de un profundo cambio en su interacción y en las perspectivas de los funcionarios públicos.

Agregando a lo anterior, la indefensión de los periodistas no solo se debe a posibles agresiones directas de funcionarios sino también a la impunidad que prevalece en el país. Debe además destacarse que la CNDH documentó 46 asesinatos de periodistas realizados entre 2003 y el 2009, y se menciona también que ninguno de estos ha sido elucidado a cabalidad (según reporteros sin fronteras), a pesar de que desde el 2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas. Es decir, se puede agredir con violencia a los periodistas y no pasa nada.

No es entonces de extrañar que a violencia y la impunidad puedan generar en los comunicadores un deseo de no profundizar o no tratar temas que puedan exponerlos y propiciar así una autocensura en función de la seguridad. Corremos el grave riesgo de que en los periódicos y en las radios por el miedo se limite la posibilidad de escribir con libertad y se impida la adecuada información pública.

El problema es sumamente complejo, hoy desde el gobierno se pretende generar un mecanismo especializado de protección para periodistas, pero como sociedad no debemos quedarnos con los brazos cruzados. Como sugiere el director de Artículo 19, debemos exigir vehementemente el fin de la violencia contra periodistas si es que deseamos libertad de expresión. No quiere decir con esto que daremos un cheque en blanco a los medios, no quiere decir que no se deban de regular los medios de comunicación, tampoco quiere decir que permitamos información sesgada y con faltas de veracidad, tampoco podemos permitir que los medios nos inunden con lógicas mercantilistas. Pero en función de conocer lo que ocurre en la sociedad, de lograr mayor transparencia, de tener una información crítica y responsable, debemos impulsar que exista un verdadero “alto a la violencia contra la prensa”. Una acción social conjunta en este sentido elevará los costos políticos contra autoridades ineficaces y propiciará verdaderas políticas públicas para prevenir futuras agresiones.

La defensa de la libertad de expresión y de información está en manos de todos.

No nos acostumbremos a la violencia

2010-07-21T10:46:00.000-07:00

cepad@cepad.org.mx

Con mucha preocupación las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, hemos visto no solamente un aumento de la violencia en todo el país en los últimos años, sino que la crueldad de ésta es inmensamente proporcional a la incapacidad de las autoridades federales para responder el grave problema que significa el crimen organizado.

Datos de la propia autoridad y de algunos medios de comunicación indican que en lo que va del sexenio la cifra de alcanzan los 23 mil personas fallecidas, y miles han sido víctimas inocentes, entre ellas niños, niñas y jóvenes.

Expertos de las Naciones Unidas en temas de seguridad nacional y delitos contra la salud, han insistido al gobierno de Calderón que la estrategia para atender el problema no es la correcta, como sacar al Ejército mexicano a realizar las tareas propias de la policía, y dejar intacta la estructura financiera de las organizaciones delictivas.

Lamentablemente la nota roja se ha vuelto costumbre, pero no para la gran mayoría que habitamos este país. Al parecer las autoridades y algunos medios de comunicación se empecinan en tenemos que vivir en este clima de violencia, que es inevitable y que nada se puede hacer.

El fin de semana pasado asesinaron a jóvenes en la ciudad de Torreón, y la Fiscalía estatal se apuró a decir que no habían sido 18 sino 17 el número de jóvenes muertos, es decir, para la autoridad las personas muertas en estos hechos a los largo y ancho del país dejaron de tener su nombre y a apellido, para ser números solamente.

Lo que sigue siendo otra constante, es la percepción de la falta del poder público o la incapacidad de atender los graves problemas del país, como son la impunidad, la corrupción, la opacidad del manejo de los recursos públicos y en especial, la inseguridad para salvaguardar los derechos fundamentales de quienes integramos esta sociedad.

En un país con más de la mitad de su población que vive en la pobreza, y muchos de esas personas en pobreza extrema; donde millones de niños y niñas viven y trabajan en la calle para sobrevivir; donde miles y miles de jornaleros indígenas salen de sus comunidades de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Veracrúz entre otros, a ganarse la subsistencia para ellos y sus familias a estados como Jalisco, cuyas autoridades estatales y municipales, así como las dependencias federales se hacen de la vista gorda, ante la explotación laboral que sufren, la ausencia de servicios de salud, de vivienda y demás violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y de las mujeres.

Opinión de César Octavio Pérez Verónica del Cepad en Medios UDG Puerto Vallarta

Más allá del incremento de sanciones por conducir en estado de ebriedad.

2010-07-21T09:59:00.000-07:00

cepad@cepad.org.mx

La semana pasada se hizo pública la aprobación de un paquete de reformas a leyes (desde la de vialidad hasta el Código Penal) que busca sancionar a los que conduzcan en estado de ebriedad. (ver la nota de Público)

Se disminuyó la tolerancia que contenía la legislación en el consumo de embriagantes (ahora será de mínimo dos o dos copas y media), se incrementaron las multas que pueden llegar hasta más de 11 000 pesos. Dependiendo el caso se puede asegurar el automotor y enviarlo un depósito, ingerir cinco copas con la combinación del volante será considerado como delito.

Si la acumulación de alcohol en la sangre supera los 130 miligramos de alcohol y además se participa en un accidente de tránsito en donde hay lesiones graves u homicidio, automáticamente el conductor perderá el derecho de obtener su libertad bajo (fianza).

La experiencia del Cepad en el seguimiento del caso de Néstor Alan Rodríguez Licea y la atención que hacemos cotidianamente de víctimas de violencia vial, nos indica que de nueva cuenta se busca atender lo urgente, lo cual no es negativo pero se parte de una idea errónea de que la sola existencia de las leyes y el agravamiento de las sanciones crearán en automático las condiciones necesarias para que sean aplicadas por los agentes de la autoridad. Como si el derecho vigente fuera lo mismo que el “derecho viviente”. (el que se exige y se cumple según Victoria Camps).

Por eso la exigencia de que al elaborarse las leyes se cuente con el diagnóstico más detallado posible, incluso con escenarios de aplicación claros y reales, no sólo el de los establecimientos que venden bebidas sino el de las mismas autoridades y consumidores. Un reflejo de lo anterior son las declaraciones del mismo Secretario de Vialidad y Transporte, en las que reconoce que no cuenta con suficientes peritos ni alcoholímetros para cumplir con la ley; eso si tiene un significado más claro: la continuación de la impunidad que por cierto no es remediada por las recientes reformas.

Los casos demuestran que la cadena de corrupción inicia con los Agentes de vialidad al no intervenir de acuerdo a la ley y no levantar las actas de accidentes debidamente, para continuar con los policías los cuales se limitan a ser testigos simples de lo que acontece en las escenas de los accidentes. Los peritos, que por cierto llegan por horas más tarde (cuando ya los efectos del alcohol han sido combatidos por la corrupción); los señores y señoras agentes del ministerio público quienes facilitan más el “procedimiento” a los inculpados, por ejemplo fijándoles rápidamente la fianza, asignándoles prontos abogados defensores, pases de visita a familiares y representantes de las aseguradoras ó incluso colocándolos en la comodidad de un hospital privado, contrario a lo que ocurre con las víctimas y sus familias, quienes son prácticamente olvidadas presencialmente y en sus derechos, como a la información, al buen trato, a la atención médica y psicológica de urgencia, a la básica información del estado de salud de su familiar, pero sobre todo al de la verdad para conocer lo que realmente ocurrió.

Ahora es necesario que el Congreso del Estado se fije como meta supervisar el trabajo legislativo que realizó y lanzar una segunda generación de reformas que propicie deberes más claros a los servidores públicos con las consecuentes sanciones sean estas administrativas o penales; además de considerar con mayor prioridad la atención de los derechos de las víctimas de violencia vial, entre ellos la reparación del daño emergente, ya que a final de cuentas la seguridad también es un deber del Estado que le es encomendado por la sociedad.

Errando el rumbo

2010-07-20T11:43:00.000-07:00

Foto: Ramón Sotomayor/AP.
Tomada del periódico Público

El viernes apareció en un periódico de circulación local una nota que versa: “Aguascalientes opta por mando único militarizado”.

El gobernador de la Entidad no solo se adelanta a las modificaciones legales que posibilitarían los mandos únicos policíacos en las entidades federativas, sino que al pretender incluir a personal militar en tareas de Seguridad Pública, al igual que el Gobierno Federal, viola Flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales de Derechos Humanos firmados y ratificados por el Estado Mexicano, mismos que obligan a todos los niveles de gobierno.

Que tenemos un problema grave de seguridad pública es innegable; ciertamente existe miedo entre la población, sin embargo si hemos llegado a los niveles a los que hemos llegado es precisamente por hacer lo que está proponiendo el Gobernador del Estado de Aguascalientes: “violar la ley”. La situación de inseguridad que priva en el País, en unos estados más que en otros, se debe principalmente a la impunidad provocada por todo el sistema de justicia. Lo anterior ha llevado a las personas ligadas al crimen organizado durante décadas, a afianzar sus fines. Cuando una persona sabe que de cometer un delito tiene el 1% de probabilidad de ser sentenciado, ello representa el caldo de cultivo para continuar y ampliar su actuar.

Eso es lo que sucede y ha sucedido en México, la falta de aplicación de la Ley, y ante ello, lo que se requiere no es continuar violándola con este tipo de propuestas, sino empezar a aplicarla a todos y todas sin distingo alguno.

La nota remata diciendo que a quienes no estén de acuerdo, el Gobernador les pidió “hacerse a un lado, pues la seguridad de los aguascalentenses es lo primero”, como si la seguridad se lograra violentando la ley y por tanto los derechos humanos de todos y de todas. Lo repetiremos una y otra vez, que solo puede haber seguridad pública, respetando los derechos humanos, ya que ésta es primordialmente eso: “un derecho humano”.

Los anuncios de Polidor.

2010-07-12T08:05:00.000-07:00

cepad@cepad.org.mx

Conocí a los del Cepad hace tiempo, cuando anunciaba con mi corneta de lata lo que ocurría en la ciudad, a veces niños extraviados y otras cosas antes de la era del internet. Me dicen Polidor y de vez en cuando apareceré para contarles algo que valga la pena gritar con ganas.

La semana que apenas concluyó inició difícil, porque la delincuencia le ha pegado durísimo a la Procu, dos policías y un Delegado las bajas de esta semana, ni más ni menos; hasta parece que la tierra tapatía del “no pasa nada” le ocurre algo que cimbra hasta las mismas letras de Palacio de Gobierno.

Por cierto, el artículo de esa semana del ICESI, se trata de una propuesta sobre la profesionalización de los policías, pero tampoco se quedó atrás la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos con su gaceta, las dos son muy recomendables.

Cerramos con una censura cibernética, según me dicen los chavos y chavas de Ciudad para todos, quienes subieron un video muy interesante a Youtube, donde verdaderos expertos hicieron críticas a la vía exprés, una especie de carretera “alzada”. Dijeron que se trataba de una solución de mis tiempos (los 50s) para un problema de principios del siglo XXI. Lo más sorprendente es que la reacción del gobierno de Emilio fue solicitar el bloqueo al video, lo que demuestra que la libertad de expresión y la transparencia es un bocado difícil de digerir.

Hablando de libertad de expresión, dicen algunos que México es un Estado fallido, no lo sé, pero sus instituciones al parecer sí, porque en la semana se dijo que desaparecía la fiscalía para “periodistas”, para cambiarla por una sobre la libertad de expresión, casi al mismo tiempo en que desconocidos mataban a un reportero en Michoacán, seguramente buscando que el silencio sea la regla, a lo cual este Polidor se opone rotundamente. Más información con los compañeros y compañeras de artículo 19, los cuales ya hicieron sus pronósticos más acertados que los del pulpo.

Dos asuntos más que no se me deben olvidar es que Amnistía Internacional nos sigue pidiendo que sigamos informados y escribiendo para la liberación de Raúl Hernández, preso de conciencia en Guerrero; ojalá que con el poder de nuestra firma lo logremos.

El último, ya para dejarlos descansar, es que las compañeras del Centro de Derechos Humanos Vittoria, presentaron su Informe anual sobre Derechos Económicos, sociales y Culturales, que es la especialidad de esa casa. Muchas felicidades por ese trabajo tan amplio.

Bueno, luego le seguimos como dicen por acá.

* tomada de www.guadalajaraguadalajara.com/paginas.php?id=152

La justicia y la reparación, ausentes en México este Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura.

2010-06-29T09:34:00.000-07:00

cepad@cepad.org.mx

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "todos los derechos para todos y todas", ( de la cual el Cepad forma parte) junto con otras organizaciones como la Liga Mexicana de Derechos Humanos, se pronunciaron el 26 de junio pasado, en el marco del Día internacional en apoyo de las víctimas de Tortura, para solidarizarse con todas las personas afectadas por esa volación grave a los derechos humanos.

Se exije al Estado Mexicano que cumpla con todos y cada uno de los instumentos internacionales que la prohíben. Califican la práctica de la tortura en nuestro país como generalizada y sistemática por agentes de los distintos niveles de gobierno, además de que no existen sanciones contra los perpetradores.

Entre las víctimas se encuentran mujeres, ninos y niñas, además de defensores, incluso los arraigados.

Las organizaciones recuerdan que actualmente se debaten varias denuncias ante instancias internacionales por esos motivos, como en el caso de los ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, o de las dos mujeres de una comunidad indígena de Guerrero que fueron abusadas sexualmente por miembros del Ejército.

Ver comunicado completo.

En el Cepad, en varias ocasiones hemos manifestado que en Jalisco existen niveles altos de impunidad, propiciado por los responsables de procurar y administrar justicia, pero también de aquellos que tienen la responsabilidad de documentarlos como la CEDHJ.

Dos cero a favor de la discriminación.

2010-06-25T14:41:00.000-07:00

cepad@cepad.org.mx

Dos hechos marcaron la semana en Guadalajara: el retiro voluntario (aunque en realidad fue forzoso) que hiciera un policía a una pareja de compañeras que felizmente disfrutaba en el Parque Metropolitano, con estricto apego a una disposición legal que se encuentra solamente en los renglones de la mente del elemento pero no en un reglamento.

El segundo, son las declaraciones del regidor Gamaliel Ramírez del Ayuntamiento de Guadalajara, quien reprobó la marcha lésbico-gay por la vestimenta “provocativa” de sus participantes, además de manifestarse en contra de una Guadalajara de “sidosos”.

Sus declaraciones pudieran pasar como uno de tantos ejemplos pintorescos de nuestro país y de Jalisco, sin embargo la situación de los derechos sexuales y reproductivos en la localidad, así como la defensa llevada por el Cepad del caso de “Juan”, militar que fue dado de baja del ejército por ser portador de VIH, nos lleva a la reflexión de que es importante levantar la voz, oponerse y exigir sanciones ante este tipo posicionamientos, sobre todo en contra de aquellas personas que han asumido la responsabilidad de representar a una comunidad, la cual no es homogénea, sino diversa.

Resulta claro, que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos reconoce el derecho a no ser discriminados por nuestras preferencias u opiniones y prohíbe este tipo de acciones, las cuales con mayor razón tiene que ser evitadas por el poder público.

Es insuficiente que el Presidente Municipal de Guadalajara haga un llamado a la cordura o que el líder del Partido Verde en el estado se deslinde de las declaraciones, porque en lo anterior no existe una sola medida que restituya y repare el derecho que se ha violado, además de una sanción que deje constancia de que esto no volverá a ocurrir.

Desafortunadamente en Jalisco no existe un organismo que prevenga y sancione este tipo de acciones, ya que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, si bien es su obligación intervenir, su trabajo ha dejado de manifiesto que le importa mucho más “reprochar” y cubrir las formalidades de su procedimiento que inmediatamente buscar el cese de las violaciones a los derechos humanos, en comparación de otros organismos especializados como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (conapred), al cual por cierto han acudido los y las interesadas en denunciar estos hechos.

Queda claro que hace falta una ley que propicie mejores condiciones de igualdad, pero mientras tanto exijamos al Presidente Municipal de Guadalajara que en la próxima de sesión de cabildo realice un extrañamiento al Regidor Gamaliel Ramírez, al mismo tiempo de solicitar al Consejo de Transparencia y Ética Pública emita una resolución al respecto, ya que de acuerdo a su Reglamento (artículo 15, fracción VIII), tiene facultades para proponer reformas administrativas que permitan prevenir actos de corrupción, detectarlos de manera pronta y eficaz, y fomentar y gestionar las investigaciones.

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, corrupción es “aquella práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquella en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”; en este caso mal utilizó su función para externar un posicionamiento totalmente ajeno a una ética apegada al respeto a los derechos humanos, de esa forma existe un desvío de poder al que hace referencia la definición.

Los invitamos a realizar su inconformidad en el formato respectivo, al no hacerlo algún día nos alcanzará la discriminación. Hay que intentarlo.

Las muchas policías y su labor de limpieza-inteligencia-credibilidad

2010-06-11T10:27:00.000-07:00

Cartón de Manuel Falcón
http://falconvoy.blogspot.com/

En lo que va del año han ocurrido alrededor de 150 ejecuciones de personas y una dinámica en pleno crecimiento en la zona metropolitana de Guadalajara de grupos ligados a la delincuencia organizada, lo que prendió las luces rojas en los responsables de la seguridad, además de exhibir el desacuerdo y un interés político en tan importante responsabilidad.

Con los días la situación cambió y se comenzaron a escuchar las primeras propuestas que partieron desde la idea de que las policías municipales retomen su trabajo básico de prevención, pasando porque la policía del estado vuelva a realizar tareas de vigilancia en la metropoli, hasta una propuesta de crear algo que se denominó un “SIAPA” de seguridad pública.

Las propuestas de policía única o de coordinación de éstas, pudieran parecernos a la distancia adecuadas en la línea de retomar la seguridad desde un punto de vista civil y no militar, sin embargo de la primer propuesta existen riesgos en la concentración de los mandos, imagínense a nuestros secretarios de seguridad pública, así con todo y los “desniveles” que tienen. En la segunda, conviene traer del baúl de los recuerdos aquella vieja experiencia de la policía intermunicipal, en tiempos donde el ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas ni siquiera estaban en planes, pero que luego se cambió de nuevo al esquema municipal por peleas en recursos, sobre todo económicos entre las corporaciones grandes (dígase Guadalajara o Zapopan) y las pequeñas (Tonalá y Tlaquepaque). Por cierto hoy tenemos jefes policíacos de esa época y con ganas de volver a esa visión.

A este escenario hay que agregar algunos datos de la policía en Jalisco que se dieron a conocer en una nota de El Informador, en la que se menciona que el 87% se trata de elementos municipales y el 13% estatales, de los cuales el 57% realizan su trabajo en el área conurbada y perciben entre 4500 y 10 600 pesos de salario.

Un estudio difundido por el Secretario de Seguridad Pública Federal, señaló que 20 % de los policías a nivel nacional perciben menos de 1000 pesos de salario, mientras que 400 municipios carecen de un cuerpo de seguridad.

Respecto al nivel educativo de nuestra policía, el 68.5 % del total de policías en el país tiene un nivel educativo básico. Esa es la fotografía y con esa se quiere tener un mando único ó coordinación.

Hay que agregar algunos datos más, ya que durante 2009 la Dirección de Seguridad Pública de Guadalajara, recibió 1042 quejas en la CEDHJ, mientras que de acuerdo a una nota de El Occidental acumula 242 inconformidades, las cuales ya superan en mucho a los señalamientos de 2009.

Se suma como factor de riesgo el enfoque de “limpieza” con el que se pretende posicionar a la policía, cuanto es una tarea ajena a una seguridad democrática. Se corre el riesgo de criminalizar a sectores de la población claramente determinados por su situación de vulnerabilidad, en vez de seleccionar a aquellos que han decidido entrar en conflicto con la ley.

El show mediático, sin investigaciones adecuadas, sin sanciones adecuadas, sin intervención financiera contra la delincuencia, sin labores de inteligencia acotadas y con estrategias de rendición de cuentas, nunca rendirá frutos o quizás lo hará en el ánimo pasajero de la sociedad que busca tener esperanza en su seguridad, aunque sea efímera.

cepad@cepad.org.mx

El Cepad firma pronunciamiento junto con Cimtra y el Congreso Ciudadano en favor de la transparencia.

2010-05-31T09:19:00.001-07:00

La semana apenas transcurrida, trascendió la noticia de que un Tribunal Federal Fiscal emitió una resolución que se entrometía en las deciciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, ya que adelgaza nuestro derecho a acceder a información pública, además de judicializarlo, lo que sin duda incrementaría su costo.

Les compartimos el pronunciamiento el cual pueden leerlo íntegro en la página de CIMTRA.

Mirada perdida de una norma destinada a mujeres

2010-05-27T10:23:00.000-07:00

cepad@cepad.org.mx

Foto: www.elmundo.es

El pasado 17 de mayo, se inició en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la discusión al proyecto presentado por el Ministro José Ramón Cossío en respuesta a la demanda de controversia constitucional presentada por el Gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez impugnando la aplicación de la NOM 046, la cual obliga a la totalidad de instituciones médicas a ofrecer de inmediato la píldora de anticoncepción de emergencia a las víctimas de violación sexual, previa información y anuencia por parte de la víctima .

El ministro concluyó que los argumentos presentados por el Gobernador del Estado son infundados y la aplicabilidad de la norma debía prevalecer en los Estados. Justo al momento de la votación, con siete votos a favor y cuatro en contra el Ministro Salvador Aguirre Anguiano intervino para presentar argumentos ajenos a los presentados en la demanda de Jalisco, provocando una nueva discusión que daría un giro argumentativo distinto al presentado inicialmente, al grado de aplazar la discusión y votación definitiva que preveía se avalara la constitucionalidad de la norma.

El giro imprevisto de la discusión iniciada el 17 de mayo, ha provocado que el pleno, hasta el día de hoy, acumule seis sesiones discutiendo nuevos argumentos presentados por Aguirre Anguiano en su intento de revocar la casi inevitable validación de la norma. La audacia del Ministro le ha permitido sembrar dudas y verter la lógica y fondo de la discusión en temas que se alejan cada vez más de la naturaleza y la materia de la norma, la garantía del derecho de las mujeres al más alto nivel posible de salud física y mental, con especial atención en los casos donde ha sido plenamente violentada su integridad , como lo es en los casos de violación sexual.

La discusión se ha centrado en Norma vs Constitución Estatal, píldora de anticoncepción de emergencia vs aborto químico, Ministerio Público vs competencia del sector salud en atención a víctimas del delito. Sin embargo, no se ha contemplado la generalidad del acto en el conjunto de acciones tanto del aplazamiento provocado por el Ministro Aguirre Anguiano como por la impugnación estatal a la norma 046.

Las acciones e intentos interpuestos en la discusión por ambos funcionarios, aparte del ámbito argumentativo y procesal, encajan en lo que para la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, vigente desde junio de 2008, es considerado violencia institucional concebida cuando uno o varios servidores públicos, del nivel que sea, realicen actos u omisiones mediante los cuales discriminen o tengan como fin o resultado, dilatar, obstaculizar, impedir el goce o ejercicio de los derechos de las mujeres, o negarles las acciones destinadas a prevenir, atender, investigar y sancionar los diferentes tipos de violencia.

La violencia institucional se ve claramente manifestada desde el inicio de sus acciones al intentar, por medio de sus facultades, impedir el ejercicio y goce del derecho de la mujer a recurrir y servirse de medios que garanticen su salud mental, física, emocional y moral, que además corresponde al Estado garantizarlo. Las consecuencias que un acto de violación sexual implica para las mujeres, incluso con la simple amenaza de sufrirlo, son inmesurables e irreversibles. Su capacidad de autorealización y desarrollo de la personalidad se ve inhibida por completo, su dignidad e integridad humana es anulada de manera absoluta limitando así sus posibilidades futuras de goce y ejercicio de otros derechos inalienables y exclusivos de las mujeres.

Asimismo, aplicando la palabra utilizada por el ministro Aguirre Anguiano, es incongruente que tanto el gobernador como él mismo se encuentren inmersos en el intento por invalidar la norma que tiene como destinatarias a un grupo vulnerado en el Estado. De acuerdo a información periodística del año pasado, se registraron en promedio 34 violaciones sexuales a mujeres por mes y más de 400 al año. De acuerdo a información de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la primera quincena de abril de este año hubo 1.5 violaciones al día, sin tomar en cuenta que la cifra negra del delito es del 90% y las 21 violaciones registradas en el lapso en mención podrían incluso en cifras reales triplicarse.

El día de ayer le fue negado al ministro pseudo promovente y conocido ex militante panista la realización de un peritaje médico para determinar si la píldora de anticoncepción de emergencia es abortiva o no, al considerarlo innecesario, la corte procederá el día de hoy a la votación definitiva sobre la validación de la norma. La cual se espera sea en el mismo sentido con el que inició todo el debate, la constitucionalidad de la norma y su obligatoria aplicación en el estado de Jalisco.

Garantizar el acceso de las mujeres víctimas de violación a la píldora de anticoncepción de emergencia puede prevenir un daño irreparable en su integridad y en su entorno. Sin embargo, la falta de laicidad en el estado de Jalisco y sus adeptos en la Corte les impide contemplar al alcance que tiene la mujer como sujeto de derechos y de obligatoria protección por parte del Estado.

El IFAI ordena hacer público el informe sobre el Subcomité para la prevención de la Tortura de la ONU

2010-05-07T08:48:00.000-07:00

El día de ayer la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” fue notificada por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) de la resolución en la cual ordena a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) haga público el informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas de su vista realizada a nuestro país.

El Subcomité para la Prevención contra la Tortura de Naciones Unidas es un órgano que hace visitas a países para analizar la práctica de malos tratos y de tortura en cualquier tipo de centro detención (cárceles, estaciones de policía, ministerios públicos, hospitales psiquiátricos, estaciones migratorias, etc.), luego de lo cual elabora un informe con recomendaciones enfocadas en prevenir los malos tratos y tortura.

Este órgano especializado realizó una visita a México del 28 de agosto al 12 de septiembre de 2008, visitando centros de detención en la ciudad de México y cinco estados, entrevistándose con autoridades y organizaciones civiles (entre ellos el cepad). Aproximadamente un año después entregó al gobierno mexicano un informe con sus conclusiones y las recomendaciones de lo que debe hacerse para prevenir los malos tratos y la tortura.

El 25 de septiembre de 2010 la Red TDT solicitó, a través del IFAI, acceso al informe del Subcomité, que le fue negado pues la Cancillería declaró esa información reservada por doce años, argumentando que de hacer público el informe contravendría lo establecido en el Protocolo Facultativo contra la Tortura de la ONU y además podría causar un daño a las relaciones internacionales.

Contra esta resolución se presentó un recurso de revisión el 9 de noviembre de 2009 (Expediente 5290/09), argumentando que era facultad del gobierno publicar el informe y que la publicidad resultaba esencial para monitorear las acciones gubernamentales en la materia.

Finalmente el IFAI en su sesión del 24 de marzo de 2010 resolvió y ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que difunda una versión pública, omitiendo los datos personales, la cual deberá estar disponible a través de una sitio de internet. Dicha resolución nos fue notificada el día de ayer, aunque el Informe aun no está disponible en el sitio de la SRE.

Para consultar el boletín completo, consulta la página de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los derechos para todos y todas", también puede revisarse en línea el Plan de acción de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Opinión del Cepad sobre la propuesta de ley sobre seguridad nacional.

2010-04-30T15:46:00.000-07:00

El Cepad en Medios UDG Puerto Vallarta, escucha la intervención de Gerardo Moya.

Nota sobre la presentación del Informe del Centroprodh en el portal Web del Iteso

2010-04-21T13:48:00.000-07:00

Foto y autora del artículo María Guadalupe Foronda

"Existe persistencia de la impunidad en México", aseguró Luis Arriaga, SJ, presidente del Centro de Defensa de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en la presentación de su último informe "Sociedad amenazada. Violencia e impunidad, rostros del México actual".

El objetivo principal de este informe, que se dio a conocer el pasado 15 de abril en la Casa ITESO Clavigero, es presentar un análisis acerca del estado en que se encuentra la materia de derechos humanos en México, entre 2008 y 2009, especialmente en el tema inseguridad y abuso de autoridad.

Luis Arriaga señaló que en el caso de delitos cometidos contra civiles, "el fuero militar debería eliminarse [¿]. Es necesario establecer controles efectivos al ejército". Eso permitiría erradicar conductas de la autoridad que son claramente violatorias al Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Arriaga también comentó la reciente noticia de que "la Secretaría de Defensa Nacional informó al Congreso de la Unión que van alrededor de 22 mil personas muertas desde diciembre de 2006, debido a la lucha contra el narcotráfico".

Las acusaciones en contra del ejército "en los últimos cinco años, se incrementaron en 500 por ciento", dijo Jorge Narro, integrante del Programa de Derechos Humanos y Paz del Centro de Investigación y Formación Social (CIFS) del ITESO. Añadió que en México, de 100 delitos que se cometen, 21 son reportados, de los cuales 13 llegan a averiguación previa y sólo a dos se les dicta sentencia. "En nuestro país hay un 98 por ciento de impunidad, siendo las autoridades los actores principales y quienes deberían protegernos de ella", mencionó.

Por su parte, Francisco Macías, miembro del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, recalcó la importancia de implementar la "pedagogía de la indignación" en la ciudadanía, esto es, fomentar la cultura de la denuncia y seguir escuchando las voces de las víctimas de un sinfín de actos violatorios a sus derechos.

En la presentación del informe también participó Carlos Peralta, integrante del Programa de Derechos Humanos y Paz del CIFS, quien enriqueció la charla con su opinión.

Para conocer el informe a detalle puede consultar el sitio http:⁄⁄centroprodh.org.mx

Foto: MGF

Invitación a la presentación del informe del Centro prodh

2010-04-12T09:33:00.000-07:00

Réplica del Cepad en el Semanario

2010-04-05T10:06:00.000-07:00

cepad@cepad.org.mx

El 14 de marzo pasado se publicó en el Semanario de la Arquidiócesis de Guadalajara, el artículo " Una visión familiar contra los ataques de género", en el que se menciona al Cepad sin conocer su trabajo de defensa de los derechos humanos, pero sin otorgarnos voz para cuestionar los fundamentos de la nota.

En el texto se confunde la perspectiva de género con lo que llaman "perspectiva de familia".

Les compartimos el enlace del Semanario para que consulten en la página 34, nuestro derecho de réplica.

Boletín de prensa: Se admite recurso de impugnación en la CNDH por caso Néstor Alan Rodriguez.

2010-03-25T15:27:00.001-07:00

BOLETÍN DE PRENSA

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acepta el recurso de impugnación de los padres de Néstor Alan Rodríguez Licea por deficiencias e irregularidades en la Recomendación 30/2009 de la CEDHJ.

El 29 de diciembre de 2009, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco decidió emitir a través de los medios de comunicación y no por un pronunciamiento público, un paquete de cuatro recomendaciones entre ellas la 30/2009, luego de transcurrir más de 1000 días desde que los padres de Néstor Alan Rodríguez Licea presentaran la denuncia ante ese organismo.

La determinación resaltaba el involucramiento de once servidores públicos entre agentes del ministerio público, policías investigadores y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y la petición para que se le diera “continuidad” a las denuncias presentadas por la familia en las contralorías internas del Instituto antes mencionado y de la Procuraduría de Justicia, además de solicitarle al entonces Presidente Municipal de Guadalajara la conservación del “Cenotafio” ubicado en los cruces de las avenidas Juárez y Enrique Díaz de León.

Lo que la Recomendación omitió fue fincarle responsabilidad a Fernando Arias Pérez, ex director de Comunicación Social del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Gobernación, al no encontrar pruebas.

Al enterarnos debidamente del contenido de la Recomendación 30/2009, informamos que el 29 de enero de 2010 la familia Rodríguez Licea presentó recurso de impugnación* en la CNDH, por considerar la resolución deficiente e incompleta, además de no modificar las causas que originaron las violaciones a los derechos humanos y omitir de manera grave:

1. Tomar en consideración las más de 100 pruebas que tanto la familia Rodríguez Licea como el CEPAD, presentaron y ofrecieron durante el trámite de la inconformidad, lo que comprueba que en la CEDHJ los quejosos se encuentran indebidamente, obligados a comprobar las violaciones a los derechos humanos de las que fueron sujetos.
2. Deslindar la responsabilidad de once servidores públicos entre ellos Fernando Arias Pérez, ya que evitó “pronunciarse en su contra”, no obstante de que existen suficientes pruebas para ello, lo que contraviene la propia Ley de la CEDHJ respecto a las causas en las que puede concluirse una investigación.
3. Aclarar de acuerdo a las evidencias los términos en que ocurrieron los hechos, ya que en la Recomendación se encuentran francas contradicciones. Por ejemplo, se acredita con nuestras pruebas ofrecidas que una Agente del ministerio público estuvo en dos lugares diferentes, en el mismo instante en que supuestamente actuaba en el accidente en el que perdiera la vida Néstor Alan Rodríguez, y sin embargo en párrafos siguientes exonera a dos policías de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, porque supuestamente el traslado que realizaron de los responsables fue por órdenes de la misma funcionaria.(páginas 134, 135 y 146 de la propia Recomendación)
4. Analizar el cúmulo de violaciones a los derechos humanos como un patrón definido de trasgresión y no de forma separada como un simple caso individual, ya que en la queja se comprobó que una serie de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como de policías de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado, se asociaron para beneficiar a los responsables de la muerte de Néstor Alan Rodríguez por la influencia de Fernando Arias Pérez.
5. Solicitar la modificación de leyes y de prácticas del sistema de justicia penal que siguen ocasionando la falta de acceso a la justicia de las víctimas, a una información oportuna y un trato adecuado, lo que resulta inadmisible cuando actualmente la principal causa de muerte de jóvenes en Jalisco son los accidentes de tránsito en donde se involucra el alcohol.

El 23 de marzo de 2010 recibimos por correo postal, el oficio 05628 de Máximo Carvajal Contreras, director general de Quejas y Orientación de la CNDH, el cual informó que el Recurso de Impugnación fue aceptado y que además se requirió un informe sobre las irregularidades a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (anexo).

Actualmente por las gestiones realizadas por el CEPAD, conocemos que el expediente 2010/57/R, se encuentra en estudio para su resolución en la Segunda Visitaduria General de la CNDH; por lo que exigimos al Presidente de la CNDH que analice de acuerdo al marco legal nuestra inconformidad para que se emita la Recomendación correspondiente a la CEDHJ que modifique la irregular e incompleta resolución 30/2009.

Atentamente

Familia Rodríguez Licea
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC

LA CEDHJ POR LA MILITARIZACIÓN. ENTRE LA IGNORANCIA Y LA IRRESPONSABILIDAD

2010-03-25T13:12:00.000-07:00

Plaza de la comunidad de Maltaraña, Jalisco. Foto Cepad 2009.

El presidente de la CEDHJ Felipe de Jesús Álvarez Cibrian, se manifestó por reformar la legislación federal del país para que el Ejército mexicano pueda ejercer tareas de seguridad pública y apoyar a las policías contra la delincuencia organizada.

Sin lugar a dudas, el titular de la CEDHJ ignora las repercusiones de habilitar a las fuerzas armadas del país en tareas que le corresponden a instituciones de seguridad pública de los municipios, de los estados y de la federación, que se traducen en violaciones graves a los derechos humanos de la población civil, como son a la integridad física, la seguridad jurídica, la libertad y la vida.

Además, el presidente de la CEDHJ ignora las reiteradas recomendaciones realizadas al Estado mexicano por parte de organismos internacionales de derechos humanos como el Consejo y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla, Amnistía Internacional, así como la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para todas y todos”, respecto a que las fuerzas armadas deben regresar a sus cuarteles y evitar ser utilizadas en tareas que le corresponde a la autoridad civil, incluyendo la modificación del fuero de guerra.

También ignora los riesgos para la población que los militares estén persiguiendo delincuentes, y para muestra están los hechos ocurridos en la comunidad rural de Maltaraña, del municipio de Jamay, donde un convoy de aproximadamente 30 soldados, irrumpieron en más de una decena de casas, sin autorización de sus moradoras bajo el argumento que escondían armas y drogas.

Definitivamente no deja de sorprender que el supuesto defensor de los derechos humanos de los y las jaliscienses haga declaraciones contrario a los derechos reconocidos en diversos instrumentos internacionales, y como ejemplo está el Informe sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos en México, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en nuestro país, donde es señalado por atentar contra el trabajo que realiza el Cepad.

Si Álvarez Cibrian considera que las violaciones a los derechos humanos dejarán de serlo modificando las leyes, está en un grave error. El reconocimiento de los derechos humanos está establecido por el derecho internacional público y garantizar su ejercicio corresponde al Estado mexicano, de lo contrario se cuenta con tribunales internacionales que los hagan valer.

Para quienes defendemos los derechos humanos desde la sociedad civil, reprobamos ésta nuevas las declaraciones del presidente de la CEDHJ, pues no solamente evidencia su ignorancia en materia de derechos humanos, sino la irresponsabilidad con que las realiza, ya que en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, se han documentado casos de tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones y desapariciones forzadas por elementos castrenses, sin que a la fecha se hayan investigado, procesado y castigado a los responsables de los crímenes.

La CEDHJ, su defensa virtual y su voto de silencio copartícipe.

2010-03-25T10:54:00.000-07:00

http://noalapresaelzapotillo.wordpress.com/ (foto)

El 19 de marzo, el Comité “Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo” hizo un extrañamiento al Presidente de la CEDHJ al descubrir que la Recomendación 35/2009, había sido incluida en el 3er. Informe de labores de la CEDHJ, pero en realidad se había firmado el 31 de diciembre de 2009 y hasta ese momento (casi tres meses) no había sido notificada ni a los quejosos, por cierto más de 300, ni a las autoridades señaladas en la resolución.

Según la nota periodística de La Jornada Jalisco, la Recomendación no podía observarse en la página de internet de la Comisión, ya que para ese día sólo se observaba hasta la número 33/2009. Al contestar los señalamientos Álvarez Cibrián dijo que “por la carga de trabajo” no la había dado a conocer (aunque en realidad lo hizo por correo electrónico), además de señalar en su descargo, que no existía un procedimiento que le exija darlas a conocer en rueda de prensa.

Tenemos pues una triple combinación peligrosa: el retraso intencionado en la publicación de la Recomendación, permitió que los actos continuaran su espiral de afectación a los pobladores, lo que es contradictorio con la función que tiene la CEDHJ de defender e impedir la consumación de las violaciones a los derechos humanos. Simplemente eso se dejó para otros tiempos.

Lo grave es que esto es una constante ya en el trabajo de la CEDHJ: ¿ quién no recuerda el caso del macrolimosnazo de 2008 del que hasta el momento no existe resolución? ó el del joven Néstor Alan Rodríguez, en el que se emitió una Recomendación luego de haber transcurrido más 1000 días de haberse recibido la queja.

La opacidad tampoco es una novedad. ¿ Recuerdan el caso del consejero ciudadano de la propia CEDHJ Alberto Bayardo? A quien la propia institución le negó en reiteradas ocasiones el acceso a la Recomendación 2/2009, sobre el caso de prostitución y pornografía infantil en el que se investiga al Procurador de jalisco, para que finalmente el Instituto de Transparencia le corrigiera la plana.

Por último, tenemos la parte más delicada, la publicidad de la Recomendación 35/2009 por correo electrónico; las resoluciones de un organismo público como la CEDHJ es la máxima herramienta con la que cuenta para hacer un llamado a la corrección, a la denuncia, a la reparación del daño y a la prevención de las violaciones a las libertades fundamentales, por eso cuando se desiste de esa función o se deja pasar la misma por la razón que sea, se demuestra una lenta muerte de los fines de esa Comisión.

Resulta poco creíble el desánimo en la difusión de un asunto de tanta importancia, cuando en el propio Informe de actividades de la CEDHJ se da cuenta de alrededor de 394 entrevistas del personal de la misma; más bien se trata de una omisión declarada.

Por último, es necesario decir que una serie de artículos de la ley (7, fracción XXV, XXVI; 28, fracción III; 76 y 79), le obligan a la CEDHJ la notificación “inmediata” del contenido de la Recomendación a los pobladores de Temacapulín, así como la publicación de la misma y aunque no específica que tenga que ser en “rueda de prensa”, la necesaria defensa que tiene que realizarse por el valor ético de la misma recomendación lo hace necesario, eso sin tomar en cuenta la costumbre que por más de una década de trabajo ha tenido ese organismo en la difusión de las mismas, lo que ahora sorprende es la falta de memoria pasada e inmediata del Presidente de la CEDHJ......Al tiempo.

Presentación del Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2009 en el Iteso.

2010-03-22T15:50:00.000-07:00

La historia de Ana

2010-03-16T18:19:00.000-07:00

cepad@cepad.org.mx

Ana perdió a su hija de 20 años hace un mes, cuando circulaba por una de esas avenidas transitadas de Guadalajara, iba con un amigo suyo que hoy también sufre su pérdida.

Se encontró prematuramente con una muerte a todas luces injusta porque de nuevo la negligencia cruzada con el alcohol hizo de las suyas en la calle. Fue impactada por una camioneta o más bien por la irresponsabilidad que le causó lesiones tan graves que sólo le permitió vivir unas cuantas horas.

Hoy Ana llora a su hija pero también clama justicia, como las mamás de cientos de jóvenes entre ellos la de Néstor Alan Rodríguez Licea, cuyos casos se encuentran marcados por la impunidad.

Ana acudió al Ministerio Público, quien se limitó a decirle que necesitaba que le llevara testigos, por supuesto sólo dos “para no perder el tiempo”. Su derecho a la información como víctima se limitó al siguiente comentario: “ a lo mejor su hija resulta responsable”; ahora el duelo se hace más pesado porque ni siquiera conoce lo que hasta ahora ha llevado a cabo la “autoridad”.

Nadie duda de la gravedad de los accidentes de tránsito en donde se encuentra involucrado el alcohol, de hecho hoy en la presentación de la campaña de prevención organizada por el Instituto Municipal de la Juventud de Guadalajara y de la que el Cepad forma parte, se mencionó que se trata de la primera causa de muerte en jóvenes, ni más ni menos.

Sin embargo, para nosotros se trata de una clara violación a los derechos humanos por la inoperancia del sistema de justicia penal en su conjunto, el cual no logra procesar a los responsables, pareciera que sufre de una inanición crónica que provoca que muchos de esos casos se queden entre los escritorios de la Procuraduría de Justicia.

En los informes del Cepad que dan cuenta del caso de Néstor Alan Rodríguez, hemos observado la falta de garantías mínimas para las víctimas de accidentes viales por la desigualdad del procedimiento, las molestias indebidas, pero sobre todo la ausencia de un derecho a la información y a la verdad, como una forma de evitar que los hechos vuelvan a ocurrir.

Por eso hoy más que nunca recordemos la inscripción que se encuentra en el memorial de Néstor en Juárez y Enrique Díaz de León: “ Fui víctima del abuso de la libertad, del alcohol y de la impunidad, que mi nombre no quede en el olvido. Hagámos conciencia”.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Parlamento Europeo y el Departamento de Estado de EU, analizan la situación de los DH en México

2010-03-12T16:35:00.000-08:00

cepad@cepad.org.mx

El 8 y 9 de marzo de 2010, los integrantes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuestionaron seriamente al Estado mexicano respecto al verdadero cumplimiento de las obligaciones contraídas en el Pacto Internacional de los derechos Civiles y Políticos. Entre las mayores preocupaciones que externó el Comité fueron sobre la militarización, el fuero de guerra, el arraigo, la tortura, la violencia contra las mujeres, periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, entre otros muchos temas.

Sin lugar a dudas, se evidenció nuevamente la falta de compromiso del Estado mexicano por atender a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, tal como sucedió con el Examen Periódico Universal celebrado en Ginebra el 9 de febrero de 2009, cuyas recomendaciones relacionadas con algunos de los temas ahora tratados, fueron rechazadas tajantemente.

El 11 de marzo, el Parlamento Europeo emitió una resolución condenando la violencia que se vive México, en particular la violencia y amenazas que sufren las y los defensores de derechos humanos, solicitándole al Estado mexicano para que implemente mecanismos legales y personales de protección. Asimismo, le reitera al Gobierno mexicano su responsabilidad de combatir los feminicidios y los ataques a periodistas, asegurándose que los responsables sean llevados ante la justicia.

Ese mismo 11 de marzo, el Departamento de Estado del Gobierno de los Estado Unidos, publico el Reporte sobre los derechos humanos en México 2009. Este informe contiene un recuento de hechos que llama la atención por su extensión y por la diversidad de casos relacionados con la tortura, las desapariciones forzadas de personas, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, la trata de personas, entre muchos más. Sin lugar a dudas, este es un documento que debemos leerlo con detenimiento, y desde luego, observar la respuesta del Gobierno federal sobre las graves acusaciones en su contra.

Próxima revisión a México del Comité de Derechos Humanos de la ONU

2010-03-05T11:11:00.000-08:00

La próxima semana el Estado Mexicano será examinado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, lo cual es relevante por el contexto de inseguridad y militarización que pasamos como país.

La Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos "Todos los derechos para Todos y Todas" de la que el Cepad forma parte, presentó un informe junto con otras organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez o la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que busca proporcionar mayor elementos a los integrantes del Comité para el examen.

Les recomendamos el boletín de prensa de Red TDT, además de consultar los informes en el sitio del Comité.